Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Desde hace varias décadas el tema de traer o no al país los restos del expresidente de México, el general Porfirio Díaz Mori, ha sido tema de muchas controversias. En la mañanera del viernes 30 de mayo, se suscitó ese añejo asunto, y la presidenta prefirió que, inicialmente, fuese el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, quien abordara la cuestión.

A las primeras y muy seguro, el funcionario objetó que los restos del dictador de origen oaxaqueño (por cierto, con ascendencia jalisciense, pues su progenitor fue Rafael Díaz de León, oriundo de Encarnación de Díaz) fuesen repatriados a México, lo cual enlazó a un reprobable regreso del neoporfirismo, que es igual al neoliberalismo que imperó en la República desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto.

El maestro y antropólogo que jefatura el INAH, enfatizó: “Yo creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión, esos nunca. Yo creo que no es algo que importe al Estado mexicano, que el pueblo esté deseando. […] Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz.”

Forzada a intervenir, la primera mandataria, Claudia Sheinbaum, afirmó: «Lo que coincido con el maestro es que no regrese el porfirismo; lo demás puede debatirse, sería un buen debate”.

Dos días antes de esas opiniones, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, se llevó a cabo la presentación del libro “Un general charro en el porfiriato”, cuyo autor es el cronista municipal de San Miguel el Alto, nuestro bellísimo pueblo afamado por sus hermosas mujeres, sus gallardos varones y sus edificaciones de cantera, entre otras virtudes de que hace gala.

Esa población es cuna de jaliscienses muy distinguidos, como el afamado tribuno José María Lozano (miembro del célebre cuadrilátero de oradores mexicanos que integró junto a Nemesio García Naranjo, Querido Moheno y Francisco M. de Olaguibel), todos muy brillantes, pero con un error que los rebajó: haber colaborado con Victoriano Huerta.

El personaje central de la obra que mencionamos fue el sanmiguelense Francisco M. Ramírez (la eme es por la inicial del apellido materno, Martín y como permanente homenaje filial).

Nacido el 13 de diciembre de 1841, falleció en la capital federal el 13 de enero de 1920. Fue miembro de una típica familia mexicana, es decir profusa, devota, trabajadora y muy unida. Podemos precisar que las áreas en que Francisco M. Ramírez descolló notablemente fueron la castrense, la de pacificador al frente de las fuerzas rurales que creadas en 1861 bajo el presidente Juárez, se consolidaron con el Gral. Díaz al nombrarlo inspector general en 1887.

La siguiente faceta en que se distinguió fue la de orden político, ejerciendo cargos legislativos en Nuevo León y Aguascalientes; finalmente, quizás en la actividad en que mayores lauros conquistó fue en la filantropía, desplegando singulares acciones en distintas partes de México, pero sobresaliendo su carácter de benefactor en su tierra natal: San Miguel el Alto.

Como militar, participó en la Guerra de Reforma desde 1857, con el grado de alférez. Luchó contra la intervención francesa con galones de teniente de caballería y terminó como comandante de escuadrón, para de allí escalar jerarquías hasta que, fungiendo como coronel de caballería en 1881-1884, se le elevó al rango de general de brigada el último año mencionado, lo que se le ratificó, en pleno porfiriato, al ser nominado general de Brigada efectivo, el uno de enero de 1892. Así cumplió su rol como hombre de armas dentro del ejército nacional.

La otra faceta en que destacó este paisano nuestro fue la de la política. Siendo hombre de confianza para el régimen porfirista, se desempeñó como diputado en Monterrey, en 1892 y años después, fue legislador en el Estado de Aguascalientes en 1900. La entidad hidalguense también conoció de sus virtudes cívicas y allí ejerció el cargo de presidente de la Junta Patriótica estatal.

En cuanto a efectos políticos en Jalisco, fue destacado dirigente de grupos radicados en la capital nacional (Jalisco Libre y el Círculo Jalisciense), en donde unió esfuerzos al lado de José López Portillo y Rojas, Carlos F. de Landero, Alberto Robles Gil. El declive de su estrella en este ramo fue al mismo tiempo que comenzó el desnivel porfirista, ya no pudiendo ser diputado en 1908.

Hombre de a caballo, en todos sus cometidos, siempre impulsó las suertes equinas, es decir, las de la charrería. De allí que en septiembre de 1887 el mandatario Díaz lo designara inspector general de las Fuerzas Rurales de la Federación. En tal encomienda, será recordado en toda la nación.

Organizó y dotó de todo tipo de equipo a los rurales, los cuales fueron admirados a lo largo y ancho de México, con reconocimiento en diversos países, como en la exhibición que hicieron en Búfalo, Estados Unidos en 1901. Creó la escuela de tiro, las brillantes bandas musicales de la corporación, vistiendo de forma definitiva a sus efectivos con el traje de charro.

Desde luego que, al contribuir a la pacificación del país, las clases económicas y políticas, mucho lo apreciaron. En los viajes que realizaba por diversas áreas geográficas, era recibido con entusiasmo. Su pueblo natal y Guadalajara, en varias ocasiones lo ovacionaron.

Sin embargo, la marcha de los sucesos que llevaron al estallamiento de la revolución mexicana, y con ello a la liquidación del porfiriato, marcarían también la salida del Gral. Ramírez de las fuerzas rurales, lo cual llevó a cabo el 26 de junio de 1911.

Dentro de los beneficios que otorgó, sobresalen los que atañen a la educación. Son relevantes los dos centros escolares de San Miguel el Alto, iniciados a construir bajo sus auspicios en 1911 y terminados al año siguiente.

A la fecha aún funcionan y recuerdan el nombre de los padres del insigne filántropo: Gregorio Ramírez y Carmen Martín. Pero los donativos a su solar natal fueron diversos, desde el siglo XIX, en que regaló bancas para la plaza de armas en dos ocasiones y otros objetos para el lucimiento de la entonces villa alteña.

Por todo lo anterior, el autor del libro, licenciado Francisco Javier Sánchez Muñoz, fue muy felicitado. Él ya había publicado varios trabajos, siendo muy recordado el que dedicó al tribuno José María Lozano. En un mensaje de dicho cronista, dice: Este libro será de utilidad para investigadores, profesores, servidores públicos, sociedad en general y sobre todo para los alumnos de las escuelas…ojalá que estos se inspiren y sepan que las metas se logran con esfuerzo, dedicación y visión, como lo hizo Francisco M. Ramírez…

Esperamos que muchos jaliscienses, al margen de las pugnas ideológicas, sepan aquilatar los méritos de quienes, con su talento, elevación de miras y valor, forjaron la grandeza de Jalisco y de México.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El futuro de esta primera elección del Poder Judicial Federal será, sin duda, un completo desastre para la justicia en México. Esta ocurrencia de Morena, bien se dice, es una especie de venganza contra el Poder Judicial, al no haber sucumbido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, representa la oportunidad de tener a los ministros, magistrados y jueces federales rindiendo pleitesía a un partido político y no a una carrera judicial de vocación y servicio. Este cambio en la forma de elegir al Poder Judicial tendrá un costo muy alto para el país.

En este sentido y políticamente, esto es la consumación de la asunción del control de los poderes en México. Este 1 de junio de 2025, se desvanece la división de poderes que constitucionalmente mantenía contrapesos y equilibrios, más allá de lo difícil que será para la sociedad la brecha de aprendizaje y ejecución de 881 cargos del Poder Judicial federal, elegidos de manera popular bajo un entorno político adverso y descarado, para que un partido en el país tenga cargos judiciales.

Esta nueva elección, producto de una reforma constitucional imprecisa, con lagunas legales, controversial y criticada por muchos sectores de la ciudadanía, nos lleva a ejercer nuestro derecho al voto para elegir a ministros, magistrados y jueces federales en esta entidad federativa. Son decisiones que, sin duda, afectarán a la sociedad por décadas.

La democracia en el país se caracteriza por garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos para la toma de decisiones políticas que darán rumbo a la construcción de nuestra nación y a cómo queremos vivir en aras de la justicia, la legalidad y el Estado de derecho. La duda es si una elección popular de quienes impartirán justicia será lo justo para la ciudadanía o no.

El papel del Poder Judicial en México es la enorme responsabilidad de administrar justicia, interpretar las leyes y resolver las controversias de todo tipo. Su encargo principal es avalar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el país, así como proteger los derechos humanos y el respeto absoluto a la legalidad.

El nuevo reto para la llegada de los cargos judiciales será titánico e histórico para la impartición de justicia en la nación. Habremos de denunciar y exigir su salida del Poder Judicial cada vez que una de estas personas, elegidas por esta atípica elección, no sea capaz, idónea, o se le compruebe cualquier situación de falta de capacidad o de corrupción.

Que la voz con finalidad democrática suene a modo de libertad de expresión para depurar a todo aquel que llegue por encargos políticos, por haber pasado los filtros, pero sin ser una persona de ética y de vocación en su nuevo encargo. Eso también será nuestra responsabilidad civil, como la que nos llevó a elegir los cargos judiciales.

El tiempo dará la razón a quienes en su momento expresamos que la transición del sistema judicial no era lo mejor en materia de impartición de justicia para el país. Pasar de cargos que habían llegado por una meritoria carrera judicial a una elección de ciudadanos con aspiraciones personales o partidistas —en su mayoría postulados por grupos de poder para conseguir un ministro, magistrado o juez «a modo»— no es lo que la sociedad merece. El precio será caro y les costará a los mexicanos.

Sin embargo, lo que pasará es un retroceso histórico de más de treinta años, a cuando el partido en el poder tenía simuladamente tomado el Poder Judicial. Ya habíamos empezado con cargos de probada y meritoria carrera judicial; ahora, otra vez, tendremos como juez a integrantes de un grupo de poder que podrán sentenciar y decretar a favor de alguien. Eso es corrupción.

El voto de esta histórica y sin precedentes elección, que todos sabemos, sí fue coaccionado y direccionado por otros para imponer sus intereses políticos y personales de grupo. El ejercicio democrático fue orientado hacia los que están en el poder. Quien suscribe la presente opinión fue buscada por conocidos para asegurar votos mediante la imagen de mi credencial de votar, e invitada a charlas para que me contaran los beneficios de tener un “amigo” en el Poder Judicial.

Desde mis más de doce años litigando en tribunales y escribiendo opinión política, reafirmo: esto no va a ser nada bueno para la impartición de justicia ni para la sociedad.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Tuve una razón sencilla para no votar en la elección del Poder Judicial. No había un espacio en la boleta para el desacuerdo y yo no he estado de acuerdo con que los jueces, magistrados y ministros, así como la inquisición que habrá de juzgarlos, sean sujetos de elección popular. Además, no era un mandato del pueblo que hubiera sido conferido por el voto que llevó al poder a dos presidentes.

No existió en la campaña política de Andrés Manuel López Obrador, o en los postulados de su partido, una propuesta en tal sentido, como tampoco la hubo en la de Claudia Sheinbaum, antes al contrario, en el discurso inaugural de su administración López Obrador manifestó un total respeto al Poder Judicial, a la división de poderes, y fue la deriva mesiánica del ejercicio del poder lo que lo llevó a eliminar, por capricho, los contrapesos institucionales y finalmente, la estructura judicial que trató de impedir el abuso del poder, lo que no logró, por lo visto en el atropello ecológico del Tren Maya y en tantas otros, ilegales e improvisados proyectos, que contravenían disposiciones constitucionales.

El hecho fue que el demócrata candidato se volvió un presidente autoritario y caprichoso, que un día pregonaba las bondades de la democracia participativa, del plebiscito, la consulta popular, y otro gobernaba a impulsos de su mesiánica voluntad.

Hubo consulta popular para cancelar un proyecto cervecero, otra para consultar si sometía a juicio a los expresidentes y hasta se hizo un proceso de revocación de mandato, pero la renovación del Poder Judicial no mereció tal consideración. Como en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, muchas voces advirtieron de lo perjudicial de llevar a elección popular a los juzgadores sin que fueran escuchadas.

La obsequiosa corte en que se ha convertido el Poder Legislativo, sin análisis, aprobó la iniciativa presidencial ya en tiempos de la continuidad, como a él le gustaba, sin cambiarle una coma, y el discurso se engoló diciendo que así había sido la voluntad popular.

Todo esto ya fue comentado y por ello vuelvo al inicio: no fui a votar porque el régimen ya no dio opción para el disenso; había que votar porque así se impuso en una legislación hecha a capricho y con premura. Había que votar porque la presencia en las urnas haría realidad la falaz versión de que el pueblo quería que sus jueces fueran electos; había que votar para legitimar con los votos lo que impusieron por capricho vindicativo. Había que votar porque así convenía al gobierno, no al ciudadano.

Hay que anotar marginalmente que al gobierno le faltó congruencia, pues necesitado como estaba de una legitimación del absurdo, regateó recursos y el apéndice gubernamental en que se ha convertido el INE tuvo que instalar menos casillas y con ello dificultar la asistencia de ciudadanos a las urnas. Si querían votos la jugada era al revés.

Adicionalmente y con mucho sarcasmo, diré que no fui a votar porque no tuve un “acordeón” de esos que anduvo repartiendo el oficialismo y sus adláteres para inducir el voto hacia sus aspirantes a juzgadores. Sarcasmos aparte, debo señalar que es clara la intención del régimen y su partido de conformar el poder judicial con juzgadores a modo, haciendo nugatoria la división de poderes y esa es otra razón por la que no fui a votar.

Citando a Montesquieu: “Para que no pueda abusarse del poder, es preciso que, por disposición misma de las cosas, el poder detenga al poder”. Eso ya no será posible en este país y eso no lo puedo evitar con mi voto en esta simulación; me lo reservo para la elección constitucional de renovación de poder ejecutivo.

No fui a votar porque el diseño del golpe para apropiarse del Estado ya está consumado y esta elección legitima la estructura espuria con división de poderes en la letra y concentración de poder de facto.

No fui a votar porque elegir a jueces y magistrados especializados por materia, en una elección donde no es posible conocer sus hojas de vida, es una estupidez, porque en el proceso de selección de aspirantes la transparencia brilló por su ausencia. El insistente llamado a votar a ciegas lo considero un insulto a mi potestad personal de voto consciente e informado.

La irresponsabilidad de promover este ejercicio “democrático” desentendiéndose de las repercusiones, tendrá consecuencias inmediatas, particularmente si el resultado arroja como presidente de la Suprema Corte a una militante, activista de Morena que ha sido recusada tres veces por falta de imparcialidad. Un Poder Judicial de consigna, ideologizado, cooptado por el Poder Ejecutivo no puede ser considerado factor de legalidad y garante del Estado de derecho.

Por esto y más, no fui a votar.