REPORTAJES
Focos rojos por violencia contra mujeres: Jalisco en la mira de Amnistía Internacional por feminicidios

Por Mario Ávila ///
Disputarse el liderato nacional en feminicidios con el Estado de México y la Ciudad de México, ha colocado a Jalisco en la mira de Amnistía Internacional, situación que se complicó, no solo por los 33 homicidios dolosos de mujeres perpetrado en la entidad sólo en el mes de enero del 2019.
De visita en Jalisco, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-México, Tania Renaum Panszi, habló en privado con el mandatario Enrique Alfaro, en Casa Jalisco, en donde le externó la preocupación de la organización por el crecimiento alarmante en los índices de la violencia contra las mujeres registrado en Jalisco, por las violaciones constantes a sus derechos humanos y en particular para fijar su posición respecto al estado que guardan las investigaciones sobre el feminicidio de la joven Alondra Guadalupe González Arias, suscitado a mediados del 2017 en Tlajomulco de Zúñiga.
Tania Renaum aprovechó para solicitarle a Enrique Alfaro, que convocara a una mesa de diálogo con las mujeres de Jalisco, especialmente con las líderes de las organizaciones de activistas defensoras de los derechos de la mujer, para tomar en cuenta sus opiniones en la conformación de la reglamentación de la naciente secretaría anunciada el pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La Directora Ejecutiva de AI-México, expuso que elevar a rango de secretaria al órgano que vele por a defensa de los derechos de las mujeres, no es ninguna garantía de que se puedan frenar las agresiones y la violencia en contra de la mujer, pero planteó que el primer paso es la voluntad política que sí ha mostrado el gobernador jalisciense para escuchar a las activistas que defienden los derechos de la mujer.
Un par de reuniones adicionales que sostuvo Tania Renaum, fue con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y posteriormente con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ello con el fin de investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos que no han hecho su trabajo de manera adecuada en la entidad.
LAS ESTADÍSTICAS QUE IMPACTAN
Para dar mayor claridad al tamaño del problema que se enfrenta en Jalisco y en el país, es necesario hablar de los números que se generaron en el año inmediato anterior. En concreto en el 2018 en México fueron asesinadas entre nueve y 10 mujeres al día y con un total anual de 3 mil 580 muertes violentas, de las que sólo 834 son investigadas como feminicidios.
El número de homicidios violentos contra mujeres perpetrados en 2018 subió a nivel nacional 9.41 por ciento, en comparación con 2017, cuando se reportaron 3 mil 272 casos y sólo 735 de estos se indagan como feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por cierto la cifra de asesinatos de mujeres creció en la mitad del país, concretamente en 16 entidades federativas, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Campeche y Quintana Roo, que son los estados donde porcentualmente se disparó este delito.
Mariana Espeleta, columnista del diario NTR, explica con datos del Observatorio del Feminicidio en México, que: “A menudo el feminicidio se comete bajo circunstancias de saña especial (en un porcentaje mucho más alto que en los homicidios a varones, los asesinatos de mujeres se cometen por ahorcamiento –13.4 por ciento– y con arma punzocortante –12.4–, informó el INEGI a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre) y el perpetrador tiene relación con la víctima. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDC), en su Global Study on Homicide 2018, señala que el lugar más peligroso para una mujer son su propia casa y entorno familiar: de las 87 mil mujeres asesinadas intencionalmente en el mundo en 2017, 58 por ciento murieron a manos de algún familiar y más de un tercio de éstas, a manos de sus parejas o exparejas.
Y abunda la columnista: “El 9 de febrero de 2016 finalmente se logró que Aristóteles Sandoval proclamara la Alerta de Género en algunos municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Ameca. A pesar de esta declaratoria la violencia siguió en aumento, por lo que el pasado 20 de noviembre la Segob emitió la alerta en todo el estado. Lamentablemente, la reacción del recién gobernador Enrique Alfaro no fue positiva, pues ha insistido en que dicho aumento se relaciona con el crimen organizado, desconociendo los datos y el contexto de violencia de género que sufren las mujeres en Jalisco”.
GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS
En su reciente visita a Jalisco, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-México, Tania Renaum Panszi, dijo a Conciencia Pública que desde hace poco más de un año han documentamos el caso de Alondra, un caso de una mujer víctima de feminicidio, una mujer que fue ante las autoridades, que denunció los malos tratos, le dieron una medida de protección y el Estado no hizo las notificaciones oportunas para protegerla de manera integral.
La documentación de este caso -expuso-, nos ha llevado también a que Amnistía InternacionaI tenga una interlocución muy clara con el gobierno de Jalisco, en la administración pasada estuvimos hablando con el que fue Fiscal y con el secretario General de Gobierno y en esta ocasión nos hemos reunido con el gobernador para seguir hablando del caso. El conoce perfectamente el caso, pero lo que nosotras quisimos enfatizar en esta reunión, no solamente era la situación de Alondra, sino la necesidad de tener una política de Estado en una entidad federativa como Jalisco que colabora en gran medida con los 11 asesinatos de mujeres al día que se consuman a nivel nacional.
“Jalisco -abundó-, es de los primeros lugares nacionales en incidencia de asesinatos de mujeres, junto con la ciudad de México y el Estado de México, entre ellos tres se disputan los primeros lugares y efectivamente estamos frente a una problemática de derechos humanos muy seria, porque cuando hablamos de la crisis de derechos humanos nos viene a la cabeza las personas desaparecidas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, pero pocas veces consideramos que las violencias en contra de las mujeres son parte de la crisis, no solamente por el número de casos, que es alarmante, sino sobre todo porque el estado falla en su deber de protección y de prevención de la violencia.
Ante esta queja, “el gobernador se comprometió a hacer una mesa de trabajo en la que podamos comentar una política integral de violencia en contra de las mujeres, no nada más una política que se diseña a partir de la sanción el sistema penal, son que entienda la dimensión de prevención y atención desde otras secretarías de Estado, como educación, salud, bienestar social, etcétera”, dijo Tania Renaum Panszi.
DEL INSTITUTO A LA SECRETARÍA
A la pregunta de si las mujeres de Jalisco deben darse por satisfechas, con la transición del Instituto a la Secretaría, Renaum Panszi, planteó: “Creo que la creación de nuevos organismos en el Estado siempre es la oportunidad de seguir vigilantes, básicamente porque estos organismos tienen la misión de hacer una política integral de Estado, que contemplen los derechos de las mujeres; hoy por hoy tenemos una deuda de justicia y una deuda de integralidad y creo que va a ser una buena oportunidad para diseñar una política integral de derechos de las mujeres”.
No obstante alertó de que no hay ninguna garantía de que con una Secretaría se acaben los feminicidios, y precisó: “Claro que no hay garantía porque hasta que no comprendamos que se tiene que hacer una política integral que incluya disminuir los índices de impunidad y que incluya la reparación integral del daño, que es comprender en su dimensión este tipo de delitos, entonces vamos a poder ver la disminución de los feminicidios.
“Qué quiere decir con la impunidad, quiero decir que cuando el Estado no es capaz de detener a las personas que son las perpetradoras o las señaladas como presuntas responsables de un delito, estamos frente a un escenario de un mensaje que da el estado, de que en este Estado se puede matar a las mujeres sin ninguna consecuencia, pero el segundo mensaje que envía a la par el Estado, es de profunda debilidad institucional.
“Y qué quiero explicar con la reparación integral de daño, que no basta con ver las violencias contra las mujeres, como fenómenos que ocurren y que tienen que ser solo sancionados por el sistema penal, sino que tienen que ser prevenidos desde un sistema educativo distinto, donde los roles de género se moldeen de forma diferente y donde la vida y la integridad de las mujeres sea tan importante que no se naturalice la violencia hacia ellas”, sentenció.
Pregunta. ¿Hay algún común denominador en los feminicidios, quién las mata, por qué las matan?
Respuesta. Creo que la pregunta es fundamental porque cuando hablamos de las violencias en contra de las mujeres, lo que viene a la cabeza para muchas personas es que se matan menos mujeres que hombres, pero la diferencia de las muertes de las mujeres es quién las mata, y generalmente es alguien de su entorno privado; cómo las matan, que generalmente no son en actos de violencia con arma de fuego, sino muchas veces con cosas que están dentro de un espacio privado; y cómo y por qué las matan, que es generalmente un enfrentamiento en una relación totalmente desigual entre los hombres y las mujeres. El cómo, el quién y el por qué son totalmente diferentes y es lo que nos permite entender la importancia de que aunque son más hombres los que mueren, que es lo que los detractores dicen, las formas de morir cuando se es mujer son distintas.
Pregunta.- Van iniciando prácticamente las dos administraciones, la federal y la estatal en el caso de Jalisco, ¿cuánto tempo habrá que darles para que nos demuestren que harán las cosas diferentes?
Respuesta.- Yo más que tiempo pediría qué mensajes necesitamos recibir de la autoridad y creo que necesitamos recibir un mensaje de que la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado, es una crisis de derechos humanos y que la violencia contra las mujeres requiere de una política integral para su prevención y su atención. Esos tres mensajes son los fundamentales que tendrían que ser un paso previo a una verdadera política integral y de atención a las mujeres.
Pregunta.- ¿Hubo algún mea culpa, algún reconocimiento a los errores cometidos por el Gobierno en la reunión con Enrique Alfaro?
Respuesta.- Yo creo que el hecho de que estemos sentados a la mesa con el gobernador indica de alguna manera una clara voluntad de que estos hechos no se vuelvan a repetir, esta tarde tenemos una reunión con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y mañana con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque efectivamente habrá que investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos que no hicieron su trabajo de manera adecuada.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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NACIONALES
El llamado de los expertos: Una nueva Suprema Corte de Justicia que priorice el derecho sin extremos ideológicos

– Por Mario Ávila
Este domingo 31 de agosto llega a su fin una era de tres décadas en las que se implementó un modelo de justicia, nacido con la llegada a la presidencia de México, de Ernesto Zedillo y el lunes 1 de septiembre México amanecerá con un nuevo modelo de justicia, nacido a iniciativa del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y hecho realidad en el primer año del sexenio de la primera presidenta en la historia del país, Claudia Sheinbaum Pardo.
En un análisis somero, el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado González, habló no sólo del Poder Judicial, sino específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que dijo: “Se despide una Corte que preferentemente se dedicó a cuidar los intereses del capital, pero no podemos esperar que lleguemos a caer en el otro extremo y que se instale una Corte de tipo populista”.
Yo pienso -dijo-, que lo que deben hacer los nuevos ministros, es la recta aplicación del derecho, más allá de consideraciones de carácter social, étnico o político; tiene que ser una Corte imparcial, objetiva y apegada fielmente al derecho.
Hurtado González, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, aceptó la entrevista para los lectores del semanario Conciencia Pública y de entrada dijo: “En principio, hay que darles el beneficio de la duda y a través de sus sentencias, sus actos y sus decisiones, es como vamos a poder valorar, si realmente estos nuevos impartidores de Justicia que entran en funciones el día primero, van a estar a la altura de las circunstancias.
“Yo pienso que el Poder Judicial, sobre todo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a tener que contrarrestar el problema de su legitimidad de origen, yo no estoy diciendo que hayan sido producto de una imposición, sino que todos sabemos lo que pasó en el proceso de su elección, los famosos acordeones, eso es una mancha muy importante que van a tener y con la que van a cargar; no sé durante cuánto tiempo se puedan despojar de ella, pero la única manera de poder hacerlo, será a través de sus sentencias”, planteó el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara.
Este modelo de justicia que imperó durante 30 años -sentenció-, yo pienso que fue en un ensayo, que finalmente no derivó en lo que se tenía pensado que pudiera ser; me refiero sobre todo al problema de la Carrera Judicial, más bien fue digamos un principio a alcanzar, pero no la realidad.
Yo no niego tampoco -expuso-, que no haya habido casos en los que se respetó la Carrera Judicial, para decidir un ascenso o el ingreso de impartidores de Justicia; pero hubo muchos otros casos y reconocidos por ellos mismos, en los que se admitió, reconocidos por ellos mismos que el nepotismo estaba presente en el 50% del personal, según lo dijo la propia ministra presidenta, Norma Piña.
“Yo pienso que así es como se despide una Corte, que se dedicó mucho a cuidar los intereses del capital, en el entendido de que la mayor parte de la sentencias y de los casos que llegan a la Corte, son de carácter económico y fiscal y eso siempre lo resolvieron, o les daban largas y largas, como al caso de Salinas Pliego, que es paradigmático, para prolongar y mientras tanto ‘jinetear’ el dinero y les daban una parte de las mochadas de los intereses a los propios ministros que hacían eso, que escondían los expedientes en los cajones del escritorio”, recordó el entrevistado.
Sin embargo, Hurtado González también planteó que, con la llegada de los nuevos integrantes de la SCJN, no se debería caer en el otro extremo, “o sea, una Suprema Corte digamos de tipo populista, si la otra era elitista y favorecía a los grandes capitales como quedó demostrado, esta no debe caer en el otro extremo, su obligación es tomar decisiones bien sustentadas únicamente en el Derecho”.
LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES
Al hacer un primer análisis de los retos que tendrá enfrente la nueva SCJN, el fundador de la carrera de Ciencias Políticas en la UdeG, Javier Hurtado, dijo ver un primer gran reto en el hecho de que si ésta Suprema Corte va a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente con la sentencia emitida a fines del año 2023 sobre la prisión preventiva, “en donde se le ordenó al Estado Mexicano, adoptar una serie de medidas, entre otras dejar de aplicar esa medida atentatoria al principio de presunción de inocencia y también se le ordenó reformar su Constitución para adaptarla a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Censuró el abogado constitucionalista y también licenciado en sociología, cómo es que en México se tiene la prisión preventiva si hay de por medio una sentencia que la Corte Interamericana “y se sigue aplicando ese ‘engendro del demonio’, se sigue haciendo e incluso le siguen poniendo más delitos; es decir, en vez de marchar en el sentido que dijo la Corte Interamericana, no, le agregaron otros delitos en el artículo 19 a la prisión preventiva”.
Vaticinó que ese será uno de los temas fundamentales que tiene que atender el próximo Poder Judicial y se preguntó si la SCJN va a acatar esa sentencia y dejará de aplicar la prisión preventiva, concretamente cuestionó qué es lo que le habrán de decir o qué le van a ordenar a los impartidores de justicia.
Aseguró que hay uno que otro juez que no ha aplicado la prisión preventiva ni el arraigo, porque son muy valientes, “pero creo que no llegan al 5% de los jueces quienes por sus pantalones no la aplican, acatando la decisión de la Corte Interamericana, pero los demás no lo hacen porque la Corte ha defendido la prisión preventiva.
“Y ahí va a estar en un predicamento esta SCJN, va a estar a dos fuegos, por un lado, la presión del gobierno y el partido que los favoreció en la elección, que son favorables a la presión preventiva e incluso de agregarle más delitos y por otro lado, la Corte Interamericana que les dice, deja de aplicar eso y reforma tu Constitución para adaptarla a los estándares internacionales”, recalcó el jurista.
Refirió también que el arraigo, además de la presión preventiva, es una cosa totalmente fuera de cualquier consideración, en un país en el cual ya haya una plena observancia de los derechos humanos y se preguntó: “¿Cómo es posible que tú tengas presa a una persona para investigarla, hasta por 84 días?”
“No puede ser eso -abundó-, es decir, te aprenden para investigarte, no investigan para aprenderte. Y a la vez tenemos otro tema y otro reto muy importante, que es la extinción de dominio, que también es contrario a los derechos humanos, pero el estado mexicano se hace omiso con relación a esto y la Corte, pues no toma las medidas necesarias para revertir esa situación a través de sentencias y de jurisprudencia. Por ejemplo, yo tengo una casa y al que se la rento, se dedica a delinquir y lo aprenden, y a mí me quitan la casa, cuando yo qué culpa tengo y aparte sin un juicio, es decir solo te la confiscan.
EL TRABAJO SERÁ EXCESIVO, SIN SALAS Y CON DOS MINISTROS MENOS
Otra situación a la que se refirió el maestro Javier Hurtado, es el trabajo excesivo que augura, tendrá la Suprema Corte de Justicia de la nación, toda vez que con la reforma, desaparecieron las Salas y redujeron el número de ministros.
Son dos cosas en contra -planteó-, cómo le van a hacer para resolver en el Pleno, el número cada vez más creciente de casos que llegan a la Suprema Corte; antes las salas permitían que se desahogara esa carga de trabajo, pero ahora quitan las Salas y aparte eliminan dos ministros, entonces la verdad, van a tener que ser magos o no sé cómo le van a hacer, es increíble, no hay forma de entender cómo le van a hacer.
EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Y EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Uno de los aspectos importantes que dejó la Reforma Judicial, es la creación de un nuevo ente llamado el Tribunal de Disciplina Judicial, se trata de un organismo inédito, sin paralelo en otros países, que transformará por completo el sistema de administración de justicia.
Este Tribunal sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal y será un órgano con independencia técnica y de gestión, para emitir sus resoluciones. Su función principal será garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley. Tendrá la responsabilidad de investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la justicia.
Sobre esta creación, el doctor Javier Hurtado admitió que efectivamente, él nunca tuvo conocimiento de que el Consejo de la Judicatura sancionara a un juez o un magistrado, por lo que planteó su esperanza de que este nuevo tribunal cumpla bien con su misión, con su función y que sancione a los impartidores de Justicia que se aparten del Estado de Derecho o que incluso vendan la justicia.
Sin embargo, planteó a la vez que hay el riesgo de que queriendo cambiar totalmente la impartición de justicia, termine convirtiéndose ese Tribunal de Disciplina Judicial, en un ‘Tribunal de la santa inquisición’ y que corten cabezas por parejo; yo veo también que ese es otro gran problema, otro gran riesgo. Pero consideró que igual que a los ministros, habrá que darles el beneficio de la duda.
Hurtado González también habló del Órgano de Administración Judicial, el nuevo organismo que tendrá a su cargo la administración de los recursos financieros y humanos del Poder Judicial, así como dará seguimiento a la Carrera Judicial.
Este órgano estará integrado por cinco miembros: tres consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de distrito; un consejero designado por el Senado, y uno por la presidenta de la República.
Y esa conformación es justamente la que llama la atención al doctor Javier Hurtado y sobre el que dijo: “Me parece quedó mal integrado, porque tanto ruido para tan pocas nueces, es lo mismo, la única diferencia con lo que existía (Consejo de la Judicatura), es que ya no lo preside la presidenta de la SCJN, pero ahí, en ese órgano de cinco miembros, el Poder Judicial tiene tres representantes, lo que significa que siguen siendo juez y parte, porque los otros dos, es un representante del Ejecutivo y otro del Senado; entonces quedamos igual, y ahí también el problema es que sigan tomando decisiones incestuosas para encubrir un mal manejo de los recursos que tienen a su cargo”, expuso.
¿UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
O UN TRIBUNAL DE CASACIÓN?
Una más de las inquietudes que un abogado constitucionalista como Javier Hurtado plantea, tiene que ver con dejar en claro cuál es la función, la figura y las facultades de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y explica: “En 1994 cuando Zedillo hizo la reforma al Poder Judicial y se establecieron en el artículo 105 constitucional, en esa reforma del 31 de diciembre de 1994 se habló de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales; entonces dijeron que la Suprema Corte era un Tribunal Constitucional y siempre se llamaron así.
“Y el 5 de noviembre del año pasado, si no me falla la memoria, se cayó eso de que era Tribunal Constitucional con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que dijo: ‘Nosotros no tenemos facultades para controlar las reformas constitucionales’, entonces no es tribunal constitucional, por más que digan lo que digan, es Tribunal de Constitucionalidad, es un Tribunal de Casación, es un Tribunal de Tercera Instancia”.
Recordar que un Tribunal de Casación, es un órgano judicial superior, cuya función es conocer y resolver el recurso de casación, un medio extraordinario para revisar sentencias de tribunales inferiores, por infracción o quebrantamiento de la ley. A diferencia de un tribunal de apelación, el tribunal de casación no reexamina los hechos del caso, sino que se enfoca en la correcta aplicación del Derecho y la unificación de la jurisprudencia para garantizar la seguridad jurídica.
LA SCJN, OBLIGADA A ANTEPONER
EL INTERÉS NACIONAL: ANDRÉS VALDEZ
Andrés Valdez Zepeda, doctor en estudios latinoamericanos con especialidad en Ciencias Políticas por la Universidad de Nuevo México
“Hay mucha esperanza entre amplios sectores de la población, de que, con el nuevo modelo del Poder Judicial en México, las cosas cambien para bien, que haya justicia más expedita y, sobre todo, se reduzca o elimine la corrupción y el nepotismo. Lo que la gente no quiere es que haya más de lo mismo, lo que se requiere ahora es que el Poder Judicial ejerza sus labores profesionalmente y cumpla con sus funciones constitucionales. La nueva Suprema Corte de Justicia de la nación, debe trabajar en equipo, anteponer el interés nacional por encima de intereses particulares, eficientar y modernizar su estructura y dar señales claras de que hubo en cambio verdadero”.
JALISCO
Cierra las puertas a la revisión: Se resiste el auditor de Jalisco Jorge Ortiz Ramírez a ser auditado

– Por Francisco Junco
En Jalisco se vive una paradoja que raya en lo absurdo, el auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, se niega a ser auditado. El funcionario que debería garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, cierra las puertas a quien tiene la tarea de revisarlo desde adentro.
Lo que podría parecer un pleito de egos o un desencuentro burocrático es, en realidad, una afrenta al sistema democrático. Se trata de un auditor que desconoce al órgano interno de control nombrado por el Congreso, en un acto de rebeldía institucional que revela mucho más de lo que aparenta.
Desde el 10 de julio, cuando David Rubén Ocampo Uribe asumió la titularidad de la Unidad de Vigilancia del Congreso, se convirtió en el contralor interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Su papel es claro, revisar el funcionamiento administrativo, financiero y laboral del organismo que vigila el gasto público.
Pero a más de un mes de haber asumido el cargo, Ocampo no ha podido tener ni siquiera una reunión con Ortiz Ramírez. Las solicitudes formales se acumulan, los oficios se contestan con evasivas y la interlocución se reduce a la Secretaría Técnica, como si el titular del organismo no existiera.
“Lo primero que solicité fueron los expedientes laborales, la sábana de nómina, los contratos. Quería saber si todo estaba en regla. La respuesta fue negativa. Después pedí una reunión de trabajo pública, con agenda común. Tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo en entrevista con Conciencia Pública.
El auditor no sólo evade, sino que además bloquea. Cuando el contralor intentó comunicarse directamente, el asistente le confesó que tenían prohibido pasarle llamadas. “Le dije que necesitaba hablar con el auditor. Me contestó que sólo podía comunicarme con el secretario técnico. Yo no quiero hablar con su secretario, necesito hablar con él. Somos titulares de áreas que deben coordinarse”, reclamó David Ocampo.
El 19 de agosto fue la fecha límite que el contralor fijó para un encuentro institucional. Citó al auditor en sus oficinas o, en su defecto, en la propia ASEJ. La silla quedó vacía. Ortiz Ramírez no apareció.
Para el diputado de Morena, Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, el asunto es mucho más grave de lo que parece. “Este señor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante casi ocho años hizo y deshizo en la Auditoría porque no había contralor. Hoy que lo hay, se niega a recibirlo. Eso es un desafío al Congreso y a la sociedad”, afirmó para Conciencia Pública.
El diputado local morenista subrayó que el nombramiento de David Ocampo tuvo un respaldo contundente, 29 de 32 diputados presentes votaron a favor. “Con ese aval, no hay duda de su legitimidad. Lo que pasa es que al auditor le incomoda porque sabe que vamos a abrir la Caja de Pandora”, señaló.
El argumento del auditor para no colaborar resulta, cuanto menos, cuestionable. Según Ortiz Ramírez, el contralor sólo podría solicitarle información con un acuerdo previo de la Comisión de Vigilancia. Una interpretación que, para David Ocampo, es absurda, ya que él, como auditor no necesita un acuerdo y aseguró que “la Constitución me otorga facultades como órgano interno de control. El auditor lo sabe, pero se escuda en tecnicismos para evadir la revisión”.
Esta resistencia no sólo retrata soberbia. También enciende las alarmas, y de acuerdo con David Ocampo, las preguntas son evidentes, ¿qué teme mostrar el auditor? ¿Qué hay en los archivos que no quiere que salgan a la luz? Nadie que actúe con limpieza debería oponerse a ser supervisado.
Y no es una sospecha al aire. Dentro de la ASEJ circulan denuncias internas que pintan un panorama de corrupción. Trabajadores señalan la existencia de aviadores, nóminas infladas, cobro de comisiones ilegales y hasta incapacidades falsas pagadas con recursos públicos.
Una funcionaria de la Dirección Jurídica, identificada como Sandra Verónica Márquez González, quien aunque firmaba como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la ASEJ, su nombramiento era de supervisor C numerario, es señalada como operadora de esas prácticas. Testimonios internos aseguran que mantiene en nómina a personal inexistente, además de cobrar “moches” a trabajadores que ganaron laudos laborales, condicionando el pago de lo que por derecho les corresponde.
Los señalamientos no terminan ahí. También se le atribuye tolerancia hacia incapacidades falsas expedidas por el IMSS, con las que algunos empleados justificaban ausencias mientras seguían recibiendo sueldo completo. Todo, dicen, con el aval implícito del auditor.
El problema se agrava cuando se revisa el historial de esa funcionaria. Su paso por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ya había dejado huella: se le vinculó a un grupo conocido como “El Clan Trevi”, acusado de cobrar comisiones por laudos. Más tarde, en la Fiscalía, los trabajadores denunciaron que pedía aportaciones de su sueldo para mantener sus plazas.
Mientras tanto, el malestar crece entre empleados que observan cómo la institución que debería ser ejemplo de legalidad arrastra prácticas clientelares y corruptas. “Es una burla que el organismo encargado de vigilar la transparencia se hunda en lo mismo que debería sancionar”, comentó David Ocampo.
En este escenario, el silencio de otros actores resulta ensordecedor. Ni el Congreso en pleno ni la Fiscalía Anticorrupción han tomado cartas firmes en el asunto. La pasividad alimenta la percepción de complicidad o, en el mejor de los casos, de indiferencia.
“El auditor piensa que tiene el sartén por el mango porque entró con acuerdos políticos. Pero se le salió de las manos. Ahora la sociedad presiona y nosotros no vamos a callarnos”, advirtió el diputado guinda.
Para el legislador, Ortiz Ramírez busca prolongar su estancia y hasta se habla de reelección. “No lo vamos a permitir. Un gobernador dura seis años y se va. Este señor ya lleva ocho y pretende quedarse otros ocho más. Es inadmisible”, sentenció.
La pregunta que ronda entre diputados y ciudadanos es la misma ¿cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el auditor no acepta ser vigilado? El sistema de pesos y contrapesos pierde sentido cuando el propio fiscalizador se coloca por encima de la ley.
“La opacidad reina en la Auditoría”, resume David Ocampo. “Y si el auditor desconoce la ley, estamos en un problema muy grave. Porque entonces, ¿cómo están haciendo las fiscalizaciones en el resto del Estado?”.
La paradoja es grotesca, la oficina que vigila a todos los entes públicos se resiste a ser vigilada. El organismo que exige cuentas se niega a dar cuentas, coinciden David Ocampo y Alberto Alfaro.