OPINIÓN
Con la Iglesia has topado: Clero, política y ley, la separación de Iglesia-Estado
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Un tema que parece superado, o quizás lejano por los hechos que lo caracterizaron, vuelve a reaparecer ante la opinión pública: la separación de la Iglesia y el Estado. El motivo fueron los comicios para elegir munícipes en San Pedro Tlaquepaque, el año pasado, y que se anularon por el Tribunal Federal Electoral (TFE) debido a la intervención con mensajes sobre dichos comicios, de varios eclesiásticos, destacando entre estos el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez.
El hecho de ser cierto, significaría una infracción al artículo 130 constitucional.
La semana pasada,(19 de enero) el aludido TFE determinó que se había acreditado esa participación, con lo que se violó el principio constitucional de separación Iglesia-Estado, por parte del cardenal Sandoval Íñiguez y del sacerdote Mario Ángel Flores Ramos. El expediente pasa a la Secretaría de Gobernación, que es la autoridad que decidirá la sanción a imponer.
Ya sabemos que durante la colonia, el clero fue poderosísimo y estaba protegido por el reino hispano, el cual tenía un acuerdo: (Real Patronato Indiano) bajo el cual quedaba sujeto a la autorización real, la construcción de iglesias, catedrales, conventos, hospitales, la concesión de obispados, arzobispados, dignidades, beneficios y otros cargos eclesiásticos. El Papado concedió esos privilegios en atención a los esfuerzos de la monarquía hispana para ensanchar la cristiandad católica.
Desde luego, debemos entender, que para el practicante de una religión, obedecer sus normas y las obligaciones que se derivan de ese credo, son sustanciales y trascendentales, a tal grado, que el creyente puede ceder su libertad, perder familia, patrimonio y hasta la vida por defender sus creencias, como sucedió en la etapa de la Cristiada.
Eso es algo que desde tiempos inmemoriales se registra. Hubo épocas llamadas teocráticas, en las cuales la religión era omnipresente y los sacerdotes los guías de toda actividad. Al correr de los años, ya superada la Edad Media, franja de la humanidad en que casi todo fue oscuro, pero lo religioso brillaba intensamente, sobrevino el pensamiento ilustrado y con él arribó el Estado liberal y en algunos países, la democracia, específicamente desde finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Con ese sistema, también asomó el principio de la libertad religiosa, que sería adoptado como derecho humano esencial. La consecuencia natural de la aceptación del mencionado principio de libertad religiosa, es la separación del Estado y la Iglesia.
Entre nosotros, lograr esa separación ha sido terriblemente complejo, llegando incluso a originar conflictos armados, como la Reforma y la Guerra Cristera, que dejaron huellas muy complicadas a tal grado, que aún persisten resabios.
La Carta Máxima de Querétaro acogió el artículo 130: en este numeral se tratan las cuestiones relacionadas con lo relativo al principio “histórico” de la separación del Estado y la Iglesia, además de otros tópicos conexos. Las fuerzas conservadoras y tradicionalistas, no aceptaban de buen grado estos conceptos, por lo que hubo muchos forcejeos.
El presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) pretendió llevar a la práctica ese mandato constitucional, soslayado en parte, y expidió las correspondientes normas reglamentarias (o sean, la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución del 18 de enero de 1927; la Ley que Reglamenta el Séptimo Párrafo de dicho Artículo , relativo al número de sacerdotes que podrían ejercer en el Distrito y territorios federales, de 30 de diciembre de 1931 -los Estados la replicaron en sus territorios-; y la Ley que Reforma el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, de 21 de julio de 1926), con lo anterior, se provocó gran efervescencia religiosa que desembocó en la guerra civil (1926-1929) conocida como Guerra Cristera o la Cristiada.
Lograda la paz de manera peculiar, se vivió un largo período en el cual imperó una especie de consecuentación, del gobierno hacia la iglesia católica. Como en épocas antiguas, la ley se obedecía, pero se cumplía a medias.
El neoliberal por excelencia, Carlos Salinas, impulsó reformas que daban vuelta al reloj de la historia nacional, aún cuando conservó límites sobre: a) educación pública laica, b) no intervención del clero en asuntos políticos, y c) imposibilidad de acumulación de bienes temporales en sus manos y en las de las Iglesias o agrupaciones religiosas. Solo el Partido Popular Socialista se opuso. De esa reforma, surgió una nueva figura de derecho público, con un régimen específico, las llamadas “asociaciones religiosas”; es oportuno aclarar que, la ley no crea instituciones religiosas, únicamente las reconoce a través de la Secretaría de Gobernación y les otorga la personalidad jurídica propia (que no tenían), quedando dicha dependencia del Ejecutivo, como autoridad del ramo.
El texto vigente del citado precepto constitucional 130, fue publicado en el Diario Oficial (DOF) de la Federación el 28 de enero de 1992; las disposiciones constitucionales ahí contenidas, al igual que el artículo 24 y la parte relativa del 27, son reglamentadas por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ( LARCP) publicada en el DOF el 15 de julio de 1992; Ordenamiento que a su vez es desarrollado por el Reglamento publicado el 6 de noviembre de 2003.
Dice el Artículo 39 del Reglamento, que son sujetos de las sanciones previstas en la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, las asociaciones religiosas, sus representantes, ministros de culto y asociados. Igualmente las Iglesias y agrupaciones religiosas que no cuenten con el registro constitutivo, así como las personas que lleven a cabo actividades reguladas por la Ley. Lo anterior está ligado al Artículo 29 de la LARCP, que dice: Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere: I. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política. Las sanciones (art.32) van desde apercibimiento, multa, clausura, suspensión y hasta cancelación de la asociación religiosa.
Los mensajes que poco antes de las elecciones de junio pasado, expresaron tanto el cardenal emérito de Guadalajara, como el Primado de México y algunos otros, no cabe duda que repercutieron en los votantes y con ello en el resultado de la elección. El pueblo mexicano y aún más el jalisciense, sigue siendo en gran parte muy católico, por lo que es evidente se le pueda influir por ministros del culto, y más por los de alta jerarquía. Como expone el jurista José Luis Soberanes: la práctica religiosa trasciende el ámbito privado de los individuos e incide, en ocasiones de manera muy importante, en la vida social, llegando a influirse mutuamente de manera fundamental.
La denuncia que originó las sanciones que ahora deberá imponer Gobernación, se presentó en junio de 2021, en contra de diversos ministros de culto, derivado de la publicación de videos en redes sociales durante el proceso electoral 2020-2021, mediante los cuales realizaron manifestaciones presuntamente proselitistas en contra de Morena, violentando el principio de separación Iglesia-Estado, así como la veda electoral.
La Sala Regional Especializada declaró existente la infracción atribuida a los ministros, al considerar que realizaron manifestaciones que impactaron en el proceso electoral federal al pretender influir en el sentido del voto de la ciudadanía. Inconformes con lo anterior, los ministros de culto promovieron medios de impugnación alegando, principalmente, que las expresiones se realizaron en ejercicio de su libertad de expresión y en su carácter de ciudadanos, no como representantes de la Iglesia. Además, sostuvieron que no indujeron al voto y, por ende, no vulneraron el principio de separación Iglesia-Estado.
El asunto llegó al pleno de la Sala Superior del TEF, donde se consideró que: Juan Sandoval Íñiguez y Mario Ángel Flores Ramos vulneraron el principio de separación Iglesia-Estado pues sus expresiones, de manera inequívoca, pretendieron inducir al voto en contra de una opción política y se realizaron a través de redes sociales, es decir, medios de comunicación masiva que trascendieron a la ciudadanía. Por ello se ordenó dar vista a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus atribuciones, considere lo resuelto en relación con las infracciones que la Sala Regional Especializada hizo de su conocimiento.
Por tanto, se confirmó la violación al principio de separación Iglesia-Estado a cargo del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, así como del sacerdote Mario Ángel Flores Ramos (SUP-REP-478/2021 y acumulado).
No cabe duda de que la autoridad competente federal tiene un singular asunto en sus manos; de lo que resuelva sabremos si el principio de la división entre Estado e Iglesia, realmente está vigente o si es letra muerta, en cuyo caso recordaremos lo que Don Quijote dijo a su escudero Sancho: Con la Iglesia hemos topado.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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