OPINIÓN
La crisis geopolítica de Eurasia, impactos en la economía global: «No debe haber más expansión de la OTAN», Putin
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
En el horizonte global continúan conformándose nubarrones que presagian una tormenta de colosales dimensiones para el mediano plazo, que puede llevar a la humanidad al escenario más temido durante décadas: una guerra termonuclear.
Las tensiones en Eurasia siguen creciendo y los discursos de los líderes de las superpotencias se endurecen cada vez más, al tiempo que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) avanza hacia las fronteras territoriales de Rusia y China.
La primera cumbre de la OTAN en la era de Joe Biden, llevada a cabo en enero del 2021, colocó a China en la lista de principales desafíos junto al tradicional rival que era Rusia. La Alianza, además, estableció una nueva línea de defensa contra el riesgo de ciberataques a la vista del creciente número de incidentes y agresiones procedentes, en muchas ocasiones, de territorio ruso. Los 30 aliados occidentales entran así en una nueva etapa marcada por el impulso del nuevo presidente de Estados Unidos y por la necesidad de afrontar un escenario geoestratégico muy inestable y plagado de amenazas híbridas que van más allá de la estrategia militar tradicional.
Con la llegada de Joseph Biden a la Casa Blanca se anticipaba una nueva era de confrontaciones con las nuevas potencias –Rusia y China- que arrebataron a EEUU su hegemónico poderío y unilateralismo que tanto daño ha ocasionado a los países en vías de desarrollo y a los que osaron desafiar a esa otrora inigualable fuerza militar que tenía el poder de derrocar gobiernos y gobernantes genuina y democráticamente electos, manipulando a la opinión pública internacional para etiquetarlos de “terroristas”, “amenazas para la democracia internacional”, “obstáculos para la paz”, y “comunistas”, como los casos de Brasil, Argentina, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Líbano, Panamá, Egipto, Siria, Afganistán, Irak, Libia, Túnez, Marruecos, Palestina, Barein, Somalia… sólo por mencionar algunos.
En las dos décadas más recientes esa ambición se ha situado en África y Eurasia; en el primero con la intención de apoderarse de sus inconmensurables recursos naturales que representan el botín que puede ser su salvación ante el precipicio económico-financiero que enfrenta, y del segundo por su estratégica posición geográfica desde donde podría tener el control del paso de Oriente a Occidente y cercar a sus dos principales rivales: Rusia y China; es por ello que Washington se ha enfocado en desestabilizar esa zona geográfica en años recientes, alienando gobiernos de los países de la extinta Unión Soviética –Estonia, Letonia, Lituania- o que formaban parte del bloque del Este (países europeos aliados de la Unión Soviética) como Albania, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Montenegro, Polonia, República Checa, Rumania, que ahora han sido sumados a ser aliados de EE.UU. como parte de la OTAN, mediante la compra de voluntades políticas de gobernantes inescrupulosos que eligen su avaricia antes que el bien común de sus conciudadanos, o bien, siendo vilipendiados por las mass media, y derrocados o expulsados si no pueden ser sometidos, para luego imponer en su lugar títeres políticos afines a los intereses imperialistas occidentales.
Tan sólo en 2021 se produjeron siete (7) golpes de Estado en el mundo, de los cuales solo uno (Myanmar) no ha ocurrido en África. De los seis africanos, cuatro han tenido éxito (Sudán, Mali, Guinea-Conakry y Chad) y dos han fracasado (Níger y Sudán en septiembre).
La reducción del número de golpes de Estado en las últimas dos décadas se había atribuido a los avances democráticos de muchos países africanos, pero algunos analistas alertan de que este proceso de democratización liberal ocultaba retrocesos igualmente significativos. Algunas de estas contradicciones incluyen, por ejemplo, el florecimiento de partidos políticos con un marcado carácter étnico, el enraizamiento de la corrupción en democracias aún débiles o un ensanchamiento de la desigualdad pese al contexto de crecimiento económico.
“Un golpe de Estado militar nunca es una buena señal y las condenas internacionales son necesarias, pero insuficientes”, asegura Gilles Yabi, coordinador del centro de investigación africano Wathi, “la mejor manera de evitarlos es no crear las condiciones para que sean posibles. Los militares saben que la clave para mantenerse en el poder no es solo triunfar desde el punto de vista operacional, sino verse dotados de una cierta legitimidad”. En Malí y Guinea-Conakry, por ejemplo, la población celebró de manera mayoritaria los recientes golpes de Estado en un contexto de fuerte deterioro democrático y corrupción.
Según una encuesta realizada entre 2019 y 2020 por el Afrobarometer en 18 países de África subsahariana, un 59% de los encuestados percibía que la corrupción había aumentado en su país en el último año, y el 64% opinaba que no se estaba haciendo nada para atajarla. No es que los africanos amen las dictaduras militares, es que ante gobernantes que se aferran al poder, fuerzan su Constitución o imponen el nepotismo y el mal gobierno sin dar ninguna opción a una alternancia democrática, los militares emergen como la única opción de cambio. “No se pasa del autoritarismo a la democracia en unos pocos años, sabíamos que esta batalla no estaba ganada. Pero el retroceso reciente no es exclusivo del continente, lo vemos en todo el mundo”, añade Yabi. (elpais.com)
En el contexto actual de un incontrolable miedo global por la pandemia del covid-19, resulta fácil ocultar la realidad de lo que sucede fuera de los reflectores de los contagios y sus consecuencias, pero las ambiciones de poder y control absolutos no han cesado, al contrario, lejos de aminorarse se han facilitado al tener a buena parte de la población mundial estática y sometida por las supuestas medidas sanitarias, las restricciones de movilidad y el grave deterioro económico generalizado, ahora acentuado por una incipiente hiperinflación, que será el punto de inflexión para las sociedades de muchos países del orbe, llegando a una situación en la que tendrán que decidir entre la esclavitud y el control, o ponerse de pie y resistir los embates de quienes detentan el poder, ese menos del 1% que poseía más del doble de la riqueza total conjunta del resto de la humanidad, según el informe de enero de 2020 de la Oxfam, pero que, a partir de la pandemia del covid-19 esta desigualdad se acentuó, aumentando la pobreza mundial, y aumentando el número de milmillonarios en el mundo.
Tan sólo en 2020, la fortuna de tres de los hombres más ricos del mundo creció inusitadamente, como ejemplos: Mark Zuckerberg, de Facebook –ahora Meta- 34%; la de Jeff Bezos, fundador de Amazon 69%; Elon Musk, de Tesla, 482%.
Las inmensas fortunas de las élites político-económicas de Estados Unidos tienen su base y origen en la industria militar en gran medida. Las grandes empresas tecnológicas –la mayoría de ellas cotizadas en el Nasdaq- han crecido exponencialmente debido a contratos con las agencias militares o de inteligencia del gobierno de aquel país.
Estados Unidos es un país imperialista, guerrero, que forjó su poderío a través de intervenciones bélicas internacionales desde finales del siglo XIX. Sin embargo, los imperios no son eternos y sus ciclos de vida se acortan cada vez más, según la historia lo demuestra; es por ello que la aún potencia anglosajona está urgida de crear nuevas guerras, propiciando desestabilización en distintas zonas del orbe, como es el caso de Eurasia, y específicamente en fechas recientes a través de la república de Kazajistán, infiltrando movimientos sociales seudo-democráticos, implementando las mismas fórmulas y herramientas que les han sido útiles y exitosas desde hace décadas.
Sin embargo, en esta ocasión hay importantes diferencias a considerar, y que son factores que los halcones de Washington deberían evaluar detenidamente más allá de su ambición del avance en el cerco que pretenden estrechar sobre Rusia, específicamente a través de Kazajistán, Ucrania, Bielorrusia, y Georgia, en los que ha provocado disturbios político-sociales a través de la manipulación mediática e infiltración de movimientos pro-occidentales anti-rusos auspiciados por ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que son los brazos operativos y financieros de las élites de poder occidentales.
El presidente ruso, Vladimir Putin, conoce perfectamente bien las artimañas de sus rivales y enemigos, y es por ello que ha actuado de manera rápida y efectiva para sofocar brotes de inestabilidad que representan una amenaza para Rusia.
LA POSICIÓN DE PUTIN
En diciembre del 2021, durante su conferencia de prensa anual, Vladimir Putin instó a los países de Occidente a satisfacer su demanda para tener garantías de seguridad que impidan la expansión de la OTAN a Ucrania y el despliegue armamentístico y militar en el este de Europa.
“Lo ponemos claro: no debe haber más expansión de la OTAN hacia el este. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Fuimos nosotros los que desplegamos misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos? No. Es Estados Unidos quien vino con sus misiles a la puerta de nuestra casa. ¿Es acaso una demanda escandalosa dejar de desplegar sistemas de misiles cerca de nuestra casa?”, dijo Putin el jueves 23 de diciembre.
Putin aseguró que la OTAN ha “engañado” a Rusia con cinco “oleadas de expansión” desde la Guerra Fría.
“‘Ni una pulgada hacia el este’ fue lo que nos dijeron en la década de 1990. ¿Y qué sucedió? Fuimos engañados descaradamente. Hubo cinco oleadas de expansión de la OTAN. Y ahora, sistemas (de misiles) están apareciendo en Polonia y Rumanía. De eso estamos hablando. Deben entender que no somos nosotros los que estamos amenazando. No llegamos a las fronteras de Estados Unidos o Reino Unido. Ustedes vinieron a nosotros. Y ahora nos están diciendo que Ucrania también estará en la OTAN”, declaró Putin.
Luego de esta declaración, el mandatario ruso se preguntó: “¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si de repente desplegáramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o en la frontera entre México y Estados Unidos? (…) A veces parece que vivimos en mundos diferentes”, agregó. (france24.com)
Al tiempo que las tensiones internacionales crecen, los precios de los energéticos siguen en aumento; la escala de precios de los hidrocarburos, y su impacto en la cadena de suministros, aceleran el desencadenamiento de una casi inevitable hiperinflación global.
(…continuará…)
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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