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OPINIÓN

El fortalecimiento de la democracia: El reto, la participación ciudadana

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Opinión no pedida, por Armando Morquecho Camacho //

En más de una ocasión en este espacio he hecho referencia de la importancia que tiene el contenido del Artículo 3, fracción segunda, inciso a) de la Constitución de nuestro país, el cual, señala que el criterio que orientará a la educación, además de basarse en los resultados del progreso científico y en la constante lucha para erradicar la ignorancia y sus efectos, será democrático.

A su vez, el artículo en cuestión también establece que ese criterio democrático que regirá la vida educativa de México no solamente se debe de entender como una estructura jurídica y un régimen político, sino también como un sistema de vida fundando en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Sin lugar a duda, el hecho de que nuestra constitución califique de una manera tan clara y precisa a la democracia como un sistema de vida nos deja a nosotros como ciudadanos mucho para reflexionar sobre la vida política de México y sobre la importancia de nuestra participación en ella, y si esto lo analizamos a la luz de los resultados electorales que nos arrojaron las elecciones más grandes e importantes en la historia del país, tenemos aún más que reflexionar.

Como ya todos saben, el pasado domingo se llevó a cabo un proceso electoral más en la vida política de nuestro país y de nuestro estado, en este proceso, se disputaron 15 gubernaturas, 923 presidencias municipales, 14,222 regidurías, y otros cargos más.

Pero, aunque nada me gustaría más que analizar como tal los resultados y al mismo tiempo, hablar de los perdedores y de los ganadores, el día de hoy considero que debemos aprovechar este espacio para hablar de algo que supera por completo a los ganadores y perdedores: la participación ciudadana y los retos que están por venir.

No sé ustedes, pero más allá de los resultados, a su servidor, lo que más le generó motivación y optimismo de las elecciones celebradas el domingo pasado, fue la cantidad de personas que con responsabilidad y total apego a las medidas sanitarias se dieron a la tarea de salir a cumplir con su deber cívico.

Aunque si es algo digno de admirar y es algo digno de reconocer a la ciudadanía, creo que tampoco podemos sentirnos sorprendidos, creo a que diferencia del 2018, en esta ocasión la mayoría de los candidatos y de los partidos se tomaron en serio hablar de la importancia del voto, y aunque hay mucho que criticar de la estrategia, muchos se esforzaron por usar las redes sociales como medios masivos de capacitación electoral para toda la ciudadanía.

En TikTok, el INE se dio a la tarea de explicar a los votantes más jóvenes no solo cómo tachar la boleta, sino también, les explicó cómo funcionan electoralmente los votos que decidimos darle a partidos que van en coalición.

Por su parte, en Twitter y Facebook, pudimos observar no solo información sobre el famoso voto útil, sino también que pudimos encontrar información verdaderamente útil para ubicar de manera precisa casillas, lo cual, estoy seguro, sacó de apuros a muchas personas, especialmente, a aquellos que estaban frente a su primera elección.

Pero esto es solo a grandes rasgos, y como lo comenté anteriormente, el día de hoy, más que profundizar en esos aspectos, quiero compartirles mi reflexión acerca de la participación ciudadana.

Sí, es alentador el hecho de que tantos ciudadanos se comprometieran con las causas políticas de México, pero ciertamente, la tarea no terminó el domingo a las 18:00 horas, al contrario, el domingo fue solamente el comienzo de una serie de responsabilidades que devienen de la selección de nuestros representantes en los espacios más importantes de la vida pública de México.

Por ello, frente a un contexto político tan polarizado y violento, creo que hoy más que nunca es importante que entendamos tanto nosotros, los ciudadanos, como los partidos políticos de gobierno y de oposición, en su papel de representantes, que la ciudadanía y la democracia no son conceptos o ideales que únicamente debemos poner en práctica cada 3 años en las urnas cuando queremos castigar a algún político o partido, la democracia y la ciudadanía se practican todos los días, incluso, hasta en los festivos.

Es así, que independientemente de quién ganó o quién perdió, todos debemos poner un granito de arena para que estos tan importantes ejercicios de participación ciudadana y democracia no solo se fortalezcan, sino que se repliquen en todos los aspectos de nuestras vidas, abriéndole camino así a una verdadera cultura democrática y participativa.

Asimismo, si queremos comprometernos realmente con la cultura democrática y cívica, creo que todos, sin excepción alguna debemos comenzar a desprendernos por completo de las filias y las fobias, ya que estos dos factores probablemente deterioran más de lo que creemos nuestros sistemas políticos, toda vez que a través de ellos, nace la peligrosa cultura del voto de castigo que orilla a la ciudadanía a tomar decisiones basadas en impulsos y emociones negativas, alejándose por completo de la racionalidad.

Aunado a esto, debemos entender que criticar a una administración y ser observadores constantes de su actuar es una condición obligatoria tanto de los valores cívicos, participativos y políticos, como de nuestro compromiso con los ideales democráticos que sostienen nuestro país, pero para lograr esto debemos dar un paso adelante y entender que esta condición de observancia y cuestionamiento no puede ni debe estar sujeta jamás a nuestras simpatías políticas.

México enfrenta un momento político bastante complejo y sí, probablemente haya mucho que cuestionar de las elecciones del domingo, ciertamente podemos pasar horas hablando acerca de si la gente votó o no por la mejor opción o si votaron o no dominados por el odio y el miedo, pero creo que por lo menos un momento en debemos olvidarnos de lo negativo para poder observar la luz al final del túnel.

El domingo pasado a la gente le importó el proceso electoral y millones de mexicanos salieron a votar convencidos de que su voto cuenta y que éste, puede definir el rumbo de México, así que no permitan que les digan lo contrario: el domingo, en cuanto a participación ciudadana, dimos un gran paso dándole al proceso electoral la seriedad que se merece.

Ahora sigue esforzarnos por demostrar que la democracia y la participación ciudadana se hacen todos los días: se hacen de lunes a domingo desde los ayuntamientos y sus cabildos, desde el Congreso del Estado y de la Unión, se hace desde Casa Jalisco y Palacio Nacional, se hace desde los partidos políticos y se hace desde las calles.

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

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NACIONALES

Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

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– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín

UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.

No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.

A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.

Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.

El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.

Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.

En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.

Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.

Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.

Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.

En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.

Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.

La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.

Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.

Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.

Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.

Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.

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JALISCO

¿Legalidad? pero sin integridad

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– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza

¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.

Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.

Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.

Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.

La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.

Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.

Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.

En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.

Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.

La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.

El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.

A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.

Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.

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