OPINIÓN
Un año de vida de nuestros niños: ¿Qué nos quita la pandemia?
Educación, por Isabel Venegas //
Cualquier pandemia ha de significar una tragedia, un sin número de pérdidas son casi obligatorias; la resiliencia, valentía y creatividad con las cuales se afronte el momento serán determinantes para salir más o menos rápido de la crisis; desgraciadamente no todos tendrán los recursos materiales, emocionales o cognitivos suficientes para hacerle frente al fenómeno, y las pérdidas sensibles a causa de esas mismas carencias se sumarán a la problemática inicial. La depresión, la soledad y el rezago educativo son componentes que tienen su propia gravedad.
Pensemos por ejemplo, ¿qué es lo que está perdiendo un niño que no asiste al preescolar? La educación básica tiene como principal componente la socialización de los estudiantes, que ellos comprendan que no son el centro del universo, cosa que de entrada asumen cuando mamá está avocada casi de tiempo completo a cuidar de su bebé. Un niño de cuatro años en un jardín escolar aprende a jugar con otros niños, desarrolla la lógica del intercambio cuando tiene que compartir materiales y juguetes, y aunque no suele ser sencillo, se ve ante el reto del desprendimiento. La convivencia que él desarrolla en el hogar, ya sea como hijo único, con hermanitos o más menos miembros familiares, suele no contemplar las reglas que se configuran (para bien y para mal) dentro del contexto educativo.
Y es que a pesar de tener muchas limitantes, la escuela sigue siendo el mejor escenario para desarrollar ambientes propicios para los menores, donde las experiencias exploratorias se potencian en ese laboratorio de descubrimiento, de tal manera que cuando llegan a casa sus expresiones son siempre con las ganas de compartir lo que aprendieron: ¡Hoy jugué con fulanito! ¡Se enojó mi amiga conmigo! ¡Me gané un premio en el salón!
Los retos del aprendizaje en casa pudieran no parecer tan inalcanzables desde pedagogías como la de la escuela multigrado, los postulados de Montessori y las colaboraciones que gracias a la tecnología, los profesores siguen teniendo a través de la red, la radio y la televisión. La capacidad de los niños para estar aprendiendo cosas nuevas, para colaborar en el hogar desde la novedad, para mejorar sus procesos de convivencia ya sea con sus hermanos o con sus vecinos, obliga a aprovechar las habilidades cognitivas y sociales de modo que no se vean mermadas ante este confinamiento.
La escuela rural también aporta mucho conocimiento y experiencias de éxito en décadas de trabajo a distancia, una evolución que ciertamente ha contado con recursos tecnológicos (la grabación en videocasete, las diapositivas, los registros de audio, etc.) pero que se ha basado más en la colaboración de la comunidad, vivencias y experiencias que respetan la figura del otro.
Ciertamente no hay un precedente en nuestros registros más inmediatos que nos hubiese advertido del nivel de complejidad al que nos estábamos enfrentando, sin embargo a estas alturas ya debemos tener claro que no podemos sentar nuestras esperanzas en que el día de mañana aparezca una vacuna; debemos contemplar la complejidad de la distribución, los pocos recursos tras el impacto económico y las reservas de un medicamento que no ha tenido los años de experimentación y valoración en laboratorios necesario, es decir, será bueno contar con ello pero a pesar de tener ese remedio, habremos de mantener los protocolos, la higiene, la sana distancia y un sistema híbrido para que las aulas no sean el germinador de las terceras, cuartas o quintas olas de esta, o de una nueva pandemia.
En resumidas cuentas, si el panorama no se veía fácil hace ocho meses, la visión no mejoró hace cuatro y ahora es claro que el reto sigue ahí, que no podemos estar esperando a que la magia suceda sola, son nuestros niños y adultos mayores los que, al querer proteger del contagio, se están perdiendo de todo un año de su vida.
Una significación que para quienes no están en esos puntos de la vida compromete a una mayor responsabilidad.
Para un niño de cinco años, el 2020 representa la quinta parte de su vida, una cantidad abrumadora considerando que son ocho meses que llevamos sin tener clases presenciales, equivalen a 240 días sin tener un recreo, sin organizar festivales y sin actos cívicos en el patio de la escuela.
Esto es como cuando te aplican un examen de 20 preguntas en el cual, si te equivocas en una, no tiene tanto valor como en el caso de que te hicieran una prueba con tan solo dos reactivos. Cada ejercicio es la mitad de tu calificación y no hay margen de error. No importa si te dejan sacar el libro, llevártelo a tu casa, entregarlo hasta cuatro días después, aquí lo realmente importante es la complejidad de las preguntas, y la posibilidad de que con los recursos con los que cuentas puedas acertar para sumar la calificación.
Cuando un niño pregunta cada día si ya mero llega navidad, es porque para él el tiempo fluye de manera muy distinta, los tiempos con los que él explora la vida son de la magnitud de sus experiencias y cada una llena de significado y emoción. Los días de los niños no pueden estar llenos de gris por atravesar una crisis que muy probablemente, será el preámbulo de muchas otras. Tomar cartas en el asunto significa organizar dinámicas proactivas:
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Establecer ritmos, rutinas y organizadores para que los niños se acerquen al espacio que dejaron en la escuela, centrando la atención en la lógica de las reglas que dan sentido desde casa.
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Evitar la artificialidad al punto de tener a los pequeños tras de una pantalla varias horas, simulando una convivencia que puede implicar riesgos en la construcción de del concepto de relación.
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Organizar pequeños grupos de contacto cercano para que de manera controlada se viva la regulación social, se mantengan los protocolos y se fomente el aprendizaje de manera más significativa.
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La colaboración por aldeas controladas, también impulsa la reactivación económica al ayudar a los padres a retomar sus actividades laborales de manera escalonada, con la tranquilidad de que sus hijos no pierden ni en su desarrollo, ni en la protección a su salud.
Es importante a pensar en las afectaciones que está viviendo el mundo de los niños, tanto como el de los adultos mayores; seres que en muchas partes del mundo han comenzado a levantar su voz exigiendo su libertad a vivir en plenitud.
Grandes conflictos éticos y morales plantea este pensamiento porque hoy vemos que la proporción de contagios en la mayoría de los estados del país se sitúa entre jóvenes (de entre 17 y 35 años de edad). Desde el mes de agosto la OMS anunciaba que los niveles de propagación estaban siendo impulsados por personas menores de 40 años, por su parte la agencia BBC citaba a Takeshi Kasai, en su conferencia decía que «muchos (jóvenes) no saben que están infectados, porque tienen síntomas muy leves o no tienen síntomas. Y esto puede resultar en que transmitan, sin saberlo, el virus a otros»
Considerarlo como una “noble” injusticia el tratar de proteger de la enfermedad a los niños y a los adultos mayores en tanto los jóvenes siguen arriesgándose y arriesgando, no da miras a poder controlar un problema que requiere entender que la relatividad del tiempo no te exime del compromiso social.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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