OPINIÓN
Someterse a la revocación de mandato: No hay acuerdo entre AMLO y Alfaro

Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
En una charla con periodistas en conocido punto de encuentro en Guadalajara, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dejó claro que no hay ningún acuerdo entre Palacio Nacional y Casa Jalisco para hacer frente conjunto contra el Grupo Universidad. Muy por el contrario, el mandatario estatal no inspira confianza en Palacio Nacional.
“El arte de la guerra es el arte del engaño; cuando estés cerca pretende estar lejos; cuando sean numerosos pretendan debilidad; cuando sean pocos pretendan ser multitud”, reza, palabras más, palabras menos El Arte de la Guerra.
Pero esto no es un manual perfecto para proceder en todas las circunstancias. La negación, las fintas y los ardides no pueden sostenerse para siempre, ni son una estrategia, sólo una parte para ser usada en ciertas circunstancias.
Sí, los aliados hicieron tanques de cartón y los posicionaron para que los alemanes no supieran que la invasión sería en Normandía. La finta era simple: el peligro estaba en otra parte. Esta excelente estrategia no funcionaría si la llevaran al absurdo, porque todo exceso es mucho, como decía Echeverría.
Si los aliados se hubieran conformado con el susto y la confusión que generaban los ejércitos de utilería, más temprano que tarde el secreto se hubiera esparcido y sin un plan en acción para esta circunstancia, la derrota sería inminente. No se puede invadir Normandía con tanques de cartón.
Todo esto para decir que la estrategia original de Alfaro al enfrentar a la UdeG era una finta y en buena medida funcionó: dar un golpe al grupo universidad quitándole recursos al Museo de Ciencias Ambientales, usando la fuerza pública en el Parque Huentitán porque ahí participaba la FEU, quitarle a Enrique Velázquez de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso; todo eso indicaba que efectivamente había o debía haber un acuerdo con AMLO, de lo contrario no se habría aventado, sería una locura abrirse ese frente solo.
La UdeG, en mi opinión, reaccionó con cautela midiendo esta posibilidad y considerándola seriamente. La finta estaba funcionando.
Vuelvo a Sun Tzu “si eres fuerte ataca, si las fuerzas contrarias son abrumadoras, atrinchérate en la defensa”. Y así, la Universidad hizo todo para no elevar el tono del conflicto y de haber existido una alianza de Alfaro con la Federación, este se habría notado en un ataque conjunto y coordinado, pero no fue así. Por el contrario, desde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se mandó un exhorto al Gobierno de Jalisco para que regresara los recursos a la UdeG y si bien esta iniciativa no surgió de Morena, habría que ser bastante distraídos para creer que no tuvo nada que ver y que el presidente no opinó.
El mensaje es de la Federación, como lo es la no asignación de recursos a las obras del sexenio como la línea cuatro.
Es muy claro AMLO en la última mañanera que menciona por nombre a Raúl Padilla como mandamás en la UdeG: Sí, eso está mal y no lo soporto, pero no me voy a meter.
La finta de Alfaro se desmoronaba, pero en política la gente es muy desconfiada porque nada suele ser como parece ser, entonces, ¿qué tal que están fingiendo, habrá acuerdo?
Pasaron más cosas, la elección extraordinaria en Tlaquepaque, el Congreso del Estado modificando las reglas de paridad violentando leyes y reglamentos, la dichosa consulta sobre el Pacto Fiscal fue presentada con bombo y platillo en el Degollado y Mario Delgado vino a la ciudad a decir que el gobernador tenía que sacar las manos de la elección de Tlaquepaque y que con gusto le entraba Morena a la consulta del Pacto Fiscal, siempre y cuando Alfaro se sometiera, como prometió, a un ejercicio de revocación de mandato.
Aún así, a pesar de todo, quedaba la sospecha de que fuera un conjunto de finteos, de que Alfaro tuviese un acuerdo para ser un candidato de oposición acomodaticio en el 24 para dividir el voto y otra serie de teorías de la conspiración que seguramente usted ha escuchado y que no vale la pena repetir.
Es en este contexto que coincidí con Mario Delgado en lo que fue una sesión de preguntas y respuestas donde él, cauteloso, sondeaba a los contertulios sobre sus opiniones en torno a uno u otro personaje local de Morena, enterándose del pulso y a cambio respondía nuestras dudas.
Sobre si hay acuerdo con Alfaro, fue prístino. No lo hay y si lo hubiera sería irrelevante porque los acuerdos con él no dan ninguna garantía de cumplimiento.
Los tanques eran de cartón. ¿Qué seguirá en el tablero de Alfaro ahora que el humo se ha disipado?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
NACIONALES
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
JALISCO
¿Legalidad? pero sin integridad

– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.