OPINIÓN
Para disminuir brecha de desigualdad: Gobierno inteligente en un mundo global; el camino es la tecnología
Opinión, por Armando Morquecho Camacho //
Si algo ha dejado claro la crisis que enfrenta el mundo debido a la pandemia de la COVID-19, así como la crisis ambiental y política que vivimos, es que urge repensar y rediseñar la agenda legislativa, así como los temas que se suben al debate público.
En un mundo globalizado como en el que nos está tocando vivir y desarrollarnos política, profesional y socialmente, resulta fundamental entendernos como parte de un todo, como parte del mundo y por ello, debemos entender que para solucionar los problemas actuales, necesitamos comenzar a construir soluciones globales.
Es en virtud de lo anterior, que tanto el próximo año, como en el 2024 tenemos que ver quiénes plantean soluciones a los problemas modernos, tenemos que voltear a ver a aquellos que buscan construir una agenda con políticas públicas pensadas para responder a las necesidades de las generaciones presentes y futuras atendiendo aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales utilizando de forma eficiente los recursos disponibles. Pero esto solamente serán capaces de construirlo los políticos que tengan una visión global y que volteen a ver lo que pasa en otras partes del mundo.
¿A que quiero llegar con esto? El mundo está cambiando y lo seguirá haciendo, ya que ese proceso evolutivo es, junto a la muerte y al pago de impuestos, una de las cosas seguras en esta vida y no nos va a esperar, por ello, las opciones son claras: o cambiamos y nos adaptamos legislativa y socialmente a este proceso de modernización, o las crisis que enfrentamos serán aún más graves y la brecha de desigualdad continuará creciendo.
A lo largo de este mes, me enfoqué en hablar de los retos de las redes sociales, la modernización y las diferentes tecnologías de la información y si bien, este rubro tiene grandes retos, también tiene muchas ventajas, pero para poder analizar y estudiar a fondo estas ventajas, necesitamos una visión política global que vaya más allá de lo que ocurre en nuestro entorno.
EL EJEMPLO DE SINGAPUR
Este ejercicio de reflexión global es lo que nos permitirá a nosotros como generación romper esquemas y cambiar paradigmas en todos los sentidos, tal y como lo hizo Singapur.
Este país insular de Asia es el ejemplo perfecto de cómo podemos explotar la tecnología y todos los beneficios de la modernidad para poder construir políticas públicas capaces de responder a las necesidades de la modernidad con una perspectiva no solo global, sino también, de derechos humanos. En otras palabras, Singapur es el claro ejemplo de que los problemas modernos requieren soluciones modernas.
Desde que Singapur obtuvo su independencia, su economía se ha ido fortaleciendo más y más, hasta llegar hoy en día, a ocupar las primeras plazas del índice de Competencia Global, pero como dicen, no todo es miel sobre hojuelas, ya que también, su población ha reflejado un crecimiento importante convirtiéndose así en uno de los países más densamente poblados del mundo.
Este crecimiento poblacional, desencadenó una serie de problemas que iban desde lo administrativo como la saturación de servicios públicos, hasta lo ambiental con el aumento desmedido de emisiones de gases contaminantes, esto, aunado a la corrupción, la desigualdad y la ineficiencia de las autoridades para atender las problemáticas ciudadanas así como los enormes muros burocráticos para realizar trámites, y gestiones llevaron a las autoridades a impulsar una serie de políticas públicas para revolucionar no solo su modelo de ciudad, sino el rol del gobierno en su interacción con la ciudadanía.
Por ello, en el 2014, lanzaron el proyecto ‘’Smart Nation Singapore (SNS)’’, el cual representa un esfuerzo nacional para transformar tecnológicamente los servicios públicos, la economía y el gobierno a través de la simplificación de procesos, digitalizando y automatizando el trabajo gubernamental para así brindar soluciones eficientes a los problemas reales de su población.
En el caso de Singapur, el uso de la tecnología ha impulsado la construcción de un verdadero gobierno abierto que está cada vez más cerca y más al pendiente de las necesidades, en todos los sentidos, de su población. A través de estas políticas se implementaron, entre otras cosas, la instalación de una enorme red de cámaras y sensores que aunque a primera vista podría parecer una medida autoritaria que busca controlar a sus ciudadanos, lo que en realidad se busca con esta red de monitoreo es estar al pendiente de las necesidades de servicios públicos de todo el país, esto con la finalidad de dar pronta respuesta y atención a estos problemas.
Otro de los pilares de este proyecto en términos gubernamentales es la digitalización de los servicios públicos a través de un servicio civil computarizado y programado, que día a día busca no solo tener servicios eficientes sino también integrales en su relación con la ciudadanía.
También se impulsó la implementación de una de las redes inalámbricas de internet más grandes y más rápidas del mundo, esto para garantizar a los ciudadanos acceso público y gratuito a internet en cualquier zona.
El programa ‘’National Information Infraestructure’’ bajo el lema ‘’Una red para TODOS’’, instaló una red de alta velocidad y banda ancha para así conectar a cualquier persona en cualquier lugar y en el 2015, se hizo un gran avance en el tema, ya que se instaló una red de fibra por 200 millones de dólares para introducir áreas ‘hotstop’ gratis en la ciudad.
En resumen, Singapur ha construido un gobierno conectado con los problemas sociales que trabaja por encontrar soluciones que simplifiquen la vida, que reduzcan costos y que contribuyan en el bienestar de todos a través de herramientas digitales.
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
Ciertamente la pandemia está cambiando por completo el mundo, su impacto en la economía, en la política y en la sociedad ha sido grande y nos obliga a cambiar y a repensar nuestros sistemas. Sin embargo, con una perspectiva global podemos observar como el mundo lleva años cambiando y trabajando por mejorar su capacidad de adaptación a situaciones de emergencia como la que vivimos.
Si bien es cierto que la pandemia les ha pagado a todos, también es cierto que a unos les va a pegar más que a otros. Hoy por hoy, al menos en Singapur, el gobierno no tiene que preocuparse por cómo tendrán que trabajar sus dependencias para que la gente pueda seguir haciendo sus trámites sin contagiarse, todo está digitalizado; mientras aquí, tenemos que pegar anuncios en el suelo para marcar la sana distancia.
En Singapur tampoco tienen que debatir sobre la falta de internet y de cómo le tendrán que hacer ciertos sectores de la población para acceder a clases en línea, ya que la red es amplia y de acceso público.
Al ver el desarrollo tecnológico de Singapur, el desarrollo ambiental y económico de Finlandia e Islandia es inevitable preguntarnos: ¿Qué están haciendo nuestros legisladores? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? ¿En realidad estamos subiendo a la agenda pública los temas relevantes?
Como país tenemos muchas riquezas y por lo tanto, tenemos grandes oportunidades, pero tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a repensar nuestro sistema de ciudad, nuestros servicios públicos y la manera en la que el gobierno interactúa con sus ciudadanos. Una vez que se hago esto, estaremos listos para comenzar el trabajo legislativo para adaptar nuestra legislación y los trabajos para construir pactos que nos permitan alcanzar un verdadero desarrollo.
La brecha de desigualdad, la inseguridad, la falta de oportunidades y la corrupción son fenómenos que debemos atender con una perspectiva global. Apostar por un modelo económico sustentable y por una nación inteligente, es apostar por las oportunidades, por el crecimiento y por el desarrollo.
Tenemos la oportunidad de cambiar nuestros servicios públicos agilizando y transparentando los trámites de licencias de construcción o permisos de cualquier otro tipo. También, tenemos la oportunidad de rediseñar nuestro sistema de justicia apostando por un modelo electrónico y disminuyendo el uso de papel, también, tenemos la oportunidad de garantizar que los programas sociales de apoyo a personas vulnerables e incluso emprendedores, puedan llegar a todos los rincones del país digitalizando los servicios y disminuyendo de esa manera los muros burocraticos.
Y en temas de oportunidades para los jóvenes, apostar por estos modelos, es apostar por los jóvenes, ya que la construcción de un gobierno inteligente, requiere de recursos humanos que estén a la altura de las exigencias del nuevo sistema. Esto significa que la formación de nuevos profesionales debe trascender.
Así se construye un verdadero estado de bienestar: con una perspectiva global de las cosas e implementando estrategias que permitan a toda la población tener no solo las mismas oportunidades sino también la posibilidad de acceder a los mismos servicios públicos que los demás.
En la teconología está el camino para disminuir la brecha de desigualdad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Jalisco amplía protocolo de choques lamineros para agilizar tránsito y reducir riesgos
Lanzan «Presente Profe», plataforma para que docentes se apoyen entre sí
Jóvenes de Zapopan usarán TikTok para dar la batalla contra la corrupción
Evalúan a Gerardo Quirino como el mejor alcalde de Jalisco: «El compromiso es con la gente»
