OPINIÓN
Metástasis: Metástasis en Ipejal III
Por Flavio Mendoza //
En esta edición como complemento de las pasadas 479 y 480 de este semanario, Conciencia Pública, sobre lo que pasa en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se abordará particularmente acerca de algunos resultados de los estudios actuariales externos realizados recientemente, de los que se desprenden diversos análisis sobre el futuro y la salud financiera del recurso de los más de 150 mil afiliados.
En la más reciente valoración actuarial sobre el Ipejal, nuevamente la empresa Grupo Consultoría Farell, realizó un estudio hasta diciembre de 2017, en el que presentan datos y fundamentos para emitir recomendaciones para la salud financiera del Instituto, comparándolo con otros sistemas de seguridad social como el IMSS e ISSSTE, sin duda el Ipejal es superior en casi todas las prestaciones para sus afiliados.
En el estudio se dio cuenta del numero de afiliados, con un total al cierre de diciembre de 2017 de 121,399 activos y 31,764 pensionados, la mayoría de éstos por jubilación, el estudio contempla el comportamiento de los elementos del sistema pensionario durante los últimos 12 años, el porcentaje de crecimiento del número de jubilados de 2005 a 2017 fue de 227%, equivalente a una tasa promedio de incremento de 10.4% anual, 7.9 veces más que el incremento en el número de trabajadores incorporados al Instituto, hasta esa fecha existían 3.8 trabajadores activos por cada pensionado. El número de pensionados se incrementó 34% tan sólo entre los años 2014 y 2017.
Cuando ponemos alerta sobre las pensiones doradas, aquí podemos darnos cuenta que, aunque el promedio de nómina no se acerca ni a una cuarta parte de quienes perciben mas de 100 mil pesos, lo que representa la nómina de los pensionados es preocupante, pues equivale al 25.58% de la nómina anual de los trabajadores en activo, además para ello hay que considerar que el 68% de trabajadores (82,457 casos) entraron antes de noviembre de 2009 quienes tienen diferentes condiciones para la jubilación que el 32 % restante, quienes aportarán por más tiempo al Instituto hasta alcanzar los requisitos para la pensión, también debe ser considerado el promedio de vida de los pensionados y los costos que se generan en gastos médicos y hospitalarios, siendo el caso de las jubilaciones quienes representan el 65% de las pensiones.
En el documento se presentan dos posibles casos a futuro sobre el comportamiento del sistema pensionario, con muy pocas diferencias y en ambos casos existen riesgos y alertas a corto plazo, los cálculos dicen que para el año 2020 el número de jubilados puede estar en 40,717 pensionados que representa el 32% de los trabajadores activos, mientras que para el año 2030 serán 70, 295 casos que representan 54% de los trabajadores activos, para el año 2040 la cifra se eleva a 87,851 pensionados que representan el 67% de los trabajadores en activo, a estos datos hay que considerar que el comportamiento de estos últimos 12 años la nómina de pensionados se ha duplicado cada 4 años. En la proyección de las próximas décadas el grupo Farell estima que a partir del 2028 se ocupará de recursos adicionales a los que genere la dinámica del instituto por 6,910 millones de pesos para poder sostener los egresos del Ipejal, principalmente la nómina de pensionados.
Como conclusión se estima que no habrá suficiencia financiera al mediano y largo plazo, el periodo de suficiencia se calcula que abarque hasta el año 2027, cabe mencionar que un mismo estudio de Farell en 2015 estimaba la suficiencia para el 2028, en dos años se redujo un año menos para la suficiencia, por lo que considero una alerta que no debemos verla como mediano plazo, sino al corto, por lo que la reforma al Ipejal no puede esperar, pero con base a un profundo y objetivo análisis que incluya la opinión de diversos actores y no sea una reforma elaborada desde Casa Jalisco con la visión empresarial particular al amparo del poder y de pensiones doradas para los políticos.
Al estudio de Farell se debe incorporar las pérdidas o estaticidad en las inversiones de riesgo que también ya mencionamos, dinero que no ha regresado al Instituto y que de nada sirve para la salud financiera del mismo, en esto existen responsabilidades y se deben investigar y deslindar responsabilidades de todos los Consejos Directivos en las diferentes administraciones que se llevaron a cabo dichas inversiones, aquí hay nombres y apellidos que deben ser llamados a cuenta por el Congreso del Estado. Finalmente urge un nuevo estudio actuarial al Instituto pero que no sea de la misma empresa, no por poner en duda su credibilidad, pero sí para tener mayor objetividad y contrastación de resultados, el 2028 está a la vuelta.
Twitter: @FlavioMendoza_
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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