OPINIÓN
Los Hombres del Poder: Los primeros cien días de Alfaro
Por Gabriel Ibarra Bourjac ///
La política y el gobierno es como el béisbol, lo importante no es como inicia, sino como termina. Los gobiernos federal y estatal que encabezan Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, han sido contrastantes. Por un lado el gobierno de la 4 Transformación pareciera que juega en las carreras de la Fórmula 1 por la forma de pisar el acelerador, se ve que tiene mucha prisa, mientras que en Jalisco, el carro de la Refundación como que trae el freno puesto.
El escenario ha sido altamente complicado para el gobernador de Jalisco. Los primeros 70 días Alfaro tuvo que jugar vencidas con el Presidente de México, con el argumento de que el gobierno federal le negaba a Jalisco los recursos que en justicia le correspondía. En ese lapso desplegó una agenda en la prensa de la capital del país, para mostrarse como el anti-López Obrador.
Finalmente, Presidente y Gobernador firmaron la pipa de la paz, concretándose apenas hace diez días y así López Obrador anunciaría que los 3 mil 500 millones de pesos que hacen falta para concluir la Línea 3 serían canalizados para que dicha obra quede concluida a finales del presente año.
En los últimos tiempos los gobiernos se han puesto una serie de compromisos en los primeros cien días de mandato, en los que delinean el tipo y estilo de gobierno que los distinguirá, principalmente los compromisos que asumen y las transformaciones que pretenden realizar.
En el caso particular del gobernador Enrique Alfaro estos primeros cien días fueron muy complicados, se metió en problemas por derecho propio, generándole un costo muy alto en su popularidad, lo que no había sufrido durante los tres años que fue alcalde de la capital de Jalisco.
De entrada Alfaro vivió una confusión entre el gobernante y el líder opositor. El chip no lo cambió. No entendió que vivía una nueva realidad. El PRI ya no era gobierno, lo había sacado, más bien ahora tiene que mostrar que todo aquello que criticó de gobiernos corruptos e ineficientes le toca hacer la transformación y la renovación.
Desde la campaña ofreció llevar adelante un cambio de fondo de estructuras con su Refundación, que aún no ha logrado bajar a los ciudadanos, más allá de foros cupulares organizados desde el Congreso del Estado para explicar lo que quiere y que se traduce en un nuevo Pacto Social cuando el Gobierno es ineficaz y no puede responder a nueva realidad que vivimos y qué mejor forma de expresarlo que la tremenda inseguridad que sufrimos, cuando el Estado es incapaz de darnos seguridad, razón de ser del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau.
Obviamente que 100 días son muy pocos para reorientar el barco tan agrietado que es el gobierno, Alfaro es un hombre con carácter pero con demasiada mecha corta que complica la construcción de acuerdos con la sociedad, como quedó demostrado con el encontronazo que tuvo con los grupos feministas de Jalisco al mostrarse incapaz de sostener un diálogo con quienes piensan diferente.
El gobernador se ha visto extraviado en su comunicación, con muy poca tolerancia, que si quiere reencauzar, tiene que serenarse y replantear para superar sus equívocos, entendiendo la gran responsabilidad que implica ser un gobernador de un Estado como Jalisco. Es un grave error estarse peleando un día sí y un día también con los reporteros.
EL TEMA DE LA SEGURIDAD
Alfaro en los próximos dos o tres meses tendrá que resetearse, debe corregir sus enfoque equivocados, su gobierno apenas está empezando y debe poner la mayor atención en el tema de seguridad que de acuerdo a los resultados será como lo calificará la sociedad.
El recibimiento que ha tenido como autoridad en estos tres primeros meses por los grupos criminales son terribles, no hay respeto. Los demonios están desatados, tienen hambre y sed de sangre. Son cerca de 700 homicidios los que se han perpetrado por el Estado, la gran mayoría en la Zona Metropolitana. Para mala fortuna a Alfaro le toca vivir y enfrentar la peor crisis de inseguridad que vive la entidad en su historia moderna, porque a ese ritmo de crímenes, el año podría terminar rondando 3 mil vidas perdidas en Jalisco.
Alfaro Tiene el apoyo del Gobierno federal que prometió enviarle 1,600 elementos que empezaron a llegar hace dos semanas, sin embargo, la contención aún no la vemos reflejada, pues si bien unos días son dos o tres homicidios, pero de repente aparecen 20 cadáveres allá en un canal pluvial de Ixtlahuacán.
La Refundación debe pasar primero por el tema de seguridad, por los cuerpos de seguridad estatales y municipales, inversión con tecnología, capacitación, incluyendo a la Fiscalía que requiere mayor personal y equipamiento tecnológico.
El gobernador ha recriminado al Poder Judicial la corrupción que está enquistada con los jueces que liberan a los delincuentes que detienen, puede tener razón, pero hay un problema también en la prevención y en la procuración de justicia. ¿Cuánto va a invertir en estas áreas? ¿De qué tamaño será la reingeniería?
Si Alfaro no resuelve el tema de la seguridad, será uno más que llegó al gobierno y falló. La energía y tiempo del gobernador debe de concentrarla en ese grave problema que el Estado cuyo contrato social dejó hace buen rato de tener vigencia. Aquí es donde debe entrar el Pacto Social del Estado, como Contrato Social renovado de Juan Jacobo Rousseau de lo que debe ser el Estado Moderno funcional.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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