OPINIÓN
La LXIII Legislatura: El desafío de escuchar a la sociedad civil
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La narrativa que ha construido Movimiento Ciudadano es que se trata de un partido de mujeres y hombres libres, que pone a las personas en el centro de sus causas para construir el futuro que el país merece.
En esa lógica entenderíamos que MC se distingue por hacer política de avanzada, muy distinto a la que llegó a practicar el PRI y ahora lo hace Morena en San Lázaro donde se impone la fuerza de la mayoría, sin mediar el debate de las ideas.
En esta primera parte del gobierno que encabeza Enrique Alfaro en Jalisco, la LXII Legislatura no fue diferente al tipo de parlamento que Clemente Castañeda cuestiona a nivel federal. Hay una regresión en el manejo de las instituciones, cuando la voluntad del poder ejecutivo se impone y el legislativo se convierte en una dependencia de trámites del mismo.
Y luego vienen los premios a la disciplina al acomodar en las burocracia a esos legisladores que mostraron su servilismo a su líder político, aprobándole lo que éste les ordenaba. ¿Cuál es la diferencia entre los diputados federales de Morena en San Lázaro y los legisladores locales de MC en Jalisco?
El maestro y politólogo Alberto Bayardo en un artículo publicado la pasada semana en NTR Diario hacía referencia al reto que tiene enfrente la LXIII Legislatura, preguntando qué es lo que podemos esperar de ella a la luz del desempeño de la anterior que pasará a la historia como un retorno al pasado.
¿Qué disposición hay de parte de estos legisladores, principalmente emecistas y panistas a enaltecer la política y elevar el nivel de debate?
La primera señala que mandaron fue la aprobación en la Junta de Coordinación Política limitar la tribuna en asuntos varios a los diputados, como medida preventiva de la epidemia de Covid-19. El punto de asuntos varios en la agenda de sesiones del Congreso del Estado es el espacio de excelencia para que se ejerza la libertad de expresión en el órgano legislativo.
Ese es el primer mensaje que envían las fuerzas mayoritarias en esta LXIII Legislatura. Habría que ver si esta decisión se mantiene, que es ponerle bozal a los legisladores.
DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL
La LXII Legislatura nos mostró la inconsistencia de un discurso de modernidad y vanguardismo político, contrario a lo que significa el avance democrático. Como bien lo advierte el maestro Alberto Bayardo, las instancias de participación ciudadana se redujeron a consultas intrascendentes, cuando no hay manera de que cambien el sentido de las decisiones previamente tomadas.
“Para mejorar su desempeño, el Congreso necesita apertura a la disidencia, a la crítica constructiva y a la participación ciudadana efectiva, lo que implica avanzar por la senda del parlamento abierto”.
Y una propuesta presenta el maestro Bayardo, que sería una señal muy positiva que enviaría esta LXIII Legislatura, como es el invitar a integrantes de la sociedad civil y de la academia a participar de manera sustantiva en la glosa del III Informe de Gobierno de Enrique Alfaro, para que formulen preguntas y cuestionamientos a quienes integran el gabinete, en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.
Cabe recordar que este ejercicio de parlamento abierto se hizo durante varios informes del malogrado gobernador Aristóteles Sandoval, esquema que armó David Gómez Álvarez donde participaron personajes que hoy forman parte de este gobierno y que en ese tiempo militaban en la sociedad civil, como es el hoy Director de Imeplan, Mario Silva, quien bien les podría armar el esquema, empezando con el diálogo del Gobernador Enrique Alfaro con la sociedad civil.
Un diálogo abierto con los familiares de las víctimas y los académicos que permitan contrastar cifras del III Informe. Tenemos el caso de los desaparecidos, los feminicidios, las tumbas clandestinas descubiertas, rubros en los que Jalisco es lamentablemente líder nacional, nuestra gran tragedia ante el terrible dolor que sufren miles de familias ante este infierno que les toca vivir.
EL DESAFÍO
La LXIII Legislatura está en su primer mes de actividades y tiene la oportunidad de iniciar con el pie derecho.
Se entiende que los legisladores emanados de un partido político y que forman parte de un gobierno tienen la responsabilidad de apoyar con su trabajo a un proyecto de políticas de Estado, así es en todo el mundo, el asunto es si se utilizan los mecanismos de la democracia.
Está el caso del impuesto sobre nóminas que pretenden aplicar el gobierno de Jalisco y aumente el 2% y 3% que permitirá crear un fideicomiso que captará 800 millones de pesos y al cual el gobierno del estado aportará 400 millones más para canalizarlo a mejorar la infraestructura de las escuelas.
Sería muy positivo que este tema, a propósito de la consulta del Pacto Fiscal, se solicite la opinión de las 130 mil empresas que les tocará aportar esos 800 millones de pesos.
La LXIII Legislatura tiene la oportunidad de demostrar si será un parlamento libre, que privilegie el debate y la confrontación de ideas, o sea una legislatura abyecta e irracional al servicio del ejecutivo, expresión de la política bizarra y del gatopardismo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
