OPINIÓN
La pistola de Trump sobre la sien de México
Opinión de Luis Manuel Robles Naya //
México está a prueba durante 45 días, en un examen impuesto por un sinodal que está predispuesto a reprobar al examinado. En política no cabe la ingenuidad y creer que Donald Trump no utilizará el combate a la migración como el eje articulador de su campaña electoral es cuando menos una gran inocentada.
Sin embargo, la administración federal está haciendo un serio intento para complacerlo, dando los pasos lógicos y necesarios para satisfacer la demanda del gobierno norteamericano de reducir el flujo de migrantes por nuestro suelo y convertirse en un país de asilo para los que accedan a una solicitud del mismo en los Estados Unidos de América.
Para ello, constituyó un grupo especial en el que confluyen responsabilidades asignadas a diversos ministerios, coordinados todos por el Secretario de Relaciones Exteriores. A la inusual demanda norteamericana, que mezcla asuntos comerciales con los migratorios, vino una respuesta igualmente inusual del gobierno mexicano, pragmática y lejana de la ortodoxia administrativa, ya que los secretarios de Gobernación, Trabajo, Economía y de Seguridad Nacional quedaron al margen de las decisiones que son ahora tomadas por el Secretario de Relaciones Exteriores.
Tengo la edad suficiente para remontarme a los años setenta del siglo pasado y recordar aquellas Comisiones que alegremente formaba el presidente en turno Luis Echeverría Álvarez, en la que participaban muchas dependencias y nada resolvía. En bien del interés nacional, espero que este grupo interinstitucional, no lo han nombrado comisión, sí pueda resolver en cuarenta y cinco días, lo que en sexenios no se ha podido o no se ha querido atacar frontalmente, que es la migración ilegal por la frontera sur de México.
Es público que por esa frontera pueden entrar hasta elefantes flotando en balsas por el Suchiate y por eso sorprende la declaración de la Secretaria de Gobernación de que no tiene idea por donde entraron 140 mil migrantes en el mes anterior, a los que debemos sumar otros cientos de miles desde principios de 2019.
También son muy conocidas las prácticas de corrupción que tienen lugar en el Instituto Nacional de Migración, cuya indolencia y permisividad hizo posible que durante años, el flujo migratorio fuera continuo aunque menos numeroso. ¿Lo desconocía Sánchez Cordero? Por supuesto que no, pero no puede darse el lujo de decir que fue la política de puertas abiertas implementada en esta administración la que alentó y produjo el inusualmente numeroso flujo migratorio que hoy se tiene que contener, so pena de castigos económicos severos.
El grupo de trabajo formado por el Presidente de la República, que no es comisión, tiene 45 días para disminuir la cantidad de migrantes que transitan por nuestro territorio y para el efecto ha esbozado un plan de trabajo ambicioso, que intenta quedar bien con ambos lados de la frontera norte mexicana, pero sinceramente creo que tendrá que aplicar el principio del lecho de Procusto.
Este personaje, para dar ingreso a su posada, pasaba primero a los paseantes a su lecho y el que tenía las piernas largas y sobresalían se las cortaba, mientras que a los que les quedaba grande el lecho los estiraba hasta que estuvieran a la medida. En ese tenor tendrá el gobierno mexicano que cortarle las piernas a la migración porque le sobra, y tendrá que estirar el presupuesto para cumplir con las exigencias, porque le falta.
En México la tasa de desempleo ha crecido; según reporte del INEGI del 23 de abril, durante marzo la tasa de desempleo ascendió a 3.56% de los económicamente activos y el 57.11% de los trabajadores se reportaron como informales.
En materia de salud, tenemos rezagos tanto en la suficiencia hospitalaria como en la disponibilidad de medicamentos y equipo de diagnóstico; por lo que se refiere a educación, es sabido que hay rezagos en infraestructura educativa y que México necesita invertir cuando menos dos puntos porcentuales más del PIB para alcanzar a países con niveles aceptables dentro de la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico). Estos tres rubros, trabajo, salud y educación, es lo que se está ofreciendo y se tendrá que dar, a una cifra superior a los 150 mil migrantes solicitantes de asilo que se estima quedarán en México.
Cumplir con los dos objetivos fundamentales del compromiso con nuestros vecinos del norte, exige destinar recursos, ahora exiguos, para mantener a seis mil elementos de la guardia nacional desplegados en el sureste, con los problemas de logística y gasto que eso representa, incrementar la presencia de elementos del Instituto Nacional de Migración para controlar el ingreso de los que pudieran pasar, así como, construir instalaciones para el resguardo y convivencia de los solicitantes de asilo que permanecerán en nuestro suelo en tanto se resuelve su solicitud en los Estados Unidos, proporcionándoles además atención en materia de salud, educación y empleo.
No es una tarea fácil, y sobre todo parece que pudiera resultar estéril, ante la tozudez de Donald Trump y su empeño reeleccionista. Creo que será como la tarea de Sisifo.
No creo que el gobierno mexicano sea tan ingenuo como para no saber lo que aquí se dice, sin embargo, la motivación real para tratar de consecuentar al mandatario rubio, tiene en realidad que ver con la propia política interior y las intenciones manifiestas de López Obrador de consolidar un nuevo régimen. Para ese propósito no hay por el momento nada más nefasto e inoportuno que el establecimiento de aranceles a los productos mexicanos. La economía mexicana está sostenida precariamente por unos muy débiles alfileres y estos gravámenes serían el detonador de una espectacular crisis. La apuesta del presidente de México es también una de muy dudoso éxito ya que, en su combate al neoliberalismo que ha identificado como el causante de todos los males que nos aquejan, está echando su resto a la recuperación del petróleo como dinamizador de la economía y a que la inversión privada responda a las buenas intenciones de su gobierno de cero corrupción.
En seis meses de gobierno, ya debió haberse dado cuenta de que los ahorros por la austeridad y el combate a la corrupción, sumado a la venta de garaje de los activos de la presidencia, no son suficientes para solventar el crecimiento de las dádivas gubernamentales y a la vez cubrir con suficiencia y eficiencia las demandas de salud, educación, trabajo, seguridad y bienestar, para mencionar las elementales, y mucho menos para sus muy cuestionados proyectos como el Aeropuerto de Sana Lucía, El tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería de Dos Bocas. Mucho menos si también tiene que inyectarle recursos millonarios a PEMEX para que conserve no solo su capacidad crediticia, sino también su viabilidad como empresa productiva del Estado.
En esta situación, los aranceles son, como los ha usado Trump, una pistola en la sien y en los primeros 45 y los subsecuentes días México estará tratando de quitarla de ahí, porque la crisis superviniente al entrar en vigor daría al traste con un proyecto de gobierno, que personalista e idealista como es, el presidente está empeñado en lograr. De por sí ya es difícil hacerlo por la oposición crítica de un amplio sector de mexicanos que no comparten su visión de país, menos viable será con la amenaza permanente del preponderante socio comercial.
La situación económica del país es precaria y le han estado quitando los alfileres desmantelando las instituciones creadas durante el neoliberalismo y desactivando los incentivos para la participación privada en la generación de riqueza. Querer convertir al Estado en el motor y rector de la economía, sustituyendo al mercado es una apuesta riesgosa para estos tiempos. Así que por el momento; a sus órdenes señor Trump.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
