ENTREVISTAS
Piden legislar a diputados locales: Hagamos pugna por instalar el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza
Por Diego Morales //
Que no vuelva a suceder un evento como el de la madrugada del 19 de junio en el Congreso del Estado y que las designaciones públicas no se tornen de acuerdo a cuates y cuotas. La agrupación política Hagamos solicita la instalación del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza y la intervención de integrantes de la legislatura para presentar su propuesta o en su caso un llamado a que tomen como propia la iniciativa y la ingresen para su discusión.
Al respecto, Valeria Ávila, vicepresidenta de Hagamos Jalisco, precisó todo el proceso que han venido laborando en la agrupación, cuya única intención es que lleguen las personas mejor calificadas a los cargos y dejar en el olvido el tema de las cuotas y los cuates en el estado.
“Reunimos 30 mil firmas que habíamos acordado, entregamos 10 mil 500 al IEPC después de hacer un filtro y elegir las firmas más completas para que fueran más fácil de revisar. Al final del proceso, en el camino nos dimos cuenta de que había un vacío de que esas firmas pudieran ser revisadas por una convocatoria que se declaró desierta hace un año para conformar al consejo de participación ciudadana. No se puede revisar la iniciativa ciudadana porque no hay quien la revise antes de que llegue al congreso”.
Agregó: “Lo que nosotros proponíamos era que los diputados y diputadas de la fracción que sea tomaran la iniciativa para llevarla al congreso y meterla a parlamento abierto. Estamos de acuerdo de la importancia que tiene que esta iniciativa llegue al congreso, que se discuta para antes de la elección de los nueve magistrados que viene en camino, por eso nos movilizamos en redes sociales, para hacer presión y llegó una carta de manera personal a cada diputado y diputada del congreso”.
Aunque cada uno de los diputados en el congreso ya tiene en sus manos el documento con la propuesta de Hagamos, al momento solo han obtenido respuesta de tres legisladores, por lo cual buscarán todas las alternativas para que esta misma sea discutida en pleno.
“Nos respondió Mariana Fernández, Mara Robles y el diputado Enrique Velázquez, ellos están interesados en revisar la propuesta, ayudarnos a llevarla al pleno a que se discuta, si no se logra pasar por medio del IPEC por medio de una propuesta ciudadana”.
SIN CUOTAS NI CUATES
La propuesta de “Sin cuotas ni cuates” surge después de la polémica elección de los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura. Para Valeria Ávila, este tipo de sucesos no se pueden repetir, menos en puestos tan importantes como la impartición de justicia en el estado, ahí es donde ponen énfasis que esta propuesta sea debatida en el congreso.
“Hay asignaciones públicas para cargos públicos que se dan por medio del congreso, lo que sucede con esas designaciones públicas es que no hay un proceso homogéneo para la selección, es decir, se hacen las convocatorios y se someten exámenes y se lleva al congreso. ¿Qué pasó el 19 de junio?, hubo un acto de ilegalidad de parte del congreso en donde declaran a todas las personas candidatas a consejeros de la judicatura como elegibles, al hacer esto se brincan todo un proceso de la comisión de seguridad en el que había aplicación de exámenes y no fueron elegidos, la única mujer que es quien presenta esta iniciativa que es Imelda hace el examen y no es elegida como consejera”.
Subraya: “Si trasladamos esto a un terreno, estamos teniendo servidores públicos que no están calificados porque no pasaron los exámenes y lo que exigimos al congreso es que sea una ley que esté estipulada tanto en constitución como en la ley orgánica, que haya un proceso para elegir a estas personas, que si nadie pase este examen se declare desierta la convocatoria, no como lo que sucedió en el congreso la madrugada del 19 de junio. La importancia de esto es que quienes eligieron ese día, serán quienes impartan justicia en el estado y no podemos permitir que se determine a un nivel de cuotas y cuates para hacer favores políticos al legislativo y no para que la justicia se lleve de manera adecuada en el estado”.
Con la esperanza que se instale el consejero de participación ciudadana o que algún grupo parlamentario tome la propuesta para su debate, Valeria Ávila hace énfasis en que este proceso debe ser al corto plazo, sobre todo por la elección de magistrados que está a la vuelta de la esquina.
“Si no se instala el consejo de participación ciudadana y popular para la gobernanza que es el vacío que queda, porque quedó desierta la convocatoria porque ninguno de los aspirantes era afín a algún partido político y al final no le convenía al legislativo. Si no se conforma este consejo, vamos a empujar para que entre por alguna fracción parlamentaria, lo que queremos es que se discuta y que no se eche en saco roto todo lo que se trabajó, que aparte sea antes de la nueva elección de magistrados, nos parece sumamente vital”.
Agrega: “Ya vimos que se hará un examen incluso de control de confianza, no se podían poner de acuerdo ni quién lo iba a pagar, había un pleito por esto, entonces imaginemos la incertidumbre por el proceso cuando ni siquiera quieren hacerse responsables de lo que implica llevar un proceso de selección de magistratura. Nuestra postura es que se debe hacer bajo un ordenamiento donde sean los mejores quienes aspiren a estos cargos, al final si tienen relaciones políticas no nos interesa, si son los que pasan las evaluaciones con las mejores calificaciones es otro tema”.
RECORTAR LAS BRECHAS
A la espera de que se haga oficial su nombramiento como partido político, en Hagamos ya trabajan en posicionarse en la agenda pública con los temas que más le interesan a los ciudadanos, con la idea de recortar las brechas sociales que existen en Jalisco, indicó su vicepresidenta.
“Estábamos esperando que el tema de la pandemia nos diera la oportunidad de salir con temas que fueran de interés de la ciudadanía, estábamos siendo muy prudentes, desafortunadamente la ilegalidad del congreso nos obligó a salir de manera contundente porque ya eran muchas irregularidades. Lo que siempre abanderamos en Hagamos es la lucha por la igualdad, estamos en contra de las brechas que se han abierto los últimos años en Jalisco en temas de gobernanza, son ejes que defendemos, pero pareciera que al legislativo eso no le interesa”.
Agrega: “Incluso en democracia, se hace una reforma que deja en desventaja a los partidos de nueva creación, se deja a modo para quien está en el poder. Nos hemos metido a diversos temas, entre ellos el transporte público, la elección ilegítima de los consejeros, la reforma electoral a modo en Jalisco, ha habido temas que tratamos de empujar en la agenda pública para que no pasen desapercibidos”.
El hecho de abanderar estas causas les ha permitido acercarse a la sociedad y saber su sentir, situación que valoran en Hagamos de cara a las próximas luchas que tendrán para mejorar las condiciones de los jaliscienses.
“El tema de las firmas nos dio la oportunidad de acercarnos con las personas, explicarles las razones de la lucha. Les explicamos la importancia de lo que sucedió en el congreso, les hace eco pensar que ahora la justicia está en manos de los amigos de los legisladores, que solo son cuotas políticas, eso nos acercó con las personas. Logramos hacer un gancho, sobre todo con los jóvenes. Vamos a tener los ojos puestos en el congreso, si no quieren sacar adelante esto aun cuando ya tienen una propuesta de iniciativa de ley, les hicimos la tarea, estaremos al pendiente de que esto avance de alguna manera”, puntualizó.
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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LAS CINCO PRINCIPALES:
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