OPINIÓN
SEJ intenta dar tiro de gracia a Escuelas de Tiempo Completo: «El secretario de Educación nos dice no a todo»
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Se va a cerrar el Ciclo Escolar 2021 – 2022 que comenzó en agosto y terminará el próximo mes, un año escolar muy complejo para las Escuelas de Tiempo Completo, a las que hasta el día de hoy nadie sabe decir si regresarán o no.
Pero en Jalisco hay nueve escuelas que decidieron continuar con el Servicio Educativo de Tiempo Completo, es decir con ampliación de horario de 8 horas diarias, el servicio de alimentación y el programa co-curricular.
Estas 9 escuelas se han organizado en sus Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida tomando la decisión de ser autosuficientes, con un esquema de aportación de padres de familia para el pago de los alimentos y la compensación a parte del personal que en esas escuelas presta su servicio, al margen de cualquier tipo de apoyo de parte del gobierno estatal y federal. Una tarea nada sencilla de administrar y gestionar para mantener en operación un edificio educativo de Tiempo Completo con una logística impresionante, que requiere tiempo, esfuerzo y recursos extraordinarios.
Pondré como ejemplo nuestra escuela, la Urbana 217 Ernesto Corona Amador, ubicada en la colonia Belisario Domínguez, al nororiente de Guadalajara. Hoy domingo 12 de junio de 2022, estoy escribiendo esta columna a las 6:00 AM, porque al terminarla tendré que ir al Mercado de Abastos, en mi vehículo, con mi gasolina, en un día y hora inhábil, sin sueldo extra, para hacer las compras con precios bajos y alta calidad en los productos perecederos. No me estoy quejando, lo hago yo porque simplemente no se tendría un orden para la compra si se realizara un rol de compras por parte de los padres de familia.
Nosotros ya tenemos proveedores establecidos, a quienes les agradezco infinitamente su solidaridad con nuestro proyecto en favor de las y los niños, pues hemos encontrado eco con empresarios y bodegueros al explicarles la situación, quienes nos dan siempre un mejor precio, de verdad, muchas gracias. Entonces hoy me corresponde cargar bultos de papa, zanahoria, jitomates, azúcar, entre muchos otros insumos más, pero lo hago con mucho gusto por nuestros niños, por el honor de servir a este municipio, estado y país, por el compromiso profesional a mi trabajo y a la escuela pública.
Mientras esto sucede, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes descansa seguramente en su casa, para continuar su gira de la semana, porque se la pasa asistiendo a eventos en organizaciones, instituciones privadas y hasta los eventos políticos de su partido, según consta en sus propias redes sociales.
Mientras yo después de terminar las compras y cargar los productos regreso a mi escuela para descargar y guardar en bodega y refrigeración los mismos, finalmente terminar mi jornada en domingo y regresar a casa a las 15:00 o 16:00 horas, terminar pendientes y revisar agenda de la semana, pues al día siguiente tengo que estar a las 7:30 en nuestro centro educativo.
Durante la semana, la operación de una Escuela de Tiempo Completo implica seguir atendiendo temas de insumos, por ejemplo el abastecimiento del agua en garrafones, verificar y recibir carne, verificar y recibir abastecimiento de gas, resolver cualquier imprevisto sobre la cocina, si un refrigerador se descompuso, si una cazuela ya no sirve, si las sillas de comedor ya se están rompiendo por viejas, entre muchos otros aspectos en los que el director no puede dejar de poner atención, pues es responsabilidad de él, sólo de él, el buen funcionamiento de la escuela, además de todas las funciones que ya tiene como director.
Hoy hago un reclamo y un señalamiento al titular de la dependencia en Jalisco, al secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes, por la respuesta que dio en definitiva a nuestro movimiento por salvar las Escuelas de Tiempo Completo, porque parece no escucharnos, porque el discurso en los medios no es la realidad en estas escuelas que mantienen viva la esperanza de continuar, por romper los acuerdos firmados en Casa Jalisco, porque ha quedado claro que no les importa rescatar estas escuelas. En el oficio 703A/8/2022 han dejado claro que tiran la toalla y que el programa operaría si así lo determina la Secretaría del Bienestar, en las condiciones ya establecidas que perfectamente sabe son inviables para operar tiempo completo.
En el mismo oficio nos responde a las 9 escuelas que la SEJ no apoyará con maestro de inglés, ni con dos nóminas para supernumerarios de entre 6 y 8 que se requieren por escuela, pero lo más grave es la amenaza de reubicación de nosotros, es decir, con quitarnos a los maestros y directivos de esas escuelas para mandarnos a otras, con ello quitarse el problema que representa para el Estado estas 9 escuelas que siguen prestando el servicio educativo y desde luego a quienes tomamos la iniciativa de organizar a estos centros educativos para su continuidad y lucha.
Nosotros presentamos propuestas, varias, la última solicitud implicaba pagar dos nóminas de supernumerarios por escuela, un gasto que representaría un poco menos de $500,000 al año, de una partida que ya tienen y desde donde se paga personal que asiste a los jefes en sus oficinas.
El secretario de Educación nos ha dicho que no a todo, mientras gastan millones de pesos en programas como Recrea Land, Recrea Talent, entre otros eventos donde se han gastado millones en conferencistas, en renta de la Expo Guadalajara y hoteles completos, o simplemente el millonario gasto en comunicación. Para eso sí hay recurso y para nuestras escuelas no.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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