OPINIÓN
¿Será como el parto de los montes?: La nueva reforma electoral, encontronazo anticipado

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Desde hace décadas, en nuestro país se han llevado a cabo muchas reformas en el ramo electoral, con el fin de erradicar arraigadas manías que reprimían nuestra democracia. Una trascendental, fue la que acabó con el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que había mejorado considerablemente los procesos comiciales y con ello, al menos ostentaba lo que se creyó sería transición democrática el año 2000.
Lástima que esta conversión resultara fallida, debido a la bochornosa presidencia del superficial Vicente Fox, el parlanchín exservidor de la transnacional más poderosa de los refrescos de cola. El mismo expresidente que cuando les quitaron las ilegítimas super pensiones a los que fueron mandatarios nacionales, dijo: «Yo vivo de mi pensión que me da el gobierno federal, yo la utilizo para comer frijolitos…” ¡¡¡!!! (Expansión Política, 22-IX-2014).
Sobre esto de la organización de elecciones, debemos recordar que, durante el siglo XIX, siempre las dispuso el gobierno en turno, el cual, entre rebeliones y asonadas, nunca implementó alguna realmente democrática, pues siempre, topara en lo que topara, triunfaban los candidatos que los gobernantes querían. El colmo fue Porfirio Díaz, quien con la divisa de “No Reelección”, llegó al poder en 1876 y, en cuanto pudo, traicionó ese principio y se reeligió hasta que fue defenestrado por el movimiento maderista iniciado en noviembre de 1910. Esto facilitó que, al año siguiente, se registraran el 15 de octubre, unos comicios que efectivamente fueron populares, y en los cuales se eligió como presidente al Apóstol Madero. Deplorablemente a este verdadero demócrata, lo intrigaron y asesinaron villanamente el 22 de febrero de 1913.
Con el triunfo del constitucionalismo, en 1917 la flamante Carta Magna de Querétaro, creó la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales, como encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión. Esto hizo que como en el siglo anterior, ganaran los candidatos que gobierno quería.
En 1946, con el llamado “presidente caballero”, Manuel Ávila Camacho, se sancionó la Ley Federal Electoral que instituye la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, dirigida por el Secretario de Gobernación y otros miembros, tanto del gabinete, como de las cámaras de diputados y senadores, así como representantes de los partidos políticos. Un avance consistió en la instauración en las entidades federativas, de comisiones electorales locales, además del Consejo del Padrón Electoral.
Entre los años de 1951 y hasta 1973, funcionó una Comisión Federal de Vigilancia Electoral, con participación en el registro de nuevos partidos políticos y en la emisión de constancias de mayoría. Esa dependencia desapareció y en su lugar, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Federal Electoral, en el cual figuran con voz y voto, los partidos políticos con registro. Luego se innovó en 1987, al incorporar el criterio de representación proporcional en la integración de dicho organismo.
La búsqueda de integrar una institución escrupulosa que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales, hizo que en 1990 se promulgara el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), con el cual aparece el Instituto Federal Electoral (IFE), que desafortunadamente conservó al Secretario de Gobernación como presidente. Este perduró en las modificaciones electorales de 1993 y 1994, hasta que, en la reforma de 1996, se transformó el artículo 41 constitucional y se ciudadanizó el entonces IFE, quitando por fin a dicho secretario de gobernación, funcionando en su lugar un Consejero Presidente del Instituto, con derecho a voz y voto, acompañado de ocho consejeros electorales con igual atributo. Con solo derecho a voz, se incluyó un Secretario Ejecutivo, consejeros del Poder Legislativo, y culminando la integración, Representantes de cada partido político con registro.
Los comicios federales de 2006 y 2012, dejaron amargo sabor de boca, por lo que se procuró otra modificación constitucional política-electoral que se forjó en 2013, y el texto aceptado se publicó el 10 de febrero de 2014.
Es significativo porque, al margen de que fue antifederalista, trocó el sistema electoral, convirtiendo al IFE en una autoridad de carácter nacional, denominada Instituto Nacional Electoral (INE). Su objetivo, fue homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, y así solidificar la democracia nacional.
Lastimosamente, la integración del Consejo General, ahora con 11 miembros, fue una repartición de cuotas entre los partidos políticos, especialmente el PRI y el PAN, en un evidente prianismo que, habiendo arrancado en tiempos de Carlos Salinas, se fue confirmando al paso de los siguientes sexenios, hasta que desplazados del poder, ahora se han integrado en una alianza llamada “Va por México”. Por otra parte, la idea de no encarecer los procesos electorales, fue contravenida con gastos excesivos que convirtieron al INE en el organismo más oneroso del mundo en su ramo. Finalmente, muy poco se logró en estados y municipios, en cuanto a mejorar sus procesos democráticos: grupos, caudillos y cúpulas, se han apoderado de los gobiernos correspondientes, y con ello, lo que han generado es la reprobación popular.
La apabullante victoria de la izquierda en los comicios de 2018, exige haya cambios en casi todos los ámbitos de la vida nacional. Y desde luego el renglón electoral no podría ser excluido.
Con esos motivos, es que el primer mandatario de la nación envió su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. A vuela pájara, no podemos negar que es muy innovadora, y que en varios aspectos interpreta el sentir de la inmensa mayoría de mexicanos. En particularidades como diputados y senadores de representación proporcional, gastos elevados y anticonstitucionales del INE, actuaciones sesgadas de los consejeros, aplicación controvertida de principios como la proporcionalidad, la divulgación de acciones de gobierno, el mejorar los procesos estatales y municipales, y el procedimiento de nombrar a los consejeros y los magistrados del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), creemos que la ciudadanía esta acorde en que se reforme las normas que los regulan, tanto en el texto constitucional como en la ley reglamentaria.
En concreto son diez los mas innovadores cambios que proyecta la iniciativa, a saber:
1) elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.
2)Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Electorales Locales, lo que implica la federalización de las elecciones.
3) Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.
4) elección de diputados, senadores y ayuntamientos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que se le asigne.
5) Disminución de los integrantes de los Ayuntamientos, con un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población municipal.
6) Supresión del financiamiento público ordinario (partidos políticos nacionales y locales), no así del destinado a campañas electorales.
7) Implementar el voto electrónico, muy necesario para que haya sufragio total y seguro.
8) En materia de los tiempos en Radio y Televisión en cuestión electoral, rebajarlos, así como eliminar los tiempos fiscales y, producto de la reciente jornada de revocación de mandato, reducir al 33% la participación ciudadana para que el ejercicio sea vinculante.
9) Adecuar las excepciones para difundir acciones de gobierno, durante los procesos electorales en todos los órdenes de la administración, y finalmente, crear una Legislación Única en Materia Electoral, para uniformar y mejorar los mecanismos de elección.
Dice al respecto el analista Eduardo R. Huchim: La iniciativa electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene contenidos discutibles, cierto, pero lo que representa un plausible avance democrático es la reforma que, de ser aprobada, cambiaría sustancialmente -para bien- la manera de integrar el Poder Legislativo tanto en el ámbito federal como en el estatal. A esto, expresó el dirigente panista Marko Cortés (Marquititito): Esa iniciativa es un dardo envenenado contra la democracia y el INE.
En conclusión, las oposiciones ya anunciaron que esa iniciativa del ejecutivo federal no los convence, y que presentará cada partido por su lado, una propuesta de renovación electoral, adelantando que defenderán radicalmente la existencia del actual INE y no permitirán las disminuciones de representantes proporcionales, pero sí exigirán no haya sobre representación que aseguran, beneficia a MORENA. También formulan la segunda vuelta en la elección presidencial, nulificar comicios donde participe la delincuencia organizada, evitar el transfuguismo que existe en las cámaras (como el de Lily Téllez), celebrar elecciones primarias para elegir los candidatos presidenciales y castigar cuando se utilicen programas sociales en apoyo de campañas electorales.
El encontronazo con base en esta declarada nueva reforma electoral es de pronóstico reservado. Será quizás peor que la lid librada en días pasados con la moción del ramo eléctrico, que en cuanto a cambios constitucionales no avanzó, pero sí en lo relativo a la Ley de la Industria Eléctrica, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Pronto presenciaremos este monumental encuentro, entre la Cuatro T y la oposición, en una esfera que les duele tanto como lo es la electoral. Hay ingredientes para redactar una eficiente reforma: ojalá el proceso no termine como el parto de los montes, o semejante a la carabina de Ambrosio. El pueblo reclama se actúe con altura de miras y se ofrezcan resultados que afirmen nuestra democracia y consoliden la unidad de la nación. Esperemos que así sea.
JALISCO
El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.
La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.
Un gobernador con prisa y una universidad vigilante
Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.
Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.
La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.
El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?
La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.
Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.
Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.
Poder, autonomía y la sombra de Alfaro
Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.
Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.
Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.
Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.
¿Y ahora qué?
El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.
La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.
En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.
Beisbol
Edwin Díaz se despide como un grande: Charros arrasa a los Dorados y enciende la pasión en el Panamericano

Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Los Charros de Jalisco han encontrado su ritmo en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y lo demostraron con una contundente barrida ante los Dorados de Chihuahua en el Estadio Panamericano. Bajo la batuta de Benjamín Gil, “El Matador”, el equipo ha transformado su estilo de juego, convirtiéndose en una máquina de espectáculo que combina velocidad, estrategia y garra. Esta serie no solo marcó un punto de inflexión en la temporada, sino que también hizo vibrar a la afición jalisciense, que se rindió ante la entrega de sus caporales.
El fin de semana fue un despliegue de emociones. Charros, que venía de menos a más, consolidó su ascenso con una actuación histórica. Hace apenas unas semanas, el equipo rompió récords al robar 12 bases en un solo juego, superando la marca centenaria de 9 hurtos y demostrando que la velocidad es su nueva carta fuerte. Este ímpetu se trasladó al enfrentamiento contra Chihuahua, donde los albiazules no solo ganaron, sino que humillaron a sus rivales con un juego vibrante y una remontada épica que quedará grabada en la memoria de los aficionados.
El segundo juego de la serie, el sábado por la noche en Zapopan, fue el clímax de la hazaña. Con un marcador adverso de 0-6, los Charros se negaron a rendirse. La afición, al borde de sus asientos, fue testigo de una remontada electrizante que culminó en la novena entrada. Fue entonces cuando el puertorriqueño Edwin Díaz, en su despedida de la temporada con Jalisco tras ser convocado por los Astros de Houston, conectó un batazo decisivo para dejar en el terreno a los Dorados con un apretado 11-10. El hit no solo aseguró la serie, sino que selló una noche mágica para Díaz, quien se fue de 3-3, con dos remolcadas, dos anotadas y un par de bases por bolas, despidiéndose como héroe.
La barrida a Chihuahua no fue solo un triunfo deportivo, sino una declaración de intenciones. Bajo el liderazgo de Gil, los Charros están redefiniendo su identidad: un equipo que combina talento joven, como el de Díaz, con una estrategia agresiva que pone en jaque a cualquier rival. La afición, entregada, respondió con un rugido que retumbó en el Panamericano, recordándonos por qué el beisbol es el deporte rey en Jalisco. Este equipo, que apenas comienza a escribir su historia en la temporada, ya nos hace soñar con la gloria en la LMB.
Mientras Edwin Díaz se prepara para brillar en las Grandes Ligas, los Charros de Jalisco se consolidan como un contendiente serio. La barrida a Dorados es un aviso: este equipo no solo juega, sino que enamora, pelea y, sobre todo, gana. Que siga el espectáculo, porque en Zapopan la pelota está más viva que nunca.
CHARROS LLEGA A MEDIA TABLA
Los Charros están encendiendo la pasión en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), consolidándose como un equipo que, de menos a más, ha encontrado su ritmo bajo la dirección de Benjamín Gil, “El Matador”. Este lunes, los albiazules amanecen en el quinto lugar de la Zona Norte con un récord de 14 victorias y 13 derrotas, a solo 4.5 juegos del líder Sultanes de Monterrey (18-8). Con Acereros (15-11), Tecos (14-11) y Toros (15-12) por encima, los jaliscienses han superado a Algodoneros, posicionándose en la pelea por un codiciado boleto a los playoffs.
El ascenso de Charros no ha sido casual. Los ajustes estratégicos de Gil y la directiva, especialmente en el cuerpo de pitcheo, han dado frutos, transformando a un equipo que ahora combina garra ofensiva con una defensa más sólida. Sin embargo, el pitcheo sigue siendo el talón de Aquiles de los caporales. Tanto los lanzadores inicialistas como el relevo han mostrado altibajos, y la afición espera que las recientes modificaciones permitan al equipo mantener el impulso en esta etapa crucial de la temporada.
La próxima semana será una prueba de fuego en el Estadio Panamericano, cuando Charros reciba a los Sultanes de Monterrey, líderes indiscutibles de la Zona Norte. Este enfrentamiento pondrá a prueba la capacidad de los lanzadores jaliscienses para contener a una ofensiva poderosa que ha dominado la liga. La serie no solo es una oportunidad para medir el progreso de los Charros, sino también para enviar un mensaje claro: los albiazules están listos para competir con los gigantes de la LMB.
La afición, siempre fiel, espera que el Panamericano se convierta en un fortín donde los Charros demuestren que su ascenso no es pasajero. Con el liderazgo de Gil y el apoyo de Zapopan, el equipo tiene todo para dar la sorpresa y acercarse aún más a la postemporada. Que retumbe el estadio, porque los Charros están decididos a seguir escalando en el “deporte rey”.
JALISCO
Revictimización en tiempo real: El asesinato de Valeria Márquez y la simulación de la justicia digital

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Un disparo, dos palabras y una pantalla en negro. “¿Tú eres Valeria?”, preguntó el asesino. “Sí”, respondió ella. Luego vino el silencio digital, pero también el estruendo mediático. Así murió Valeria Márquez, influencer de 23 años, frente a miles de espectadores en TikTok. No fue una muerte íntima, ni siquiera clandestina. Fue una ejecución pública, transmitida en tiempo real desde su salón de belleza, con la fría lógica de un espectáculo contemporáneo: la violencia como contenido, el crimen como clip, el morbo como algoritmo.
Lo que siguió fue el guion ya conocido de la tragedia mexicana: un fiscal que promete “indagar”, sospechosas públicas sin pruebas, “amigas” que se convierten en tendencia y un video que se replica sin cesar, sin ética, sin ley. Las redes sociales convirtieron el asesinato en un trending topic. Mientras la Fiscalía de Jalisco, en voz de Salvador González, declaraba que “se están haciendo entrevistas”, la opinión pública ya tenía culpables, móviles y teorías. La justicia, como siempre, llegó tarde. Y sin dientes.
Este no es un caso aislado. Es el reflejo de una constante nacional: la combinación letal entre violencia de género, impunidad institucional y exposición digital. Valeria no solo fue asesinada. Fue revictimizada. Su muerte fue reproducida, analizada, editada y compartida como si se tratara de un episodio más en la serie criminal que es la realidad cotidiana de este país.
UNA LEY DE NOMBRE BONITO Y APLICACIÓN NULA
¿Dónde está la Ley Ingrid? Esa que, tras el brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, prometía castigar con cárcel a quien difundiera imágenes o videos violentos de mujeres asesinadas. Esa que fue aplaudida en tribuna y aplaudida por funcionarios que hoy guardan silencio. Esa que, en los hechos, no existe en la mayoría de los estados. Jalisco, por ejemplo, no la ha implementado en su Código Penal. ¿Qué clase de Estado crea leyes simbólicas que no puede o no quiere aplicar?
En teoría, la Ley Ingrid sanciona la difusión de imágenes o videos violentos. Pero hay dos condiciones que la vuelven inútil en casos como el de Valeria: uno, que el material provenga de servidores públicos, y dos, que el estado en cuestión haya armonizado su legislación local. Nada de eso ocurrió aquí. El video se generó desde su propia cuenta de TikTok. Y Jalisco, aunque presentó una iniciativa en 2021, no ha aprobado nada.
La abogada feminista Leslie Jiménez lo resume con claridad en una entrevista al portal lacaderadeeva.com: “No hay un delito que se tenga que investigar porque no está en el Código Penal de Jalisco”. Así de simple. La justicia depende del código postal.
DE LA INDIGNACIÓN AL ESPECTÁCULO
No deja de ser cínico que mientras el crimen organizado ejecuta a mujeres jóvenes con la misma facilidad con que comparte “narcocorridos” en plataformas digitales, la sociedad mexicana —esa masa morbosamente conectada— consuma los asesinatos como parte de su dieta diaria de entretenimiento. Lo vimos con Ingrid Escamilla. Lo vivimos hoy con Valeria Márquez.
En redes sociales, el dolor se convierte en carne de cañón para influencers, páginas de “noticias” y tuiteros de ocasión. El asesinato es apenas el pretexto para subir seguidores, comentarios, monetización. No se busca justicia, sino visibilidad. No se exige un Estado funcional, sino una teoría que entretenga.
Y mientras tanto, las autoridades fingen que trabajan. Se limitan a pedir “respeto”, a prometer “líneas de investigación abiertas” y a deslindarse de la viralización del contenido. Pero ¿dónde están las órdenes para eliminar esos videos? ¿Dónde están las sanciones a medios que revictimizaron a Valeria? ¿Dónde está la famosa Comisión Calificadora de Publicaciones de la Secretaría de Gobernación?
Según información oficial, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 no se ha iniciado ni una sola carpeta de investigación bajo la Ley Ingrid. Ni una. El mensaje es claro: el feminicidio sí se puede viralizar, no pasa nada. La ley existe solo en el boletín de prensa.
Por supuesto, las redes sociales tienen responsabilidad. TikTok, Facebook, X (antes Twitter), Instagram: todas han permitido la reproducción del video del asesinato de Valeria. Algoritmos que no detectan violencia explícita, sistemas de denuncia ineficaces y políticas ambiguas permiten que estos contenidos circulen impunemente.
Estas plataformas son empresas privadas con poder global, pero en México operan como si no tuvieran obligación alguna con los derechos humanos. No hay transparencia, no hay auditorías, no hay sanciones. Tampoco hay voluntad política para regularlas con eficacia. Ni el IFT ni la Segob ni el Congreso se atreven a tocarlas. La censura preocupa más que la impunidad.
El asesinato de Valeria Márquez nos recuerda que en México el cuerpo de las mujeres es territorio de conquista: física, simbólica, económica. Se les asesina y luego se les monetiza. La violencia no termina con el disparo: continúa en el clic, en la réplica, en el consumo.
Mientras los fiscales y legisladores siguen discutiendo competencias, las mujeres siguen cayendo. Y cuando una de ellas tiene cámara, seguidores y estética propia, el crimen adquiere rating. La línea entre la denuncia y el espectáculo se vuelve tan delgada como la ética de quienes lucran con el dolor ajeno.
En la historia de este país, pocas veces se ha hecho justicia a las víctimas de feminicidio. Y en el entorno digital, la impunidad se duplica. No basta con sancionar al asesino: hay que frenar el sistema que reproduce la violencia con cada reproducción, con cada compartido.
Lo que sigue, si todo permanece como hasta ahora, es la repetición. Otra mujer será asesinada. Otro video se hará viral. Otra ley será redactada, aprobada y engavetada. Y la opinión pública, adicta al horror, pedirá justicia con un tuit mientras comparte el video que alimenta al mismo monstruo que dice combatir.
Valeria Márquez no fue sólo víctima de un feminicidio. Fue víctima de una cultura que ha normalizado la muerte de mujeres como si fuera parte del espectáculo. Su caso es espejo y síntoma: de un Estado ineficaz, de una sociedad desensibilizada, de una justicia que no actúa y de una tecnología que reproduce violencia sin freno.
Y mientras no cambiemos ese ecosistema, no habrá ley —ni Ingrid ni ninguna— que nos salve. Porque las leyes sin voluntad, sin sistema judicial funcional y sin ética pública son sólo tinta muerta. Como tantas otras promesas rotas en este país donde morir mujer, y en vivo, sigue siendo una noticia que nadie quiere atender… salvo para verla repetida una y otra vez.
En X @DEPACHECOS
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