OPINIÓN
El autoritarismo no quiere una prensa libre: Libertad de prensa, un triunfo de la democracia
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Sin lugar a duda, uno de los triunfos más importantes de nuestra democracia es la instauración de la libertad de prensa, a través de ella, se extiende y fortalece el ejercicio de nuestro invaluable derecho a la libre expresión, que al mismo tiempo, es uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad.
En el caso de la libertad de prensa, ésta ha alcanzado gran relevancia en todos los sistemas democráticos, toda vez que este derecho, con el paso de los años, se ha convertido en un criterio legítimo para evaluar la transparencia y los valores democráticos de un país.
Aunque hay algunos casos, como el de Carlos Denegri, en que ciertos personajes del medio pueden ser utilizados por las autoridades como un mecanismo para ejercer presión e influencia sobre ciertos grupos, o bien, para promover algunos logros gubernamentales para así contrarrestar noticias negativas, la realidad es que oficios como el periodismo son y serán de vital importancia para el país, no por nada este gremio ha sido catalogado en muchas etapas históricas de México como el cuarto poder.
En ese sentido, partiendo de la idea de que la división de poderes, que dicho de manera muy simple, es el mecanismo de pesos y contrapesos que busca evitar que todo el poder recaiga en una sola persona, entonces, cuando afirmamos que la prensa y medios de comunicación constituyen un cuarto poder en nuestro sistema político, no es cosa menor.
Seamos claros: la democracia no se puede entender sin el periodismo libre, por lo tanto, nuestro gobierno, tiene una obligación de salvaguardar la integridad de aquellos que forman parte de este gremio y al mismo tiempo, tiene la obligación de dotarlos de las herramientas públicas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible.
Es decir, si el gobierno y la clase política tienen en realidad un compromiso con la democracia y las libertades, entonces, en congruencia a sus valores y principios democráticos deben tener apertura al diálogo con todos los ciudadanos, pero especialmente con aquellos cuyo trabajo es informar a la sociedad sobre temas que pueden tener un impacto positivo o negativo en su vida cotidiana.
En un país repleto de preguntas sobre nuestro futuro, la voz de la prensa nunca había sido tan importante.
Además, al igual que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el famoso Cuarto Poder, tiene la tarea de consolidarse como un contrapeso de carácter informativo de todas y cada una de las decisiones que se toman no solo desde estos dos poderes, sino también, desde el poder político.
Ahora, lo interesante y noble de la prensa, y que es justamente aquello en que muchos representantes han fallado en entender, es que esta no responde a un partido en cuestión (o al menos no debería), ni mucho menos responde a los intereses de algún político, todo lo contrario, el único compromiso al que responden los medios comunicación, es a la verdad que se busca expresar través de páginas en periódicos, espacios de opinión en medios digitales o bien, a través de espacios televisivos.
La prensa es por naturaleza una voz crítica, y esto, no debe sorprendernos, ya que la única manera que tenemos para llegar a la verdad, es a través de cuestionamientos constantes, tal y como lo establece la mayéutica socrática, misma corriente de pensamiento filosófico que establece muy puntualmente que invariablemente, el proceso que nos permite adquirir nuevos conocimientos y desentrañar la verdad, será siempre doloroso.
No obstante, pese a la importancia que tiene este gremio en la vida pública y en el proceso de fortalecimiento de nuestra democracia, todos hemos sido testigos de cómo algunas personalidades de la vida pública han hecho de su hobby favorito el ataque y la desacreditación de la prensa cuando esta cuestiona más de lo que aplaude.
En ese orden de ideas, y atendiendo al contexto político y social tan complejo por el que atraviesa nuestro país, valdría la pena tener muy presente que hasta cierto punto, demeritar el trabajo informativo que realiza la prensa, implica demeritar también los valores democráticos que sostienen nuestra sociedad.
Y sí, probablemente mientras leen esto se puede venir a su mente una lista de comunicadores o periodistas que estuvieron o que están al servicio del poder y que ciertamente han desvirtuado a la profesión, y han provocado que la prensa sea un blanco para el discurso político, pero ¿qué acaso no son también los políticos los que aprovechan cada espacio para decirle a la sociedad que no pueden permitir que el actuar de unos irresponsable defina el actuar de los honorables?
Bajo esa premisa, entonces tampoco se puede permitir que el actuar de unos irresponsables defina la imagen de aquellos que desarrollan la profesión con nobleza y profesionalismo.
‘’El periodismo político no hace políticos, hace política’’. Esa frase definió enormemente la carrera de una persona a quien recuerdo con cariño y a quien le guardo un enorme respeto, mi tío Héctor Morquecho Ibarra, quien dedicó su vida a tan noble profesión.
Ahora, después de mucho leer esta frase y de escuchar como amigos tanto de mi padre como de mi tío la discuten, hoy puedo entender que no solamente representa una máxima con la que el periodista o el comunicador se deben de regir todos los días, sino que también, es una máxima que la clase política y gobernante debe tener muy presente si busca refrendar su compromiso con los valores democráticos.
La política la hacemos todos y aunque no lo crean, la hacemos todos los días, de una forma u otra, ya sea compartiendo u opinando sobre ciertos eventos, todos contribuimos a hacer política, algunos desde espacios de representación popular, otros desde la administración pública, otros la hacen desde los partidos, algunos la hacen desde las organizaciones de la sociedad civil, y otros, la hacen desde los medios de comunicación.
Y no importa desde dónde se hace, no podemos cometer el error de creer que algunos están más legitimados que otros para hacerla, al final, la política es para todos, y tal y como dijo alguna vez Eisenhower, la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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