OPINIÓN
Lo rijosos no se les quita
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Varios cambian de partido pero no de ser rijosos y la muestra está a la vista con los “influyentes” simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quienes se dieron hasta con la “cubeta” en varias asambleas del país.
Como desde hace muchos años y en diferentes institutos políticos en los que han militado, quisieron reventar las asambleas para decidir quiénes serían los representantes de cada distrito, mientras que los grandes jerarcas de MORENA se disputan el poder tener el control total.
En diferentes distritos electorales en Jalisco, se registraron lesionados en los enfrentamientos entre los morenistas, como ocurrió en varias ocasiones cuando algunos de ellos “militaban” o “simpatizaban” en otro partido que entonces tenía poder político.
Aunque el Presidente de la república y casi dueño de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado en repetidas ocasiones que los cambios de dirigencias se deben de hacer con la aprobación de la mayoría de los militantes y con toda tranquilidad, parece que no le hacen caso y debe de imperar la fuerza bruta, por lo menos entre algunos grupos que quieren el poder.
En Jalisco, los militantes de MORENA, quieren tener el control para imponer a sus candidatos y se dan cuenta que tienen la simpatía de más personas ante la reprobación que tienen los que llegaron a mandar al Partido Movimiento Ciudadano, los cuales todavía cuentan con los gobiernos de municipios y del gobierno del Estado.
Mientras los de MC se duermen en sus laureles, los de MORENA si están trabajando para llegar con amplio poder electoral en el proceso del año 2021.
Hay que esperar a quiénes castigarán por ser violentos o incitar al conflicto en MORENA y lo que es seguro que caerán cabezas importantes de dirigentes de ese instituto político.
EN BUENA BRONCA SE METIERON EXSECRETARIOS
Con todo el poder contra los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo, a quienes la Procuraduría Anticorrupción, señala de presuntos manejos indebidos en sus funciones.
La sonada persecución que en un principio se dijo que se estimaba en más de 14 millones de pesos y luego de la comparecencia que tuvieron con un Ministerio Público se estimó en alrededor de cinco millones de pesos.
Ten grave es que sean 14 o 5 millones de pesos, pero los tienen en capilla y lo que llama mucho la atención es que hay serios señalamientos de otros abusos o desvíos por millones de pesos y esos no han sido “encontrados” por la poderosa Procuraduría Anticorrupción, lo que se nota como otra “ley del embudo” para meter orden.
Según se ha sabido el que tiene mayores “amigos” en su contra es Salvado Rizo Castelo, quien hace algunos meses tuvo una fuerte discusión con el poderosísimo Hugo Luna, brazo fuerte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, según ha trascendido en los pasillos del Palacio de Gobierno.
Éste lunes se podría saber la suerte que correrán los exfuncionarios públicos de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, quien parece que “ni suda ni se acongoja”, ya que se dice que sus tiempos lo mantienen en negocios inmobiliarios de elevadas inversiones.
LA LEY NO SE APLICA IGUAL PARA TODOS
Flaco favor está haciendo en el desempeño de su trabajo el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo, al mostrar la protección a quienes han violado la ley y todavía los premia con las exigencias que hicieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenerías de Tenancingo, Estado de México.
Ahora resulta que los jóvenes que tuvieron en su poder 92 autobuses foráneos de pasajeros e igual número de choferes, no recibirán sanción alguna aunque hayan violado la ley y los afectados chores y dueños de las unidades se estén quejando.
El subsecretario Ricardo Peralta Saucedo, se encargó de negociar la devolución de los autobuses y libertad de los choferes y les concedió, entre sus exigencias que tenían, el otorgamiento de 82 plazas para maestros.
Por su parte el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Odilón López, se encargó de recibir a los choferes privados de su libertad por varios días para que los valoraran los médicos, ya que llegaron con mucha hambre.
En repetidas ocasiones el funcionario de Gobernación, parecía que disculpaba a los normalistas de Tenerías y llegó a decir que como son pobres y hasta sin padres, tenían que ejercer presiones para ser atendidos, ya que por muchos años no se les apoya.
Las acciones y declaraciones de Ricardo Peralta Saucedo, parece que han llegado a otros normalistas molestos y algunos han iniciado las mismas acciones que los de Tenancingo, Estado de México, apoderándose de camiones con todo y choferes, total que nadie los castiga y empleados y dueños de unidades que se “aguanten” parece ser la consigna de la autoridad federal.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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