Diputada Yussara Canales exige acciones urgentes en Puerto Vallarta: Alerta por tres mujeres asesinadas en 11 días

Por Francisco Junco

Puerto Vallarta volvió a estremecerse durante mayo. En apenas 11 días, tres mujeres fueron asesinadas en hechos que encendieron nuevamente las alertas sobre la violencia de género en uno de los destinos turísticos más importantes del país. La indignación comenzó a crecer en redes sociales, se trasladó a las calles y encontró eco en colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanos que exigieron respuestas concretas a las autoridades.

Las movilizaciones no tardaron en aparecer. Mujeres vestidas de morado, madres de familia, activistas y ciudadanos ocuparon espacios públicos para exigir justicia y garantías de seguridad. Las consignas reclamaban algo elemental: poder vivir sin miedo. En medio de ese escenario de preocupación social, la discusión sobre la violencia contra las mujeres volvió a colocarse en el centro de la agenda pública vallartense.

Las protestas estuvieron acompañadas por pronunciamientos de colectivos feministas que denunciaron la falta de diagnósticos actualizados, políticas integrales y estrategias efectivas para contener una problemática que, aseguran, se ha agravado en los últimos años. Las organizaciones insistieron en que los feminicidios representan la expresión más extrema de una violencia que se manifiesta cotidianamente de múltiples formas.

A la presión social se sumó una creciente cobertura de medios de comunicación locales que documentaron los casos, dieron seguimiento a las investigaciones y reflejaron el temor que comenzó a extenderse entre distintos sectores de la población. La conversación pública dejó de centrarse únicamente en los hechos violentos para cuestionar también la capacidad institucional para prevenirlos y atenderlos.

En ese contexto, la diputada local Yussara Canales González presentó una propuesta en el Congreso del Estado mediante un acuerdo legislativo con el que solicita la intervención urgente de autoridades federales y estatales, así como la implementación de medidas extraordinarias de prevención, protección y atención integral para las mujeres en Puerto Vallarta.

La iniciativa busca exhortar a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco y al Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que analicen la pertinencia de activar acciones emergentes frente a los recientes casos de feminicidio y violencia de género registrados en el municipio.

La propuesta también solicita información puntual sobre las medidas que actualmente se encuentran vigentes en Puerto Vallarta derivadas de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, así como sobre los mecanismos de protección existentes y la coordinación institucional desarrollada para enfrentar la violencia feminicida.

La diputada vallartense recordó que Puerto Vallarta cuenta con mecanismos de alerta desde 2016 y 2018. Sin embargo, advirtió que los acontecimientos registrados durante mayo evidencian que la problemática persiste y requiere una revisión profunda de las estrategias implementadas hasta ahora.

Mujeres con miedo en Puerto Vallarta

La legisladora planteó que el incremento reciente de los casos obliga a las autoridades a actuar de manera coordinada y con sentido de urgencia, especialmente cuando la violencia feminicida continúa cobrando vidas pese a la existencia de instrumentos institucionales diseñados para combatirla.

“Lo que está ocurriendo en Puerto Vallarta es gravísimo y no podemos normalizarlo. Las mujeres tienen miedo, las colectivas están saliendo nuevamente a las calles y las autoridades no pueden seguir actuando como si nada estuviera pasando”, señaló la diputada.

La frase resume el sentimiento que durante las últimas semanas se ha manifestado en distintos sectores de la sociedad vallartense. La preocupación ya no se limita a los colectivos especializados en la defensa de los derechos de las mujeres; alcanza también a familias, estudiantes, trabajadoras y habitantes que observan con inquietud el aumento de la violencia.

Dentro del acuerdo legislativo también se solicita a la Fiscalía del Estado que informe cuáles son las estrategias específicas de prevención, investigación y persecución de delitos cometidos contra mujeres, particularmente en los casos relacionados con feminicidios y violencia de género ocurridos en Puerto Vallarta.

La propuesta legislativa parte de la premisa de que la obligación del Estado no concluye con la investigación de los delitos. También implica prevenirlos, proteger a las posibles víctimas y garantizar condiciones que permitan reducir los factores de riesgo que favorecen la violencia contra las mujeres.

La diputada subrayó que la violencia feminicida constituye la forma más extrema de violencia de género y recordó que las instituciones públicas tienen responsabilidades específicas establecidas tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos.

“Puerto Vallarta no puede convertirse en un lugar donde matar mujeres quede reducido a una estadística. Hoy se necesitan acciones firmes, coordinación real y resultados. Las mujeres merecen vivir libres y seguras”, subrayó.

Mientras la propuesta avanzaba en el ámbito legislativo, las organizaciones civiles continuaban exigiendo respuestas. Diversos colectivos han señalado que la crisis actual no puede entenderse únicamente a partir de los feminicidios recientes, sino como el resultado de problemas estructurales que requieren políticas públicas permanentes y no solamente acciones reactivas.

La exigencia ciudadana también ha incluido cuestionamientos sobre el papel de las autoridades municipales. Activistas y participantes en las movilizaciones han demandado una estrategia más visible y articulada para atender la violencia contra las mujeres, además de mecanismos efectivos de prevención y acompañamiento para las víctimas.

En este escenario, la iniciativa presentada por Yussara Canales aparece como una respuesta institucional a una preocupación que ya había sido expresada en las calles. La propuesta recoge parte de las demandas planteadas por organizaciones feministas y busca trasladarlas al terreno de las acciones gubernamentales y la rendición de cuentas.

La discusión que ahora se abre no se limita a determinar responsabilidades por los hechos recientes. También pone sobre la mesa la necesidad de evaluar qué tan efectivas han sido las medidas implementadas durante los últimos años y qué ajustes son necesarios para evitar que la violencia continúe escalando.

“El silencio institucional también lastima. Por eso estamos alzando la voz y exigiendo que todas las autoridades asuman su responsabilidad antes de que esta crisis siga cobrando más vidas”, puntualizó la legisladora.

Los crímenes

10 de mayo

Una mujer fue localizada sin vida en las inmediaciones del mirador conocido como Rancho El Pirulí, en Puerto Vallarta. Autoridades estatales informaron que la víctima presentaba lesiones provocadas por un objeto punzocortante.

15 de mayo

Cinco días después fue encontrado el cuerpo de otra mujer a un costado de la carretera hacia Mismaloya, al sur del municipio. La Fiscalía informó posteriormente que los indicios forenses apuntaban a una posible intoxicación o envenenamiento como causa de muerte, aunque las investigaciones continúan.

21 de mayo

El tercer hallazgo ocurrió en una brecha del fraccionamiento Parque Las Palmas, cerca del Segundo Camino a Mojoneras. La víctima fue encontrada con huellas de violencia y el caso volvió a encender las alarmas porque se trataba de la tercera mujer localizada sin vida en menos de dos semanas. De acuerdo con reportes de medios locales, podría tratarse de una joven reportada como desaparecida, aunque la identificación oficial no había sido confirmada.

La alarma social no se generó únicamente por el número de casos, sino también por varias coincidencias: las tres víctimas eran mujeres jóvenes, los cuerpos fueron localizados en zonas aisladas y los hallazgos ocurrieron en un periodo de apenas 11 días. Esto provocó especulaciones sobre la posible actuación de un agresor serial.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco ha sostenido que, hasta el momento, no existe evidencia científica u objetiva que permita vincular los tres casos entre sí. Incluso las causas preliminares de muerte son distintas, por lo que oficialmente no existen elementos para afirmar la presencia de un asesino serial en Puerto Vallarta.