OPINIÓN
Laboratorios perseguidos
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Una de las empresas que debemos sentirnos orgullosos los jaliscienses es precisamente Productos Infantiles S.A. (PISA), creada en el año de 1945 por Don Miguel Álvarez Ochoa, para atender urgentes necesidades siempre presentes en nuestro país, con medicamentos especialmente diseñados y formulados para la población infantil de ese México con un boom de crecimiento infantil nunca visto. Diez años después y gracias al éxito comercial se transformó en Laboratorios PiSA, S.A. de C.V., una empresa familiar que sin embargo se conserva, cuando muy pocas empresas de jaliscienses de esa época sobreviven exitosamente 75 años después.
Uno de sus éxitos es precisamente el factor humano, ya que se ha dado a la tarea de impulsar el desarrollo de su personal y ejecutivos, destinando, (lo que no sabemos hacer en México), importantes recursos en “Investigación y Desarrollo” R&D, por lo que ahora compite con laboratorios de talla internacional. Durante muchos años PISA ha reunido los requisitos para ser considerada como una “Empresa Socialmente Responsable (ESR)”, lo cual implica un compromiso permanente con la sociedad, el medio ambiente, sus trabajadores y sus familias.
Sus ventas no solo se realizan en el sector privado sino que ademas se había convertido en un importante proveedor del Sector Salud tanto de los gobiernos federal como estatal. No obstante de todo esto, ahora es una perseguida de la “CuatroT” ya que la falta de planeación, previsión y conocimiento de los nuevos funcionarios de este sector, aunado a la terca posición y desinformación del presidente Manuel Andres Lopez Obrador (MALO), provocó un terrible desabasto de medicamentos básicos para la vida de muchos pacientes a lo largo y ancho de nuestro país. Como siempre, los Morenos son incapaces de reconocer culpas, han tratado infructuosamente, de culpar a esta empresa de crear artificialmente un desabasto de un producto básico para los niños con cáncer, el “metotrexato”, al grado que MALO, desde el púlpito de las Mañaneras atacó a esta farmacéutica inclusive, tratándola de culpar de la muerte de todo tipo de pacientes, ya que la farmacéutica había conspirado para provocar un desabasto nacional de medicamentos en todo el país.
En febrero del año pasado en el Hospital del Niño Poblano, tres niños mueren, supuestamente por reacciones adversas del metotrexato, mas no por el producto en sí, sino por la forma en que fue suministrado. Aunque las autoridades sanitarias aceptaron que las muertes no se generaron por mala calidad del medicamento, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), inmediatamente efectúa una verificación, en la que confirman que el medicamento no presentaba ningún defecto ni estaba contaminado, no obstante eso, supuestamente por fallas administrativas se impuso a PISA una medida administrativa consistente en prohibirles que siguiera fabricando y distribuyendo a los hospitales del sector salud dicho medicamento, por lo que desde mayo de 2019 se dejó de fabricar.
Equivocadamente el Sector Salud estimaba que contaban con suficiente medicamento para hacerle frente a las necesidades, pero no se dieron cuenta que los otros laboratorios, el mexicano Zurich, el español Accord, el argentino Asofarma, el israelí Teva y el alemán Fresenius ya no fabricaban este medicamento, al dejar de ser rentable su producción.
Las quejas por el desabasto del medicamento por parte de los padres de familia de los niños con cáncer iban en aumento y muchos médicos se sumaban a esta crítica, por lo que las autoridades de la “CuatroT” presionaron a PISA a que entregara el medicamento que tenia en bodegas, situación imposible ya que estaba asegurado por la COFEPRIS y de entregarlo, como lo solicitaban las autoridades, hubiera cometido un delito federal. Entonces tuvieron que salir a comprarlo al extranjero, con una doble consigna, urgente y barato, imposible en un momento de crisis.
El 26 de agosto, los padres de familia toman, en protesta el aeropuerto de la Ciudad de México y la respuesta de las autoridades es ordenar a PISA que entregue de inmediato lo que tiene en bodegas, ya que el titular de COFEPRIS miente y asegura no tener el medicamento asegurado y al señalar este laboratorio la imposibilidad de hacerlo, le mal informan al presidente que el laboratorio se niega, situación falsa, insisto, por los sellos de la COFEPRIS, desatando así los ataques al laboratorio jalisciense, donde no solo lo acusan de prácticas monopólicas sino además de que escondió y trató de chantajear al gobierno de la “CuatroT”.
Todo este caos, lo ocasiona el titular de la de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, José Alonso Novelo, médico pediatra, cuya única virtud para ocupar, sin la experiencia y conocimientos necesarios, es ser amigo personal de MALO y por ende partidario de MORENA Co.
Solo bastaba con levantar los sellos que impedían llevar a los centros de salud las dosis de metotrexato ubicadas en los almacenes de PISA y no mentir a los padres de familia y al presidente de la Republica, quien constantemente se estuvo contradiciendo por la falta de información veraz al respecto. Atacar a PISA por una estupidez de un funcionario de cuarta, lamentablemente avalado por el señor López, en nada sirve al país ya que acaba con la confianza del inversionista, ya que el agraviado es todo el sector empresarial. PISA en lugar de perder el tiempo defendiéndose de chismes de la CuatroT debería estar enfocando todas sus Baterias en tratar de contar con fármacos con que hacerle frente a la crisis que provocara la llegada a México del coronavirus chino.
El gobierno federal en lugar de tratar de justificar con chismes sus pifias deberá iniciar una investigación independiente para comprobar que todo este caos lo provocó un solo hombre, que insisto ocupa un puesto, como muchos otros mas en el gobierno de la CuatroT, sin capacidad ni conocimiento del área en que se desempeña, solo por ser amigo del señor López. Ya vimos que la regla de 10% imbécil y 90% honrado, solo provocan crisis cómo está.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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