Exgobernadores en chirona: advertencias para muchos

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos 

Llegar a cargos públicos es un serio compromiso de servicio al pueblo, a la ley y a las instituciones. Desde luego que, conforme sea mayor el puesto, mayúscula será la responsabilidad que se contrae. La satisfacción de los que tienen la opción de ocupar tales encargos consiste en cumplir como funcionarios, ser paradigma ciudadano y servir solidariamente como personas. Sus conciencias pueden estar tranquilas por haber cumplido su deber.

A cambio de lo anterior, figuran aquellos privilegiados que alcanzaron elevadas posiciones en la administración pública y fallaron en casi todas sus encomiendas, quizás menos en las muy particulares de enriquecerse y abusar del poder. Sus conciencias estarán por siempre manchadas.

Para unos y para otros existen consecuencias: los del primer grupo suelen ser queridos por la comunidad, enaltecidos por la opinión pública y bien calificados por la crónica, que es el preámbulo a la historia. Para los fallidos, si no los ampara la impunidad —lo cual suele ser frecuente—, los estigmatiza la cárcel, que, lamentablemente, por causa de aquella, resulta muy esporádica.

Sin embargo, en nuestro país, de vez en vez se dan casos de justicia. Hace unos lustros hubo ocasión en que una decena de gobernantes de entidades federativas fueron procesados. Y aunque en los años más recientes no se ha visto semejante fenómeno, nos encontramos con que actualmente, tomando como referencia el penal de máxima seguridad del Altiplano —Cefereso 1— o, como se decía hace tiempo, el parador de Almoloya, en el populoso Estado de México, este año la prisión de óptima seguridad alberga a nada menos que cinco exgobernadores. Lo cual no deja de ser una advertencia oportuna para los que acaban de ejercer sus funciones o los que están por dejar de hacerlo.

¿Quiénes son esos personajes? Son los exmandatarios de Guerrero, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Puebla. Y faltan otros que no sería remoto que convergieran con los anteriores, como pudieran ser los de Tamaulipas (Francisco Javier García Cabeza de Vaca), Chihuahua (María Eugenia “Maru” Campos Galván), Sinaloa (Rubén Rocha Moya), etc.

Ahora bien, hay unos que no recibieron ese “hospedaje” porque los recluyeron en otro centro penitenciario. Tal es el caso de Roberto Sandoval Castañeda, el exejecutivo de Nayarit, preso en el Cefereso del Rincón, cerca de Tepic. Y otro más, quien está ya condenado y purga sentencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México: Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.

No perdamos de vista y, por tanto, tengamos en cuenta que son serios candidatos para arribar a una prisión como las antedichas, desde el gober con licencia de Sinaloa hasta el enterrador del priismo, “Alito” Moreno, o algún otro que se sume en los días o meses siguientes.

Volviendo al tema de los hospedados en Almoloya, cuatro son antiguos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —Mario Marín Torres, Tomás Yarrington, César Duarte Jáquez y Ángel Aguirre— y uno del Partido Acción Nacional (PAN) —Ernesto Ruffo Appel—, quienes fueron marcados por causas penales que, de hecho, marcan el final de sus trayectorias políticas: están señalados por delitos graves cometidos durante o después de su gestión pública.

Las llegadas más sonadas y recientes corresponden: 1) al señor Ángel Heladio Aguirre Rivero, exmandatario de Guerrero, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de videos clave en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; 2) al muy estelar panista Ernesto Ruffo Appel, detenido e ingresado al susodicho Cefereso número 1 por su presunta vinculación con delitos de contrabando de combustible, comúnmente conocido como huachicoleo fiscal, y que inmiscuye a numerosas personas y negocios y, desde luego, cuyas ganancias ilegítimas ascienden a millones y millones de pesos.

Este político blanquiazul —Ruffo—, nacido en Estados Unidos en 1952, en fecha reciente fotografiado y enlistado por el nuevo partido político Somos México —conocido como Somos MX, aunque lo más probable es que se le sentencie a variar su nombre por el Tribunal Federal Electoral—, es casi venerado por el panismo, sobre todo a partir de su detención, pues lo han tomado como mártir de la democracia y víctima de la Cuarta Transformación. Él se convirtió, en 1989, bajo el salinato, en el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente en México después de más de 60 años de administraciones estatales encabezadas por el PRI.

Recordemos que Salinas fue un mandatario que llegó al poder luego de un fraude en 1988 y, negociando en lo oscurito con el PAN, este lo “legitimó” a cambio de canonjías y de establecer el “prianismo”, con lo que se consagró el neoliberalismo en México. Por ello, Ruffo es bandera de la oposición y hasta se han forjado círculos de opositores que lo defienden.

De los demás encarcelados, llama la atención el caso de Ángel Aguirre Rivero, quien al parecer tuvo mucho que ver en el caso de los 43 muchachos desaparecidos en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014: se le acusa de que, siendo gobernador del estado de Guerrero, durante una reunión en Palacio de Gobierno, habría recibido material videográfico relacionado con aquellos hechos.

Dichas grabaciones, obtenidas de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, presuntamente mostraban la intercepción de un autobús y la actuación de policías y hombres armados, lo cual sería fundamental para aclarar los hechos. Los padres de los desaparecidos manifestaron su satisfacción y dijeron que “esta detención era una esperanza para saber la verdad”.

Por lo que ve a Mario Marín, “el gober precioso”, está preso por sus agresiones a la periodista Lydia Cacho. Por sus influencias había logrado prisión domiciliaria, pero lo regresaron a prisión: su presunta responsabilidad en el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho es de tremenda repercusión social; de allí que sea correcta, a pesar de los recursos legales, su vuelta al Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya.

El par restante de “gobers” en chirona, Tomás Yarrington Ruvalcaba, el tamaulipeco procesado por fechorías contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como César Duarte Jáquez, chihuahuense recluido por delitos de peculado y lavado de dinero, no son sino típicos ejemplos de lo que no debería haber en nuestra política: verdaderos lobos con piel de oveja que se dedicaron a mal usar sus facultades y pervertir orden, presupuesto y justicia.

La conclusión es que todos los antedichos son claras advertencias de lo que les espera a los altos servidores públicos que mienten, roban y atropellan los derechos ciudadanos. Lo decimos para los actuales, que ojalá no lleguen a esos extremos y, por lo tanto, nunca sean huéspedes de tan tétricos reclusorios.