OPINIÓN
Pemex no repunta
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Dijo el economista Ronald Coase que “sí torturamos los datos el tiempo suficiente, confesarán”, por ello, tanto en las finanzas de la nación como en los datos de la pandemia, debemos analizar con cuidado y en forma exclusivamente técnica la información de la que disponemos.
Desde principio de año conocimos la alarmante pérdida de operación en que había incurrido durante el ejercicio 2019 por 346 mil 135 millones de pesos, la paraestatal PEMEX, pero este año presenta pérdidas, solo de enero a marzo por un monto de 562 mil 250 millones de pesos, pérdida superior en solo tres meses a todo su presupuesto del año.
Estamos a la espera del informe financiero que debe presentar a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por sus resultados en el segundo trimestre de este año, cifras que ya deberían haber reportado y que deben ser espeluznantes, porque en ese trimestre se reflejará el efecto del Covid y del desplome del precio del petróleo a nivel internacional.
La única cifra que conocemos es que Pemex reportó a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que sus ventas nacionales disminuyeron 61% en el segundo trimestre, y que por los meses de abril y mayo reporta una baja de un 71% en las exportaciones petroleras. Debemos aclarar que el supuesto Plan de Negocios de Pemex, presentado por la empresa, documento más dogmático que técnico, tampoco ha sido cumplido, por lo que la promesa de extraer 184 mil barriles diarios de petróleo no se cumplió y solo se extrajeron 22 mil barriles diarios, esto es menos del 11.96% y en materia de Inversión sólo se invirtió 5 mil 138 millones cuando en el famoso Plan se comprometían a realizar inversiones por 47 mil 313 millones de pesos, esto es solo el 10.86% de lo prometido.
Además de esto, la paraestatal ha dejado de cubrir los adeudos a sus proveedores y contratistas y en forma perversa desde hace varios meses, con la excusa del Covid no recibe facturas de adeudos, por lo que analistas estiman, en forma conservadora que ésta tiene ya, adeudos con proveedores entre 3 y 4 mil millones de pesos, generando la bancarrota de muchos de ellos.
No obstante del conocimiento de estas cifras, el Presidente Manuel Andrés López Obrador (MALO), declaró: “Ya rescatamos a PEMEX del fracaso y de la bancarrota…Ya el año pasado por primera vez no cae la producción”, dato también falso ya que en 2019 la producción cayó, comparada con la del año anterior un 8%. Hace solo unos días MALO declaró: “Siempre anhelamos el esplendor de PEMEX y hoy lo estamos viviendo, estamos viviendo el renacer de nuestra industria energética.” PEMEX y la CFE no tardan en perder el grado de inversión y pueden arrastrar al país en su caída, estemos atentos.
La verdad, me deja una gran duda, ¿López es muy bueno para mentir o sus incondicionales lo engañan? En el caso de PEMEX, de la CFE y de las lamentables muertes por el COVID las cifras acabaron confesando y son mucho más trágicas que lo que reconoce el Gobierno Federal, producto solo, de un intento, cada vez más complicado de seguir engañando a sus seguidores. La única salvación que tienen tanto PEMEX como la CFE es la inversión privada en el sector energético, situación que les causa sarpullido a nuestro gobernantes burgo-marxistas que en su vida privada dejan muy atrás la famosa “austeridad republicana”, solo basta ver los viajes de los hijos, las propiedades inmobiliarias de Bartlett o del berrinchudo de John Ackerman y su esposa Eréndira Sandoval, los relojes Rolex de varios funcionarios, todos ellos pilares de la “CuatroTé” que no predican con el ejemplo.
LA SEGURIDAD DE MAL EN PEOR
En el tema de seguridad estamos peor, las cifras de muertos por delitos violentos va creciendo sin que las autoridades hagan algo por detenerla, la política de “abrazos no balazos” no funcionó y solo ha permitido que los grupos criminales se fortalezcan exponencialmente, al grado de que en días pasados circularon videos atribuibles al grupo autodenominado “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), donde exhiben el poderío de una de las células que tienen por todo el territorio nacional, mostrando vehículos blindados y armamento letal teóricamente exclusivo del ejército, en una de ellas, con porras al señor Mencho, vestidos de campaña y con notorio equipo táctico, esto como respuesta a la advertencia de López de que va a actuar contra la delincuencia, reto que prefirió minimizar el Presidente y que el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, descalificó diciendo que era “un montaje”, lamentablemente dudo que sea un montaje como lo señala, ya que en días pasados logramos ver ese poderío de logística y fuego en el atentado, afortunadamente fallido, contra García Harfuch donde accionaron hasta metralletas Barret, que también lucen en los videos difundidos. El Presidente en cuestión de horas descalificó a un grupo de intelectuales que se “atrevieron”, de frente a la nación, a pedir una gran alianza para equilibrar los poderes constitucionales en México en la próxima elección, pero de los videos del CJNG, ni pió dijo, que pena.
Por último, parece que con la renuncia de Fela Pelayo las autoridades competentes, se olvidaron de qué hay indicios de probables delitos, ya que para ser Secretaria del gabinete de Alfaro, esta persona requería “Contar con Título y Cédula profesional registrada ante la Dirección de Profesiones del Estado”, y no contaba con experiencia en esa materia, además, de acuerdo al código Penal, es delito atribuirse el cáracter de profesionista sin serlo, pero lo más grave es la violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que señalan como falta grave del servidor público que la realice, en su Art. 59 la “contratación Indebida”, por la contratación o nombramiento de alguien que está impedido para despeñar un cargo por no cumplir los requisitos, como fue el caso.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Jalisco busca blindar su patrimonio cultural ante licencias y enajenaciones ilegales
Llegan paquetes escolares a escuelas públicas de Guadalajara
Cambios y retos del sindicalismo se discutirán en el Congreso del Estado
Reconocen compromiso de la diputada Claudia Salas con Jalisco y sus familias
