OPINIÓN
Deuda opaca
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En mayo del 2021 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó un estudio titulado “Hablemos de la deuda”, elaborado fundamentalmente con datos de la Secretaría de Hacienda y el INEGI, el cual documenta los niveles de endeudamiento que presentan los estados y municipios del país, arrojando datos que a cualquier mortal, habitante de las entidades federativas más endeudadas, nos impresionan.
Resalta el alto nivel de endeudamiento que algunos ayuntamientos tienen, lo que no debe asustar en el caso de municipios con suficiente actividad económica, no así con los que tienen menor población y actividades económicas menos redituables.
Lo que sí nos debe asustar y exigir que se componga, es la falta de transparencia en el manejo de la deuda pública y la discrecionalidad con la que aparentemente se maneja. La deuda se convierte en problema cuando gran parte de los ingresos que se obtienen por esa vía son con vencimientos de corto plazo y se destinan generalmente al gasto corriente, contraviniendo lo dispuesto en la legislación correspondiente.
Si bien existen controles sobre la deuda de Estados y municipios, como el Registro Único y el Sistema de alertas que maneja la Secretaría de Hacienda, así como la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios, estos instrumentos resultan inútiles ante la falta de un seguimiento al uso de la deuda contraída y la opacidad con que las entidades y municipios ejercen estos recursos. Los Congresos estatales, son usualmente complacientes con el poder ejecutivo estatal, cuando somete a su consideración la posibilidad de endeudarse, pero además de la complacencia, también son omisos, o remisos, en la supervisión de que los recursos que autoriza sean bien utilizados.
Según el estudio citado, las entidades con mayor nivel de endeudamiento son: Ciudad de México con 87,736 millones de pesos, Nuevo León con 85,229, Chihuahua 50,790, Estado de México 52,448, Veracruz 45,707, Jalisco 35,615, Sonora 29,271, Quintana Roo 23.669, Michoacán 21,020, y Chiapas con 20,694. En estas cifras van incluidas las deudas de sus ayuntamientos.
Los 10 municipios más endeudados del país al cierre de 2020: Tijuana Baja California 2,605.9 millones, Monterrey Nuevo León 1,968.5, Hermosillo Sonora 1,815.3, Guadalajara Jalisco 1,652.4, León Guanajuato 1,076.1, Nogales Sonora 990.5, Benito Juárez Quintana Roo 971.0, Zapopan Jalisco 964.7, San Nicolás de los Garza Nuevo León 961.0, Mexicali Baja California 934.9.
Como se puede apreciar, son los municipios con mayor urbanización y población los que registran los más altos niveles, en total, 50 municipios con más de 800 mil habitantes contrataron el 58% de la deuda mientras que 570 con poblaciones promedio de 65 mil habitantes contrataron el resto y 1,821 municipios no contrataron ninguna deuda o no la reportaron.
En esta danza de cifras, cabe preguntarse qué fue lo que se hizo con ese dinero, ¿por qué la población sigue manifestando carencias en los servicios públicos y falta de infraestructura?, ¿por qué persiste la sospecha de que ese dinero fue desviado?
Es precisamente por la falta de transparencia. Porque no hay información puntual de hacia donde fue cada peso y si el objetivo para el cual fue solicitado se logró o su grado de avance.
Alguien tiene que explicar y transparentar porqué en Jalisco la deuda creció, en un año 33.8% contratando deuda por 8,995 millones de pesos. El paraguas de la emergencia sanitaria no basta si no se detalla el gasto. Igualmente alguien debe responder en San Luis Potosí por haber crecido en un año su deuda en 1,102 millones, o en Colima por elevar la deuda en un 20.8% con 705 millones. Será el nuevo gobierno de Nuevo León el que investigue o pida explicación del porqué se llegó a que el saldo de la deuda signifique el 81% de los ingresos estimados, y en Sonora porqué la deuda creció en tan solo 18 años de 4,200 millones en 2003 a 29.2 mil millones en 2021, así también los presidentes municipales que arrastran deudas importantes como Guadalajara, Zapopan, Hermosillo, Nogales o Tijuana.
Los mecanismos e instituciones existentes para garantizar el buen uso y la racionalidad de la deuda, han resultado meros registradores, sin utilizar o generar medios de control y seguimiento.
De nada sirve que la autoridad hacendaria registre los créditos y lance alertas sobre el nivel de endeudamiento, si la verdadera función debiera ser que se vigile que los créditos contratados se utilicen en el fin para el que fueron solicitados y que no se estén destinando al gasto corriente o desviando a actividades partidistas.
Dejar esa función en manos de los congresos estatales resulta ocioso pues no cuentan con la capacidad para hacerlo y en muchas ocasiones, ni con la voluntad política, sea por conveniencia o por mediatización, de dar un seguimiento aunque fuera superficial, al ejercicio de los recursos. Tanto autoridades hacendarias como los congresos estatales son virtuales cómplices de los desvíos, supuestos o reales, que pudiera haber, pues no solamente solapan el endeudamiento creciente sino que también al no generar los mecanismos de transparencia e información al público y a las instituciones sobre el fin de los recursos obtenidos, pecan de omisión e irresponsabilidad. El nivel de endeudamiento de la mayoría de las entidades resulta hasta ahora manejable y no es un peligro para las finanzas, pero sí lo son, para la sociedad, la opacidad, la discrecionalidad, y la irresponsabilidad de quienes debiendo vigilar son omisos y complacientes.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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