OPINIÓN
El contexto mexicano respecto a la vacuna del COVID-19: Las enfermedades que han sido desatendidas por epidemia
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Según los expertos, la estrategia del Gobierno de México para enfrentar la pandemia de Covid-19 es un fracaso como lo reflejan los más de 200 mil muertes, y observamos que la política del gobierno federal es muy deficiente, ya que es prioridad vacunar a los operadores de un partido político.
También vemos que en las brigadas de vacunación, existen no solo médicos y enfermeras, sino que también existen promotores electores de una partida política.
Observamos que la vacunación no busca como prioridad la salud, sino la política.
Contradicciones, de altos funcionarios de la nación, en sus declaraciones hacia la población.
Mientras Europa se pelea por la generación de vacunas, el gobierno federal mexicano, esta donando vacunas a otros países, con el concepto de que son más pobres.
Tráfico de influencias en nuestro país, en la vacunación contra el COVID 19, como ejemplo lo vemos en políticos y artistas mexicanos.
Tampoco existe, certeza de las personas que recibieron la primera dosis, recibirán la segunda contra el COVID 19.
El plan de vacunación es una burla y un desastre, al renunciar sus principales funcionarios, e inventarse un nuevo plan de vacunación.
La Comisión Nacional de Bioética ha sido disminuida por el gobierno federal, en esta pandemia, y así seguirá lo que dure el actual gobierno federal. Existen una serie de contradicciones a nivel mundial sobre este problema.
No vemos ningún candidato político en año electoral que hable sobre la suspensión de patentes en farmacéutica frente a la vacuna del COVID 19, en esta pandemia.
UN SISTEMA DE SALUD DEFICIENTE
Según el segundo boletín de la CONAMED de noviembre a diciembre del 2017:
“El Sistema Nacional de Salud en México, ha sido producto de las luchas sociales protagonizadas principalmente por los obreros ferrocarrileros, electricistas, petroleros, los maestros y los médicos en las primeras décadas del siglo XX. Los principales logros son, sin duda, el de mantenerse como un sistema predominantemente público, basado mayoritariamente en la prestación de servicios de seguridad social.
Lo anterior se ve reflejado en los datos presentados en el quinto informe de gobierno 2016-2017 en el que la población total en el 2016 ascendía a 122.3 millones de mexicanos y de ellos, 97.2 millones (79.5%), fueron usuarios al menos una vez al año de algún servicio de salud del sector público. De éstos, 50.3 millones (41.1% de la población) fueron personas aseguradas y 46.9 millones (38.4%) personas no aseguradas. Otro logro indiscutible es el obtenido con la reforma sanitaria de 1983 cuando se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la protección de la salud y se precisó jurídicamente a través de la Ley General de Salud, los reglamentos y normas oficiales que de ella se derivan. Estos logros, sin embargo, han sido relativos y han estado condicionados a la disponibilidad de recursos que el Estado Mexicano ha destinado para su complimiento y a la capacidad organizativa del propio sistema de salud”.
Dando este antecedente hemos observado, que la mayoría de los hospitales públicos y privados están atendiendo enfermos por COVID 19, ¿pero ¿qué pasa con las otras enfermedades que según el triage son de urgencia?
(El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. De hecho, de ver mostrado en la sala de urgencias de todos los hospitales públicos y privados del país.)
Según, el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se observó que los servicios de salud que están a cargo de gobiernos estatales suelen tardar 56.7 minutos en atender a un paciente; el IMSS, 51 minutos; las fuerzas armadas, 13.8 minutos; las universidades, 13.2 minutos, y las instituciones privadas, 12.7 minutos.
Pero ahora con la pandemia estos tiempos han aumentado o de plano no son atendidos en el área de urgencias.
En el IMSS, si una persona tiene otra urgencia médica, por ejemplo en el caso de una cirugía Maxilofacial, en donde el paciente presenta, angina de Ludwig que es una infección mortal a raíz de una glándula salival infectada por una obstrucción de un cálculo, no es atendida, para cirugía, o en el caso de una persona con hipertiroidismo que se ocupa extirpar la tiroides previo tratamiento no lo está realizando el instituto, en estos casos vemos una clara violación a derechos humanos y también negligencia médica.
Sabemos que existe mucha población que está esperando una cirugía en el sistema de salud público y no se ha podido consolidar por la falta de organización en el sistema.
En este orden de ideas y con datos del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2017 – 2018 publicado por el IMSS, los 10 principales motivos de consultas de urgencias a los Hospitales de esta institución, en 2017, son:
Infecciones respiratorias agudas, traumatismos y envenenamientos, enfermedades infecciosas intestinales, embarazo, parto y puerperio, enfermedades del corazón, dermopatías, infección en las vías urinarias, enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, diabetes mellitus y trastornos de los tejidos blandos.
De los cuales solo algunos padecimientos son los que se están atendiendo, en sus hospitales.
Como sabemos el sector salud está colapsado y no es de ahora, sino ya tiene años, desde malos manejos, mafias sindicales y el robo hormiga es una constante en el sector.
En este periodo de pandemia la serie de delitos y omisiones por parte de las autoridades del sector salud, está aumentando considerablemente, y esto no ha sido un detonante de estudio por parte del sector salud y el sector judicial, la saturación de hospitales y de personal de la salud es común y esto conlleva grandes violaciones a derechos humanos en los pacientes.
La Comisión Nacional de Bioética está disminuida en el presente, ya que el presidente en turno no le interesa su colaboración en esta época de pandemia.
Nos dimos a la tarea de investigar y según una trabajadora social que nos pidió su anonimato por miedo, comenta que en el hospital mental público donde ella labora, no existen los suficientes recursos médicos para la solvatación satisfactoria del mismo, dejando a muchos de sus pacientes sin medicamento y atención médica correspondiente.
Nos damos cuenta que nuestro sistema de salud, está quebrantado, no funciona de manera normal con enfermedades comunes, y ahora en época de pandemia, menos.
Es necesario ya atender otros padecimientos de la población, así como los enfermos del COVID 19 en este momento sabemos que las comisiones de bioética tanto estatales como nacional está disminuido y es momento de encontrar un equilibrio para que sean atendidos por igual todos los padecimientos.
La población necesita una protección a la salud como lo menciona el artículo 4 constitucional, no se nos olvide que en realidad pagamos por el servicio como tal.
Sabemos que en estos momentos lo que se espera de este año es un año político electoral en donde el pastel espera su repartición olvidando por el resto de la gestión de los políticos a la población.
Que por cierto está llena las candidaturas, de artistas y de trasgresores de la ley en su gran mayoría, por parte de los distintos partidos políticos.
Hacemos un llamado a la mejora del sector salud y atender de nuevo todos los padecimientos ya que de por si es muy problemático conseguir una cita con el especialista en los hospitales públicos ahora en época de pandemia es imposible.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
