REPORTAJE
La batalla que viene: El reordenamiento de rutas en la ZMG
Por Mario Ávila //
Luego de haber ganado la batalla en el alza a la tarifa del transporte público en un 35%, casi por default, gracias al apoyo de la FEU, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se apresta para librar esta semana otro gran dilema, que podría ser la reestructuración de las rutas del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Se trata de un cambio radical a los trazos que han sido la norma en los últimos años, las 250 rutas del transporte público cambiarán atendiendo a dos criterios fundamentales: la entrada en operación en año entrante de la Línea 3 del Tren Ligero y la implementación de 18 rutas troncales, que serían la base de este nuevo sistema de transportación colectiva en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Hace más de tres décadas el entonces gobernador Enrique Álvarez del Castillo, pretendió reestructurar el transporte con el proyecto de rutas ortogonales elaborado por el ingeniero Jorge Matute Remus, pero la puesta en operación de la propuesta duró únicamente dos días y al tercero tuvo que ser retirado ante las protestas de los usuarios y el paro de los transportistas, por lo que se tuvo que dar marcha atrás.
EL TRAZO LO HIZO EL GOBIERNO DE ARISTÓTELES
Vale la pena recordar que el sistema lo trazó en el papel y en el escritorio el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y en la administración de Enrique Alfaro han optado por respetar todos los acuerdos hechos ya con algunas empresas que habían resultado favorecidas con la asignación, algunas por la vía de concurso y otras de manera directa, de trazos preferenciales sobre las avenidas más importantes en la ciudad, de norte a sur y de oriente a poniente.
Le correspondió al actual gobierno la adjudicación de trazos a las rutas complementarias, que alimentarán a las 18 troncales y a la Línea 3 del Tren Ligero y la designación de las rutas adicionales que son las que llegarán hasta los últimos rincones de los municipios integrados a la mancha urbana.
Insistió Alfaro Ramírez en que “ya tenemos lista la reestructuración de rutas de transporte, es un trabajo ya terminado, estamos haciendo una revisión final con algunas observaciones y analizando tomas como el costo que representa el transporte público para los que viven en Tlajomulco, Zapotlanejo y Juanacatlán, eso es parte de lo que se habrá de platear en la reestructuración de rutas”, expuso el jefe del Ejecutivo.
Admite Alfaro Ramírez que se trata de algo que nunca se había podido hacer en los últimos años. “Lo que se está haciendo es un replanteamiento para que los camiones lleguen a donde la gente los necesita y no solamente a donde hay negocio”, dijo.
Es un trabajo muy complejo técnicamente -insistió-, pero ya está terminado y se presentará como la siguiente etapa del compromiso que asumí para el primer año de mi gobierno en materia de transporte público y que fue: regularización de concesiones, que ya se puede ver desde hoy y es pública la información; reordenamiento de rutas del transporte, que se anuncia en esta semana y la instalación de los sistemas de pago electrónico en todas las unidades.
“A partir de eso el modelo tendrá condiciones para mejorar de manera sustantiva su calidad y poder brindar un servicio como la gente se merece y poder incorporado el tema social en la definición de la tarifa, para que este tema no vuelva a ser nunca más materia de jaloneo político”, planteó Enrique Alfaro.
SE AVIZORAN DILEMAS
Sin embargo, este proceso de reordenamiento de rutas en el transporte público estará lejos de ser un proceso de terciopelo, ya que ahí sí hay intereses económicos grandes de los transportistas, que seguramente habrán de defender en las calles y en los tribunales si es que se sienten agredidos.
La mejor muestra de que no todos los transportistas habrán de emigrar tranquilamente al nuevo modelo de reestructuración de rutas, es que para emigrar del concepto hombre-camión al de ruta-empresa como se les ha exigido para beneficiarse con la nueva tarifa de 9.50, solo han podido integrar a 28 rutas y quedan 95 sin integrarse a este nuevo proceso, aún con estímulos como el de 80 mil pesos por unidad que regala el Gobierno del Estado, para sortear los costos de cumplir con las exigencias de la norma técnica.
Y como muestras ahí está la ruta 62, que siempre estuvo en contra de la implementación del Macrobús porque se sentían los dueños de los pisos de la Calzada Independencia y mediante un recurso legal han conseguido que no se les mueva ni se les impida transitar por la Calzada Independencia.
También está el caso de las rutas 626, 629 y 24, transportistas que simpatizan con el líder camionero Enrique Galván Vargas, que les ha conseguido por la vía jurídica, mucho más derechos que los que la autoridad les puede dar, al grado de que ellos tienen ya más de medio año cobrando “legalmente” la tarifa de 9 pesos.
Seguramente ellos no permitirán que les encimen nuevas rutas, por los derroteros que tienen asignados y en donde prestan el servicio, en especial el trazo Américas-López Mateos desde Zapopan hasta Tlajomulco por donde transita la ruta 24.
LAS 4 DECISIONES DE ENRIQUE ALFARO
Por lo que toca a las reacciones por el alza del 35% al pasaje del transporte público y en especial al transporte colectivo como el Tren Ligero y el Macrobús, el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro ha tomado algunas determinaciones para mitigar los efectos, entre ellos:
1.- Los transbordos.- De inicio, las 13 rutas alimentadoras del Macrobús, a partir del pasado lunes 12 de septiembre no tienen costo con el uso de la tarjeta de pago electrónico y así van a quedarse hasta que se renueven las unidades.
Además, se refrenda el precio de cero pesos en el transbordo entre las dos líneas del Tren Ligero y lo mismo para las que siguen y los transbordos del Macrobús al Tren Ligero y de este al SiTren seguirán costando la mitad.
2.- Meten reversa a la tarifa para 2 rutas incumplidas.- En una primera revisión hecha a las unidades que ya operan con el modelo Ruta-Empresa y atendiendo a los reportes de los usuarios, las rutas 368 y 51 C, que hoy se conocen como Complementaria 98 y Complementaria 54, ya no podrán cobrar 9.50 pesos porque no cumplieron con las normas de calidad para ser parte del modelo #MiTransporte. “Se los dijimos, va en serio, cero tolerancia al incumplimiento”, advirtió el gobernador.
Por cierto las anomalías registradas en ambas rutas fue la falta de flota, es decir presentaban menos de la mitad de las unidades que se necesitan para dar el servicio y la acumulación de quejas de la ciudadanía.
Vale la pena mencionar que se le ha asignado a la Universidad de Guadalajara y en especial a la FEU, la tarea de encabezar lo que será una Contraloría Social para revisar a fondo y de manera permanente cada ruta del modelo Mi Transporte, para garantizar que el servicio cumpla con las normas. Eso incluye que no existan unidades con más de diez años de antigüedad.
3.- No se robarán más los 50 centavos.- Un compromiso asumido también por Alfaro Ramírez fue entrarle para que la falta de cambio al pagar el pasaje deje de afectar a tu bolsillo y que aplique legalmente la tarifa de 9.50 pesos.
En una primera etapa, regaron 25 mil tarjetas de pago electrónico en las filas Univiaje de las líneas 1 y 2 del Tren Ligero y posteriormente se podrá hacer la recarga a bordo de las 600 unidades que ya forman parte del modelo Mi Transporte, las que cobran 9.50 pesos, mientras no se habilite el sistema de recarga en tiendas de conveniencia por toda la ciudad.
4.- Revelan nombres de permisionarios.- Y la cuarta acción fue en el sentido de que las relaciones entre concesiones y concesionarios de Mi Transporte serán públicas. “El gobierno anterior se gastó 40 millones de pesos y no hizo nada, nosotros no gastamos ni un quinto y a partir de este martes 6 de agosto queda la lista publicada en la página de la Secretaría de Transporte”, dijo el gobernador Enrique Alfaro.
Estos son los siguientes pasos para garantizar un servicio digno y un pago justo mientras nos trasladamos por la ciudad, pero aquí no termina esta agenda, las mejoras seguirán y, contra viento y marea, la movilidad de este estado cambiará como nunca antes. No vamos a fallar.
Todas las rutas empresa que estén en proceso, tendrán que esperar a que opera la Contraloría Social para acceder a la tarifa,
“Toda la política de transbordos va a ser analizada en su momento con la UdeG y deba integrarse a la Contraloría Social que vigilará en tres ángulos, documental que vigilará la información que darán los que dicen ya estar listos para migrar a los 9.50; en campo, acompañándonos a hacer supervisiones en campo de manera directa y en las bases de cada ruta haciendo un check list de todos los requisitos que deben cumplir”.
Habrá además una reunión con ayuntamientos y con sindicatos para supervisar el pago del apoyo de los 10 pesos.
536 MILLONES DE PESOS DE SUBSIDIO, EL MENSAJE DEL GOBIERNO
Este es un mensaje muy importante para quienes usan el transporte público de la ciudad en cualquiera de sus modalidades:
La tarifa del transporte que se autorizó para el Tren Eléctrico y el Macrobús es una tarifa social, no técnica. Si fuera técnica, calculada con la norma técnica, la tarifa tendría que ser de 13 pesos, lo que signifca que hay un déficit de 536 millones de pesos anuales que van a ser subsidiados por el Estado, ya con la tarifa de 9.50 pesos.
Ya con la operación de la Línea 3 la tarifa podría tener un incremento hasta del 45% ya que tendría que subir hasta los 17 pesos. Pero nadie está diciendo que subirá a 13 o a 17. Hasta 670 millones de pesos aumentará el subsidio cuando la Línea 3 del Tren Ligero se encuentre operando.
Con el tema de transporte público la tarifa técnica que arrojaría un ejercicio de esta naturaleza es de 11.36 pesos por pasaje, es decir casi 20% menos con los 9.50 en el pasaje de los camiones.
Esto se hace con hojas de cálculo con normas técnicas que definen como se define la tarifa técnica, esta información se le entregará a la UdeG para que haga una verificación y validación de lo que se está diciendo.
En tanto que la tarifa social se seguirá manteniendo en los sistemas que vayan acreditando su condición de ruta empresa.
El modelo de trabajo sigue su ruta, hemos apretado tuercas en los últimos días, hemos reforzado el esquema de vigilancia y de supervisión del transporte público, vamos avanzando bien y todo lo que hemos visto es parte de un proceso que sabíamos así sería, complicado, difícil, pero que va a permitirnos tener el transporte que todos queremos para Guadalajara.
Continuaremos con la agenda que nos habíamos trazado para tener en un plazo tentativamente de 3 a 4 meses máximo todos los sistemas de pago electrónico en todas las unidades del transporte público en nuestra ciudad y esperamos apretar el ritmo para terminar el año emigrando a ruta empresa todo el transporte de la ciudad.
Agradecemos la solidaridad de los tapatíos que más allá de las protestas con tintes políticos y partidistas, han entendido la medida y nos ha permitido operar con toda normalidad el sistema del tren eléctrico urbano. Hay 25 mil tarjetas disponibles para su entrega gratuita y están en proceso de adquisición otras 100 mil. No hay ninguna definición formal de cómo se calcula una tarifa social, lo que sabemos es cuánto cuesta la tarifa técnica.
El Tren Ligero durante 29 años se había mantenido en números negros, gracias a sus eficiencias y economías tenía la capacidad propia de mantenerse, no necesitaba de un subsidio ni pedirle dinero al Estado, excepto mantenimiento mayor e infraestructura nueva.
Ya no pudo más el tren, el año pasado cerró con un déficit de 160 millones de pesos en número rojos y este año en el primer semestre ya recibió del Estado un apoyo de 55 millones de pesos y vienen más apoyos que estaremos anunciando próximamente, y hoy el Tren Ligero no está en las condiciones en las que estaba hace una década.
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JALISCO
Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público
– Por Francisco Junco
La reciente sesión extraordinaria del Congreso del Estado para abordar la Reforma Judicial en Jalisco ha puesto bajo la lupa a los legisladores, donde universidades, organismos académicos y actores sociales y los propios representantes legislativos coinciden en la necesidad de un debate abierto, transparente y técnicamente sólido.
Académicos, periodistas e instituciones coinciden en que cualquier cambio al Poder Judicial en Jalisco debe construirse con participación amplia y con respeto al pluralismo que define al estado.
Las universidades han subrayado que la reforma judicial no puede limitarse a una maniobra legislativa, por ejemplo la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) expresó su preocupación por la falta de un debate público y amplio, y exhortó a que los legisladores escuchen a la sociedad civil y a expertos académicos antes de aprobar cambios transcendentes.
Por su parte, académicos de la Universidad Panamericana (UP) señalaron que varias recomendaciones técnicas quedaron fuera del dictamen, y enfatizaron que los procesos de selección de jueces deben incluir criterios de transparencia, profesionalización y participación ciudadana.
Para profundizar en estas apreciaciones, el periodista y académico Gabriel Torres aseguró que lo ocurrido en el Congreso del Estado, no es sólo un episodio legislativo, sino un reflejo de un modo de gobernar que ha renunciado a la política como arte de la negociación.
Desde su visión, el Ejecutivo ha asumido que “el Congreso es un accesorio irrelevante, un espacio al que basta con convocar para solamente levantar la mano y convalidar lo ya decidido”.
Gabriel Torres subrayó que la reforma “retrata la ausencia de interlocutores políticos capaces de leer el contexto de pluralismo expresado en las pasadas elecciones, y construir los puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”.
El periodista observó que, paradójicamente, la falta de operación política del oficialismo propició la convergencia de rivales históricos. “Cuando al fin voltearon a buscar a la oposición, descubrieron que no llegaba… porque ya estaba ahí, hecho bloque, aguardando en silencio su turno en la reforma”, señaló, describiendo la estrategia pasiva de la oposición como respuesta al desdén del partido en el poder.
Para él, la torpeza en la operación política fue “el pegamento de esa alianza inédita” entre PAN, PRI y Morena, además sostuvo que el resultado de la sesión fue contrario a lo esperado por el oficialismo.
“Frente a la imposición, la oposición decidió ejercer lo que la Constitución les confiere, retomar su condición de legisladores de Jalisco, su función de contrapeso constitucional del poder”.
En su análisis, la reforma judicial no solo es un asunto técnico, sino una prueba de la salud de la democracia local y de la capacidad de diálogo entre poderes.
Y es que el pasado 7 de octubre los legisladores fueron convocados para la sesión extraordinaria, convocada para la primera lectura del dictamen previamente aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.
El Pleno recibió las siete iniciativas relacionadas con la reforma, entre ellas la presentada por el gobernador, los grupos parlamentarios y el propio Poder Judicial. La sesión permitió que todos los legisladores conocieran el contenido del dictamen y remitieran sus comentarios a la Comisión de Seguridad y Justicia.
Durante la sesión, Movimiento Ciudadano denunció un “madruguete”, cuestionando la rapidez del trámite y la supuesta falta de parlamento abierto.
Por su parte, las fracciones de Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro defendieron que el procedimiento cumplía con la normativa interna, y destacaron que Jalisco llevaba un retraso significativo en la armonización de su reforma judicial respecto a otras entidades federativas.
El bloque opositor hizo notar la importancia de la negociación y la construcción de consensos, recordando que la mayoría relativa no garantiza hegemonía política.
Las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, pero marcaron distancia respecto al modo en que se había gestionado la convocatoria y el debate.
Un elemento destacado fue el documento conjunto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, donde los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, subrayaron la necesidad de diálogo directo y respetuoso con todas las fuerzas políticas.
En el texto, se precisa que los presidentes de los Grupos Parlamentarios suscribientes “manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un Poder Judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del Estado de derecho”.
El documento recuerda que el Congreso recibió siete iniciativas y que el dictamen se encuentra en la etapa final del proceso legislativo, por lo que cualquier discusión sobre su contenido debe canalizarse entre la primera y segunda lectura, respetando la división de poderes y el conducto formal de la Jucopo.
Durante los días posteriores, los partidos mantuvieron posiciones diferenciadas. Movimiento Ciudadano insistió en que la reforma no podía aprobarse sin un parlamento abierto y sin consultas técnicas adicionales. PAN, PRI, PT, Morena, Hagamos y Futuro defendieron que el dictamen es resultado de consensos previos en comisiones y que el procedimiento cumple con los plazos legales, aunque admitieron que la discusión pública sigue siendo relevante para legitimar el proceso.
Las universidades continuaron con sus llamados. La UP enfatizó que ciertos mecanismos como la “3 de 3” para jueces no estaban contemplados, mientras que la UNIVA reiteró la importancia de foros académicos que permitan debatir las reformas en términos de transparencia y participación ciudadana.
La UdeG aportó análisis comparativos con buenas prácticas nacionales e internacionales, insistiendo en la profesionalización y evaluación de quienes imparten justicia.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus respondió formalmente a los coordinadores de Jucopo, señalando que el Congreso es el conducto del diálogo y que cualquier propuesta será analizada entre la primera y segunda lectura.
En su comunicación, subrayó que Jalisco debe contar con un Poder Judicial que atienda demandas sociales y refuerce el Estado de derecho, y se muestra dispuesto a acudir al Palacio Legislativo para continuar las conversaciones.
“Quiero lanzar un mensaje muy claro a todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Abrir una mesa de diálogo con su servidor…e iniciar una especie de parlamento público de discusión en torno al Poder Judicial…que no solamente estén incluidos el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, sino también la sociedad en general, las universidades y los colegios de abogados”, señaló el mandatario.
Y agregó que una de sus propuestas es que “las universidades públicas y privadas de nuestro estado puedan evaluar y aplicar el examen a las y los candidatos, y que obtengan una calificación mínima de ocho”.
Organismos como Coparmex Jalisco y Jalisco Cómo Vamos han insistido en que el debate debe ser transparente, técnico y participativo. Han señalado que la reforma debe fortalecer la independencia judicial y la profesionalización, evitando tintes políticos que puedan minar la confianza ciudadana.
Lo cierto es que la reforma judicial en Jalisco enfrenta una encrucijada, avanzar con rapidez en un escenario político plural, o retrasar el trámite para garantizar la legitimidad y la participación de todos los actores. La convergencia inédita de partidos históricos refleja que la política de oposición puede emerger como contrapeso cuando la operación política oficial falla.
La soberbia del partido en el gobierno, señaló Gabriel Torres, de los operadores que no le ayudan en absoluto al gobernador, “terminó por revitalizar a sus adversarios. Y que, al final, un Congreso tratado como accesorio decidió, saludablemente, recordarle al Ejecutivo que sigue siendo un poder constitucional independiente y con la facultad de resolver, sin tutelas externas, una reforma que ya acusa atraso importante en Jalisco”.
Las universidades, los organismos civiles y los partidos esperan que la discusión no se limite a maniobras políticas, sino que sea un ejercicio de construcción colectiva de justicia.
MUNDO
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez
– Por Raúl Cantú
Oaxaca, Oaxaca. Octubre 12. En el marco del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras, Alma Chávez Guth, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y de Víctimas de Violencia Vial AC, lanzó un emotivo llamado a la acción contra lo que describió como una «pandemia» silenciosa que azota a miles de familias en México y la región.
Fundadora de varias organizaciones clave en movilidad segura, Chávez Guth enfatizó el costo humano de los siniestros viales, recordando que detrás de las cifras hay vidas irreparables y un dolor que une a víctimas de todo el continente.
Alma Chávez Guth, quien asumió la presidencia de FICVI en mayo de 2023, es una figura central en el activismo vial mexicano. Miembro fundador de los Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Transporte de Jalisco, presidenta de Reacción por la Vida y parte de la Coalición Movilidad Segura –que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial–, ha dedicado su labor a visibilizar a las víctimas.
«La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren cada año miles de familias en nuestro país y en este estado. Es una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo de las instituciones», afirmó ante autoridades, especialistas y familias afectadas reunidas en Oaxaca.
Fundada en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, FICVI agrupa a organizaciones de toda Iberoamérica unidas por el dolor compartido. Chávez Guth destacó la presencia virtual y presencial de aliados como PIDO Urgente (Brasil), Fundación de Miles (Chile), A Convivir (Costa Rica), ESTOS Accidentes (España), Pacífico Guatemala, Fundación Mónica Nicola y Reconocer (Panamá), RED de Unión (Uruguay), Mano Vive (Perú), Gabi Bici Blanca (Oaxaca), Víctimas de Violencia Vial (Jalisco), y nuevas incorporaciones como Gabi (Paraguay), Ángel Río (Colombia), Karina Winfield y Alejandro (Argentina), entre otros.
«En distancia estamos unidos, pero estos eventos son importantísimos», expresó, rindiendo homenaje a Jean Picard, fundadora española que, tras perder a su hijo Santiago, «quiso abrazarnos hace 15 años y formarnos esa guía de esperanza: si bien nuestros seres queridos no regresan, sí podemos evitar el sufrimiento en otras familias».
El impacto de los siniestros viales es devastador, según datos citados por la presidenta: más de 110,000 muertes anuales en América Latina y el Caribe, cinco millones de lesionados –muchos con discapacidades permanentes–, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y segunda en jóvenes adultos. En México, representa el 2.6% del PIB.
«Cada número en la estadística representa una vida, una historia, un ser humano querido. Detrás de la cifra están las personas, nuestra memoria. Las familias quedan rotas y con los brazos vacíos; no podemos abrazar más a nuestros hijos, padres o hermanos», lamentó, reconociendo la labor de colaboradores como Héctor de Agostina (consultor y padre víctima) y su equipo técnico.
«En medio de la adversidad hay una fuerza inquebrantable que nos impulsa a buscar soluciones y luchar por un cambio real», concluyó Chávez Guth, invitando a convivir en el dolor y el amor colectivo. «Nadie sufre en paz lo que hemos vivido.
Los abrazamos desde el FICVI del corazón». Su mensaje resuena como un urgente recordatorio para instituciones y gobiernos: la movilidad segura no es opcional, sino un derecho humano que exige solidaridad inmediata para prevenir más tragedias.
En el mismo evento, Esther Soto, vicepresidenta de FICVI y coordinadora del Colectivo Gabi Bici Blanca –víctima directa tras perder a su hermana Gabriela en 2020–, agradeció el apoyo de Fundación Mapfre, Semovi Oaxaca y la Fiscalía local, enfatizando la invisibilización histórica de las víctimas y el compromiso cívico para redesignar ciudades más humanas.
El foro, organizado por Gabi Bici Blanca, busca propuestas concretas hacia una «Visión Cero» en muertes viales, alineada con agendas globales de sostenibilidad.
PATRICIA MERCADO
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en los últimos siete años le ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil por la movilidad segura, y como parte de ellas, con víctimas de siniestros viales.
“Con un modelo de diálogo permanente con autoridades, grupos parlamentarios, organismos expertos, logramos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahora ese modelo ayuda a ir por nuevos objetivos, como quedó claro en el 8vo Foro iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial, realizado en Oaxaca”, publicó Patricia Mercado en sus redes.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
En la apertura del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial hacia Ciudades mas Seguras y Humanas organizado por el colectivo Gabi Bici Blanca, miembro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, se abrió el foro internacional con un llamado a reflexionar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y justicia para víctimas de siniestros.
Autoridades, especialistas y familias se reunieron para proponer acciones que salven vidas y humanicen las calles.
EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN MAPFRE EN MÉXICO
La moderadora presentó a Mónica Aguirre, representante de Fundación Mapfre en México –licenciada en administración de empresas, con 13 años en la institución y experta en iniciativas sociales– quien enfatizó el compromiso compartido.
En su mensaje destacado, Mónica Aguirre expresó: «Es un honor representar a Fundación Mapfre, donde compartimos el objetivo de una movilidad más segura, justa y sostenible. Hemos trabajado con firme compromiso social para prevenir siniestros viales mediante programas educativos, campañas de concienciación y herramientas innovadoras”.
“Nuestro labor se centra en formación, comunicación, cooperación e innovación. Creemos que la educación vial debe iniciar en la infancia con propuestas didácticas sencillas que simulen situaciones reales, formando ciudadanos seguros y responsables desde temprana edad. Gracias por incluirnos en este foro.»
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN OAXACA
Jesenia Nolasco Ramírez, titular de Semovi Oaxaca, saludó en el foro a aliados como Patricia Mercado y Fundación Gabi Bici Blanca, agradeciendo la invitación y reconociendo el espacio para reflexionar sobre movilidad sustentable y ciudades seguras.
Desde el gobierno de Salomón Jara Cruz, enfatizó la movilidad multimodal como sistema integrador (peatonal, ciclista, público y motorizado) seguro y accesible. En Oaxaca, impulsan el Sistema Integrado de Transporte BinniBus (7 rutas operativas de 35, beneficiando 24,000 usuarios, culminando en enero); Senderos de Paz (manual para 570 municipios); Oaxaca Camina (calles peatonales en centro histórico); y Calles para la Paz, fomentando vialidades humanas.
«Que este encuentro promueva diálogo iberoamericano y provecho para todos; disfruten Oaxaca», puntualizó.
MENSAJE DE ESTHER SOTO: “LA VIOLENCIA VIAL ES EVITABLE, NO ES UN ACCIDENTE”
Esther Soto, creadora del Colectivo Gabi Bici Blanca, presentó un mensaje muy emotivo al iniciar los trabajos del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras.
“En la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y en Gabi Bici Blanca, trabajamos desde la experiencia más dura: la pérdida. Yo estoy segura que cada persona que hoy nos acompaña de alguna manera ha conocido de cerca el dolor de ver una vida apagada en segundos, y sé también de la lucha diaria para que esa historia no se repita.
Hoy estamos aquí porque compartimos una certeza: la violencia vial es evitable. No es un “accidente”, no es una casualidad. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— que se toman cada día en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, en las oficinas donde se diseñan las calles… y también en nuestras manos, como sociedad.
Este foro nace inspirado en la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que este año se celebró del 12 al 18 de mayo de 2025 bajo el lema «#CaminaSeguramente #CiclismoSeguro», centrándose en la creación de calles seguras para peatones y ciclistas.
Hoy damos continuidad a esa semana, no solo con un nombre, sino con un compromiso: que nuestras calles sean más seguras, más justas y más humanas.
Y antes de comenzar con la jornada de trabajo, quiero que nos detengamos un momento para recordar por qué estamos aquí: Estamos aquí por cada hijo, hija, hermana, madre, padre, amigo o amiga que salió de su casa y nunca regresó a causa de la violencia vial. Sus vidas importaron, y siguen importando. Su alegría, sus sueños, sus luchas, hoy son también nuestras.
Y porque la memoria no debe ser silencio, sino fuerza y energía, les invito a que honremos a todas las víctimas con lo que ellas mismas nos dieron en vida: alegría, amor y esperanza.
Les pido ponernos de pie y regalarles un fuerte aplauso, para que el eco de sus nombres siga vivo en este foro, y para que nunca olvidemos que su ausencia es nuestro mayor motivo de acción.
(— Minuto de aplausos —)
Gracias.
Comencemos la jornada de trabajo que nos convoca a todas y todos: víctimas, familiares, activistas, académicos, autoridades y ciudadanía. Aquí no hay jerarquías más importantes que la vida misma. Aquí, lo que nos une es una sola convicción: ninguna muerte vial es aceptable, ninguna familia debería pasar por este dolor. Por eso este foro es un llamado urgente a la acción. Queremos calles que no sean trampas mortales, queremos gobiernos que pongan la vida en el centro de cada decisión, queremos una sociedad que entienda que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano.
Con esa fuerza, con esa esperanza y con esa memoria que se hace acción, queda inaugurado el 8º Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial.
NACIONALES
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto
– Por Raúl Cantú
Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.
La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.
Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.
El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.
La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.
UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL
La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.
El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.
Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.
Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.
En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.
El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.
Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.
Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.
HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO
La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.
Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.
Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.
Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.
La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.
MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”
La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.
Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.
A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.
A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.
Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.
Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.
Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia
A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.
A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.
A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.
A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.
A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.
A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho
A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.
Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.
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