OPINIÓN
Polémicos fallos de la justicia federal: Los jueces en los tiempos la Cuarta Transformación
El Análisis, por Pedro Vargas //
Casi no hay semana en la cual los medios de comunicación nos informen que algún juez -específicamente del ámbito federal- concedieron un amparo a favor de alguna o varias organizaciones, en contra de actos de la autoridad emanada del actual gobierno general, mismo que se autodefinió como de la Cuarta Transformación Nacional (4T).
Dos aspectos de fondo resaltan a la vista ante ese panorama: en primer lugar, la división de poderes constitucionales que impera en la república; en segundo término, el proyecto de nuevo régimen (4T) encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice claramente: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. En los Estados, es el artículo 116 que en su primer párrafo establece: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”. Por lo tanto, debemos entender que existe un solo poder público, que es el “Supremo Poder de la Federación”, siendo su concomitante en las Entidades federativas, el poder público estatal.
Bajo esa idea, es que marcha el gobierno, lo cual presupone colaboración entre los tres poderes, puesto que realmente existe solo uno dividido en triple función, cuyo fin inmediato es aplicarse cada uno en su ramo: el legislativo, decretar normas para el adecuado desarrollo nacional; el ejecutivo, dirigir la administración pública, y Poder Judicial, aplicar la ley impartiendo justicia. El objeto mediato de todos, es servir al pueblo y consolidar la nación, para lo cual deben observar invariablemente la Carta Magna con sus leyes secundarias.
En vista de lo antedicho, los poderes no son adversarios sino complementarios; eso sí, deben ser respetuosos de sus competencias, a lo cual suele decírsele “independencia” con lo que se evita haya confusiones interpoderes. De surgir estas, la misma suprema norma señala el sendero para resolverlas.
Por lo que ve al orden ejecutivo, lo encabeza el Presidente de la República, o sea, es unipersonal, en tanto que los otros dos poderes son colegiados y multiorgánicos: las Cámaras de Diputados y Senadores, en el Legislativo y, para el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), un Tribunal Electoral (TEF) y Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito. Además, existe un Consejo de la Judicatura encargado de la administración, vigilancia y disciplina de esos entes, con excepción de la SCJ y el TEF con sus Plenos Regionales.
Tradicionalmente, el poder que en los hechos resulta preeminente, es el Ejecutivo, pues al ser unitario, emanar de la voluntad soberana del pueblo y encargarse de las distintas responsabilidades que tiene cada secretaría y múltiples dependencias (que forman el Gabinete Ampliado), resalta su trascendental significación.
Los defectos que resintió políticamente nuestra democracia, que repercutieron en la vida institucional del país, generaron un presidencialismo desmedido, a tal grado que a los períodos presidenciales solía llamárseles “monarquía sexenal”, pues la presencia del ejecutivo en todos los órdenes hacía que los demás poderes y organismos, parecieran subordinados a él.
Por lo anterior, surgieron las inconformidades y reclamos, las protestas y demandas de la sociedad civil, es decir de los ciudadanos y sus organismos. Hasta que en los comicios de 2018 se eligió al actual presidente, quien enarbola un proyecto de nación en el cual los principios de “por el bien de todos, primero los pobres”, la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como tener una democracia plena y consolidar la soberanía nacional en todos los renglones, son sus bases. En cuanto a los individuos miembros del nuevo gobierno, su divisa sería no robar, no mentir, no traicionar y respetar al prójimo, es decir, al pueblo, a los gobernados.
Esos ideales son el motor de la Cuarta Transformación (Cuatro T, 4T), la cual emerge teniendo en cuenta que la Primera nos dio la independencia, la Segunda trajo la Reforma, y la Tercera, fue la Revolución Mexicana que buscó la reivindicación ciudadana y la justicia social. Los tres movimientos tuvieron de común denominador la lucha armada. La Cuarta Transformación es de índole pacífica, respeta la ley y los derechos humanos, lo que conlleva la práctica de los valores culturales, morales, el fortalecimiento de la familia y de las comunidades.
Bajo esos lineamientos, la Cuatro T (4T) planeó obras emblemáticas, entre las que destacan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Dos Bocas bautizada como Olmeca (ambas obras ya inauguradas); en construcción, está el Tren Maya; el corredor Transístmico que une al Pacífico con el Golfo de México; y una serie de edificaciones formidables como el Tren México-Toluca, Parque Ecológico del Lago de Texcoco, vía Oaxaca a Puerto Escondido, una ampliación del tren que va de Lechería a Buenavista, etc., etc. Esto además de rescatar las dos empresas descentralizadas más esenciales del país: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Así las cosas, tanto las obras ya estrenadas como las que están en construcción, constantemente fueron o han sido suspendidas por juicios de amparo, promovidos generalmente por organismos de los llamados ONG´S, soterradamente impulsados por personas o fuerzas políticas antagónicas a la 4T, destacando al respecto, el señor Claudio X. González por medio de sus variados ONG’S y la alianza Va por México que conforman el PAN, el PRI y el PRD; dentro de esta amalgama, figuran sujetos que brillaron en cargos y posiciones de anteriores gobiernos, y que anhelan regresar a usufructuarlos de nuevo.
El juzgador federal Juan Pablo Gómez Fierro, es quizás el más destacado de los impartidores de justicia que han concedido suspensiones. A él acuden variadas corporaciones que, como la sablista hispana Iberdrola, lucran a costa de los mexicanos y a diario burlan nuestras leyes.
Recientemente a esta compañía se le impuso una multa por más de nueve mil millones de pesos, y ya consiguió la suspensión para evitar pagarla: el juzgador Ramón Lozano Bernal, titular del Juzgado Tercero especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, tomó la decisión de suspender la multa.
Volviendo a Gómez Fierro, ya es célebre, porque ha otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, y contra la Ley de Hidrocarburos; el lunes 19 de julio concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que obliga a comprar gas a Pemex y CFE. El 25, concedió el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a favor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con sentencia de efectos generales y ordenó que se aplique el estatuto anterior a la reforma publicada en marzo de 2021, no obstante que la Corte ya dejó en claro la constitucionalidad esa norma: el legista argumentó que la amparista aduce una violación a su derecho a un ambiente sano al entrar en vigor la LIE: bajo tal criterio, todo sujeto puede ampararse, puesto que tenemos universalmente esa prerrogativa, lo cual abona la cachaza de este fustigador ataviado de juez.
Otro censor con toga que se lució, fue uno residente en Jalisco, quien concedió una suspensión para evitar el traslado rápido a Estados Unidos del capo de capos, Rafael Caro Quintero. El juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, otorgó la “suspensión de plano” contra la extradición inmediata y luego declinó la competencia, aduciendo que el competente está en la prisión del Altiplano, y por lo tanto debe conocer su caso un juez federal de Toluca o de la capital azteca.
El organismo “Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano” (DMAS) logró la suspensión de la edificación del Tren Maya en su tramo cinco; el juez primero Adrián Novelo Pérez, con sede en Mérida, fundado en que “existe peligro inminente” de que la obra genere daños al medio ambiente, “se concede a DMAS A.C. la suspensión definitiva para el efecto de que Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo cinco del proyecto Tren Maya”. (Por Esto, 19-IV; Excelsior y El Financiero, 30-V-2022). Ante esa situación obstruccionista, el Consejo de Seguridad Nacional declaró que la construcción del Tren Maya es una obra de seguridad nacional. (Milenio, 20-07-022). Y de esa manera prosiguió su fabricación.
Lo anterior solo son botones de muestra; casos que llaman la atención, como el concederle un amparo por un tribunal de Nuevo León (luego de rechazos de otros en diversas Entidades) al inefable Alejandro Moreno (a) Alito, para que no se publiquen grabaciones -que lo han exhibido en la justa dimensión de lo marrullero que es- que él mismo ordenó, son asuntos frecuentes en que juzgadores federales en aras de la “independencia” judicial, conceden esos amparos suspicaces.
Las cosas han llegado a posicionar dos bandos: el que alega que los jueces son los salvadores frente a la Cuatro T, y el gobierno que lucha por todos los medios para sacar avante sus proyectos. Para Enrique Quintana, director editorial de El Financiero, “hasta ahora varios jueces han mantenido la integridad de la Constitución y la ley” (20-07-2022) lo que traduce aí: “De AMLO, nos salvan los jueces”.
En conclusión, todo lo anterior y muchas otras cosas que son evidentes y hacen que el país siga adelante, permiten acreditar que: a) en México existe un verdadero estado de derecho; b) los jueces gozan de plena autonomía, y c) los medios de comunicación, así como sus integrantes, gozan de cabal libertad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
Zapopan consolida finanzas públicas de talla mundial
Dan de baja a burócrata que charoleó para intentar evitar caer al CURVA
Gobierno prohíbe importación de calzado terminado para proteger a la industria nacional
Francia y Reino Unido bajo la lupa: rumores de rescate financiero agitan a Europa
