OPINIÓN
El «Tratado del Cacahuate»

Opinión de Héctor Romero Fierro //
En mi entrega pasada criticaba el triunfo pírrico que obtuvo nuestro país ante la amenaza recibida, vía un tuit, y que logró diferir su aplicación en el llamado “Tratado del Cacahuate”, señalando que los amigos de la “CuatroT” nos ocultaban mucho de lo pactado, tal y como se pudo comprobar cuando Trump dio a conocer la existencia de más acuerdos no revelados por el canciller Marcelo Ebrard, provocando con ello que le crezca el problema (y la nariz) al gobierno federal, asunto que ahora tienen que atender eficientemente.
Lo ideal hubiera sido, retar al presidente Trump de imponer impuestos a las importaciones mexicanas, situación que no contaba con el apoyo ni de su propio partido, y a cambio nos comprometimos a resolverles este espinoso problema a corto plazo, obligándonos a recibir migrantes para cuidarlos desde aquí, darles vivienda, medicinas, cosa imposible ya que lamentablemente, no puede nuestro país dar eso a muchos mexicanos menos a extranjeros ilegales, y además se obliga a cerrar la frontera sur como si fuera México un muro humano, con integrantes de la Guardia Nacional. ¿Quién acabó pagando el muro?
Las prisas en el gobierno son muchas porque el pacto tiene fecha de cumplimiento y no le podemos quedar mal a a Trump, el reloj tiene cuenta regresiva y está corriendo, ya le costó la renuncia al encargado del Instituto Nacional de Migración, y el disgusto de Muñoz Ledo, pilar de MorenaCo., es evidente.
La gran mayoría de mexicanos, según lo demuestran diversas encuestas, está a favor del cierre de fronteras, situación con la que coincidimos, la migración debe ser regulada y controlada. Eso no implica que no demos ayuda a los migrantes, es de vida o muerte, implica que cada caso particular sea estudiado y se analice si de verdad califican para apoyo. Solo como ejemplo, ya hay en territorio nacional grupos de pandillas centro americanas que no vienen precisamente a trabajar decentemente. Han entrado miles y miles y aunque ahora, la ornamental Secretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, diga alarmarse por el número de los que han ingresado al país, señaló “No se por donde pasaron 144 mil migrantes rumbo a a Estados Unidos”, habrá que recordarles que muchos ingresaron con el apoyo de la “CuatroT” y de manera totalmente irresponsable se les ofreció hasta trabajo y sueldo, provocando además un problema mayúsculo: los dejamos entrar a nuestro país, y luego, cuando no logran pasar a los Estados Unidos, quedan obligados a permanecer en las ciudades fronterizas, generando cinturones de miseria cada día más grandes, por ello la oposición a estos grupos es mayor en el norte de la república. La Secretario de Gobernación no se enteró que solo de enero a mayo pasaron más de 492 mil migrantes que fueron aprendidos por la autoridad migratoria americana. Solamente el viernes pasado fueron asegurados en Veracruz 4 tráilers con 791 migrantes, y dice que no sabe cómo pasaron, así como no vieron el cerro de Santa Lucía, creo yo.
Nuestro Presidente, se enfrente a una grave disyuntiva, por un lado su política de fronteras abiertas, con careta de protección a los Derechos Humanos, cuando en realidad lo que busca es convertirse en líder regional centroamericano y por el otro, el compromiso asumido con el país del norte de cerrar las fronteras, le lleva, por un lado a blindar la frontera y por el otro a hacer declaraciones demagógicas a favor de los migrantes. La semana pasada declaró que “El DIF se hará cargo de niños migrantes, si es necesario los abrazamos y los hacemos mexicanos”, curiosa actitud cuando acaba de dejar a miles de niños mexicanos sin la protección de las estancias infantiles.
Es curioso el país que más migrantes, por condiciones de falta de alimentación, falta de medicinas y persecución política, provoca serios problemas en la zona, es Venezuela pero nuestro presidente no hace nada al respecto porque Maduro es su aliado, y cuando se trata de apoyar a la oposición venezolana aplica la máxima de autodeterminación de los pueblos, pero en Guatemala, y otros de la zona hasta quiere invertir dinero nuestro gobierno para su desarrollo, cuando aquí los recortes por falta de recursos llegan a lo criminal. Es tal la demagogia promete que ahora que sea vendido el famoso avión presidencial, los recursos que se obtengan serán para atención de los migrantes, solo que no lo podemos vender por ser arrendado.
Por otro lado la desesperación del presidente y su intolerancia se dejó ver en las últimas mañaneras al referirse a muchos mexicanos como cretinos, sinónimo de “Idiota” ya que se enoja porque el único poder político independiente en nuestro país, hace su trabajo, me refiero, a que varios juzgados de distrito, dependientes del Poder Judicial, han concedido en juicios de Amparo suspensiones contra el inicio de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, y amenaza con informar quiénes son los responsables, quién presentó el Amparo y qué Juez se lo otorgó, según él, al exhibirlos, defiende el interés nacional, porque mejor señor presidente nos revela que tanto ese aeropuerto como la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya carecen de permisos de todo tipo destacando los ambientales. Lo bueno es que ya vienen más Amparos. ¿Por qué no exhibe mejor a esos funcionarios criminales que ya destruyeron más de 300 hectáreas de manglar y bosque tropical (y que llegarán a 700), para construir una refinería, sin permisos señor López? Y lo curioso es que los auto nombrados ambientalistas y la PROFEPA han callado. ¿Por qué no explica su urgencia de inundar el NAIM cuando en la Ciudad de México no hay gasolina ni para las patrullas?
En Zapopan se está corrigiendo la pifia de la regidora Gabriela Cárdenas y de algún otro funcionario menor (de capacidad) al secuestrar, solo por lucimiento personal, el proceso y Reglamento para la designación del titular de la Controlaría Ciudadana, con el que se integra el Sistema Municipal Anticorrupción, Pablo Lemus asumió la responsabilidad y pasó vergüenza ajena ordenando no se publique el reglamento aprobado por el Pleno hasta que se hagan los cambios a los errores en el mismo que muchos habíamos señalado.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
NACIONALES
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
JALISCO
¿Legalidad? pero sin integridad

– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Ricardo Agustín Anguiano Carrisales
16 de junio de 2019 at 23:04
Saludos