OPINIÓN
Quintos comicios en cuatro años: Elecciones nacionales en Israel ¿el regreso de Netanyahu?
Política Global, por por Jorge López Portillo Basave //
En un ciclo sin fin y por quinta vez en menos de cuatro años los israelitas se encuentran con un gobierno provisional y en camino a una nueva elección parlamentaria para formar gobierno.
El pasado jueves el parlamento de Israel votó por unanimidad para disolver su gobierno y programar nuevas elecciones en las que el partido que obtenga la mayoría podrá formar gobierno como lo es en cualquier régimen parlamentario.
Pero como usted recordará en este espacio hemos dado seguimiento al tornado político del país de la estrella de David.
Hace apenas un año una coalición de nueve partidos desde la extrema izquierda hasta el centro y la derecha se unieron para evitar que el partido “Likud” encabezado por Benjamín Netanyahu lograse obtener mayoría absoluta, es decir la mitad más uno del parlamento y con ello bloquear su posibilidad de continuar en el cargo de Primer Ministro.
En su mayoría sus rivales eran antiguos aliados como su ex ministro de hacienda quien consiguió amalgamar la coalición que ahora deja el poder.
Pero el hecho político es muy interesante. El Primer Ministro saliente Bennett, se sumó a la alianza para derrocar a Netanyahu con un partido muy pequeño pero bajo la condición de ser el que encabezase el gobierno, algo así como si en México MC se sumase a una coalición con todos los partidos de oposición para derrotar a Morena, con la condición de que ellos pusieran al candidato a Presidente de la República. En su momento el segundo partido mayoritario encabezado por Yair Lapid un ex aliado de Netanyahu, aceptó el trato y aceptó una posición como ministro de Defensa en el gabinete de Bennett.
En su momento Yair Lapid, con el control del partido más importante de la coalición pudo haberse aferrado a ser el primer ministro de dicha mega unión, pero decidió ceder ese lugar con el fin de ganar el gobierno a Netanyahu y así fue. Ahora a menos de doce meses de gobierno su alianza multi ideológica es auto disuelta por disfuncional y poco eficiente.
En junio de 2021 Netanyahu y su partido dejaron de tener el gobierno, mismo que habían mantenido durante 12 años consecutivos, convirtiendo a Bebi Netanyahu el Primer Ministro con mayor estadía en el cargo en la historia de Israel. Ahora sus rivales parecen haber agotado su capacidad de negociación interna y por ende se enfrentan a una imposibilidad de continuar gobernando en coalición. El país enfrenta una difícil situación económica y también problemas de seguridad pública.
En un régimen parlamentario nadie está fuera hasta que está muerto. Por lo pronto ya se sabe que el aún líder del partido Likud, podrá aspirar a ganar por sí mismo o con alianzas, 61 lugares de Kennesett -parlamento-, y con ello regresar al poder. ¿Será?
Casi todos los países del mundo están enfrentando problemas económicos, unos más que otros pero esto no parece hacerle mella al líder del país más rico del mundo, hace tres días en la cumbre de la OTAN, el presidente de EEUU dijo que la gente debería resistir y continuar pagando los precios caros de los combustibles “por el tiempo que fuera necesario” para derrotar a Rusia, el comentario fue secundado por su consejero económico en jefe quien dijo que esta batalla económica vs Rusia era para garantizar el “futuro del orden mundial liberal”. Pero no en todos los países los aliados liberales de Biden están en posibilidades de sobrevivir políticamente a la crisis económica que estamos enfrentando a nivel internacional por las malas políticas del G7 y la posterior invasión a Ucrania.
Como sabemos, Bennett fue electo en una coyuntura en la que Netanyahu, amigo cercano de Trump, tuvo que buscar a Biden quien parece haber hundido al anterior primer ministro y fomentado la alianza en su contra, misma que ahora por la crisis económica se desbarata. En Israel hay una parálisis parlamentaria que se complementa con un decrecimiento económico y una inflación acelerada.
Yair Lapid ha tomado el poder como Primer Ministro temporal, hasta el primero de noviembre cuando las elecciones darán rostro al nuevo parlamento y con ello se verá si la apuesta del actual encargado Primer Ministro dio frutos y consigue ganar una mayoría que le permita ahora gobernar como líder o si su poder y el de sus aliados como Bennett se agotó y el pueblo regresa a Netanyahu al poder.
Pero no todo está escrito, Netanyahu está aún bajo juicio por actos de corrupción mismos que él niega pero que no han sido sentenciados. ¿Será que la justicia le evite llegar al poder por segunda vez o será que su sentencia absolutoria será el mejor anuncio de campaña para regresar al poder?
En la geopolítica como en la política callejera todo se vale y como Biden sabe que la victoria de Netanyahu en Israel en noviembre y la victoria del partido Republicano en EEUU en ese mismo mes pueden ser malas noticias globales para su “orden mundial” ha decidido ir a darle un apoyo a la contraparte y confirma que en un par de semanas realizará una gira por Medio Oriente en donde visitará Israel y a su Primer Ministro Temporal, a quien seguro fortalecerá con muchos elogios. Una victoria de la derecha en EEUU y en Israel puede ser un mal augurio para el 2024 y el futuro de su agenda global.
Israel es un país cuya economía está apuntalada en la exportación y venta de gas natural, productos que Washington está tratando de sacar del mercado mundial. Lo raro es que Biden va a ir a Arabia Saudita a pedir a los árabes que aumenten su producción diaria de petróleo para poder controlar la crisis económica, pero al mismo tiempo EEUU bloqueó a sus propios productores locales de gas y de petróleo y bloqueó el oleoducto que llevaría gas natural desde Israel hasta Europa lo que ha fortalecido la posición de Rusia al que se supone quiere derrotar.
Si la crisis económica propiciada por el G7 continúa por los próximos dos años, podríamos ver el retorno de Netanyahu y de Trump -entre otros-, quienes fueron artífices de su propia derrota, siendo regresados al poder por los mismos que fueron sus contrincantes quienes habrían cometido los errores suficientes para lograr que los electores de sus países cambiasen de opinión.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
