OPINIÓN
Mitos y realidades sobre la donación de órganos: «Jalisco le apuesta irracionalmente al donador vivo», Milagros Naveja
Por Mario Ávila //
En Jalisco se está apostando de una manera irracional al trasplante del donador vivo, en el caso del riñón, según lo expuso la activista social pro donador de órganos, Milagros Naveja, quien asegura que hoy día el 80% de los procedimientos se realizan con donador vivo y apenas el 20% con donador cadavérico.
Y esto no es lo ideal -dijo-, la Organización Mundial de la Salud advierte que lo ideal es la donación de muerte encefálica (cadavérica), no el donador vivo y están apostando a esto porque nadie lo hace. En los países de primer mundo las donaciones son 80% de cadáver y 20% de donador vivo y aquí es al revés y es muy peligroso porque de por sí ya tenemos un alto índice de insuficiencia renal y esa es una bomba de tiempo, ya que en lugar de ser 17 mil pacientes renales, se le pueden sumar los que vayan saliendo de donadores y en este caso de donadoras, la gran mayoría mujeres.
Es decir -abundó-, el donante tiene una alta posibilidad de convertirse en paciente porque a final de cuentas no deja de ser un órgano que cumplía con una función y habrá cuerpos que respondan bien y otros que no; porque además solo hay tratamientos y cuidados para el receptor, el donador entrega el órgano, pero ya no se le sigue cuidando, no hay tratamientos, incluso la incapacidad laboral para el donador es de solo un mes, si bien les va. Están apostándole a la donación de vivos, cuando no es lo ideal.
Incluso lamentó que extrañamente se les olvida en el Congreso del Estado, en donde la mayoría de los legisladores son mujeres, “que las cuidadoras de los enfermos en un 90% son mujeres, que además después se convierten en donadoras y a su vez tienen un alto riesgo en convertirse en pacientes.
Este planteamiento lo hizo la activista social en pro de los trasplantes de órganos, al participar en el foro “Los mitos y realidades sobre la donación de órganos”, al que asistieron profesionales de la salud y expertos en la materia con el objeto de presentar diversas propuestas para fortalecer y enriquecer la reglamentación que regula estos procesos.
Con este foro se dio comienzo al proceso de parlamento abierto mediante el que se buscará enriquecer la propuesta de reforma a la Ley de Salud en el Estado de Jalisco, planteada por el diputado Enrique Velázquez, integrante de la fracción parlamentaria de Hagamos.
Milagros Naveja, lamentó que abiertamente en la Secretaría de Salud y en el organismo estatal que tienen que ver con el trasplante de órganos, los que deberían ser expertos en el tema, están en contra de esta iniciativa.
Incluso comentó que en lo corto, tuvo discrepancias con el doctor Francisco Javier Monteón Ramos, director del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (CETRAJAL), “porque está en contra de esta iniciativa, al igual que la Secretaría de Salud y su argumento es porque la gente desconoce el tema de las donaciones cadavéricas”.
Yo le dije -planteó Mily Naveja-, pues qué bueno que desaparecieron el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT) porque tú tenías 15 años manejándolo y dices que la gente no tiene conocimiento, cuando tú pudiste hacer una campaña de un año con tres anuncios a la semana, diciendo con claridad cual es la única manera de donar órganos y ahí podrías utilizar debidamente el presupuesto de 8 millones de pesos que tenían por año, o bien podías haber echado mano de los tiempos oficiales que tiene el Estado en los medios masivos de comunicación, particularmente en radio y televisión.
Recuerda Mily Naveja que el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), lo desaparecen en la legislatura pasada porque decían que no hacía nada, lo cual era cierto y tenía un presupuesto asignado en vano, ya que el recurso no se aplicaba. Hoy el doctor Fernando Petersen Aranguren, forma un ente nuevo llamado Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (CETRAJAL). que es prácticamente el mismo equipo humano, incluyendo al titular, al doctor Francisco Javier Monteón Ramos, lo que significa que servirá para lo mismo que el anterior organismo.
Calificó como alarmante el grado de desconocimiento que hay de parte de los diputados y diputadas sobre el proceso de donación y procuración de órganos, “pero es mucho más alarmante que sea de parte de los directivos de la Secretaría de Salud y las demás instituciones”, sentenció.
Por ello -dijo-, la sociedad no tiene claro cómo se da la donación y la procuración de órganos y sobre todo no tienen claro que solo se procura con muerte encefálica, siguen creyendo que van a llegar y van a sacarle los órganos a la gente, y piensan que en los accidentes te van a dejar morir, si en tu licencia dice que eres donador.
Por otro lado planteó que les habla mucho en el Congreso y en la Secretaría de Salud, “que no se puede aprobar la ley por la corrupción que existe en las instituciones, entonces yo les dije que no es posible que si ellos saben en donde se encuentra la corrupción y aducen que la ley no se aprueba por ello, es muy grave y no me explico qué están haciendo los organismos de salud y qué están haciendo las autoridades si saben en dónde está la corrupción y en cómo se realiza el tráfico de órganos; es muy grave que en las mismas instituciones se diga que hay corrupción, o que piensan que hay corrupción, si tienen certeza y si lo pueden asegurar, lo que deben hacer es presentar las denuncias correspondientes y actuar, no solo decirlo”.
Refirió que uno de los argumentos de los diputados, es que hay mucho tabú religioso y no sabían a ciencia cierta cual era la postura. Ante ello lo que se dijo es que “si alguien está en contra por el tema religioso, está bien se vale según tus creencias, pero lo ideal es que salgan y díganlo”.
“Hay diputados como la doctora Ana Degollado, que llega y nos dice que acaban de aprobar un instituto de cancerología con un área de hemodiálisis… y nuestra respuesta fue, qué pena diputada que usted considere que ese sea un apoyo para nosotros, una hemodiálisis solo es un tratamiento sustitutivo a la hora que te mueras, mientras no haya trasplante. Nosotros no necesitamos hemodiálisis, necesitamos una solución de fondo por la cantidad de pacientes y porque no dimensionan el grave problema que tenemos en Jalisco de insuficiencia renal.
“La iniciativa del diputado Enrique Velázquez, de la semana pasada para que se hiciera examen general a los niños de prescolar, una medida que se tomó en Japón hace muchos años y disminuyó un 80% el problema renal, pero aquí no hay políticas públicas de salud, ni de prevención, ni de capacitación, por ejemplo no es posible que le procurador haya dicho que tienen que trabajar días y horas inhábiles… no pues perdón, porque déjame le digo a la persona que va a donar en muerte cadavérica que procuren no morir en sábado, porque tú descansas ese día”, estableció en tono de molestia por la falta de compromiso de los funcionarios públicos.
PROPONE EL DIPUTADO ENRIQUE VELÁZQUEZ EL TÉRMINO “DONACIÓN PRESUNTA”
El diputado Enrique Velázquez González, organizador del foro sobre “Los mitos y realidades sobre la donación de órganos”, al que asistieron profesionales de la salud y expertos en la materia con el objeto de presentar diversas propuestas para fortalecer y enriquecer la reglamentación que regula estos procesos, detalló que este análisis se deriva de una iniciativa que presentó para reformar la Ley de Salud, en la que plantea la necesidad de elaborar un registro de personas que no son donadores de órganos; incorpora el término “donación presunta”, que permitirá asumir que “todos son donadores a menos que manifiesten lo contrario por escrito”; pretende también, que ya no sea necesaria la autorización de terceros cuando el paciente en cuestión haya expresado en vida su voluntad de hacerlo.
En el ejercicio de parlamento abierto, la legisladora Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, afirmó que este diálogo tiene como objetivo lograr una reglamentación que salve vidas; así como, eliminar los prejuicios que se toman como pretextos y que han impedido que se debata este tema.
Durante el evento, especialistas en el área de la salud y asociaciones civiles, abordaron temas en los que se refleja la necesidad de optimizar los programas de donación de órganos y trasplantes, a fin de beneficiar a un mayor número de pacientes; de fomentar la cultura de la donación entre la población; sobre todo, porque Jalisco ocupa el primer lugar de personas que padecen insuficiencia renal.
Coincidieron en promover la donación cadavérica por sobre la vida, para evitar que más personas sanas continúen siendo donadores y posteriormente, se conviertan en pacientes con algún problema de salud; lo ideal, afirman, es que el 75 por ciento sea de donación cadavérica, y solamente el 25 por ciento de donación viva.
Detallan que la tasa de donadores cadavéricos es baja, se pronunciaron por analizar los problemas que fragmentan el sistema de salud en lo concerniente a los donantes potenciales, dicen que se asigna el órgano al paciente en espera que depende del hospital donde se encuentra el donante y no a quien sigue en la lista de espera. Explican también, que se debe reconsiderar que las personas de 60 años son aptas para considerarse como donadores.
En el foro, Ponchito, un pequeño de seis años, comentó que está en espera un riñón, expresó su deseo de tomar agua y de acudir a la escuela; por su parte, Blanca Arreola, en representación de los pacientes que se encuentran en lista de espera, detalló que ellos no cuentan con un donador vivo que les salve la vida. También comentaron sus experiencias Katerine Tovar Bueno, Mily Naveja y Fernanda Valenzuela.
Estuvieron presentes las diputadas Ana Angelita Degollado González, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, concordó con la propuesta de realizar un listado de los niñas y niños que requieren un trasplante para darles prioridad de atención médica; Mirelle Alejandra Montes Agredano, y los legisladores Óscar Vásquez Llamas y Abel Hernández Márquez.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
