OPINIÓN
El ataque de la variante Delta: Tercera ola ¿qué aprendimos?
Opinión no pedida, por Armando Morquecho Camacho //
Hace unos meses, en febrero, para ser más especifico, mientras gobiernos y ciudadanos comenzaban a dar unos pasos hacia el autoengaño y caían en la falsa sensación de seguridad que generaba la promesa de una vacuna contra el COVID-19, el médico Ashish K. Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, señalaba en su columna para el Washington Post, que debido a las nuevas cepas del coronavirus que comenzaban a surgir, podría haber, en todo el mundo, dificultades para controlar la pandemia.
El Dr. Kumar señalaba que las nuevas cepas eran un poderoso recordatorio de que todos, tanto autoridades como ciudadanos, debíamos permanecer vigilantes en la lucha contra el virus, ya que con todo y una vacuna, si el virus no era controlado en todas partes, podríamos estar en serios problemas.
Asimismo, señalaba que en los lugares en donde los brotes son contenidos con efectividad, las posibilidades de mutaciones eran similares a las posibilidades que tiene el Atlas de ser campeón, y en el remoto caso de que éstas sí se generen, de igual manera sería muy poco probable que se propaguen, pero en los países en los que la infección se encuentra fuera de control, las mutaciones tienen altas posibilidades para establecerse en el entorno y mutar a versiones aun más letales.
Por ello, lo que más llama la atención de la tercera ola que está inundando nuestras calles, nuestros hospitales, nuestros bares y nuestros antros, es que los patrones se están repitiendo y al igual que en el 2020, los líderes mundiales están haciendo caso omiso de la información que la comunidad científica está poniendo a su disposición, tal y como sucedió a finales del 2019 cuando un virus comenzaba a causar problemas en una ciudad de China.
En más de una ocasión, al inicio de la pandemia, muchas personas, y me incluyó, señalaron que esta pandemia no solo traía consigo tragedia, sino que también traía lecciones invaluables que serían de gran ayuda para enfrentar las próximas pandemias (nadie dijo olas), incluso, Yuval Noah Harari, señaló, al inicio, que esta pandemia era una oportunidad para unir naciones a través del intercambio de información fundamental y conocimiento, para así poder diseñar agendas bilaterales en aras del bien común.
Pero al ver la manera tan individualista en la que se llevó a cabo la estrategia de vacunación, es posible contemplar cómo a todas las naciones se les olvidó por completo considerar que en un mundo tan conectado como el nuestro, todos formamos parte de un todo y tarde o temprano, las fronteras serán superadas y los brotes descontrolados en otros países, terminarán por conducir a una variante más agresiva que sea resistente a las vacunas en todo el mundo.
Tal y como indican las leyes de Newton, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, y después de una feroz carrera por acaparar vacunas, mientras que las campañas de vacunación se comienzan a quedar atrás y los casos, una vez más, comienzan a aumentar, la variante Delta avanza y se vuelve omnipresente.
Ahora, esta variante supercontagiosa, según las estadísticas, es responsable de uno de cada cinco contagios de COVID-19 en Estados Unidos, y su prevalencia se duplicó en las ultimas dos semanas y aun cuando los casos de contagio y las muertes han bajado por la campaña de vacunación, no está claro cuántos problemas puede generar, sobre todo, en la población que no se quiere vacunar y que es victima de campañas de desinformación alrededor de redes sociales.
Mientras tanto, en México, no nos quedamos atrás, ya que esta variante está impactando principalmente a los jóvenes de entre 20 y 39 años que aun no son vacunados.
Hasta el momento, en todo el territorio nacional hay más de 485 casos positivos de la variante Delta y se ha acelerado su presencia en entidades como Baja California Sur, ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Sinaloa.
Sin lugar a duda, esta situación debe llamar la atención de nuestras autoridades, ya que si en Estados Unidos, donde la campaña de vacunación que está en otro nivel que la nuestra, la variante Delta prende los focos rojos, en México, con un porcentaje de vacunación tan bajo, debería ser aun más alarmante.
En general, los estragos del efecto dominó que han generado tanto la omisión y el individualismo nacional, como la relajación, irresponsabilidad e indiferencia ciudadana son cada vez más graves y a medida que las cifras aumentan, muchos líderes mundiales se han visto en la necesidad de replantearse de nueva cuenta la estrategia con la que están enfrentando la pandemia.
No obstante, las cosas difícilmente van a cambiar mientras los países continúen apostando por estrategias que tienden a volver obligatoria la vacuna, a poner restricciones de movilidad y a cancelar vuelos.
La lucha contra el COVID-19 debe ser en conjunto, de hecho, siempre ha debido ser así, ya que el éxito de esta lucha, depende de lo que hagamos cada uno de nosotros, tanto autoridad como ciudadanos.
En el caso de la autoridad, es momento de que se entienda las cosas difícilmente van a cambiar si se continúan apostando por estrategias que tienden por hacer obligatoria la vacuna, por poner restricciones de movilidad y por cancelar vuelos, estas medidas solo ofrecen alivios temporales.
También, es necesario dejar de lado esa estrategia de combate tan individualista, para poder comenzar a sumar esfuerzo globales que permitan, de manera equitativa, que se expanda el muestreo genómico de tal forma que todos los países, en la medida de sus posibilidades, puedan comprender de mejor manera la dinámica de infección para así, diseñar estrategias de prevención y vacunación eficientes y listas para hacerle frente a los brotes de las nuevas variantes.
Pero, tal y como lo mencioné, esto es trabajo de todos, y si bien es cierto que la relajación de algunas medidas se dieron por determinaciones gubernamentales, también es cierto que a muchos ciudadanos simplemente nunca les ha importado la pandemia, especialmente a los jóvenes, que desde el día uno, han buscado la manera de mantener su tan cotizada vida social activa de una forma u otra.
En ese sentido, la mejor forma que existe para cerrar la pinza de cualquier estrategia gubernamental, es la corresponsabilidad ciudadana, sin esto, en realidad no importa si las naciones y la comunidad científica logran ponerse de acuerdo para construir una agenda global de combate contra el COVID-19 y sus variantes, sin la voluntad ciudadana no se puede llegar muy lejos.
La vida debe de seguir, es cierto. Un cierre de la economía debido a la tercera ola sería letal, también es cierto. Eso no se discute. Pero lo que tampoco se discute, es que somos tan culpables de la nueva variante Delta, como el gobierno y su poca capacidad de reacción ante los hechos.
El cubrebocas y la sana distancia, sí salvan vidas y el esfuerzo ciudadano por seguir estas medidas le puede poner un alto a esas variantes que pueden tirar a la basura el trabajo de un año y medio.
Strana puede esperar, los pacientes graves en el Hospital General Regional 110 no.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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