Cierre de Tribunal Agrario pone en duda el principio de “primero los pobres”; la justicia agraria ni es pronta ni expedita

Por Mario Ávila

La extinción tácita y unilateral, el pasado 12 de mayo, del Tribunal Agrario número 16 con sede en Jalisco, que tenía pendientes de resolver 578 expedientes, es una muestra clara de que la justicia agraria ni es pronta ni expedita, ya que los asuntos deberán turnarse a los Tribunales 15 y 13, donde ya existe una importante carga de trabajo.

Así lo señalaron integrantes del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria, A.C., quienes además sostienen que el cierre de este tribunal, por cuestiones meramente presupuestales del Gobierno Federal, pone en duda el cumplimiento del principio de la Cuarta Transformación que reza: “Primero los pobres”.

La presidenta del Colegio de Abogados, Sonia Medrano, explicó a detalle el impacto que generará el cierre del Tribunal 16 y, además de encabezar una manifestación en la sede ubicada en avenida La Paz 2190, en la colonia Americana, dejó en claro que la exigencia de los litigantes es una sola: revertir la decisión.

Actualmente, la jurisdicción y competencia agraria en Jalisco se atiende a través de cuatro tribunales: tres concentrados en Guadalajara y un Tribunal Unitario con sede en Colima, que atiende asuntos de municipios jaliscienses como Cihuatlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Tonila, Cuautitlán de García Barragán y toda la región colindante con Colima.

De los tres tribunales que operan en Jalisco, el pasado 12 de mayo el Pleno decidió, en una reunión privada, la desaparición del Tribunal Agrario 16 y la redistribución de sus asuntos entre los otros dos tribunales.

El tribunal que será extinguido atendía asuntos de 29 municipios de la zona norte de Jalisco, donde destacan casos relacionados con comunidades indígenas, aunque también da servicio a municipios de la zona metropolitana, como Guadalajara, Zapopan y El Salto.

Por ello, los expedientes de 26 municipios rurales serán turnados al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, mientras que los asuntos de Guadalajara, Zapopan y El Salto pasarán al Tribunal Agrario número 15.

La abogada Sonia Medrano advirtió que esta redistribución afecta directamente a las comunidades involucradas, ya que antes de emitir el acuerdo no se realizó ninguna consulta pública a pueblos originarios o indígenas. “La extinción de este tribunal, en el marco de la Ley Agraria e incluso de tratados internacionales, obliga a realizar consultas públicas cuando se afectan este tipo de circunstancias, y ese no fue el caso”, señaló.

“Emiten el acuerdo, pero no están diciendo cómo van a reforzar a los otros dos tribunales y esa también es una afectación, porque vas a mandarle a un tribunal asuntos de 26 municipios. ¿Cómo lo vas a reforzar?, ¿vas a enviar más personal administrativo, más personal jurisdiccional, más personas para integrar audiencias campesinas o realizar labores de actuaría?”, cuestionó.

Y abundó: “El Tribunal 13 y el Tribunal 15 tienen poco más de 900 expedientes cada uno; el Tribunal 16, que se está extinguiendo, tiene 578 expedientes que ahora se repartirán entre ambos”.

También lamentó que los tribunales operen en casas habilitadas como oficinas. “Los tribunales no tienen la capacidad física para albergar este número de expedientes; aunque se dividan a la mitad, no cuentan con el espacio adecuado”, afirmó.

Pese a la manifestación realizada el pasado jueves, los abogados admiten que será complicado revertir la decisión y consideran que, en el mejor de los casos, podrían conseguir que ambos tribunales sean reforzados con más personal.

Sobre el argumento utilizado para justificar el cierre del Tribunal 16, Sonia Medrano explicó: “En efecto, el argumento es la austeridad republicana y la decisión recae en el Poder Ejecutivo, ya que históricamente los Tribunales Agrarios, desde su creación, dependen directamente del Ejecutivo. No dependemos del Poder Judicial; es el Ejecutivo el que envía los recursos al Tribunal Superior Agrario y éste, a su vez, los distribuye entre los Tribunales Unitarios”.

“Es importante señalar que del presupuesto que el Ejecutivo manda al Tribunal Superior Agrario, éste se queda con casi el 30%, mientras que el otro 70% se reparte entre 50 tribunales. El Tribunal Superior Agrario ya no tiene la carga de trabajo que tuvo en 1992, cuando recibió el llamado ‘rezago agrario’. Actualmente solo atiende recursos de revisión y temas de excitativas, es decir, quejas por falta de impartición de justicia, por lo que ya no se justifica ese porcentaje del presupuesto”, argumentó.

En 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación destinado al Ramo 31, correspondiente a los Tribunales Agrarios, asciende a 895.5 millones de pesos para gasto corriente y 47.6 millones de pesos para gasto de inversión. De ese total, el Tribunal Superior Agrario recibe 199 millones de pesos y el resto se distribuye para la operación de los 50 Tribunales Unitarios Agrarios.

Otra de las consecuencias que, en opinión de Sonia Medrano, provocará esta medida es el incremento en la lentitud para resolver los asuntos agrarios. “Los juicios son distintos y su duración depende del tema, pero un juicio que se integra de forma rápida puede tardar entre un año y un año y medio. Sin embargo, hay expedientes que se prolongan mucho más; el más viejo que tengo data de 2004. Salió del Tribunal 15 y después fue turnado justamente al Tribunal 16, que hoy desaparece”, expuso.

Finalmente, Sonia Medrano señaló que, además de la desaparición del Tribunal Agrario 16 de Jalisco, ya se prevé el cierre de otros siete tribunales en distintas entidades del país, situación que calificó como preocupante e incongruente con el discurso de la Cuarta Transformación. “Dicen que hay que ayudar al pobre, pero ¿cómo le vas a ayudar si le estás quitando las áreas que imparten justicia? Sabemos que la clase campesina es una de las más vulnerables y requiere protección. ¿Cómo la vas a ayudar si le estás quitando un tribunal?”, concluyó.