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REPORTAJES

Karina Livier Macías, directora de prestaciones del Ipejal: Crecerá al triple el problema de pensiones VIP, reconocen

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Por Mario Ávila //

El pensionado que menos ingreso recibe del IPEJAL, obtiene en Jalisco 3 mil 121.47 pesos, cifra que contrasta con la que percibe el ex magistrado y ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Eleuterio Valencia Carranza, jubilado desde el 1 de junio del 2011 y que cada mes tiene un ingreso de 205 mil 283.01 pesos.

En Jalisco son poco más de 70 los exfuncionarios que han alcanzado el rango de jubilación con más de 100 mil pesos mensuales recibidos, entre los que destaca el ex magistrado Eleuterio Valencia que percibe 65.7 veces más que el pensionado que menos gana. Es decir, el pensionado de menor ingreso recibirá en 5 años y medio, lo que el ex magistrado percibe en un solo mes.

Sin embargo, la pensión más baja que paga el Instituto de Pensiones del Estado es de apenas 285.33 pesos mensuales, y es por viudez a la esposa de un maestro que se desempeñaba en el sistema educativo de la entidad, con un contrato por horas. Esto significa que la viuda necesitaría 70 años para percibir lo que Eleuterio Valencia gana en un mes.

Esto significa que las pensiones que paga el IPEJAL son el fiel reflejo de la desigualad social que se vive en la entidad y el abismo que existe entre los sueldos de los que menos y los que más ganan en el servicio público en la entidad.

Pese a ello, en la propuesta de reformas a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, presentada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se contempla dejar intacto el régimen pensionario, incluidas las pensiones llamadas “doradas” o “pensiones VIP”.

Hoy día en el padrón del IPEJAL hay un registro de 35 mil 298 pensionados, a quienes mensualmente se destina una nómina total de 502 millones 984 mil 329 pesos; entre ellos los pensionados VIP que percibe un ingreso mayor a los 100 mil pesos mensuales representan solo el 0.19% del total de los pensionados y en el monto erogado el gasto de las “pensiones doradas” representan apenas el 1.90%.

EL PROBLEMA SUBSISTIRÁ PRÓXIMOS 20 AÑOS

El tema lo explica la directora de Prestaciones, Karina Livier Macías Guzmán, quien de entrada señala que existen dos leyes que rigen actualmente al IPEJAL: “Antes del 2009 se tenía la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco y a partir del 2009 se tiene también la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y con esta segunda ley se crea la figura pública de organismo públicos descentralizado para que tenga patrimonio y personalidad jurídica propia y con esto se le da la autonomía de un instituto de seguridad social para los trabajadores del estado”.

En esta nueva ley destaca un artículo 4 transitorio, en donde se establece que todos los derechos adquiridos por los afiliados antes de esta nueva ley, serán vigentes para su aplicación posterior y es así como en este nuevo esquema se encuentran con que el IPEJAL tiene una carga impositiva que se tiene que venir arrastrando. Al día de hoy ya transcurrieron 10 años de vigencia de la nueva ley, lo que significa que faltarían otros 20 años para que salga el resto de la generación que aún cotizará con la ley de la vieja ley.

Dentro de las bondades de la ley del 2009 destaca el hecho de que la jubilación se puede dar solo cumpliendo requisitos como el tener 65 años cumplidos, 30 años de servicio y el sueldo será el promedio de los últimos 3 años; es decir esta situación aplicará para todos los pensionados que empezaron a cotizar a partir del 2010. Mientras que en el esquema viejo la jubilación se da sin importar la edad del trabajador y solo se impone como único requisito los 30 años de servicio y con el promedio del sueldo del último año laborado.

En el 2009 pensaron en lo que podría pasar si se continuaba con el esquema de pensiones que venía imperando en el Instituto, pero todavía hay generaciones que están con la ley anterior por ese artículo 4 transitorio. Esas pensiones tan lastimosas que a la fecha se les ha denominado las pensiones doradas y pensiones VIP, esas pensiones de más de 100 mil pesos que equivalen al 1.90% del total del monto que se destina al pago de pensiones mensualmente, de los 35 mil 298 trabajadores pensionados que se tienen actualmente y en número de pensionados el equivalente es el 0.19%. Esto nos dice que por supuesto que lastima, pero es un derecho que en su momento adquirieron y es un porcentaje que ya visto desde la realidad, aquí está”, señala la doctora en Derecho, Karina Livier Macías Guzmán.

PENSIONES CON 2 Y HASTA 3 SUELDOS

La funcionaria que ha tenido ya una trayectoria amplia en el servicio público en Tonalá, Zapopan, IJAS y Secretaría de Turismo, explica que el esquema de esta ley permite que una persona pueda jubilarse con dos o tres plazas activas: “Tenemos al sector de educación que se incorpora con nosotros a partir de las modificaciones a la ley y sabemos que en el sector educativo una persona puede ser profesor en la mañana, director y supervisor en la tarde y el fin de semana pueden dar clases en escuelas para adultos; incluso pueden desempeñarse paralelamente también como regidores y diputados, por ello son los casos más representativos que se encuentran en el listado de las llamadas pensiones VIP”.

Antes la ley decía que con el sueldo del último año cotizado te podías pensionar y te ibas con la antigüedad de la plaza de educación, sumado al sueldo de tu última plaza y es así como en la suma obviamente puede considerarse una cifra elevada”.

Un magistrado por ejemplo, percibe 175 mil pesos de sueldo y los magistrados antes eran vitalicios, a la hora de ver expedientes el último magistrado que se nos jubiló tenía 45 años en el Poder Judicial, es decir ni siquiera se podría tener la duda de que tuviera la antigüedad”.

En el sector educativo hay maestros sobre todo en el sector rural, que empezaban a laborar a los 14, 15 o 16 años y está soportado con hojas de servicio que expide la propia Secretaría de Educación”.

A la llegada de esta administración de Ipejal, al ver esta situación, primero el director general instruyó a llevar a cabo una auditoría interna y a mí me solicita una serie de expedientes (50) de las jubilaciones que de alguna manera son gravosas, para que se revise que estén cumpliendo con los requisitos y estén dentro de lo que marca la ley. Son 50 expedientes que nos solicitaron en Contraloría Interna”.

Maestros y servidores públicos salieron ganando al fusionar sus bolsas desde el 2009 porque a fin de cuentas son fondos del instituto que se destinan para las prestaciones de amos sectores, tanto del educativo como de los trabajadores del Estado, aunque las prestaciones sean distintas en cada gremio porque al final de cuentas son proporcionales, las prestaciones se otorgan sin distingos.

CASOS QUE HAN GENERADO POLÉMICA

Hay casos que han resultado polémicos como el del maestro Isidoro Gallardo Flores, quien toda su vida estuvo en educación, de hecho fue subdirector de la Secundaria Técnica número 24 y cubría dos turnos, pero en el año 2013 fue regidor, aunque sólo un año y con eso fue suficiente para que a su sueldo en Zapopan se sumara el de sus dos plazas en educación para obtener hoy una pensión mensual de 131 mil 375 pesos.

Un caso muy representativo es el del ex secretario de Desarrollo e Integración Social (Sedis) del Gobierno del Estado, Daviel Trujillo Cuevas y lo explica la doctora en Derecho Livier Macías: “Él venía también con toda una historia en la Secretaría de Educación, pero la jubilación se da solo con su plaza de secretario por 125 mil 180 pesos al mes; ante ello él presenta una impugnación, en donde solicita que se reconsidere el monto de su pensión, porque no tomaron en cuenta sus plazas de educación. Y estamos resolviendo ese tema con la Dirección Jurídica, aunque de entrada consideramos que no le asiste el derecho porque él ya tenía tiempo separado de sus plazas y nunca hizo aportaciones voluntarias en Educación porque tenía licencia. Por eso se va solo con su sueldo del último año”.

La diferencia entre Isidoro Gallardo y Daviel Trujillo Cuevas consiste en que uno de ellos, al solicitar una licencia, aprovechó la posibilidad que te da la ley de que sigas aportando voluntariamente las cuotas que se le pagan al IPEJAL, tanto las aportaciones del trabajador (11.5) como del patrón 21.5) que suman el 33% del salario”, detalló Macías Guzmán.

Eleuterio Valencia Carranza. Vale la pena mencionar que a ese monto de pensión llega el ex magistrado una vez que va incrementando con el tiempo el monto de la pensión. Este año por ejemplo el incremento de 0 a 50 mil pesos fue de 4.83%; de 51 mil 001 a 100 mil pesos el aumento fue de 2.44%; de 100,001 en adelante el amento en la pensión fue de 1.21%. En su caso su fecha de alta como pensionado fue el 1 de junio del 2011, es decir ya tiene 8 años pensionado y con los incrementos anuales se ha llegado a este monto de 205 mil 283.01 pesos mensuales.

Un caso relevante también es el del ex gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, quien llevó personalmente sus documentos y siguió haciendo sus aportaciones voluntarias con el sueldo de gobernador hasta completar su trámite de jubilación. “Y hasta la fecha él sigue viniendo directa y personalmente a hacer sus trámites, viene solo, saca ficha, pide su cita, acude con oportunidad a registrar su supervivencia y te lo encuentras aquí por los pasillos como cualquier jubilado haciendo sus trámites de seguridad social de un trabajador que consiste en tres cosas fundamentales, atención médica, vivienda y retiro”.

Hoy tenemos pensionados de 47 años de edad, pero en el caso de la nueva ley, si entraste a trabajar al servicio público a partir del 2010 vas a tener que llegar a 30 años de servicio y 65 años cumplidos. De este nuevo sistema se verán los grandes beneficios hasta después de 20 años”, dijo la directora de Prestaciones de IPEJAL, Karina Livier Macías Guzmán.

Esta nueva ley -abundó-, tiene otros grandes beneficios adicionales como la pensión por viudez u orfandad, que no existían en la ley anterior; la pensión por riesgo de trabajo que es el caso de los policías, bomberos y elementos de protección civil, hoy cuando mucho se otorga a la viuda de un policía un máximo del 50% (de acuerdo a los años de servicio) de su salario por concepto de pensión por viudez y con la propuesta de reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado que planteó el gobernador, las viudas recibirán el 100%. Régimen de Pensión por Riesgo de Trabajo y en un transitorio será contemplará con efecto retroactivo para que una viuda que hoy reciba una pensión, pueda acceder al 100%.

La nómina neta mensual aproximada es de 502 millones 984 mil 329 pesos; de las pensiones arriba de 100 mil pesos son apenas un gasto mensual de 9 millones 555 mil 867.28, lo que representa e 1.90% de la nómina total y el número de pensionados de 35 mil 298, lo que ganan más de 100 mil pesos representan apenas el 0.19%.

LOS PENSIONADOS VIP

Eleuterio Valencia Carranza 205,283.01

Alonso Godoy Pelayo 195,435.92

Gregorio Rodríguez Gutiérrez 188,138.24

María Carmela Chávez Galindo 180,675.80

Eugenio Rodrigo Ruiz Orozco 179,117.61

Francisco Javier Ramírez Acuña 177,022.84

Francisco Javier Hidalgo y Costilla 175,467.80

José Manuel Verdín Díaz 174,302.41

Miguel Ángel Estrada Nava 171,276.02

Gilberto Ernesto Garabito García 170,404.35

Salvador Cantero Aguilar 170,337.00

Esteban de la Asunción Robles 170,337.00

Jorge Leonel Sandoval Figueroa 170,337.00

Héctor Delfino León Garibaldi 169,887.16

Hugo Olveda Colunga 168,596.76

Juan José Rodríguez López 168,372.41

Carlos Raúl Acosta Cordero 168,233.09

Gustavo Flores Martínez 167,665.36

Alfredo González Becerra 166,850.74

Jaime Cedeño Coral 166,643.02

José María Magallanes 166,643.02

Joaquín Moreno Contreras 166,643.02

J. Socorro Velázquez H 166,023.97

Armando Ibarra Nava 164,965.22

Ernesto Chavolla Cervantes 163,977.95

Guillermo Guerrero Franco 161,335.65

Jesús Francisco Ramírez 158,473.46

Arnoldo Rubio Contreras 158,344.78

José Luis Mata Bracamontes 156,626.36

Roberto López Lara 147,424.71

Raúl Sánchez Jiménez 146,068.00

Carlos Manuel Barba García 145,383.37

Gabriel Gallo Álvarez 138,651.14

Ana Bertha Guzmán Alatorre 137,758.35

César Gabriel Alfaro Anguiano 136,985.33

J. Guadalupe Mendoza López 136,878.90

José Luis Hernández Amaya 134,219.70

Felícitas Velázquez Serrano 133,382.23

Austreberto Andrade Mariscal 132,725.81

María de los Milagros López Díaz 132,412.46

Isidoro Gallardo Flores 131,375.38

José María Muriá Rouret 130,264.74

Jaime Agustín González 127,191.64

Héctor Córdova Bermúdez 126,703.69

José García Mora 126,612.29

Daviel Trujillo Cuevas 125,180.10

Jesús Casillas Romero 124,569.27

Felipe Flores Gómez 121,487.62

Armando Morquecho Ibarra 120,630.32

Idolina Cosío Gaona 118,778.92

José Luis Gutiérrez Gómez 118,761.90

Álvaro Valencia Abundis 117,498.49

José Félix Padilla Lozano 117,491.53

Martha Villanueva Núñez 110,389.34

José Trinidad López Rivas 108,315.30

Andrea Margarita Márquez 106,664.08

Heriberto Villaseñor 106,423.49

Espiridión Medina García 105,920.20

José Luis González Velasco 104,760.58

Armando Guzmán Esparza 104,663.95

Raúl Juárez Valencia 103,427.31

Rodolfo Michel Michel 102,580.49

Jorge Sandoval González 102,404.67

José Luis Márquez Rubio 101,854.88

Rebeca Ruelas Santana 101,328.06

Sergio Maris Michel 101,225.87

Salvador Carrillo Morales 100,056.20

Total 9, 555,867.28

Nómina Total Mensual 502, 984,329.00

Total de pensionados 35,298

JALISCO

Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras

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Por Raúl Cantú //

El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.

A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.

CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL

Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.

1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):

Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.

Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.

Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)

Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):

Eventos clave:

5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.

3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.

Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):

Eventos clave:

7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.

28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.

Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.

Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):

Eventos clave:

2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .

29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.

22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.

3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.

Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):

Eventos clave:

28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.

3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.

16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.

22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.

26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.

Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.

Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.

Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):

Eventos clave:

26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.

31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.

6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.

6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.

14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.

16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.

Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.

Estado actual (mayo de 2025)

La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.

La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.

El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.

La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.

La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.

CONCLUSIÓN

Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.

Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.

La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.

ATENTAMENTE

COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA

DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025

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JALISCO

Liconsa y sociedad civil unen esfuerzos en Jalisco: Convenio pretende beneficiar a 100 mil familias

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Por Francisco Junco //

De gran trascendencia social resultará el acuerdo firmado entre la Unión de Asociaciones con Causa, A.C. y la paraestatal Liconsa en el Centro Internacional de la Amistad el pasado jueves 22 de mayo. Así lo aseguró el gerente nacional de abasto de Liconsa, Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de la paraestatal, ya que se pretende llegar a más de 100 mil hogares en Jalisco con este programa social.

“Es una gran bendición aliarnos con la sociedad civil para llegar a todos los rincones de México”, afirmó Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de Liconsa, en entrevista con Conciencia Pública.

Un convenio para el cambio social

El convenio, firmado por Rubén Ramírez Castellanos (gerente estatal de Liconsa), Pérez Rojas, y José Luis Gutiérrez Villarroel (presidente de la Unión), representa una alianza estratégica entre el gobierno federal y más de 100 organizaciones civiles.

Óscar Abrego de León, director de la Unión, destacó su objetivo: “Queremos que este programa sea permanente, beneficiando a miles de familias en Jalisco”. Con 81 años de historia, Liconsa busca expandir su impacto, pasando de 6.3 millones de beneficiarios nacionales a 10 millones para 2030, apoyando a sectores vulnerables como adultos mayores, comunidades indígenas y zonas marginadas.

Pérez Rojas subrayó la calidad del producto: “Compramos leche a 2,800 productores en 54 centros de acopio, distribuida en 12,000 lecherías a precios diferenciados”. El programa no solo nutre, sino que fortalece la economía local al apoyar a pequeños y medianos ganaderos.

Además, anunció planes para abrir plantas industrializadoras en Campeche y Michoacán, generando más oportunidades para el sector. “Invitamos a todas las asociaciones civiles a unirse para llevar este beneficio a más derechohabientes”, añadió, enfatizando el rol clave de la sociedad civil.

La fuerza de la sociedad civil

José Luis Gutiérrez Villarroel celebró la unidad lograda: “Sin colores ni divisiones, trabajamos por una sola causa: servir”. La Unión, que reúne a asilos, guarderías, centros comunitarios y más, se ha convertido en un motor de cambio social en Jalisco. Abrego resaltó su agilidad: “Somos la institución social más dinámica del estado, gracias a la colaboración de todos”. Más de 100 organizaciones ya forman parte del convenio, con otras en proceso de incorporación tras resolver deficiencias documentales. “Es un día histórico para las organizaciones sociales y su vínculo con el gobierno”, afirmó.

Rubén Ramírez, delegado de Liconsa en Jalisco, destacó el impacto local: “Liconsa llega diariamente a 300,000 hogares jaliscienses, entregando no solo leche de calidad, sino esperanza e igualdad”. La alianza permitirá ampliar esta cobertura, priorizando a los más necesitados. “La sociedad civil es el motor de nuestro esfuerzo”, dijo, agradeciendo a líderes como Abrego y Gutiérrez por su trabajo en conectar al gobierno con la ciudadanía.

Leche del Bienestar: Un legado renovado

Con 81 años desde su fundación en 1944 bajo Manuel Ávila Camacho, Liconsa ha evolucionado, adoptando el nombre Leche del Bienestar en abril de 2025, como anunció Antonio Talamantes Geraldo, director de Operaciones. Este cambio refleja el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con los sectores vulnerables, fortaleciendo la producción nacional y reduciendo la dependencia de importaciones.

“Leche del Bienestar garantiza nutrición y apoya a ganaderos con precios justos”, señaló Pérez Rojas, recordando que el programa ofrece hasta 24 litros semanales por hogar a $7.50 el litro.

El convenio también fortalece la economía local. “Apoyamos a productores jaliscienses, generando un ciclo virtuoso de nutrición y desarrollo”, explicó Ramírez. La unión, por su parte, asegura que el programa llegue a comunidades marginadas, como las de Zapopan, donde proyectos similares ya fueron aprobados. Abrego anunció que iniciativas presentadas al Gobierno del Estado y Guadalajara también están en camino de ser autorizadas, consolidando a la Unión como un referente de colaboración intersectorial.

Un día histórico para Jalisco y México

La firma del convenio, con Gabriel Ruiz Huerta y Arturo Guillén como testigos de honor, simboliza un nuevo modelo de colaboración. “Solo a través de alianzas estratégicas la sociedad civil puede empoderarse”, afirmó Abrego. Para Rubén Ramírez, este acuerdo “genera esperanza y oportunidades, llevando una gota de bienestar a miles de hogares”.

Pérez Rojas lo calificó como “un día histórico para México”, destacando el papel de la sociedad civil en combatir el hambre y mejorar la economía.

El impacto del convenio trasciende Jalisco. Con más de 100,000 hogares como meta inicial, la alianza sienta un precedente para otras entidades, mostrando que la unión entre gobierno, empresarios y ciudadanos puede generar soluciones reales. Leche del Bienestar, respaldada por la Unión de Asociaciones Civiles con Causa, no solo lleva nutrición, sino también un mensaje de esperanza: juntos, es posible construir un México más justo y solidario.

RECONOCIMIENTOS A LA SOLIDARIDAD

El evento incluyó la entrega de reconocimientos a figuras destacadas por su compromiso social. José de Jesús Martínez Alcántara, de la Asociación Civil Miriam y Erick, fue galardonado por mejorar la calidad de vida de niños con parálisis cerebral. Cintia Muñoz recibió un homenaje por su defensa de los derechos humanos y la cultura de paz. Rubén Íñiguez González, director de La Voz de Jalisco, fue reconocido por su aporte al periodismo libre. Juan Manuel Estrada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Arturo Guillén Arámbula, del Consejo Económico Empresarial de Jalisco, fueron distinguidos por su trabajo en el desarrollo social y empresarial.

Además, se realizó un reconocimiento especial por 50 años de trayectoria como cantante de la música mexicana a Valente Pastor, originario de El Grullo, Jalisco.

El máximo galardón, “Alma de la Sociedad”, se otorgó a Raúl Vázquez Nungaray, descrito por Abrego como alguien que “vive” la labor social con pasión. “Raúl no trabaja en estas causas; las experimenta de manera natural”, subrayó. Estos reconocimientos reflejan el espíritu de la Unión: unir esfuerzos para transformar vidas.

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JALISCO

Inauguran centro de distribución de Súper ISSSTE en Jalisco: Es el segundo más grande del país

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Por Diego Morales Heredia //

Con la finalidad de fortalecer el abasto en la región, el SUPERISSTE inauguró un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Guadalajara, el segundo más grande del país, que servirá como punto de enlace con ciudades cercanas para garantizar productos al mejor precio para los consumidores.

Este nuevo centro está ubicado en una de las tiendas que ya cuentan con productos, en el oriente de Guadalajara. La inauguración contó con la presencia de Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE, quien resaltó este avance que tendrán en estructura que les servirá para brindar un mejor servicio a todos los mexicanos.

“Inauguramos el centro de distribución que va a garantizar el abastecimiento de esta sucursal que tenemos para ir ampliando nuestro piso de venta. Ahorita utilizamos el 25 por ciento del total disponible, tenemos posibilidad de introducir a los proveedores que quieran comercializar sus productos con nosotros, este centro es importante porque incrementa las frecuencias de abastecimiento a las tiendas cercanas respecto al otro centro que tenemos en Ciudad de México”.

Dentro de los beneficios, resalta que se garantiza el mejor precio de los productos que ofertan, ya que no tienen como propósito tener utilidades como otras tiendas de servicio, además de abrir la posibilidad de que productores, proveedores y empresarios locales se sumen a este proyecto en beneficio de los jaliscienses.

“Estamos teniendo más abasto. Las familias y los habitantes de Guadalajara, estamos en una colonia popular, cerca del metro, garantizamos tener buenos precios. Nosotros buscamos garantizar el abasto a bajo costo más allá de las utilidades que buscan las cadenas comerciales. También está la posibilidad de que productores, distribuidores y empresarios locales puedan inscribirse con nosotros y puedan crecer sus compañías y hacer crecer a las tiendas del Súper ISSSTE”.

En el mismo orden de ideas, la funcionaria federal espera que se sumen empresarios a SUPERISSSTE, y que para hacer esto posible ya trabajan en coordinación con el gobierno de Jalisco y las cámaras empresariales para que cumplan con los requisitos y se conviertan en proveedores de las tiendas.

“Tenemos un portal abierto a todo el público; ahí cualquiera que cumpla con los requisitos, con la normativa, garantizando los precios que se deben tener en nuestras tiendas, puede garantizar sus productos de manera transparente, sin intermediarios. Además, entendiendo que no todos los empresarios cumplen con esta normativa hasta tener su código de barras, si necesitan otro acompañamiento, estamos teniendo acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco y las cámaras empresariales para que, a través de ellos, puedan acercarse a estas secretarías locales para cumplir con los requisitos para ser proveedores”.

Con la apertura de este nuevo CEDIS, ahora sigue ofrecer más productos hasta llegar a la meta de poder ofertar toda la canasta básica a los ciudadanos, por ello, esperan tener pronto a la venta frutas, verduras y cárnicos.

“Nos falta mucho por hacer, nuestro compromiso es lograr optimizar y cubrir todo el piso de venta que tenemos, nos falta introducir más producto, lo que más nos importa y apremia es que todos los habitantes puedan adquirir la canasta básica completa, esperamos pronto vender frutas y verduras, cárnicos, para que puedan hacer su súper completo”.

Emocionada, Dunia Ludlow hizo un recorrido por la tienda en Guadalajara, recordando que una de sus metas es que esta tienda se popularice y sea de gran utilidad para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Cuando estaba pequeña, mi mamá me llevaba a las tiendas del Súper ISSSTE. Las personas que tuvimos esta experiencia, en tiendas muy grandes, tengo esa añoranza y nostalgia. Para garantizar este derecho, es emotivo recuperar instituciones, porque recuperamos derechos que tienen las personas a un abasto a bajo costo”.

En el evento, también se firmó un convenio con el INAPAM junto con Gerardo Galicia Juárez para que las personas adultas puedan tramitar su tarjeta directamente en la sucursal de Guadalajara, otro de los beneficios que tendrán en la tienda Súper ISSSTE.

“Invito a todos los ciudadanos a venir a la tienda en Guadalajara, abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche; está cerca del Tren Ligero, tiene estacionamiento, esperamos pronto crecer esta tienda y que sea del gusto de todos los ciudadanos”, puntualizó.

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