OPINIÓN
Salud en crisis
Columna Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Jorge es un trabajador que hoy no pudo ir a laborar, toda la noche sufrió un dolor abdominal, en la madrugada fue a urgencias del IMSS y después de 3 horas, le dijeron que se tomara una pastilla y le dieron cita para dentro de un mes, su hijo lo llevó a una clínica particular, le hicieron un sonograma y le dijeron que tiene piedras en la vesícula, se debe operar de urgencia. No puede esperar el mes que le indicaron para ir a ver a un médico general, después un pase con un especialista, luego un pase para sus exámenes y finalmente, entrar a una lista de programación de cirugías.
Hay millones de Jorges en nuestro país. En realidad el enfermo es el sistema de salud mexicano, desde hace mucho tiempo y todos lo sabemos, todos hemos oído la historia de un Jorge cercano a nosotros.
RENUNCIA ESCANDALOSA
Don Germán, ya no aguantó más la tensión. El sistema de salud en México es una olla de presión que ha estado por explotar desde hace varias décadas. Es difícil saber si el director del IMSS esperaba “miel sobre hojuelas” o si pensó que el desgaste es demasiado para arreglar un problema que no tiene solución pronta y es mejor irse a ocupar un escaño cómodo en el senado. Las once escandalosas páginas, son problemas ampliamente conocidos para los que entendemos poquito, de las grabes dificultades en que se encuentra un país, que han estado saqueando por muchas décadas. Al ex jefe del IMSS le faltó “colmillo político” para investigar un poco mas el pantano en el que se estaba metiendo cuando aceptó el cargo.
LA REALIDAD DE LA SALUD EN MÉXICO
El sistema de salud es un desastre, hay muchas instancias y ninguna es eficiente. Lo primero, es una unificación de todos los sistemas de salud. Un plan nacional que sea aplicable y viable aunque les duela a los sindicatos que se puedan oponer. La salud en México también es una prioridad que no se ha atendido, pero el problema no es de los últimos 5 meses, sino de mas de 5 décadas.
El IMSS tiene que separar sus acciones, por una parte, atención de la salud y por la otra, pensiones.
No es culpa de médicos ni de enfermeras, ellos están sobre saturados de trabajo. Es que el IMSS está atendiendo a 80 millones de mexicanos y está diseñado solamente para atender quizá 30 millones, esto es decir, si pensáramos en el idealismo romántico de atención con calidad y calidez.
Por otra parte, el IMSS gasta 800 mil millones de pesos al año en pago de pensiones y esto es una obligación de la que no se puede deshacer y con este gasto se come a lo que debería de gastarse en atención a la salud.
PARÁMETROS INTERNACIONALES
Durante muchos años el gasto en salud en México es solo del 6% del PIB, mientras que lo que se recomienda es un mínimo de 11%. Entonces hemos tenido un rezago histórico y que German Martínez apenas se enteró esta semana.
Del 2012 al 2018 se incrementó un 12.5% los derechohabientes mientras que el personal solo se incremento el 4%.
Falta personal, faltan recursos, falta de insumos, falta de equipos, falta de hospitales, falta de presupuestos y de repente alguien se sorprende. No hay personal de intendencia, no hay insumos de intendencia.
Por cada mil derechohabientes deberíamos de tener 4.7 camas y tenemos solo 0.69,
3.4 médicos y solo contamos con 1.4, 9 enfermeras y tenemos 2.7. Hay un déficit de 192 mil camas, nos hacen falta 94 mil médicos.
Para tener una cama por cada mil derechohabientes, nos hacen falta 13 mil camas que equivalen a 58 hospitales, imagínese para llegar a la cifra de 4.7.
En 2016 se proyectaron 40 unidades de medicina familiar y solo se han entregado 27,
12 hospitales y solo se han recibido 6.
SISTEMA ENVEJECIDO
Mientras tanto, los patrones siguen sufriendo para poder pagar el IMSS de sus trabajadores, sabiendo que están pagando por un pésimo servicio.
A sus 76 años, el IMSS, parece una figura demasiado vieja y que debe reinventarse.
El problema de fondo sigue siendo un rezago que se ha convertido en un volcán que está haciendo explosión, pero, no es solo el IMSS el que está en crisis, sino todo el sistema de salud mexicano, porque no solo somos 80 millones de habitantes, se requiere un proyecto de mucho mas fondo, que inicie desde la formación de los recursos, es decir desde las escuelas de medicina, desde la creación de la industria farmacéutica que nos haga auto suficientes para producir los insumos básicos y prioritarios, como los medicamentos de los diabéticos y los enfermos de cáncer, por ejemplo. Un sistema donde no se corrompan las compras de medicamentos y equipo.
O, ¿acaso alguien le creyó a Mikel Arreola que había entregado el IMSS con números negros?, porque entonces, si tiene razón el ahora senador, lo “chamaquearon”.
Hasta la próxima.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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