OPINIÓN
La pistola de Trump sobre la sien de México
Opinión de Luis Manuel Robles Naya //
México está a prueba durante 45 días, en un examen impuesto por un sinodal que está predispuesto a reprobar al examinado. En política no cabe la ingenuidad y creer que Donald Trump no utilizará el combate a la migración como el eje articulador de su campaña electoral es cuando menos una gran inocentada.
Sin embargo, la administración federal está haciendo un serio intento para complacerlo, dando los pasos lógicos y necesarios para satisfacer la demanda del gobierno norteamericano de reducir el flujo de migrantes por nuestro suelo y convertirse en un país de asilo para los que accedan a una solicitud del mismo en los Estados Unidos de América.
Para ello, constituyó un grupo especial en el que confluyen responsabilidades asignadas a diversos ministerios, coordinados todos por el Secretario de Relaciones Exteriores. A la inusual demanda norteamericana, que mezcla asuntos comerciales con los migratorios, vino una respuesta igualmente inusual del gobierno mexicano, pragmática y lejana de la ortodoxia administrativa, ya que los secretarios de Gobernación, Trabajo, Economía y de Seguridad Nacional quedaron al margen de las decisiones que son ahora tomadas por el Secretario de Relaciones Exteriores.
Tengo la edad suficiente para remontarme a los años setenta del siglo pasado y recordar aquellas Comisiones que alegremente formaba el presidente en turno Luis Echeverría Álvarez, en la que participaban muchas dependencias y nada resolvía. En bien del interés nacional, espero que este grupo interinstitucional, no lo han nombrado comisión, sí pueda resolver en cuarenta y cinco días, lo que en sexenios no se ha podido o no se ha querido atacar frontalmente, que es la migración ilegal por la frontera sur de México.
Es público que por esa frontera pueden entrar hasta elefantes flotando en balsas por el Suchiate y por eso sorprende la declaración de la Secretaria de Gobernación de que no tiene idea por donde entraron 140 mil migrantes en el mes anterior, a los que debemos sumar otros cientos de miles desde principios de 2019.
También son muy conocidas las prácticas de corrupción que tienen lugar en el Instituto Nacional de Migración, cuya indolencia y permisividad hizo posible que durante años, el flujo migratorio fuera continuo aunque menos numeroso. ¿Lo desconocía Sánchez Cordero? Por supuesto que no, pero no puede darse el lujo de decir que fue la política de puertas abiertas implementada en esta administración la que alentó y produjo el inusualmente numeroso flujo migratorio que hoy se tiene que contener, so pena de castigos económicos severos.
El grupo de trabajo formado por el Presidente de la República, que no es comisión, tiene 45 días para disminuir la cantidad de migrantes que transitan por nuestro territorio y para el efecto ha esbozado un plan de trabajo ambicioso, que intenta quedar bien con ambos lados de la frontera norte mexicana, pero sinceramente creo que tendrá que aplicar el principio del lecho de Procusto.
Este personaje, para dar ingreso a su posada, pasaba primero a los paseantes a su lecho y el que tenía las piernas largas y sobresalían se las cortaba, mientras que a los que les quedaba grande el lecho los estiraba hasta que estuvieran a la medida. En ese tenor tendrá el gobierno mexicano que cortarle las piernas a la migración porque le sobra, y tendrá que estirar el presupuesto para cumplir con las exigencias, porque le falta.
En México la tasa de desempleo ha crecido; según reporte del INEGI del 23 de abril, durante marzo la tasa de desempleo ascendió a 3.56% de los económicamente activos y el 57.11% de los trabajadores se reportaron como informales.
En materia de salud, tenemos rezagos tanto en la suficiencia hospitalaria como en la disponibilidad de medicamentos y equipo de diagnóstico; por lo que se refiere a educación, es sabido que hay rezagos en infraestructura educativa y que México necesita invertir cuando menos dos puntos porcentuales más del PIB para alcanzar a países con niveles aceptables dentro de la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico). Estos tres rubros, trabajo, salud y educación, es lo que se está ofreciendo y se tendrá que dar, a una cifra superior a los 150 mil migrantes solicitantes de asilo que se estima quedarán en México.
Cumplir con los dos objetivos fundamentales del compromiso con nuestros vecinos del norte, exige destinar recursos, ahora exiguos, para mantener a seis mil elementos de la guardia nacional desplegados en el sureste, con los problemas de logística y gasto que eso representa, incrementar la presencia de elementos del Instituto Nacional de Migración para controlar el ingreso de los que pudieran pasar, así como, construir instalaciones para el resguardo y convivencia de los solicitantes de asilo que permanecerán en nuestro suelo en tanto se resuelve su solicitud en los Estados Unidos, proporcionándoles además atención en materia de salud, educación y empleo.
No es una tarea fácil, y sobre todo parece que pudiera resultar estéril, ante la tozudez de Donald Trump y su empeño reeleccionista. Creo que será como la tarea de Sisifo.
No creo que el gobierno mexicano sea tan ingenuo como para no saber lo que aquí se dice, sin embargo, la motivación real para tratar de consecuentar al mandatario rubio, tiene en realidad que ver con la propia política interior y las intenciones manifiestas de López Obrador de consolidar un nuevo régimen. Para ese propósito no hay por el momento nada más nefasto e inoportuno que el establecimiento de aranceles a los productos mexicanos. La economía mexicana está sostenida precariamente por unos muy débiles alfileres y estos gravámenes serían el detonador de una espectacular crisis. La apuesta del presidente de México es también una de muy dudoso éxito ya que, en su combate al neoliberalismo que ha identificado como el causante de todos los males que nos aquejan, está echando su resto a la recuperación del petróleo como dinamizador de la economía y a que la inversión privada responda a las buenas intenciones de su gobierno de cero corrupción.
En seis meses de gobierno, ya debió haberse dado cuenta de que los ahorros por la austeridad y el combate a la corrupción, sumado a la venta de garaje de los activos de la presidencia, no son suficientes para solventar el crecimiento de las dádivas gubernamentales y a la vez cubrir con suficiencia y eficiencia las demandas de salud, educación, trabajo, seguridad y bienestar, para mencionar las elementales, y mucho menos para sus muy cuestionados proyectos como el Aeropuerto de Sana Lucía, El tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería de Dos Bocas. Mucho menos si también tiene que inyectarle recursos millonarios a PEMEX para que conserve no solo su capacidad crediticia, sino también su viabilidad como empresa productiva del Estado.
En esta situación, los aranceles son, como los ha usado Trump, una pistola en la sien y en los primeros 45 y los subsecuentes días México estará tratando de quitarla de ahí, porque la crisis superviniente al entrar en vigor daría al traste con un proyecto de gobierno, que personalista e idealista como es, el presidente está empeñado en lograr. De por sí ya es difícil hacerlo por la oposición crítica de un amplio sector de mexicanos que no comparten su visión de país, menos viable será con la amenaza permanente del preponderante socio comercial.
La situación económica del país es precaria y le han estado quitando los alfileres desmantelando las instituciones creadas durante el neoliberalismo y desactivando los incentivos para la participación privada en la generación de riqueza. Querer convertir al Estado en el motor y rector de la economía, sustituyendo al mercado es una apuesta riesgosa para estos tiempos. Así que por el momento; a sus órdenes señor Trump.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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