OPINIÓN
Las convulsiones de México en la historia: Estorbos del orden social, poder y dinero
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
En todos los tiempos y lugares, las pugnas entre los seres humanos son constantes. Y aunque los motivos son de tener muy en cuenta (la libertad, la independencia, la justicia, la educación, ideologías, religión, etc.), lo cierto es que en el fondo lo que impulsa las fricciones, peleas y disputas son nada más ni nada menos que el poder y el dinero.
¿Qué buscaban los europeos cuando descubrieron América? El control del comercio, es decir, lucro, dinero. Y al ver que lo que se generó fue la posibilidad de apropiarse de terrenos y pueblos, impulsaron la conquista, lo cual conlleva poder y riquezas. Para lograr estos objetivos, no importó ensuciar la religión, sino que por el contrario en ella se apoyaron para consumar sus ambiciones.
Establecidas las colonias, los países dominantes se dedicaron con avidez a explotar los territorios dominados y abusar de los vencidos. En nuestro país, fueron 300 años de padecimientos sin cuento, hasta que sobrevino la guerra de independencia. Pero aún este noble movimiento se impulsó por el afán de autoridad: los criollos, hijos de europeos, que ambicionaban las posesiones de los peninsulares, querían conquistar el poder, y desde luego administrar la riqueza. Los mestizos, clase social creciente, no se quedaban atrás, y parte de ese rico botín debería quedar en sus manos. Las grandes masas desposeídas, indios y castas, querían libertad, tierras y modo de trabajar para mitigar su situación: esto implica poder y dinero.
Lograda la emancipación nacional, adoptado un sistema político republicano y federalista, los nacientes partidos políticos propugnaron luchas por el mando y a toda costa atraían a las clases pudientes, de donde saldrían recursos que sostendrían su porfía, para que de triunfar, prometían a sus tenedores, ser premiados con creces. Ahora, si no colaboraban voluntariamente, se les arrancaba sus riquezas y perderían casi todo, se ganara o no la causa.
Así llegamos a los ásperos enfrentamientos con el voraz gobierno del norte anglosajón, cuando en varias etapas fuimos despojados: de Tejas, de Arizona, Nuevo México y Colorado hasta Alta California; finalmente de la Mesilla. No hay que soslayar el desleal papel de muchos malos mexicanos en estas aciagas historias, pero aún ellos, alimentados siempre en su apátrida codicia por el poder y el dinero.
Sobrepasado ese tiempo amargo, en que incluimos la intervención francesa, volvieron los duelos entre liberales y conservadores: el objetivo de igual manera fue poder y dinero, ya que la guerra de Reforma supuso redistribuir la riqueza y reorganizar el poder. En el porfiriato, a título de la modernización nacional, lo que se registró fue el desposeer a los pueblos, privar de los derechos políticos a la población y hacer que imperaran los principios de “mucha administración y poca política”, lo cual presupone que unos cuantos ejercían el poder y otros pocos, se encargaban de agenciar la riqueza.
Estalló la revolución, y su enseña de sufragio efectivo no reelección, así como de justicia social y la divisa de que la tierra sería para el que la trabaje, tuvo su lugar y caminó con base en poder y dinero.
Así se llegó a la segunda parte del siglo pasado. La república estaba organizada y a las demandas socio políticas, se les buscó una pulida solución. El gobierno emanado del partido de la revolución institucionalizada aplicó mucho de lo que criticó a Porfirio Díaz. Repartía dinero y daba migajas de poder para mantener la gobernanza.
Los tres poderes constitucionales y los municipios, conforme nuestra tripartita división política, crearon una burocracia cada vez más pesada, pero siempre consentida. La administración descentralizada y la de índole desconcentrado, fueron incrementándose, engulléndose calladamente gruesa tajada del presupuesto. Y parecía que todo marchaba en sana calma.
Con el nuevo milenio, se hicieron más concesiones y ajustes. Allí surgieron organismos, técnicos o de índole ciudadano, que buscando resolver problemas de fondo, cometieron el grave error de creer que honradez, capacidad, independencia y vocación de servicio, se lograba con grandes sueldos y prestaciones.
De esa manera, los jueces y magistrados, incluidos ministros de justicia, se blindaron con enormes estipendios: supuestamente así se ganaría la lucha contra la corrupción, lo cual fue una monumental falla, ya que aquella reside en la sustentación de valores. Y cada que se autorizó crear un organismo especializado, se dotó a sus integrantes de formidables alcances. Esto convirtió en un objetivo dorado para los cientos de aspirantes a cada cargo público, el lograr quedarse en alguno de ellos: ser magistrado, parte de algún instituto ciudadanizado, técnico o de creación reciente, garantiza poseer elevados ingresos y dorados privilegios.
Al llegar a la segunda década del corriente siglo, la corrupción se había desbordado. Los órganos autónomos, los de índole independiente o ciudadano, y aún los de la administración directa, se habían dado todo género de autoprotecciones, presentando diferencias notorias especialmente si se comparaban con empleados, trabajadores y servidores del común en cualesquier sector. De allí frases como “gobierno rico y pueblo pobre” en un sistema desprovisto de eficaz rendición de cuentas.
Como a cada problema o reclamo social, se le dieron respuestas a modo y a medias, en no pocas veces la solución solo era un gatopardismo evidente. El IFE, de buen inicio, se flexionó al volverse centralista como INE y no detectar violaciones electorales tan incuestionables como el sol. El INAI, con evidente buen objetivo, se desdibujó y cerró los ojos en casos como Odebrecht y muchos otros tan sonados como las guarderías ABC, el caso Ayotzinapa, etc. Y así la inmensa mayoría de nuevos entes, por lo general nidales para recomendados y protegidos.
Por ello se dio la nación una oportunidad en 2018. El priísmo “renovado” había sido incapaz de detener la corrupción, la impunidad, hipocresía y el abuso. El panismo fue un fallido paso al margen que acomodó el regreso del ogro, y éste como era previsible, hundió a la nación en casi todas sus áreas. No habiendo otra opción, la mayoría sufragante decidió dar la alternativa a una tercera vía, y esta fundamentó su esfuerzo en mejorar a los pobres, separar al poder económico del político, aligerar el lento aparato burocrático, reestructurar las nervaturas esenciales del país y crear una Cuarta Transformación de la República, la Cuatro T. Su base es el combate a la corrupción y su lema la austeridad.
Y aquí comenzaron de nueva cuenta los desencuentros. La austeridad se contradice con la vida fácil, muelle, que se han dado los altos funcionarios, los políticos poderosos, los líderes venales, y hasta los empresarios compinches. El primer mandatario puso la muestra y se rebajó por mitad su salario, así como el de los colaboradores directos de su gobierno. Agregó cortantes bajas de prestaciones onerosas. Y llevó las reformas a la Constitución Federal, para que fueran parejas.
En ese momento aparecieron verdaderas rebeliones y disconformidades con la nueva política. Los dorados miembros del poder judicial se escudaron en nichos legales, que permiten conservar impúdicas remuneraciones. Siguiendo su ejemplo, los miembros de numerosos organismos acudieron al amparo, y desde luego, lograron el respaldo de quienes padecen del mismo vicio y son incapaces de curárselo.
El fundamento de esta situación es sencilla: los que riñen no perder sus privilegios, no están en el servicio público por vocación, sino por avaricia; no llegan por méritos sino por influencias. La Constitución está tijeretada y en cada recoveco se encuentran defensas para que la austeridad y los valores morales no se apliquen. De allí que sean tan ardientes defensores de los Fideicomisos, de los organismos autónomos, y de toda forma legal que les asegure prebendas.
Y lo que decimos para el orden federal, es perfectamente aplicable para los gobiernos del ámbito estatal o municipal. Y quizá en estos resulte peor porque los ejecutivos locales ni de lejos se parecen, en lo decidido y austero, al modo de ser del presidente.
Es indispensable se legisle a fondo sobre este tema. No debe haber organismos onerosísimos, ni servidores públicos vividores. La administración pública solo debe poseer los entes mínimos para cumplir sus fines, sujetos a la vocación de servicio al pueblo, apego a la modestia y alejados de la comodidad excesiva y la ostentación, con separación total del nepotismo, de la ineptitud, el compadrazgo y el influyentismo.
Debemos entender que el dinero solo debe representar el aspecto considerado para vivir con decencia, y el poder ha de ejercerse ceñidos a la ley y la moral. Ambos elementos son los que deberían determinar la conducta de todo servidor público: si la Constitución establece que nadie debe percibir más sueldo que el presidente de la república, lo que es justo sin alegaciones, entonces no deben pelear mezquinamente ingresos exagerados; quien tenga vocación de servicio, que se atenga a tal mandato y se ajuste a la austeridad con misticismo que debe caracterizar a todo buen servidor público.
Porque cuando vemos que quienes más defienden, hasta con chicanadas, ingresos descomunales, son jueces, magistrados, ministros y altos directivos de organismos autónomos, más aterrador aparece el horizonte de nuestra nación.
Ser empleado de gobierno es un honor, no oportunidad de abuso ni enriquecimiento. Enaltecer el servicio público es un paso que debe darse a la mayor brevedad, aunque genere rasguños, enojos y purgas; pero todo ello es indispensable para bien de la república y salud de la sociedad.
Abandonemos las batallas por atesorar prerrogativas; empeñemos nuestros esfuerzos en consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, servir a la comunidad, cumplir la ley y desterrar los desfiguros de la vida pública. Antepongamos el civismo y con ahínco, busquemos ser cada vez, mejores ciudadanos: por este sendero haremos cada día más grande a nuestra patria.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
Guillermo del Toro cumple su sueño: “Frankenstein” debuta en Venecia
Desaparecen objetos de valor en la SCJN; la oficina de Norma Piña, la más impactada
Premier League: goles, drama y polémica en jornada vibrante
¡Charros ‘arrebata’ juego a Laguna y va a la Serie de Campeonato!
