OPINIÓN
Manzana envenenada

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Durante mucho tiempo, las fuerzas armadas mexicanas han tenido la confianza del pueblo. Son, sin duda, la institución mejor valorada del Estado Mexicano, sin embargo, en los últimos años, ha sido expuesta a un desgaste excesivo por el protagonismo que el presidente les ha otorgado en la vida nacional.
Tal vez conscientes de que dicho papel pudiera ocasionar desprestigio, la SEDENA informó el 2 de abril de 2021 que mediría sus niveles de aprobación en la población, sin que se hayan conocido sus resultados. No obstante, el 18 de mayo del mismo año, el diario “El País” presentó una encuesta realizada por Simo Consulting, en la cual se confirma que el 62% de la población confía en el ejército, seguido por la Guardia Nacional y el INE con 53 y 50% respectivamente. Seguramente el presidente de la República figura preponderantemente en ese 62% que confía, pues después de que siendo candidato prometiera regresarlo a los cuarteles, al llegar a la presidencia ha depositado en ellos responsabilidades que van más allá de sus atribuciones constitucionales. Constantemente ha censurado y criticado ferozmente a organizaciones civiles e instituciones autónomas por haber servido y hasta a la prensa por haber callado ante los abusos de los que él ha llamado régimen neoliberal, pero no lo ha hecho contra las fuerzas armadas, que también lo hicieron sirviendo con responsabilidad, sentido del deber y lealtad, al régimen constitucional establecido democráticamente. También ha sido omiso a los antecedentes de corrupción que desde 1997 con la aprehensión y condena al General Gutiérrez Rebollo, o los informes de la DEA, veraces o no, sobre la protección del General Cienfuegos a carteles mexicanos.
Al ejército le ha costado mucho trabajo y esfuerzo, deslindarse de los señalamientos de corrupción de algunos de sus miembros y por ello se explican los altos índices de aprobación que hoy conservan, pero el presidente les ha puesto una manzana envenenada en el centro de su estructura.
Desde que Manuel Ávila Camacho, último presidente militar de la república dejó el poder, las fuerzas armadas se habían mantenido al margen de la política y de la administración civil, hasta que esta administración López Obradorista les asignara una participación preponderante en la integración de la guardia nacional, adscrita de hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero adicionalmente a las funciones de seguridad pública, que no están en sus deberes constitucionales, se les ha asignado responsabilidades de la administración civil.
El 5 de noviembre de 2021, el presidente anunció que se creará una empresa a cargo de la Secretaría de la Defensa que se hará cargo de la administración de diversas entidades públicas como, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, y los de Tulum, Palenque y Chetumal. Además actualmente participa en la construcción de 4 de esos aeropuertos y tres tramos del Tren Maya, remodela y construye hospitales, sucursales del Banco del Bienestar, administra puertos a través de la Secretaría de Marina y participa en la administración de las aduanas, coordina el traslado de vacunas, libros de texto, entrega de fertilizantes, recluta operarios de pipas para el transporte de combustible y elementos de la guardia nacional y lo que se acumule, como será el transporte de medicinas, según se ha dicho.
Presupuestalmente, la Secretaría de la Defensa dispondrá en 2022 de 104 mil millones, 22% más que el año anterior; la Secretaría de Marina 32 mil millones, un 17% más y la Guardia Nacional, sectorizada en SEDENA 72 mil millones, en total 208 mil millones y tan solo en Santa Lucía, se han asignado para este año 11,450 millones y en el Tren Maya, del cual el ejército construirá tres tramos se asignaron 63 mil millones. Sin duda es una bolsa importante, y se estima que puede llegar hasta los 500 mil millones que se han destinado a obras prioritarias, que habrán de ser manejados con total opacidad por el acuerdo, publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, que blinda la información sobre todas estas obras.
En lo personal, no dudo de la institucionalidad y la rectitud de la institución, pero no metería las manos al fuego por ningún ser humano, militar o no, que tenga acceso al manejo de tales cantidades de dinero con la absoluta libertad que se les ha conferido.
El presidente ha puesto la manzana prohibida de la tentación, en el árbol institucional de las fuerzas armadas. Para ellas es una prueba por la que, a mediano plazo habrán de sufrir un desgaste explicable. Puede ser que por la institucionalidad y disciplina castrense se supere la prueba de la honestidad en el manejo de los recursos, pero también puede suceder que no y que la actuación de algún mando u oficial de las fuerzas armadas, se parezca o imite a servidores civiles, como algunos ex gobernadores, o directores de empresas paraestatales, o administradores de fondos que frecuentemente son exhibidos por no resistir la tentación de disponer del dinero público.
Ejemplos de corrupción en la milicia ha habido cuando no disponían de tantos recursos y facilidades, lo que pase hoy estará por verse.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
NACIONALES
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años, es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que éste último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos ahora, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México, nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio lópezobradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
JALISCO
¿Legalidad? pero sin integridad

– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.