OPINIÓN
El caballo negro de AMLO
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Para mí Adán Augusto López es el caballo negro del Presidente para la sucesión presidencial en el 2024. Es la carta fuerte. Los grandes proyectos de infraestructura del gobierno que encabeza AMLO (Dos Docas, el Tren Maya, el Tren Transístmico están en el sureste y para que estos tengan continuidad y se consoliden, qué mejor que un político del sureste releve al que se va. Un López por otro López, se empieza a manejar.
Adán Augusto visitó Jalisco el pasado sábado para presentar su mensaje político y empezar su movimiento proselitista no oficial -no ha expresado que buscará la Presidencia de México-, como ya lo hicieron el Canciller Marcelo Ebrard y el líder del Senado, Ricardo Monreal.
El tabasqueño vino además a demostrar su power, con ese encuentro que tuvo con el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles, enviando un mensaje inequívoco a propósito del debate que se generó hace dos o tres semanas, cuando el prelado religioso denunció la existencia de retenes del crimen organizado en las carreteras de Jalisco, donde un grupo al margen de la ley lo retuvo.
El gobernador Alfaro a bote pronto le respondió, rechazando la existencia de los mismos, recriminándole que antes de hacerlo público, debió presentando una denuncia.
Obviamente que el mensaje del gobernador fue en tono molesto; el obispo de Autlán, monseñor Rafael Sandoval, apoyó la aseveración del cardenal, quien sufrió en un retén del crimen organizado en carreteras de Jalisco amagos y fue despojado de sus pertenencias.
Por su parte el mismo Iteso pidió apoyo de la Secretaría de Seguridad para trasladar en helicóptero a estudiantes que estaban realizando su servicio social en la región wixárica ante el temor fundado de que podrían poner en peligro su vida si se trasladaban por carretera a Guadalajara.
Después del affaire que protagonizó el gobernador, se dio el dialogo entre el jefe de gobierno de Jalisco y el líder religioso, lo que vino a mostrar la falta de comunicación que ha prevalecido entre estos dos personajes que juegan un papel fundamental en la vida de Jalisco.
Obvio que el tono fue cordial y respetuoso con lo que se cerró el caso de una confrontación pública que en Jalisco no habíamos vivido, todo producto de la inseguridad que vivimos y que el Gobierno de Jalisco no quiere reconocer, minimizando la crisis de desaparecidos que golpea a la entidad, donde todos los días hay desaparecidos, tanto sólo en estos cuatro años son cerca de 6 mil las personas cuyos familiares las están buscando, un buen número han sido localizados sin vida en tumbas clandestinas que se han descubierto.
SÍ HAY RETENES DE GRUPOS CRIMINALES
La visita que hizo el titular de Segob al cardenal Robles Ortega sirvió también para limar las asperezas del Gobierno de la 4T con la jerarquía católica, luego que el Presidente López Obrador al igual que Alfaro se enfrascó en un choque verbal con la Iglesia Católica al llamarles hipócritas, después de los reclamos de la Compañía de Jesús tras los asesinatos de dos de sus sacerdotes y un guía turístico en Cerocahui, poblado encuadrado en la zona de la Sierra Tarahumara.
La jerarquía católica le reclamó al gobierno de la 4T que su estrategia de “abrazos no balazos”, simplemente no estaba funcionando, por lo que tenía que ser revisada ante el costo tan alto que están pagando miles de familias en todo el país.
La nota principal y que fue lo más notorio de su visita resultó la confirmación de lo que había denunciado el Cardenal Robles Ortega, de que en Jalisco operaban los retenes de grupos criminales en sus carreteras y que además le compiten a la Secretaría de Hacienda, cobrando derecho de piso y hasta un porcentaje por los ingresos que generan las fiestas patronales.
Adán Augusto en rueda de prensa aceptó que en efecto, ellos tenían información que han operado en esas zonas retenes de grupos que están al margen de la ley, aunque después de que fueron denunciados, ya no se han dejado ver.
Finalmente, el Cardenal Robles Ortega tiene la razón, lo que debe concluir en que tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Seguridad del Estado, hagan su tarea, se coordinen y pongan más atención en esas regiones alejadas de la mano de Dios.
La existencia de los retenes que arman estos grupos criminales, en particular en la Zona Norte, en mi calidad de periodista lo he venido escuchado desde hace más de diez años de la voz de personas que viven en Guadalajara pero que son originarios de aquella región, razón por la que dejaron de ir a visitar a sus familiares o amigos que allá todavía viven.
El que personalidades como los líderes de la Iglesia Católica denuncien estos hechos es positivo, porque sólo así es como pueden reaccionar nuestros gobernantes, que lo mismo a nivel local y nacional, no aceptan que estamos muy mal en materia de seguridad. Aquí tenemos los miles de desaparecidos, Jalisco es líder nacional y en los últimos 16 años a nivel nacional entre homicidios y desaparecidos son cerca de 500 mil vidas perdidas, es una enorme tragedia que muestra la incapacidad de nuestros gobernantes y ante el rechazo del problema difícilmente la situación cambiará a corto o mediano plazo.
Es un gran problema que vivimos como sociedad y que si bien el pesimismo en estos tiempos está presente, porque la situación, conforme pasa el tiempo, tiende a hacerse más crítica, tendrá que llegar un momento a que este panorama cambie. ¿Cómo será?, no lo se, pero si Colombia pudo, México también puede.
Es un problema que no nació de un día para otro, fue creciendo al paso de los años, como cuando inicia un pequeño incendio o un pequeño tumor en el cuerpo, que va aumentando de intensidad y de tamaño, hasta que nos ahoga y puede destruirnos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
