OPINIÓN
La potestad de perdonar que dio el Papa Francisco: Dios perdona el aborto
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
La discusión sobre la despenalización del aborto que gracias a la Suprema Corte hace sentir una difusa irritación gástrica en las buenas y decimonónicas conciencias de la Perla de Occidente me daría risa si no fuese, en síntesis, una discusión sobre los derechos de las personas y que este asunto, superado hace tanto tiempo en otros países, sigue costando sangre en el nuestro. Los abortos clandestinos son inseguros y matan.
No es un asunto de opinión, ni siquiera de fe, hay ejemplos en el mundo que nos permiten saber la diferencia entre prohibir por razones morales o no penalizar por motivos de salud pública. Es inviable obligar a la gente a tener un hijo no deseado por decreto y las cosas que hacen las mujeres para abortar cuando se los prohíben son terribles y dañinas. Van desde emborracharse diariamente hasta acudir a una clínica donde con un gancho para la ropa las desgarran por dentro. ¿Qué dios podría decir que este es el mal menor y que es mejor prohibir?
Pondré el ejemplo de dos países con políticas opuestas y a vuelo de pájaro hablaré de los resultados de las mismas porque es un espejo de la discusión que tenemos acá cincuenta años después sin mediar un sólo argumento nuevo.
En la España de Franco, tan congraciada con la Santa Madre Iglesia en su régimen de nacionalcatolicismo, la interrupción voluntaria del embarazo estaba prohibida ya que además de dar dolor de estomago al Generalísimo Francisco Franco (a quien no le importaba matar a republicanos con trabajos forzados en su monumento a los caídos), era ingrata tanto su versión de dios como al clero español tan cercano a la dictadura y a las buenas conciencias que podían, en caso de que sus hijas tuvieran un desliz sexual y pecaminoso, llevarlas a abortar a una isla cercana para posteriormente pretender que nada había pasado y que pudieran casarse de blanco con algún prometedor pretendiente de familia bien y valores cristianos en su sitio. Y es que el asunto de la prohibición y penalización es para los pobres. Los ricos se saltan las reglas cuando se trata de sus familias.
Hay información sobre los abortos clandestinos en la España de Franco y en los años posteriores a la dictadura. España no despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo sino hasta 2010 y un dato que nos permite ponderar el costo de la punición, es que 22 mil 999 españolas abortaron en Gran Bretaña tan sólo en 1983 según datos oficiales. Algunas iban obligadas por sus familias, otras mentían diciendo que tomarían unas pequeñas vacaciones, todas eran pudientes y aquí está el asunto para mí: Castigar solo afecta a quien no puede pagar.
En Inglaterra la “Abortion Act” que despenalizó la práctica del aborto inducido, entró en vigor el 27 de abril de 1968. Hace más de cincuenta años. Recupero algunos fragmentos de un artículo de la BBC publicado a propósito del 50 aniversario de la despenalización en Inglaterra.
El artículo se titula “Como yo tenía dinero, estoy viva; como ella no lo tenía, está muerta” y fue escrito por Claire Bates y Jane Garvey para la BBC viendo la luz el 5 de febrero de 2017.
Aquí la liga para quien guste leerlo completo:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-38800877
“Un día, mi madre me dijo que la modista había muerto. Descubrí que había tenido un aborto clandestino que salió mal. Yo no había oído hablar de esto antes, probablemente porque en ese entonces esa palabra era inmencionable. Tanto la mujer embarazada que abortaba como cualquiera que le ayudara podían terminar en la cárcel”.
“Descubrí entonces que todos los hospitales de enseñanza de Londres reservaban unas salas todos los viernes para las mujeres que llegaban con choque séptico, hemorragias o al borde de la muerte por terminaciones de embarazo clandestinas. Había más casos de esos los viernes porque era día de pago. Las operaciones a menudo eran hechas por personas con un poco de experiencia en enfermería, que usaban soluciones calientes y agujas de tejer o ganchos de ropa. Uno de los grandes problemas era que no podían diagnosticar con precisión la etapa de embarazo y, cuanto más avanzada, más peligroso era el procedimiento”.
Cuando se despenalizó el aborto se acabó este tétrico asunto. No se dispararon los abortos y dejaron de morir mujeres que no podían o no querían continuar con su embarazo por una pléyade de razones, sobre todo “no poder mantener a otro hijo”. Es decir, más que penalizar el aborto, valdría la pena combatir la pobreza.
¿Aquí como vamos?
Este domingo el Semanario de la Arquidiósesis de Guadalajara, publicó un texto donde convoca a una marcha después de aclarar que no es la Iglesia quien convoca sino la comunidad, los fieles, y esta marcha es porque no están de acuerdo en la despenalización y opinan que la vida en el vientre es sagrada, por simplificar un argumento que todos conocemos. Coincido con el Semanario en el hecho de que están en su indiscutible derecho de manifestarse públicamente.
La convocatoria es para la intitulada “Marcha a favor de la mujer y de la vida” y eso, ejerciendo mi derecho de manifestarme públicamente, me parece un poco sobrado porque más que a favor de la mujer, es en contra de la interrupción legal del embarazo y eso no es favorecer a las mujeres y para sostener mi afirmación están los datos, las muertes y lo que ha sucedido en los países donde se ha despenalizado.
Si quisieran hacer algo a favor de la mujer podrían, se me ocurre (y es sólo una opinión, no pretendo incidir en las políticas del clero), discutir su integración en las cúpulas de la Iglesia, hacer un Concilio Vaticano sobre la paridad y la equidad de género, la posibilidad de que hubiera obispas y papisas pero eso no es lo que se discute, ni siquiera se habla de opciones y acciones de gran calado para ayudar a madres embarazadas o niños abandonados. El asunto se limita a cuidar lo que sucede biológicamente en un vientre.
Afortunadamente aún al interior del clero no todos piensan igual y en 2016 queriendo que fuese parte de su legado en el cierre del Año de la Misericordia, el papa Francisco dio a los sacerdotes católicos la potestad de perdonar casos de aborto entre los fieles. Una facultad que previamente estaba reservada a confesores que tuvieran un estatus especial y que debía realizarse con el permiso de un obispo o del mismo Pontífice.
Dios perdona, gloria a Dios.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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