OPINIÓN
La firma electrónica
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
México es uno de los países donde mas personas tienen en su poder un instrumento legal llamado “firma electrónica” o “e-firma” gracias a que el Servicio de Administración Tributaria SAT ha obligado a la gran mayoría de contribuyentes a utilizarla para cualquier tramite fiscal, ya sea para la presentación de declaraciones, hasta para realizar consultas o cualquier tipo de promociones e incluso interponer medios de defensa tales como el Recurso de Revocación, situación que le ha permitido a dicho órgano irrumpir en el mundo digital con absoluto éxito y con lo que ello representa para la fiscalización en nuestro país.
Si embargo he notado que los empresarios no le dan la importancia debida a su uso y custodia y normalmente después de obtenerla quien la tiene en su poder es el contador en turno de la empresa, ya que la equivocada creencia es que dicha firma solo sirve para el SAT, ignorando el riesgo que se puede asumir estando en manos equivocadas. En días pasados le robaron a un negligente e irresponsable contador un manojo de dispositivos USB donde transportaba los archivos de “e-firma” de mas de trescientos clientes.
La firma electrónica no es otra cosa que es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, con el propósito de identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa brindando seguridad a las transacciones electrónicas de tal forma que se puede identificar al autor del mensaje y verificar que éste no haya sido modificado.
La firma electrónica se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (Public Key Infrastructure PKI por sus siglas en inglés) en donde se utilizan dos claves para el envío de mensajes, el primero llamado “clave privada” (key), generalmente una contraseña que únicamente es conocida por su propietario y sirve para cifrar los datos, la “clave pública”, disponible para consulta de todos los usuarios de la infraestructura, con la que se descifran datos. Un “certificado digital” es un documento electrónico mediante el cual un tercero confiable garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública CER.
El SAT en el proceso para generar la “e-firma” este emisor, comprobó tu identidad, tu fotografía, tus huellas dactilares, el escan de tu iris (ocular) y tu firma autógrafa, por lo que es un “documento electrónico” ligado exclusivamente a tu persona sin lugar a dudas y prácticamente infalsificable.
Para firmar solo basta incorporar al documento electrónico los archivos electrónicos “Cer”, “Key” y digitar tu contraseña y listo, externaste tu voluntad en la misma forma en que hubieres tomado tu bolígrafo y estampado en el documento esos signos y rayas con la que dejas evidencia de que externas actualmente tu voluntad. Podemos sin lugar a dudas afirmar que es mucho mas confiable la firma electrónica que la autógrafa.
México adoptó para efectos mercantiles estos estándares internacionales por lo que se incorporó al Código de Comercio el capítulo respectivo al Comercio Electrónico, legislación que incorpora detalladamente la validez de la “firma electrónica” para cualquier tipo de contrato mercantil, por lo que ahora es posible contratar y obligarse mediante el uso de dicha firma, sin importar el país en el que me encuentre o la legislación interna de este.
Debemos entender que el SAT no generó un método para verificar la identidad de los contribuyentes con los que actúa, sino que lo hace como “Prestador de Servicios de Certificación”, servicio que además pueden realizar previa acreditación ante la Secretaría de Economía, los notarios públicos y corredores públicos; personas morales de carácter privado dedicadas a ello, y las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son aplicables. Debemos aclarar que las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos, por lo que debe quedar claro que en materia mercantil un Corredor Público puede válidamente realizar certificaciones de todo aquello contenido en un mensaje de datos.
Como podrá notar, amigo lector, tanto a nivel local como internacional, insisto, puedo contratar y obligarme en cualquier acto jurídico, contrato o convenio, con el uso de cualquier firma electrónica validada por un “Prestador de servicios de Certificación” ya que los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con Firma Electrónica Avanzada producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.
El Poder Judicial de la Federación también permite ya la presentación de Juicios de Amparo en línea los 365 días del año, sin embargo, alejándose un poco de la tradición internacional genera su propia Firma Electrónica (FIREL) además puedes consultar por medios electrónicos los expedientes de los juicios de amparo en los que sea parte, interponer recursos y recibir notificaciones vía electrónica. Lo mismo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pero ahí se permite el uso de la FIEL del SAT. Esperamos que pronto el Instituto de Justicia Alternativa IJA en Jalisco incorpore la posibilidad de firmar electrónicamente los Convenios de Mediación.
Esta revolución electrónica imparable ha llevado al extremo de que ya se pueda constituir la Sociedad Simplificada por Acciones SAS vía electrónica ante la propia Secretaría de Economía externando su voluntad los socios mediante el uso de la firma electrónica del SAT, mismo caso cuando la Ley General de Sociedades Mercantiles establece la obligación de publicar entre otros las convocatorias de Asambleas o juntas de Socios o Accionistas en el portal de “Publicaciones de Sociedades Mercantiles” PSM (https://psm.economia.gob.mx) portal donde también se externa la voluntad firmando electrónicamente.
Después de conocer esto, amigo lector, no cree que deberá tener mucho mas cuidado sobre que personas tienen acceso a los archivos y clave de su “e-firma” y en el caso de Sociedades mercantiles, ¿no valdrá la pena acercarse con un Corredor Público, fedatario especialista en la materia para limitar el uso de la firma de la empresa para solo determinados actos?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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