– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Imagina un mundo donde nadie tema quedarse sin un hogar, sin atención médica o sin la oportunidad de educarse. Un mundo donde el progreso económico sea un puente hacia la equidad, no un abismo que separe a unos de otros. Ese es el ideal que dio vida al estado de bienestar, un contrato social nacido en el siglo XX para sanar las heridas de guerras, crisis económicas y desigualdades profundas.

Hoy, en un contexto de globalización acelerada, hiperconexión digital y avances tecnológicos que transforman la vida a un ritmo vertiginoso, este modelo enfrenta preguntas urgentes, principalmente ¿qué significa el estado de bienestar en un mundo donde la inteligencia artificial redefine el trabajo, las plataformas digitales reconfiguran las relaciones sociales y las economías están más interconectadas que nunca?

En su esencia, el estado de bienestar es un compromiso colectivo para proteger a los más vulnerables y fomentar la cohesión social. Surgió en un momento histórico de reconstrucción, cuando países como los nórdicos, Reino Unido o México, con sus sistemas de salud y educación pública, apostaron por garantizar derechos básicos y redistribuir la riqueza.

No se trataba solo de aliviar la pobreza, sino de construir sociedades donde el progreso beneficiara a todos. Pero el mundo ha cambiado. La globalización ha tejido una red de interdependencia económica, pero también ha profundizado desigualdades dentro de los países.

Las nuevas tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial, están remodelando el mercado laboral, mientras que la hiperconexión digital crea nuevas formas de inclusión, pero también de exclusión. En este escenario, el estado de bienestar debe evolucionar para seguir siendo relevante, no solo como proveedor de servicios, sino como un mediador de oportunidades en un entorno donde las reglas cambian constantemente.

El impacto de la tecnología en el empleo es uno de los mayores desafíos. La automatización amenaza con reemplazar una parte significativa de los trabajos actuales en la próxima década, según estimaciones internacionales.

Esto reduce los ingresos fiscales que sostienen los sistemas de bienestar y, al mismo tiempo, aumenta la demanda de apoyo social, como subsidios por desempleo o programas de capacitación, lo que nos obliga a preguntarnos ¿cómo financiar un estado de bienestar cuando el mercado laboral se encoge?

Algunas propuestas, como la renta básica universal, sugieren garantizar un ingreso mínimo para todos, independientemente de su situación laboral. Países como Finlandia han experimentado con esta idea, pero su implementación requiere decisiones audaces, como gravar a las grandes tecnológicas, principales beneficiarias de la automatización. Este debate pone en evidencia la necesidad de un estado de bienestar que no solo redistribuya recursos, sino que también regule el impacto de las innovaciones tecnológicas para que sirvan al bien común.

La globalización, con su promesa de interconexión, también plantea retos. Las economías están más entrelazadas que nunca, pero esta interdependencia ha generado tensiones. Las cadenas de suministro globales, por ejemplo, pueden colapsar ante crisis como pandemias o conflictos geopolíticos, afectando la capacidad de los estados para proveer servicios esenciales.

Además, la competencia económica global presiona a los gobiernos a reducir impuestos corporativos, lo que limita los recursos disponibles para financiar el bienestar. La solución no está en cerrar fronteras económicas, sino en diseñar políticas que equilibren la apertura al comercio global con la protección de los derechos sociales. Esto implica fortalecer sistemas fiscales que prioricen la redistribución y la inversión en sectores clave como la salud y la educación, asegurando que los beneficios de la globalización lleguen a todos.

La digitalización, otro pilar de la modernidad, transforma la forma en que trabajamos, nos comunicamos y accedemos a servicios. Sin embargo, también ha creado nuevas brechas. En un mundo donde el acceso a internet es casi tan esencial como el acceso al agua, millones de personas, especialmente en regiones como África Subsahariana o América Latina, siguen desconectadas o sin las habilidades necesarias para navegar el entorno digital.

Esta brecha tecnológica es una nueva forma de desigualdad que el estado de bienestar debe abordar. No basta con proveer infraestructura; es crucial invertir en educación digital y regular a las grandes plataformas para evitar que concentren poder económico y social. Un estado de bienestar moderno debe garantizar que la tecnología sea un vehículo de inclusión, no un obstáculo que margine aún más a los vulnerables.

¿Por qué sigue siendo crucial el estado de bienestar en este contexto? Porque actúa como un amortiguador frente a las crisis. La pandemia de COVID-19 mostró que los países con sistemas de bienestar sólidos pudieron responder mejor, ofreciendo apoyo económico, atención médica y protección a los más afectados. También porque fomenta la cohesión social en un mundo cada vez más polarizado.

Cuando las personas sienten que el sistema las respalda, es menos probable que caigan en narrativas divisivas. Además, el estado de bienestar es clave para aprovechar las oportunidades de la globalización y la tecnología.

Países como Dinamarca han demostrado que un sistema flexible, combinado con educación continua y apoyo a la innovación, puede generar economías competitivas y sociedades equitativas. En un mundo donde el cambio es constante, el estado de bienestar debe ser un motor de adaptación, no solo un proveedor de seguridad.

Reimaginar el estado de bienestar en el siglo XXI exige audacia. Los gobiernos deben explorar nuevos modelos de financiación, como impuestos a la riqueza digital o a las emisiones de carbono, para sostener sistemas que respondan a las realidades actuales. También deben priorizar la educación y la capacitación continua, preparando a las personas para un mercado laboral en transformación. Y, sobre todo, deben fomentar un diálogo global sobre el bienestar, reconociendo que los desafíos de la globalización no respetan fronteras.

El estado de bienestar no es solo un conjunto de políticas; es un reflejo de nuestros valores colectivos. En un mundo hiperconectado, donde la tecnología y la globalización pueden tanto unir como dividir, debe ser un faro de equidad, un recordatorio de que el progreso verdadero solo es posible cuando nadie queda atrás. Reimaginarlo no es solo una necesidad práctica, sino un imperativo moral para construir un futuro más humano.

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Los números presentados por el INEGI, supliendo ya las funciones del extinto CONEVAL, mostraron una reducción de la pobreza de 17.7% respecto a 2024. Es un gran logro que no debe ser regateado por nadie y si, en cambio, celebrado.

El origen de estos números positivos es el crecimiento del ingreso. Hay 13.3 millones de mexicanos que reciben más dinero, ya sea por los incrementos salariales, las remesas, las pensiones y los programas sociales. Sin dudarlo, han sido los incrementos salariales los que más contribuyeron, y los tres restantes contribuyeron también, aunque con menores porcentajes, a mejorar el ingreso familiar.

Aprovechando estos números positivos, el gobierno y sus voceros oficiosos y oficiales, se han dado a la tarea de exhibirlos como resultado de la política social del régimen, sin hacer caso de los otros datos que arroja la muestra censal aplicada por el INEGI. En efecto, creció el ingreso, pero la pobreza multidimensional dista mucho de ser abatida. En efecto, 13.3 millones de mexicanos ganan más dinero, pero no dejarán de ser pobres debido a las carencias asistenciales que aún les afectan.

Es innegable que mucho del ingreso adicional se ha tenido que ir a satisfacer necesidades de salud, así como también la inflación en productos alimentarios medra el nuevo ingreso, sin embargo, hay que reconocer que al menos tienen recursos para suplir las deficiencias institucionales.

No obstante, lo positivo que es el que haya mejorado el ingreso, no podemos ignorar otras señales que deberían restar al optimismo oficial. El primer semestre de 2025 mostró un crecimiento privado moderado. Los usuarios de tarjetas de crédito las están manejando con más prudencia, pues persiste la incertidumbre en el ámbito económico. Hay un menor dinamismo en el crecimiento del empleo formal y ambas cosas se reflejan en el consumo.

Las ventas que reporta la Asociación de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) desaceleraron en julio y desde mayo la tendencia en ventas va en declive. Se percibe una atonía en la economía como resultante de la baja inversión, la constante incertidumbre por la incierta política económica de los EUA y la desconfianza de inversionistas por las tendencias estatizadoras del régimen.

Con estas señales valdría la pena moderar el optimismo y la jactancia por el “éxito” de la política social del régimen. Si bien es cierto que el ingreso mejoró y que hubo una aparente distribución más equitativa de la riqueza que provocó también la disminución de la brecha de la desigualdad, habrá que reflexionar sobre el costo y el cómo se logró reducir la pobreza en tan amplio margen.

El sexenio anterior extinguió todas las reservas de ahorro para contingencias, redujo el gasto gubernamental, no solo el corriente, sino también en inversión pública, concentrando el gasto en obras no prioritarias y en apoyar a Pemex; con la pretendida austeridad se fondearon los programas sociales y se mejoraron las pensiones menores y estos, junto con las remesas de los paisanos y el incremento de los salarios mínimos, lograron el salto en el ingreso que ahora se publicita. La súbita inyección de efectivo a la economía provocó un salto en la inflación que ha logrado ser controlada; sin embargo, persiste y, no obstante, gravitó en contra del ingreso apenas mejorado.

Habiendo sido el aumento a los salarios mínimos el impulsor de este avance en el ingreso de las familias, pensar en un incremento igual será insostenible en el corto plazo, en especial con una economía contenida. El menor dinamismo del empleo formal y el estancamiento de la inversión pública, sumada a la retracción de la inversión privada, seguirán limitando el crecimiento y, con ello, provocando una menor recaudación, necesaria por el momento para superar el ejercicio presupuestal deficitario y el sostenimiento de los programas sociales.

En conclusión, aun aplaudiendo que haya crecido el ingreso, no podemos ignorar que esta tendencia no tiene sustentabilidad a mediano plazo, porque el salario no puede seguir creciendo por decreto en los términos en que lo hizo y mantener las pensiones y programas sociales, que tienen crecimiento geométrico por la tabla poblacional, requerirá no solo de austeridad sino de una profunda revisión de la política económica y la repercusión de las pulsiones autoritarias y hegemónicas del régimen.

Las campanas que hoy echan al vuelo nos alegran el momento, pero al mirar el horizonte no se ve que puedan seguir sonando tan alegremente. El producto interno bruto no habrá de crecer por decreto y hoy, inflación, población, gasto y deuda crecen más y más velozmente que los salarios y las transferencias de efectivo.

Mejorar el ingreso no garantiza movilidad social porque no modifica los factores estructurales que la permiten, como el sistema educativo, el mercado laboral, el crecimiento económico, la cultura y los valores sociales.

Justifico que el gobierno capitalice el éxito momentáneo, pero no veo justificación para el optimismo.

– Opinión, por Iván Arrazola

La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad enfrenta un dilema central que puede resumirse en la idea “Seguridad sí, DEA no”. Con esta fórmula no se busca negar la necesidad de cooperación, sino subrayar que la asistencia en la lucha contra el crimen organizado no debe implicar subordinación frente a una agencia extranjera.

El reto para el gobierno mexicano, y particularmente para la presidenta Claudia Sheinbaum, es mantener una coordinación eficaz con Washington sin dar la impresión de entregar autonomía ni de actuar bajo órdenes externas.

Ahora bien, el reto no es menor: en Estados Unidos, Donald Trump busca enviar a su electorado la señal de que está enfrentando el problema del tráfico de fentanilo y, en ese propósito, no mostrará sutileza alguna al remarcar quién ejerce el control y quién toma las decisiones para atender la crisis.

Por otra parte, el propio gobierno mexicano envía señales contradictorias. El reciente traslado de 26 reos a Estados Unidos revela que, pese a estar encarcelados, estos seguían operando desde prisiones mexicanas y dirigiendo las actividades de sus cárteles.

Esta decisión, aunque pragmática, pone en entredicho el discurso de soberanía que la presidenta Sheinbaum defiende con frecuencia y, en cambio, exhibe las serias debilidades del sistema de seguridad y control penitenciario en el país.

A ello se suma la presencia de drones estadounidenses en territorio mexicano —revelada primero por la prensa norteamericana y después reconocida únicamente en el caso del Estado de México—, lo que pone en evidencia la dependencia tecnológica del gobierno para monitorear y analizar las operaciones de los grupos criminales.

Este tipo de acciones parecían anticipar la firma de un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos; no obstante, ante el rechazo de la presidenta Sheinbaum a colaborar directamente con la DEA, ese entendimiento parece quedar en suspenso.

En este escenario, se observan dos posibles rutas. La primera es que el gobierno estadounidense incremente la presión para que México adopte acciones alineadas a sus intereses —como frenar el tráfico de fentanilo— y que el gobierno mexicano, sin margen de maniobra, termine aceptando. La segunda posibilidad es que el gobierno mexicano busque resistirse, consciente de que aceptar sin condiciones lo exhibiría ante la ciudadanía como un gobierno entreguista.

La ambigüedad de la postura oficial se refleja en la idea de “coordinación sin subordinación”. Aunque Sheinbaum la reitera, no queda claro cómo se traducirá en la práctica. El antecedente de tensiones con la DEA —desde la detención del general Salvador Cienfuegos hasta las restricciones impuestas por López Obrador— refuerza la desconfianza mutua y hace más evidente la necesidad de definir los límites de la cooperación.

El problema de fondo radica en que las instituciones de seguridad mexicanas —Ejército, Marina y Guardia Nacional— no cuentan aún con la fortaleza necesaria para enfrentar al crimen organizado por sí solas. A pesar de reformas legales y esfuerzos de centralización, persisten dudas sobre el tiempo que tomará ver resultados tangibles y si existen recursos suficientes para sostenerlos.

La debilidad es aún mayor en inteligencia: México carece de capacidad plena para desmantelar redes de protección criminal, lo que coloca en el centro la relevancia del llamado “Proyecto Portero”, enfocado en rastrear tanto el ingreso de fentanilo a Estados Unidos como el flujo de armas hacia México.

Ante esta evidente asimetría, México difícilmente puede reclamar un trato en condiciones de igualdad. De ahí que el verdadero malestar de la presidencia parezca estar más en la exposición pública de la dependencia que en la cooperación misma. Casos como el uso de drones —negado oficialmente pero imposible de ocultar tras lo ocurrido en el Estado de México— revelan la dificultad de mantener discreción en un terreno donde Estados Unidos busca mostrar control y capacidad de acción.

A ello se suman las acusaciones lanzadas de manera abierta por Donald Trump sobre una alianza intolerable del gobierno con el crimen organizado. Aunque la presidenta ha respondido a través de redes sociales y en sus conferencias matutinas, no ha logrado disipar las dudas. La presunta alianza entre el crimen organizado y el gobierno mexicano constituye una de las imputaciones más graves planteadas desde Estados Unidos.

La fórmula “Seguridad sí, DEA no” sintetiza la paradoja de la política mexicana: el gobierno necesita la cooperación estadounidense para enfrentar al crimen organizado, pero busca evitar que esa relación lo convierta en un actor subordinado. Es probable que lo que se pretenda sea mantener la cooperación operativa mientras se controla la narrativa interna para no perder legitimidad política.

Sin embargo, en Estados Unidos la presión para exhibir resultados es mayor, lo que inevitablemente pondrá en evidencia quién detenta el control de la estrategia binacional. El desafío, entonces, no es decidir si habrá o no cooperación, sino cómo lograr que esta se ejerza sin erosionar la soberanía mexicana.