OPINIÓN
El avance tecnológico más relevante de la época: ¿Puede la inteligencia artificial desplazarnos?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Probablemente muchos coincidiremos en que la inteligencia artificial (IA) de unos años a la fecha es el tema de moda y muchas personas se mueren por analizar este tema y por descubrir nuevas maneras de utilizar esta herramienta para optimizar la práctica de algunas profesiones, como por ejemplo los smart contracts, el block chain, el big data o el cloud computing, tecnologías que han tenido un gran impacto en el sector jurídico.
Pero más que un tema de moda, la inteligencia artificial, según muchos expertos, es la revolución tecnológica más importante de nuestro tiempo y parece indicar que por el momento es una revolución sin barreras ya que día tras día somos testigos de la creación de nuevos prototipos y herramientas cuya finalidad es optimizar desde las actividades complejas, hasta las más cotidianas, un claro ejemplo de esto puede ser el famoso Chat GPT.
El Chat GPT es la nueva herramienta de inteligencia artificial desarrollada en formato de chatbot que puede generar desde las respuestas a las preguntas más simples de los usuarios o ensayos de temas especializados, hasta análisis sociológicos de los problemas más relevantes del país que ustedes elijan.
Otro ejemplo de esto es el de Blake Lemoine, ingeniero de Google que aseguró que la inteligencia artificial ya siente, esto debido a una conversación que sostuvo con LaMDA, el modelo de inteligencia artificial de Google que a raíz de una pregunta del ingeniero, ésta respondió que era consciente de su propia existencia.
Pero, ¿qué es lo que la vuelve tan relevante?
Como podemos observar del par de ejemplos anteriores, la inteligencia artificial adquiere una gran relevancia porque ésta representa un salto de dimensiones cuánticas en cuanto a conocimiento y accesibilidad a éste. Aunado a esto, estas tecnologías producto de la IA también pueden cambiar radicalmente nuestros entornos laborales, de hecho, una encuesta realizada por McKinsey, una consultora estratégica que se focaliza en resolver problemas concernientes a la administración estratégica, reveló que el año pasado hasta un 50% de las empresas del mundo intentaron usar la IA de alguna manera.
De igual manera, esta encuesta reveló que en el mundo corporativo hay mucha expectativa respecto a todas estas herramientas ya que representan una gran oportunidad no solo para optimizar servicios como por ejemplo la atención al usuario misma que podría ser más eficaz, sino también para optimizar el uso de recursos y recortar gastos importantes para la mayoría de las empresas.
Pero desde otra perspectiva, la IA adquiere relevancia porque si decimos que cada persona en sus circunstancias, entonces la IA es la circunstancias de todos ya que es capaz de almacenar más información de la que nosotros jamás podremos almacenar esto debido a que se nutre de absolutamente todo el contenido subido al internet, por lo cual desde su inicio, la IA dominará cualquier tema, ya sea estadística avanzada, salud, legislación, problemas políticos y sociales en el medio oriente y hasta cultura pop, pero lo más trascendente de esto no solamente es la capacidad de almacenar información, sino que la IA, como lo vimos anteriormente, también tiene la capacidad de generar una opinión respecto a todos estos temas.
Sin embargo, aunque la IA es maravillosa y representa probablemente el avance tecnológico más relevante de nuestra época, tal y como lo manifesté en la columna de la semana pasada, hay algunas preguntas incómodas respecto a la IA que deberíamos estarnos haciendo con mucha seriedad, siendo la primera de ellas: ¿Puede la inteligencia artificial desplazarnos?
La respuesta en primera instancia no requiere de mucho debate y es sí, la IA sí puede desplazar al hombre de muchos trabajos, y aunque propiamente no es IA, basta con observar la optimización de los servicios en algunos estacionamientos que de la noche a la mañana cambiaron a las personas por máquinas que realizan el trabajo de una manera más rápida y por un menor costo, ya que la máquina no requiere Seguridad Social, no cotiza para una pensión, no necesita vacaciones ni mucho menos salario.
Así que sí, la IA puede automatizar muchas tareas diarias en diversas áreas de trabajo, pero ciertamente también podría ayudarnos a trabajar más eficientemente para así lograr más en menos tiempos, un ejemplo de esto en el mundo jurídico podría ser que la IA ayude a redactar de manera autónoma una promoción o algún escrito, lo cual podríamos intentar a través del Chat GPT.
Por lo tanto, en segunda instancia, aunque la IA sí puede desplazarnos, la realidad es que no tiene por qué desplazarnos siempre y cuando nosotros seamos capaces de aportar un valor agregado a nuestro trabajo, esto en el entendido de que por más asombrosa que pueda llegar a ser la IA, hay algunas cosas que jamás podrá reemplazar como por el ejemplo la sensibilidad de un abogado a la hora de hablar con un cliente sobre un asunto delicado o bien, la sensibilidad de un doctor a la hora de dar un diagnóstico a un paciente terminal.
No obstante, retomando un poco algunos de los temas que se abordaron en la columna de la edición pasada, debemos de ser cuidadosos, y en estos tiempos de gran desarrollo tecnológico, debemos de sacar a relucir nuestra mayor cualidad como seres humanos: la racionalidad, y en ese orden de ideas es necesario que a la par del desarrollo de todas estas tecnologías, se desarrollen también las condiciones necesarias para aprender a utilizar la IA para nuestra ventaja.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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