OPINIÓN
Vuelacercas: Buscan cambiar de presidente de la CBPC: Aires de renovación para la Serie del Caribe
Por Salvador Cosío Gaona //
La sabiduría popular asume que es de gente juiciosa saber el momento en que se debe cerrar un círculo en una relación, ya sea profesional, de amistad, sentimental o de cualquier otra índole. También se dice que es prudente retirarse con dignidad, cuando estás consciente que tu mejor momento ha pasado y es mejor emprender la retirada que colocar en riesgo los logros y momentos de gloria alcanzados pero que ya forman parte de la historia.
Lo anterior viene a propósito de la permanencia del veterano abogado Juan Francisco Puello Herrera, como presidente de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC). El dominicano, acumula 28 años, desde 1991, como comisionado de la organización y pretende participar en la reelección que, en el supuesto de ganarla, extendería su periodo por cuatro años más para alcanzar 32, algo que desde cualquier punto de vista luce insano para una institución, sin importar de cuál se trate.
Es preciso subrayar que no está a discusión el trabajo y logros alcanzados por Puello a lo largo de su gestión; es firme el reconocimiento tanto a su trayectoria como a su desempeño, pero insisto, ante una permanencia tan larga se hace necesario un cambio.
Ahora bien, se debe mencionar que en las últimas fechas ha tenido un par de tropiezos significativos; uno de ellos dejó un muy mal sabor de boca, por no decir inconformidad entre los participantes previo a la realización de la justa deportiva caribeña en Panamá en febrero pasado, luego de que por segundo año consecutivo no se pudo efectuar en Venezuela. El malestar fue en razón de haberse dejado para último momento la decisión de cambiar la sede cuando ya con anticipación se conocía de los problemas sociales y políticos que atravesaba la República Bolivariana y que se le complicaría organizar el evento, el cual terminó siendo albergado por Panamá, que a causa también de la premura y otros inconvenientes, apenas presentó un certamen de nivel mediano de comercialización con estadios a la mitad de su capacidad y generándose inconformidad a su vez por el polémico formato de competencia del torneo, calificado de inadecuado y poco atractivo, dado que se le hicieron una serie de modificaciones dejando atrás el sistema de Round Robin, (un todos contra todos con semifinales y final), que a la postre se consideró injusto. Por cierto, no está demás señalar que de acuerdo a las últimas informaciones, Panamá ha sido invitado para participar en la próxima edición de la Serie a efecto de que tenga oportunidad de defender su título en el torneo a celebrarse en 2020 en el estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico, del 1 al 7 de febrero del año próximo. Así pues, una vez aceptada la invitación, Panamá se unirá al quinteto de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Puerto Rico y Cuba (en calidad de invitado), y el formato volverá a ser Round Robin.
La asamblea en la que se analizará, evaluará y votará la permanencia o remoción de Juan Francisco Puello, tendrá verificativo el 14 de mayo en San Juan Puerto Rico y es sabido que las Ligas invernales de México y República Dominicana están unidas pidiendo su salida, en tanto Venezuela y últimamente Puerto Rico se han manifestado por su continuidad. Ante estas posturas, de entrada habría un empate, por lo que hay aguas turbulentas para el dominicano para tratar de removerlo e impedir que se perpetúe en la presidencia por cuatro años más al frente de esta comunidad beisbolera, la más importante de Latinoamérica.
Por ahora es de pronóstico reservado su continuidad, ya que de no haber mayoría absoluta de votos a favor de algún candidato por las Ligas nacionales integrantes de la CBPC, puede haber elección aun existiendo empate, contabilizando para desequilibrar el voto del presidente, y ante la amplia posibilidad de que exista una igualdad en la votación, se estaría buscando convencer al señor Puello para que no contienda, toda vez que en ese supuesto, sería él quien definiera la votación con su voto, lo que implicaría una situación más que compleja, vergonzosa.
Como ya se mencionaba, no es lo más sano que una misma persona se mantenga al frente de una institución por tanto tiempo, son demasiados años y en un mundo que se mueve con tal vorágine es natural pensar en la renovación; la lista de personajes para ocupar su lugar debe ser importante en nombres, en capacidad, en trayectorias, en prosapia, en logros. Nada menos en México tendríamos candidatos de nivel para aspirar a competir con amplias posibilidades de ganar y ofrecer un aire refrescante y moderno a la altura de las circunstancias y la demanda de las Ligas. Se ha mencionado entre ellos al presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, quien cuenta con todas las cartas para aspirar a tal responsabilidad, y seguro estoy que vendría a sumar y a aportar con su experiencia un aire de renovación y modernidad.
Con el comisionado Puello Herrera, se estaría tratando de convencerlo de claudicar en su intención de buscar la reelección a fin de evitar que se presente una ruptura o confrontación al seno de la máxima organización beisbolera profesional de Latinoamérica y que exista un jerarca con pleno respaldo, pero el dominicano parece estar decidido a ir por otros cuatro años. Hace un par de días, en entrevista para un diario de su país, ha confirmado “sin tapujos ni titubeos” que seguirá al frente de la institución que preside por casi tres décadas. Dijo también que hace un año los presidentes de las Ligas del Caribe (República Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico) le aprobaron un proyecto que debe desarrollar y terminarlo; el cual consiste en darle forma a la nueva oficina de la CBPC en Santo Domingo. Además de unos proyectos, como es la implementación de merchandising de la Serie del Caribe, comercialización y otros eventos, “para de esa manera dejar la Confederación institucionalizada, y que se sustente por sí misma”.
Puello sabe que tiene dos fuertes adversarios en contra de su permanencia pero ha asegurado que hasta el momento nadie ha hablado con él al respecto. Lo ideal sería que se produzca diálogo fructífero y surja concertación positiva para lograr una renovación fortalecedora del beisbol latinoamericano más allá del interés del actual comisionado o de grupos en específico, pero las aguas se están moviendo de forma turbulenta y la moneda sigue en el aire.
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CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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