OPINIÓN
La parálisis del Poder Judicial: Estado sin justicia
Opinión no pedida, por Armando Morquecho Camacho //
Según Montesquieu, en su tratado Del Espíritu de las Leyes, el Estado existe con la finalidad de proteger a los ciudadanos de otros ciudadanos, y en virtud de ello, las personas sacrifican una completa libertad por la seguridad de no ser afectados en su vida, integridad, libertad y propiedad.
Aunado a esto, también señala que la mera existencia del Estado no garantiza la defensa de los derechos de las personas, ya que en muchas ocasiones, los gobernados no se encuentran protegidos frente al mismo Estado que fácil e impunemente, podría oprimir a éste.
Derivado de lo anterior, el pensador francés redujo las funciones del Estado a las más necesarias para proteger al gobernado: dar leyes, poner en práctica las leyes y la administración del aparato de gobierno, funciones que en algún momento fueron monopolizadas por una sola entidad durante el Antiguo Régimen.
El propósito de generar estas divisiones en la forma de gobierno del Estado era evitar que el poder se concentrara en una sola persona o un grupo restringido de personas:
‘’para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que, mediante la disposición de las cosas, el poder detenga el poder. ’’
La división de poderes, a mi gusto, es el pilar de cualquier sistema político cuyas bases sean la democracia, la participación ciudadana, los derechos humanos y las libertades, sin un sistema de pesos y contrapesos que contenga el poder y evite que este recaiga en una sola persona, probablemente en nuestra mente no habría espacio para las libertades o los derechos humanos, estos serían mitos y conceptos triviales.
No obstante, aunque este principio político implica una forma de gobierno en la que los poderes que integran el Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) son órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes, esto no implica que el engranaje del Estado no se va a ver afectado si uno de estos tres elementos deja de funcionar, ya que forman parte de un todo y el trabajo de cada uno de ellos es más que necesario para velar tanto por el Estado de Derecho, como por la importante tarea del Ejecutivo de garantizar la gobernabilidad del territorio.
Definitivamente, la pandemia del COVID-19 como le he mencionado, además de ser histórica, dejará marcada a toda una generación. Esta pandemia ha hecho que los sectores de la población más jóvenes se insensibilicen aun más ante la muerte, mientras que en temas políticos, en algunas otras regiones, ha destapado la faceta totalitaria y dictatorial de muchos gobernantes que con el pretexto de garantizar la salud pública, han sometido a sus ciudadanos a sistemas de monitoreo estatal constantes e indefinidos.
Ciertamente, México no ha sido la excepción, y esta crisis sanitaria, por un lado ha sacado a flote nuestros peores demonios: el egoísmo y el individualismo; y por otro lado, ha evidenciado las deficiencias funcionales y presupuestales alrededor de ciertos sistemas que se encargan de brindar servicios públicos esenciales, tales como la salud y la justicia.
En el caso del sistema de justicia, la pandemia no solo ha evidenciado una gran falta de infraestructura administrativa y una enorme y letal falta de coordinación dentro del Poder Judicial, sino también una preocupante falta de voluntad de este poder, para impulsar una más que necesaria transición a un sistema de justicia digital a través del cual, adaptándose a la modernidad y a las necesidades de la era, se pueda garantizar el principio constitucional que indica que ésta debe ser pronta y expedita.
Sin lugar a duda, la impartición de justicia es probablemente una de las funciones públicas más importantes del Estado. El ejercicio de esta función auxilia de forma preponderante a la preservación del Estado de Derecho y la seguridad Jurídica, las cuales, después de realizar una ecuación social, dan como resultado un sistema de orden y estabilidad social que brinda certidumbre jurídica a todos los gobernados sin excepción alguna.
Es por ello, que el caso en particular de nuestro estado resulta alarmante, ya que mientras el Ejecutivo, en todos sus niveles (federal, estatal y municipal), a lo largo de un año, ha realizado todo un esfuerzo administrativo y económico para mantener en operación servicios públicos como los que brindan el registro civil y catastro, o en su defecto, servicios públicos fundamentales como lo son, la recolección de basura, transporte público entre otros, el Poder Judicial tomó la decisión de cerrar su puertas y privar a toda la población del acceso a la justicia, sometiendo así al Estado y su forma de gobierno a un gran desequilibrio social y constitucional.
¿Quién decidió que un divorcio puede esperar? ¿Quién determinó que una viuda que vive de sus rentas puede esperar un año para recoger sus billetes de depósito? ¿Quién creyó que la reivindicación de un predio no afecta a nadie y que por ende puede esperar a que la vida regrese a la normalidad? ¿Cómo decidieron que los herederos que necesitan vender algún bien para sobrevivir pueden esperar un año o más? Peor aun… ¿Quién decidió que un estado puede vivir sin justicia?
Es en virtud de lo anterior, que se está comentiendo un grave error al ver en estos tres poderes, entes autárquicos; esto además de ser paradójico, es una verdadera contradicción a los principios que constituyen nuestra democracia y nuestro sistema de pesos y contrapesos.
Si bien es cierto que su autonomía debe representar un muro para el autoritarismo, también es cierto que ésta no les da la libertad de consolidar un monopolio alrededor de sus funciones, ni mucho menos los faculta para decidir cuándo una sociedad necesita justicia y cuando no la necesita.
El Estado es un todo y estos tres poderes, incluyendo el judicial, forman parte de un engranaje que debe de funcionar con una coordinación perfecta, de tal manera que la sociedad pueda seguir su rumbo y que se pueda garantizar un equilibrio de carácter constitucional que de forma y rumbo a la idea de Estado moderno y de libertades.
Es así que ante esta profunda crisis de justicia que vive Jalisco, es necesario tener presentes 3 ideas: primero, que la grandeza de una democracia radica en la fortaleza de sus órganos encargados de impartir justicia; segundo, que tal y como lo señaló Lucio Anneo Séneca, político, orador y escritor romano: nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía; y tercero, tal y como lo mencionó Nicolás Maquiavelo: todos los Estados bien gobernados, y todos los príncipes inteligentes han tenido siempre el cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento.
El dia de hoy el Poder Judicial reanudará sus actividades, sin embargo, debemos tener presente que ni Jalisco ni México han visto lo peor de esta pandemia aún, las variaciones del virus están cada vez más cerca y con ellas se ve a lo lejos un nuevo encierro, y ante este panorama no queda más que esperar que los miembros de este órgano sean conscientes del daño y la inestabilidad a la que la inactividad judicial somete tanto al Estado como a sus gobernados, y que en el futuro, priocricen su actividad como una de las más sustanciales que el Estado tiene a su alcance.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
Guillermo del Toro cumple su sueño: “Frankenstein” debuta en Venecia
Desaparecen objetos de valor en la SCJN; la oficina de Norma Piña, la más impactada
Premier League: goles, drama y polémica en jornada vibrante
¡Charros ‘arrebata’ juego a Laguna y va a la Serie de Campeonato!
