Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo, puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales, que sin embargo la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa, es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

El agua en Guadalajara se ha convertido en un espejismo caro: se paga como si fuera un manantial cristalino que fluye constante, pero en realidad es un líquido que aparece y desaparece, a veces con olor a óxido, otras con un color que recuerda al lodo. El recibo llega puntual, siempre, como un recordatorio de que el SIAPA puede facturar con disciplina lo que no logra entregar con eficiencia.

La cuota sufrirá un aumento de 12.5% para 2025 que resulta casi tres veces superior a la inflación de 2024. Es el costo de un recurso esencial convertido en un producto que, por momentos, parece más una promesa incumplida que un derecho garantizado.

El SIAPA, el organismo operador que debería asegurar agua suficiente y de calidad en el Área Metropolitana de Guadalajara, explicó con solemnidad que el alza era indispensable. Su director, Carlos Torres Lugo, asegura que el servicio está subsidiado en más del 30% y que el precio sigue siendo bajo comparado con el costo de transportarla, potabilizarla y distribuirla en una ciudad que crece como una mancha de humedad desbordada. Y, sin embargo, para miles de familias que cada semana publican fotografías de tinacos vacíos y garrafones manchados, la retórica oficial suena tan hueca como las tuberías que se desmoronan bajo la tierra.

El argumento del subsidio no mitiga la realidad de un servicio deficiente. Colonias enteras —El Fortín, Villas del Ixtépete, Tonalá, Providencia— reportan agua con un color ámbar que parece anunciar la enfermedad, un olor penetrante que desalienta cocinar o lavarse, una presión que no alcanza ni para llenar una cubeta en media hora. Las zonas altas de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá padecen cortes crónicos, porque la infraestructura para bombear agua sencillamente no se construyó con la visión que una ciudad de cinco millones de habitantes exigía.

Mega cortes como el de noviembre de 2024 dejaron a más de 800 colonias sin una gota, mientras los anuncios institucionales prometían soluciones que no llegaron. A esto se suma la ironía de pagar más por un líquido que apenas se puede llamar potable, mientras se multiplican las fugas que en ocasiones terminan en tragedias urbanas. No hay que ir tan lejos en el calendario: en 2024, un socavón costó 110 millones de pesos en reparaciones y evidenció que la red hidráulica es un sistema enfermo que no se ha querido intervenir de fondo.

Los defensores del aumento de tarifas insisten en que quien se opone sólo quiere ver quebrar al SIAPA. El reduccionismo de ese argumento es insultante. Estar en contra del incremento no implica desear la quiebra de la institución; significa, en todo caso, exigir que los recursos que ya pagamos se transparenten y se traduzcan en un servicio digno. No hay lógica que justifique cobrar más si los problemas de fondo siguen intactos: la opacidad presupuestal, las contrataciones sospechosas y la falta de inversión. El debate no es si el agua debe costar algo —nadie discute que potabilizarla requiere dinero— sino si ese costo está respaldado por un servicio que cumpla los estándares mínimos. Lo que indigna no es pagar por el agua; es pagar por la simulación.

Si uno revisa los reportes que circulan en redes sociales, las historias se repiten con un eco sordo: familias que se endeudan para comprar pipas, negocios que deben cerrar porque los tinacos no alcanzan, estudiantes que se bañan con cubetas. Mientras tanto, los comunicados del SIAPA suenan como un coro de excusas burocráticas: que las fallas son producto del crecimiento urbano, que los cortes son por mantenimiento preventivo, que el olor a óxido no es un riesgo sanitario. Pero en los hogares afectados, la paciencia se agota con la misma rapidez con la que se vacían los depósitos. Al final, la sensación es de pagar una cuota de resignación cada mes.

El SIAPA argumenta que su modelo de subsidios protege a los más vulnerables. Y es cierto que existe una tarifa social que aplica en zonas de pobreza, con cuotas que rondan los 59 pesos hasta siete metros cúbicos. También hay descuentos a personas adultas mayores y con discapacidad. Pero esos paliativos no tocan el núcleo del problema: el acceso confiable. De poco sirve un precio preferencial si el agua no llega o llega contaminada. Las colonias marginadas de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá no necesitan tarifas simbólicas: necesitan infraestructura que funcione.

Pero por eso mismo, no es de sorprender que el tema se haya convertido en un terreno fértil para la politización: cuando un servicio esencial falla, cualquier promesa de rescate encuentra audiencia. Pero más allá del oportunismo electoral, persiste la pregunta incómoda: ¿cómo justificar que el agua cueste más cada año si nunca termina de llegar en condiciones aceptables?

El agua es, por definición, un bien de la nación. Pero en Guadalajara empieza a parecer un privilegio que se compra caro y se recibe a medias. La metáfora del espejismo no es exagerada: se cobra como si el suministro fuera abundante y cristalino, cuando en realidad es una franja de incertidumbre que cada familia sortea como puede.

Mientras tanto, el organismo operador defiende el aumento con el mismo guion de siempre: costos crecientes, subsidios, infraestructura antigua. Lo que nunca se explica del todo es por qué esa retórica no se traduce en soluciones visibles.

Hay quien piensa que el problema es cultural: que la gente no valora el agua, que desperdicia, que no quiere pagar su precio real. Y sin duda, en toda sociedad hay prácticas que deben corregirse. Pero resulta hipócrita señalar al usuario cuando el propio sistema está plagado de fugas físicas y administrativas que nadie se toma la molestia de cerrar. Si el agua cuesta más, que al menos valga más.

Al final, el aumento del 12.5% es mucho más que un ajuste de tarifas. Es el síntoma de una institución que se acostumbró a trasladar su incapacidad de transformación al bolsillo de los ciudadanos. Quizá convendría recordar que el agua no es un producto de lujo ni una mercancía de temporada. Es el principio de toda vida digna. Y si no hay voluntad de garantizarla con la calidad y continuidad que merece, entonces el verdadero costo no es económico: es social, es ético y es político.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Desnaturalizar es un proceso que implica la alteración de la estructura o propiedad de algo y en este país, actualmente, hay varias instituciones desnaturalizándose y afectando con ello la estructura democrática nacional. Sin que sea limitativo, enumero algunas de ellas y empezaremos de mayor a menor por la antigüedad de algunas.

La primera son las fuerzas armadas, el Ejército Mexicano, llamado así desde 1948 por decreto presidencial. Desde su creación en 1913, su función principal fue coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República y, desde el advenimiento de los gobiernos civiles, la política fue un área vedada a la participación militar.

A partir de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, por disposición presidencial se le fueron asignando responsabilidades civiles al ejército, algunas llevadas a reforma constitucional, como es la participación en la seguridad pública.

A partir de ahí las fuerzas armadas ya no velan solamente por el sostenimiento del orden constitucional, sino que ahora son constructores de obras civiles, administradores de las mismas, operadores de líneas de aviación, trenes y hoteles y para cerrar ahora serán policías, adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y sus miembros podrán participar en política previa licencia temporal, no definitiva como era antes. El Ejército asume estas tareas por obediencia y disciplina, sin embargo, no se puede soslayar que su prioridad ahora no es proteger el orden constitucional, sino servir al presidente en turno.

La segunda se refiere al Poder Judicial de la Federación. La elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces desnaturaliza la función de la justicia, su imparcialidad e independencia. Provoca la politización del proceso electivo como ya se vio y el desordenado proceso de selección de candidatos y su elección reveló la práctica de vicios ya desterrados propios de la mapachería electoral. El resultado es que el poder ejecutivo se ha quedado sin contrapesos, pues el oficialismo logró, con el uso de acordeones y complicidad de autoridades electorales, imponer a sus seleccionados.

La tercera se refiere al Instituto Nacional Electoral y previsiblemente al sistema electoral y de representación popular en su conjunto. La reforma en tránsito, conocida solo por algunos pocos, enterados más por los medios que por el gobierno, presuntamente abarcará desde la desaparición de las diputaciones de representación proporcional, hasta la elección por voto popular de los comisionados del INE, financiamiento de partidos y del propio instituto limitando sus funciones y la participación ciudadana en los procesos electorales.

De prosperar la reforma quedará un INE controlado por el gobierno y sus afines, un Tribunal electoral cooptado, el sistema de representación disminuido y las minorías sin representación en el congreso. Y esto nos lleva a la mayor desnaturalización de todas, la del sistema democrático. Así al escenario de un partido único, con la oposición en la marginalidad.

La cuarta desnaturalización se da en la Guardia Nacional. Doce artículos constitucionales tuvieron que ser reformados para darle carácter militar a una institución concebida desde su creación en 2019 por iniciativa del propio AMLO, para ser eminentemente civil. El artículo 21 constitucional señalaba que: “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Ahora la militarización de este cuerpo policial se materializa con la reforma en curso en el Congreso Nacional, desnaturalizando así su origen. Se crea una rama más en las fuerzas armadas, con capacidad de investigación y presencia plena del ejército en el ámbito civil.

En razón de lo observado y las tendencias que se prefiguran por los trascendidos de las reformas legales en curso ─más de veinte se ha dicho─ el término desnaturalización suena demasiado suave pues lo que se está gestando es la consolidación de un Estado totalitario con la eliminación de divisiones en el poder, el dominio de un partido único y la democracia reducida a retórica oficialista según la cual el pueblo manda, pero el pueblo ─así interpretado por ellos─ es la nomenclatura en el poder, el resto somos adversarios.

El autoritarismo es evidente, aunque se niegue. Los ataques a la libertad de expresión han rebasado ya el ámbito de las conferencias matutinas del ejecutivo. Gobernadores, legisladores, jueces, han impuesto límites aberrantes a la libertad de expresión y la misma presidente ha mostrado tener la piel delgada ante la crítica respaldando acciones intimidatorias, persecuciones y censura a voces discordantes.

La pregunta resultante es ¿Qué país nos quedará después de esta acelerada desnaturalización de nuestra vida democrática? Porque lo evidente es, que además de los cambios en la estructura política y democrática de la nación, y todos envueltos en la discusión de ello, los problemas reales se siguen acumulando y su explosión hará nugatorio todo el esfuerzo por acumular poder y conservarlo de esta nueva clase gobernante. Concentrarán el poder, pero perderán al país.