OPINIÓN
Parlamentarias por la paz: Bancada promete luchar contra la violencia hacia las mujeres
Opinión, por Laura Chávez Zavala //
En la página del Congreso del Estado de Jalisco, se publica el 2 de marzo 2022, que se crea la Bancada por la Paz: “Con el propósito de fomentar el rescate de espacios públicos, consolidar la justicia alternativa en la entidad, evitar la violencia en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano y crear un puente entre sociedad civil y gobierno”.
Consolidar significa dar firmeza o solidez a algo inmaterializado.
La Justicia Alternativa ha logrado esa solidez que se materializa en la atención que damos, tanto las personas prestadoras de métodos alternos de solución de conflictos en lo privado, o en lo público; a 10 años la existencia del IJA, el director general Guillermo Zepeda, muestra que Jalisco está en los primeros lugares a nivel nacional, en la prevención y resolución de conflictos a través de los MASC.
Compartimos que, por la reflexión colectiva desde sociedad civil, hemos contribuido a la cultura de paz desde la mediación familiar, a través de la academia de conciencia y el lema “la paz nace desde las familias”, para lo cual invitamos a profesionistas de la abogacía, dejen de ser copartícipes de las violencias que se derivan en juicios interminables, muchas veces con escritos llenos de falacias ad hominem, utilizadas para lograr fines maquiavélicos que vulneran más a mujeres y niñez, desquebrajan el tejido social. Urge ejercer con responsabilidad, empatía, ética, conocimientos para resolver conflictos, prevenir otros.
Ninguna certificación profesional, ni leyes de paz, servirán de nada si se continúa con acciones generadoras de guerras interminables, incluyendo a quien nos representa desde la Dirección de Profesiones.
¿Cuánta paz construimos verdaderamente en nuestros hogares, oficinas, escuelas, cuánta paz hay en nuestro interior? ¿Qué debemos consolidar desde nuestros ámbitos?
Cada 30 de enero recordamos a Gandhi en el “Día escolar de la no violencia y la Paz”, 8 de marzo se conmemora a la mujer trabajadora por el asesinato de obreras textiles, que salieron a las calles a exigir igualdad salarial, cada 25 de abril nos enfocamos en la niñez maltratada, 21 de septiembre nos vestimos de blanco por el día internacional de la paz, 25 de noviembre nos vestimos de naranja conmemorando el día internacional para erradicar todos los tipos de violencias contra las mujeres.
Fechas que evidencian la necesidad en la sociedad de educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos que tiene como base la dignidad, pugnar por la no violencia y que reine la paz.
Hay valores no consolidados como la empatía, ética, honestidad, y otros tantos que las personas servidoras públicas nunca deben olvidar, pero aun con la existencia de muchas leyes de paz no los ejercen: legalidad, lealtad, imparcialidad. eficiencia y eficacia, responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, etc.
La reforma Constitucional, leyes nacionales, estatales o internacionales que hablen de paz, no servirán jamás, si quienes dirigen los gobiernos desde diferentes ámbitos, se resisten a garantizar la dignidad como base a los derechos humanos y la paz.
Existen diversas formas de violencia institucional, accionadas sin piedad por perversos que sólo trabajan en el poder por el poder, eso es corrupción, es guerra, es paz negativa.
Desde la Secretaría General de Gobierno deben “vigilar el cumplimiento de las Constituciones Federal y Estatal por parte de las autoridades estatales y municipales, así como el respeto de los derechos humanos y las garantías para su protección”.
Las violencias y violación a los derechos humanos, aumentan desmesuradamente, cometidas por personas servidoras públicas, que poco les importa los valores, incluso quieren ser mediadoras, leyes de las áreas que dirigen, les otorgan “facultad” aun sin conocimientos y conciencia necesaria para ser hacedores de paz, llamamos la atención para que las leyes dejen de crear personas mediadoras sin preparación desde las instituciones públicas, la profesionalización de la mediación como parte de la cultura de paz, es exigible y emergente.
Se aproxima el día internacional de la mujer, ocho de marzo conmemoraremos a las mujeres trabajadoras textiles que levantaron la voz en las calles de Nueva York, con el lema ‘Pan y paz’ para protestar por las míseras condiciones laborales, recortes de horario, igualdad salarial y el fin del trabajo infantil y que fueron encerradas en la fábrica y las quemaron.
Cuánto falta en Jalisco para ser diferentes a lo que la historia enmarca, las violencias contra las mujeres en aumento y, víctimas viviendo viacrucis en búsqueda del acceso a la verdad, justicia, reparación del daño, padecen revictimización constante por autoridades.
Aún se escucha “viejas locas” contra mujeres que denunciamos violencias y los machos generan fraternalismos sexistas para protegerse.
La paz en Jalisco se consolidará, ante la voluntad real, de parar acciones generadoras de violencias y violación a derechos humanos, contra mujeres, niñas, niños y ciudadanía.
Deseamos a la “Bancada por la paz”, mucho trabajo consciente para que:
“La cohesión entre sociedad civil e instituciones públicas construya puentes de paz positiva; ya nos hartamos de simulacros” (
Lawchaza 2021).
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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