OPINIÓN
La anulación de la elección en Tlaquepaque: El cardenal Sandoval lo ha hecho de nuevo
Por Jorge Zul de la Cueva //
Juan Sandoval Íñiguez volvió a dar nota por un discurso que circuló en redes a unos días de la pasada elección y que tuvo como consecuencia la anulación de la misma en Tlaquepaque, donde se repetirán los comicios.
Quiero aprovechar el momento para hacer un pequeño recuento de la carrera de Juan Sandoval:
EL ORIGEN:
Nacido el 28 de marzo de 1933 en Yahualica, a los 12 años ingresó al Seminario Diocesano de Guadalajara. Después de estudiar filosofía y un doctorado en teología dogmática en la Universidad Gregoriana, se ordenó como sacerdote en 1957. Tras el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, Sandoval Íñiguez tomó su lugar.
LOS PRIMEROS PROBLEMAS:
Si bien no logró, durante su mandato, que se aclararan los hechos en torno al asesinato de Posadas, ultimado a tiros en el aeropuerto de Guadalajara, ciertamente lo intentó con vehemencia e incluso señaló que se trataba de “un crimen de estado” lo que lo confrontó con el entonces procurador Jorge Carpizo que, en 2003, lo acusó de lavado de dinero.
Ese sería el primer enfrentamiento con el poder civil y acaso en el que mayor razón tendría a lo largo de su polémica carrera.
Otro escándalo vino el 24 de julio de 2005, cuando Sandoval Íñiguez criticó la “Cartilla por los Derechos Sexuales de las y los jóvenes de Jalisco” que promovía la CEDHJ. Se trataba de un documento de bolsillo que enlistaba 12 derechos sexuales de los adolescentes.
Sandoval señaló a través del Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, que la cartilla era una serie de “barbaridades capaces de generar un enorme daño a la sociedad” que llevaría “a los jóvenes a la perdición”. Además, llamó a la Secretaría de Salud “corruptora de menores” por distribuirles un texto que hablaba de métodos anticonceptivos.
LA DEMANDA DE MARCELO EBRARD
Cinco años después, en agosto de 2010, Sandoval fue demandado por daño moral por el Canciller Marcelo Ebrard (Entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México), por el tema de la aprobación del matrimonio homosexual y la adopción homoparental en la Capital del País.
El purpurino afirmó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron ‘maiceados’ y extorsionados por el ex jefe de Gobierno y organismos internacionales.
Al final el Juez Décimo Primero de lo Civil en Guadalajara ordenó ejecutar un embargo a Ebrard por la cantidad de 67 mil 290 pesos, por concepto de gastos judiciales, luego de una demanda que no prosperó por no aportarse suficientes elementos.
EL CABLE DE WIKILEAKS
Por si fuera poco, el Cardenal Emérito aparece en las filtraciones de Wikileaks, en el cable 06VATICAN61, redactado por la Embajada de Estados Unidos en el Vaticano, que señala que Sandoval Íñiguez, preocupado por el avance de la izquierda en Latinoamérica, y por el aumento del poder de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y Andrés Manuel López Obrador, habría pedido ayuda a Washington para frenar el avance del político tabasqueño en 2006.
Según el documento, Sandoval preguntó si el entonces presidente George W. Bush podría ayudar, ya que durante el gobierno de López Obrador “el crimen y la violencia habían aumentado en la ciudad de México”. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Arquidiócesis de Guadalajara lo defendieron argumentando “la mala intención de la mentira filtrada por Wikileaks”.
LA MEGAMENTADA
No olvidemos la megamentada de Emilio que derivó de un donativo de 90 millones de pesos del erario para la construcción del Santuario de los Mártires, mismo que juntó casi cinco mil quejas interpuestas por ciudadanos inconformes ante la CEDHJ.
Ante esto Emilio González acuñó el inolvidable discurso: “Yo tengo poco de Gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta de que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco. Don Juan, absuélvame desde allá. Además, estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Aquí hay un cheque, el 419240, cabrón. Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”
Ese mismo año se inició una averiguación por presunta violación al Estado laico. El caso se cerró cuando Sandoval regresó el dinero.
LA ANULACIÓN DE LA ELECCIÓN EN TLAQUEPAQUE
Un videomensaje de Juan Sandoval que circuló, la semana pasada, en redes sociales, fue lo que acabó anulando la muy disputada elección en Tlaquepaque. Aquí transcribo un fragmento:
«Mis estimados amigos el tema es obligado, estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo a pocos días de las elecciones del seis de junio. Es una reflexión o una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder se viene la dictadura, o sea se pierde la libertad, porque se trata de un sistema comunista socialista que esclaviza, basta mirar los pueblos que han caído en él».
«Está también en juego la economía ya de por sí muy dañada, pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a acabar muy pobres como está Venezuela y como está Cuba. Está también en juego la familia, el bien de la familia y de la vida porque este gobierno ha adoptado la ideología de género, que trae todas las barbaridades antinaturales que pueden desbaratar y destruir a la familia e impedir el nacimiento y la educación de los hijos».
«El aborto, el divorcio exprés, la aprobación de la homosexualidad y el matrimonio entre homosexuales que por supuesto es estéril y etcétera. Esta es la ideología de genero que tienen en su programa y que tratan de meterla desde ahorita, de ponerla en las leyes».
«Está en juego la libertad religiosa porque el sistema comunista marxista así lo pide, así lo exige, y puede ser que detrás de ello esté el nuevo orden que habla de una sola religión mundial, quieren una religión panteísta que adore la naturaleza», y así sigue.
Ante esto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la nulidad de los comicios en Tlaquepaque, donde MC había ganado por 1.29% de los votos y se consideró que hubo vulneración a los principios de laicidad del Estado.
No estoy seguro de que ese mensaje baste para anular una elección, creo que quienes se sienten molestos con el veredicto tienen muchos argumentos que les favorecen, pero tampoco creo que se trate de un asunto menor. Es pues, bastante polémico pero hay un par de cosas claras:
La primera es que ya era hora de que se le pusiera un alto a Sandoval, porque este es sólo uno más de un rosario de abusos e intromisiones en el Estado laico de su larga carrera. Creo, también, que el veredicto puede servir para que los ministros de culto tengan más cuidado a la hora de tratar de influir no sólo en asuntos electorales sino de salud pública y educación laica, y en esto último estoy totalmente a favor de lo sucedido.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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