OPINIÓN
Origen y final de la vida humana
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Hace algún tiempo, buscamos la manera de implementar en la licenciatura de derecho una de las materias más importantes en Europa y Estados Unidos, para los juristas de esos lugares, llamada, Bioderecho o Biojurídica, fuimos a escuelas privadas y públicas de nuestro estado y no se le dio la importancia que necesita, no recibimos ninguna respuesta, es por ello que en el Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco AC, se implementó la materia hasta hacerla posgrado.
En este orden de ideas, la bioética ha cobrado autonomía académica y difusión social, al abordar los problemas éticos relacionados con el origen y final de la vida humana y las exigencias morales derivadas de su protección.
El valor fundamental de la vida ordena la indisponibilidad y la sacralidad de la misma. El derecho a la vida es el primero de los derechos y el más fundamental (sin ser absoluto), porque sin él todos los demás (incluida la libertad) son inexistentes.
El respeto a la vida, así como su defensa y promoción, tanto la ajena como la propia, representan un imperativo ético importante del ser humano, que hay que respetar siempre. Es lo más sagrado que tenemos, la vida de cada cual es única, irrepetible, insustituible, inviolable. Tal respeto a la vida humana se entiende en todas sus etapas de manifestación, desde el momento de la concepción (fecundación) hasta el último instante (muerte cerebral total).
Su repercusión sobre el derecho plantea exigencias específicas, relacionadas con el embrión, con las células madres, con arrendamiento de vientres etc.
Cabe señalar que el concepto de Bioderecho no existe en México dentro de la doctrina, y que los colegios de juristas, no se han preocupado por adoptarlos y por ende su alcance en el país deja mucho que desear.
CONCEPTO
El Bioderecho es el conjunto de normas jurídicas de interés público que se encuentran íntimamente ligadas a la protección de la vida desde su inicio hasta su final respetando la dignidad humana.
Se ha confundido el término, ya que algunos autores afirman que el derecho se relaciona con el concepto de biología; quizá como ciencia sí se relacione, mas no en el ámbito gramatical, la Bioética es la parte troncal en la concepción natural del Bioderecho.
El objetivo que se busca es que el Bioderecho no se vea urgido por la política tradicionalista, en donde se queda solamente en palabras bellas que el político no lleva a cabo; es decir, el político solo se mueve en el ámbito teórico y no llega a la acción, para que le sirva de instrumento de la sociedad.
CAMPO DE ACCIÓN
El ámbito de acción más claro del Bioderecho, pero no el más importante, es en la clonación y más cuando afecta al humano, la familia y la sociedad.
La clonación humana es producto del desarrollo científico-tecnológico que ha alcanzado la humanidad, pero vista la posibilidad de que en su aplicación esta nueva tecnología de la vida puede atentar contra la persona humana y su dignidad, se hace necesario su reglamentación, a través de un estatuto jurídico-ético, cuyos principios y normas básicas nazcan de un estudio multidisciplinario de dos ciencias básicas: Bioética y Derecho.
No se trata de una limitación a la investigación científica, sino de establecer controles a la misma a partir de la idea de que las políticas y los principios no inciden sobre el descubrimiento sino sobre su difusión; no sobre la innovación sino sobre su aplicación, y que la libertad de investigación no es absoluta: está regulada por la Ley. Estos contenidos dan origen a una nueva visión y rama especializada del Derecho: el Bioderecho, el cual se concentra en cómo regular el impacto de las nuevas tecnologías de la reproducción humana extracorpórea en el ámbito jurídico-ético. Y este se inicia bajo un estudio multidisciplinario que comprende:
Derecho médico y Bioética: las diferencias y relaciones entre la Bioética y el derecho médico, así como la necesidad de contar con un marco de legal con fundamentación ética y un vistazo sistémico con el derecho, como es el caso del Bioderecho.
Recursos biológicos: el uso biotecnológico de material biológico humano supone un marco jurídico de protección a la dignidad humana y a las posibles innovaciones biotecnológicas; se tratarán aspectos regulatorios, así como la posible responsabilidad jurídica generada por la disposición de recursos biológicos humanos.
Derecho genómico: la mayor revolución biotecnológica surge con la posibilidad de manipular el genoma humano y de otras especies, lo cual se expresa en beneficios como una mejor calidad de vida, pero a su vez genera riesgos que son materia de regulación del derecho genómico. Se tratarán temas relacionados con la fundamentación ética y jurídica del derecho genómico, así como la responsabilidad en el asesoramiento genético.
Bioseguridad: la manipulación biotecnológica implica el riesgo de producir daños graves e irreparables en el ser humano, en la sociedad, en los animales y, por ende, en el medioambiente.
El Bioderecho sistematiza y da coherencia jurídico-ética a las nuevas realidades emergentes en el ámbito de la reproducción humana, y a partir de la temática que nos ofrece la biología molecular, celular y urbanística, permite establecer los principios y las normas de derecho que regulen la pluralidad de actos y técnicas en las que actúan los nuevos operadores de estas tecnologías de la vida.
El Bioderecho debería regular, entre otras, las siguientes problemáticas en su ámbito más puro:
El proceso juridico medico de la pandemia del COVID 19 en Mexico.
La inseminación artificial, fecundación in vitro y clonación humana.
Filiación de los hijos.
La naturaleza jurídica del embrión.
La maternidad subrogada.
La capacidad civil de la mujer, beneficiaria de estas técnicas.
La identidad de los donantes y la infecundidad de los beneficiarios.
La criogenización de embriones.
Cabe señalar que el aborto, la eutanasia y los trasplantes también serían temas de regulación del Bioderecho, pero este artículo se refiere a las figuras jurídicas poco observadas y con abismos legales en el marco jurídico mexicano.
Al hablar de Bioderecho mexicano encontramos vacíos legales dentro de leyes que se supone deberían contenerlo como es, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, etc., y sus respectivos reglamentos. Lo anterior porque, quizá, aún no nos llega el sentido humano, o quizá porque la política legislativa sea un fin y no un medio para ayudar a la sociedad mexicana.
El Bioderecho en México es visto como algo muy lejano, como una historia de ciencia ficción, siendo que ya la realidad rebasó el ámbito legal y, por ende, no se está dando solución a los casos que se presentan día a día. Para México, el Bioderecho se podría definir como la respuesta jurídica que reciben las preguntas formuladas por la Bioética personalista y utilitarista.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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