OPINIÓN
Morena, ¡zancadillas y codazos!
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Al mas puro estilo de la política mexicana Morena da todos los días muestras de ser un partido que todavía está en vías de consolidarse. Creado como movimiento político, con el nombre de Movimiento de Regeneración Nacional, el 2 de octubre de 2011, más tarde constituido como asociación civil en el 2012, es hasta el 9 de julio de 2014 cuando el Instituto Nacional Electoral, emite la resolución que le otorga su registro, como partido político nacional, el cual tiene efecto para el primero de agosto de 2014, de tal manera que oficialmente es un partido político que apenas tiene 5 años de existencia oficial.
UN TRIUNFO QUE LLEGÓ MUY RÁPIDO
No existe partido político que no tenga como aspiración prioritaria el tener el poder de una nación. Morena, en menos de 5 años, de existencia oficial, ya había logrado ganar el poder ejecutivo nacional, al ganar la campaña presidencial, pero además de forma significativa tener las mayorías en las dos cámaras que componen el poder legislativo. Por ello, parece que MORENA ganó el poder antes de estar bien organizado y preparado para ello.
EL MÉRITO DE AMLO
Sería ocioso, pensar que Morena llevó al poder al PEJE, la realidad es que Andrés Manuel trabajó durante dos décadas para lograr sembrar su capital político y fue él quien ganó la presidencia de la república, la cámara de diputados y la de senadores, además de muchas otras posiciones en los estados y municipios, esto será para la historia de las ciencias políticas, un fenómeno digno de estudio y análisis, porque también soy un convencido que la mayor ayuda que recibió, fue proveída por los malos oficios políticos, de quienes lo precedieron en el poder, los peñas, calderones y foxes especialmente, que bien harían de quedarse calladitos y salir a la calle con un buen disfraz, para que nadie los reconociera.
LA CONSOLIDACIÓN
Ahora es tiempo de que el partido se consolide y eso no está fácil. El líder fuerte de este movimiento ya se encuentra demasiado ocupado para seguir dirigiendo los hilos del mismo y eso ha hecho que muchos se lancen como en las piñatas, “aborazados” para llevarse los dulces que están cayendo del cielo. Para antes de que termine este año, debe haber una nueva dirigencia nacional y en lugar de estar unidos y jalar todos para el mismo lado, se presentan por lo pronto, cuatro alternativas que están enfrentando a los grupos, de por sí, no muy unidos, por el hecho de tener poco tiempo conformando una identidad, además con la carga a cuestas de que es un partido, que tiene muchas ideologías dentro, desde las conservadoras hasta las mas extremistas, pero sobre todo, porque no existe otra figura que ejerza un liderazgo de los que son imprescindibles para que la gente se discipline y trabaje de manera coordinada. Lo peor, es que no hay líneas claras y se está permitiendo que los grupos se enfrenten con el consabido riesgo de que se puedan destrozar entre ellos, todo esto, ante la algarabía de los otros partidos. Y eso que no tocamos el tema de “los aparecidos” que han llegado de otros partidos y que sin lugar a dudas, vienen también a sembrar discordia y quizá, es el peor desgaste de imagen ante los simpatizantes, pero sobre todo ante el pueblo que se confunde al ver tanto “chapulin”, que no trae tan buena imagen que digamos.
CANGREJOS MEXICANOS, EL CASO JALISCO.
En Jalisco, las cosas se ven muy mal. No hay partido, no hay padrón. Hay un delegado presidente, nombrado por parte del comité ejecutivo nacional, pero la mayoría de los grupos, ni lo apoya, ni lo respeta. En Jalisco, levantas una piedra y encuentras a un “líder” que dice tener los máximos derechos para decidir como deben hacerse las cosas en el partido.
Lomelí ha recibido tantos ataques, que parece estar desgastado y nuevamente, Morena queda sin lideres del partido, ni organización, ni disciplina política, ni respeto a las decisiones del partido, de tal manera que ha habido dos eventos, por cierto que en el mismo lujoso hotel, que no ayuda para nada la imagen de austeridad que se pregona y ninguno de los dos personajes, ambos doctores, han sido convocados. La verdad es que esto es un “galimatías” del cual me atreví a platicar con un viejo sabio de la política que me dejó bien claras las cosas. “Jalisco es el peor de los ejemplos en la organización política de Morena en los estados, pero los demás, están por lo menos al mismo nivel, o peor.”
Me acordé de aquella anécdota de Hugo Sánchez, que decía que tenemos un problema cultural, porque mientras que los cangrejos japoneses apoyan a los que se quieren salir de la cubeta empujándose entre ellos, los cangrejos mexicanos cuando ven que uno se quiere salir de la tina, prefieren jalarlo para que se quede sumido en la desgracia, es decir, si no soy yo el que manda, que se frieguen todos. A veces pienso que hay una “mano que mece la cuna” para que siga todo en desorden y se sigan tomando las decisiones para Jalisco, desde la CdMx, mientras que los militantes no tienen las agallas de irles a gritar, Jalisco para los Jaliscienses.
Hasta La Próxima.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Instalan Mesa de Seguridad por la Paz en Tlaquepaque
PRI Jalisco conmemora el 215 Aniversario de la Independencia
Más de 3 mil 200 marcas de tequila dan sabor a las fiestas patrias
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
