OPINIÓN
Invierten en infraestructura 1.2 billones: Crece la inversión pública en EEUU y la adopción de criptomonedas
Economía Global, por Alberto Gómez R. //
El sábado 7 de agosto, el ambicioso plan de infraestructura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un gran paso. Gracias al amplio apoyo de demócratas y republicanos, el plan de inversión en infraestructuras de 1,2 billones de dólares presentado como «histórico» por Joe Biden superó el sábado una etapa clave en el Senado estadounidense, donde su aprobación parece garantizada antes de ser enviada a la Cámara de Representantes.
En total son 1,2 billones de dólares -el equivalente al Producto Interno Bruto de España en 2020- si se incluye la reorientación de otros fondos gubernamentales existentes. (AFP)
Esto se suma al rescate de 1,9 billones de dólares por los efectos de la pandemia, firmado por Biden en marzo pasado, al tiempo que solicitaba el apoyo para hacer otra gran inversión en la economía del país, esta vez para resolver problemas más estructurales que, a su juicio, lastran el potencial de Estados Unidos frente a potencias como China.
“Esta es la mayor inversión en empleos en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial”, subrayó Biden.
“Creará millones de empleos bien pagados que harán crecer la economía, nos harán más competitivos en todo el mundo, promoverán nuestros intereses de seguridad nacional y nos pondrán rumbo a ganar la competición global con China en los próximos años”, añadió. (EFE)
La financiación de buena parte del plan económico de Biden se centra en el aumento de las tasas impositivas a las corporaciones, y obligar a grandes empresas del país a pagar algo de impuestos, al imponer una tasa mínima del 15 % en sus ingresos y gravar algunos de sus ingresos en el extranjero.
“Amazon y otras compañías no pagan ni un solo centavo de impuestos federales por sus ingresos. Eso, sencillamente, está mal. Y voy a ponerle fin”, prometió Biden.
Algunos expertos también han expresado dudas sobre los cálculos de la Casa Blanca, que afirma que las inversiones del plan durarán ocho años, pero se tardará casi el doble -15 años- en recolectar a través de los impuestos los fondos necesarios para financiarlo. (latimes.com)
Sin embargo, esos billones de dólares ya en circulación, son producto de la emisión de deuda del gobierno, tanto de bonos como de la impresión de dólares, en tanto se logran aprobar nuevas formas de recaudación fiscal, pero por lo pronto ya una gran cantidad de dinero ha sido emitida a empresas y estadounidenses a través de sus cuentas bancarias, lo que han aprovechado mucho para invertir ese dinero gratis en algo que les pueda representar un valor futuro, como acciones en empresas disruptivas, sobre todo de nuevas tecnologías (IA, robótica, Blockchain, IoT, VANT, realidad virtual y aumentada…), proyectos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) o criptomonedas, ya sea para hacer “hodling” (la acción de conservar las criptomonedas a largo plazo), “trading” (se basa en realizar operaciones de compra–venta en el mercado de forma activa y constante, con el objetivo de obtener ganancias de dichas operaciones) o en minería digital “cloud mining” (minar criptomonedas aunque no dispongan de recursos para costear los equipos de minería necesarios. Sino más bien, que pueden alquilar el poder de cómputo a las empresas que sí poseen dichos equipos. Por lo que el proceso de minería se realiza desde un centro de datos operado de forma remota).
La minería digital es la manera más segura de invertir en cripto, ya que la obtención de recompensas –fracciones de criptomonedas- no está sujeta al precio, sino al poder de cómputo necesario para validar las operaciones criptográficas en la red blockchain de Bitcoin, por ejemplo.
Acorde a las más recientes encuestas realizadas por empresas especializadas, entre el 13% y 17% de los estadounidenses han invertido ya en criptomonedas, lideradas por el Bitcoin (BTC). Todo el crecimiento en este tipo de inversiones se ha disparado desde marzo del 2020.
A pesar de que casi todos los inversionistas perciben a Bitcoin como una inversión arriesgada, el porcentaje de las personas con esta opinión ha disminuido 20% en tres años. Según Gallup, esto podría deberse en parte, a que empresas como Tesla, Square y Morgan Stanley han apostado a realizar grandes inversiones en Bitcoin.
El crecimiento del interés por el mundo cripto y su ecosistema es exponencial. Una encuesta de Mastercard revela que el 40% de los encuestados tiene la intención de utilizar criptomonedas para realizar pagos el próximo año.
La encuesta, publicada el 4 de mayo y titulada «El apetito de los consumidores por los pagos digitales despega», encuestó a más de 15,500 personas de 18 países.
Reveló que los millennials están especialmente comprometidos con las criptomonedas; más de dos tercios, o el 67%, está de acuerdo en que están más abiertos a usar criptomonedas que hace un año. Además, informó que el 77% de los millennials están interesados en aprender más sobre las criptomonedas, mientras que el 75% está de acuerdo en que usarían los activos digitales si los entendieran mejor. (cointelegraph.com)
Durante el 2021 se han instalado más de 10,000 nuevos cripto cajeros automáticos en todo el mundo, siendo Estados Unidos el país con más cantidad en funcionamiento.
El aumento de la adopción de las criptomonedas en los últimos años viene acompañado de un gran crecimiento en la instalación de estos cajeros automáticos de criptomonedas a nivel global. Según los últimos datos de Coin ATM Radar, la instalación de cajeros automáticos de criptomonedas en 2021 ha experimentado un aumento del 71,73%, pasando de 13,989 el 1° de enero a 24,099 el 27 de julio.
Durante el 2020, el recuento mundial aumentó a 13,989 cajeros automáticos con un crecimiento del 119,56% después de que se instalaran 7,620 máquinas nuevas. En lo que va de 2021 se han instalado 10,110 cajeros automáticos. Los datos sugieren que los cripto cajeros automáticos se están instalando a una velocidad de aproximadamente 48,6 cajeros automáticos por día.
Los cajeros automáticos de Bitcoin (o BTM, si lo desea) se están convirtiendo gradualmente en uno de los medios más populares para comprar criptomonedas. Desde que se abrió la primera BTM del mundo en Vancouver en 2013, ha habido una ola de instalaciones de cajeros automáticos a nivel global, esto a medida que el mercado se ha expandido considerablemente.
En estos cajeros se pueden realizar distintas operaciones de la criptomoneda, tal como depósitos, retiros de efectivo y transferencias de fondos. Además, los cajeros pueden conectar a los usuarios al exchange, es decir el intercambio mediante la compra o venta de bitcoins.
La instalación y uso de estos cajeros continuará creciendo por su practicidad, seguridad y facilidad, siendo en algunos países en vías de desarrollo un excelente medio para la mejor distribución de la riqueza, así como un medio efectivo y rápido para el envío de remesas, con la gran ventaja de pagar muy bajas comisiones, lo que promete convertirse en una importante herramienta para la descentralización del dinero en beneficio de las clases socioeconómicas más desprotegidas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
