OPINIÓN
Cae el euro ante la crisis actual: ¿El inicio de una recesión en Europa?
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
Fuertes sacudidas se viven en el ámbito político de Gran Bretaña ante la forzada dimisión como líder del Partido Conservador de su primer ministro Boris Johnson, al tiempo que los británicos enfrentan una difícil situación económica y una grave crisis energética, que conforman un escenario poco alentador para quien vaya a ser el nuevo ocupante de la casa de Downing Street (residencia oficial de los primeros ministros).
La renuncia del primer ministro causa un natural impasse –cuando menos ante la opinión pública- en la política inglesa interna y externa que Johnson imprimió en su corta gestión al frente del gobierno, que probablemente repercutirá en las estrategias y acciones que la dupla anglosajona (EE.UU. e Inglaterra) estaban aplicando en la Unión Europea (UE) y en temas críticos como el de la guerra Rusia-Ucrania.
La caída de Boris Johnson es la culminación de meses de presión sobre su liderazgo, salpicados por repetidos escándalos sobre sus mentiras al público y al Parlamento. Las denuncias de tocamientos sexuales por parte del vicepresidente Chris Pincher —y el conocimiento por parte de Johnson de su mala conducta en el pasado, antes de nombrarlo— son sólo las últimas de una serie de historias sobre el temerario desprecio de las normas por parte del Primer Ministro.
Tales revelaciones, alimentadas por los textos y correos electrónicos de meses atrás, no sorprenden a nadie, y menos a las docenas de ministros tories –miembros del Partido Conservador- anteriormente leales que ahora lo condenan como incapaz para el cargo.
Hace algunos días, el número dos del grupo parlamentario conservador, Chris Pincher, dimitió tras filtrarse que supuestamente habría tocado de forma inapropiada a dos hombres en un club privado del partido. El escándalo sacudió a todo el Gobierno de Johnson. Y es que el premier británico habría conocido de las acusaciones contra Pincher mucho antes de su nombramiento, con acusaciones que se remontarían incluso una década atrás.
Más de 50 altos cargos del Gobierno actual presentaron su dimisión previamente a lo que sucedió el jueves pasado, cuando Johnson renunció como líder del Partido Conservador, aunque podría retener el cargo de Primer Ministro hasta la elección de su relevo. Lejos queda la confianza depositada en Johnson en 2019, quien consiguió mayoría absoluta (364 escaños) y ejecutó el Brexit para sacar a su país de la Unión Europea. (as.com)
El Brexit ayudó a impulsar a Boris Johnson al más alto cargo de Gran Bretaña. Sus tres turbulentos años como primer ministro han puesto de manifiesto los costes de esa decisión. Su marcha no evitará a Gran Bretaña el daño económico y diplomático duradero que supuso la salida de la Unión Europea. Pero la idea del Brexit como fuerza para reordenar la sociedad británica caducó con el discurso de dimisión de Johnson del jueves.
El movimiento del Brexit se basó en decirle a la gente cosas que, incluso en ese momento, eran demasiado buenas para ser verdad. La campaña del referéndum de 2016 soltó eslóganes simplistas sobre el dinero para el Servicio Nacional de Salud, mientras desechaba las preocupaciones con el rótulo de proyecto miedo. Después de la votación, los partidarios del Brexit presionaron para lograr la separación más dura posible, al tiempo que atacaban a quienes sospechaban que frustraban su programa: no solo políticos rivales, sino funcionarios, diplomáticos, jueces, directivos de empresas, financieros, académicos y periodistas. Y a medida que los costes del divorcio del Brexit se hacían más difíciles de obviar, sus partidarios culpaban a otros factores como la pandemia del Covid-19 y la guerra ruso-ucraniana. (cincodias.elpais.com)
La inflación en la zona euro alcanzó en junio el 8,6%, al menos a tenor de los indicadores adelantados y armonizados que utiliza Eurostat, la oficina estadística de la UE. Estados Unidos aún no ha hecho público el dato de junio, pero en mayo ya se situaba también en ese mismo 8,6%. De los 20 países europeos que han revelado la cifra del último mes, nueve tienen un IPC superior al 10%. Uno de ellos es España, con un 10,2% –dos décimas menos el armonizado–.
La superan los países bálticos, totalmente supeditados a la energía rusa y con IPC de pesadilla: Estonia alcanza el 22%, Lituania está en el 20,5% y Letonia en el 19%. Con dos dígitos aparecen también dos países de Europa del Este como Eslovaquia –12,5%– y Eslovenia –10,8%–, y Grecia –12%–. Al igual que Bélgica –10,5%– y Luxemburgo –10,3%–.
Tampoco van muy a la zaga Países Bajos –9,99%–, Irlanda –9,6%– y Portugal –9%–.
Alemania, que antes del inicio de la guerra en Ucrania importaba de Rusia el 55% del gas que consume, ha conseguido reducirlo a un 35%. También compraba en el gigante eslavo un 35% del petróleo, que ahora es sólo el 12%. Así, es casi el único país europeo que ha conseguido rebajar en algo su inflación en junio, hasta el 8,2% desde el 8,7% –IPC armonizado– de mayo. También Países Bajos, otro país con una fuerte dependencia energética de Rusia, ha recortado su IPC, del 10,2% de mayo al 9,9% de junio. En cualquier caso, son cifras estratosféricas. En Alemania el precio de la energía se ha disparado un 38% en el último año.
Italia ha llegado en junio al 8,5% armonizado, tras una subida de 1,2 puntos porcentuales en un mes. En el país de Mario Draghi la energía se ha encarecido aún más que en Alemania, un 48,7%. Sólo Francia parece escapar, hasta cierto punto, de la escalada. Aun así, en junio ha alcanzado el 5,8%, la cifra más alta desde 1985 –un 6,5% armonizado–. Los precios de la energía también están en niveles de escándalo, un 33,1% por encima de hace un año, pese a que hasta ahora el mayor recurso a sus centrales nucleares parecía haber librado a Francia de la carestía que atenaza al resto de los europeos.
Finalmente, el Reino Unido, que aún no ha publicado el dato de junio, dejó la inflación en el 9,1% en mayo. Y el Banco de Inglaterra avisa de que, en octubre, cuando en teoría está previsto que se levante el tope de precios a las facturas domésticas de la luz, el IPC puede llegar al 11%. Únicamente Suiza vive a salvo de la ola de precios, con un IPC que en mayo sólo era del 2,7%. El motivo es su moneda. El franco suizo es considerado una divisa refugio en momentos de crisis y su fortaleza permite a la confederación importar barato. (infolibre.es)
Como efecto de la ralentización económica en Europa, la crisis energética, el desabasto de insumos, la crisis mundial en la cadena de suministros, la fuerte presión inflacionaria, y los movimientos sociales en gestación, la cotización del euro cayó a niveles no vistos desde hace más de dos décadas, llegando al nivel más bajo en su paridad frente a la divisa estadounidense: 0,98 centavos de euro por dólar.
Así, mientras Occidente sufre los duros embates de una inflación prácticamente incontrolable –a pesar de las medidas aplicadas por sus bancos centrales- la consolidación de nuevos bloques económico-políticos avanza, con China y Rusia liderando a un importante número de países aliados y socios, que se reúnen en medio de la coyuntura actual para llegar a importantes acuerdos que delinearán en el futuro mediano el peso económico y político en un nuevo mundo multipolar.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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