Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Desnaturalizar es un proceso que implica la alteración de la estructura o propiedad de algo y en este país, actualmente, hay varias instituciones desnaturalizándose y afectando con ello la estructura democrática nacional. Sin que sea limitativo, enumero algunas de ellas y empezaremos de mayor a menor por la antigüedad de algunas.

La primera son las fuerzas armadas, el Ejército Mexicano, llamado así desde 1948 por decreto presidencial. Desde su creación en 1913, su función principal fue coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República y, desde el advenimiento de los gobiernos civiles, la política fue un área vedada a la participación militar.

A partir de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, por disposición presidencial se le fueron asignando responsabilidades civiles al ejército, algunas llevadas a reforma constitucional, como es la participación en la seguridad pública.

A partir de ahí las fuerzas armadas ya no velan solamente por el sostenimiento del orden constitucional, sino que ahora son constructores de obras civiles, administradores de las mismas, operadores de líneas de aviación, trenes y hoteles y para cerrar ahora serán policías, adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y sus miembros podrán participar en política previa licencia temporal, no definitiva como era antes. El Ejército asume estas tareas por obediencia y disciplina, sin embargo, no se puede soslayar que su prioridad ahora no es proteger el orden constitucional, sino servir al presidente en turno.

La segunda se refiere al Poder Judicial de la Federación. La elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces desnaturaliza la función de la justicia, su imparcialidad e independencia. Provoca la politización del proceso electivo como ya se vio y el desordenado proceso de selección de candidatos y su elección reveló la práctica de vicios ya desterrados propios de la mapachería electoral. El resultado es que el poder ejecutivo se ha quedado sin contrapesos, pues el oficialismo logró, con el uso de acordeones y complicidad de autoridades electorales, imponer a sus seleccionados.

La tercera se refiere al Instituto Nacional Electoral y previsiblemente al sistema electoral y de representación popular en su conjunto. La reforma en tránsito, conocida solo por algunos pocos, enterados más por los medios que por el gobierno, presuntamente abarcará desde la desaparición de las diputaciones de representación proporcional, hasta la elección por voto popular de los comisionados del INE, financiamiento de partidos y del propio instituto limitando sus funciones y la participación ciudadana en los procesos electorales.

De prosperar la reforma quedará un INE controlado por el gobierno y sus afines, un Tribunal electoral cooptado, el sistema de representación disminuido y las minorías sin representación en el congreso. Y esto nos lleva a la mayor desnaturalización de todas, la del sistema democrático. Así al escenario de un partido único, con la oposición en la marginalidad.

La cuarta desnaturalización se da en la Guardia Nacional. Doce artículos constitucionales tuvieron que ser reformados para darle carácter militar a una institución concebida desde su creación en 2019 por iniciativa del propio AMLO, para ser eminentemente civil. El artículo 21 constitucional señalaba que: “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Ahora la militarización de este cuerpo policial se materializa con la reforma en curso en el Congreso Nacional, desnaturalizando así su origen. Se crea una rama más en las fuerzas armadas, con capacidad de investigación y presencia plena del ejército en el ámbito civil.

En razón de lo observado y las tendencias que se prefiguran por los trascendidos de las reformas legales en curso ─más de veinte se ha dicho─ el término desnaturalización suena demasiado suave pues lo que se está gestando es la consolidación de un Estado totalitario con la eliminación de divisiones en el poder, el dominio de un partido único y la democracia reducida a retórica oficialista según la cual el pueblo manda, pero el pueblo ─así interpretado por ellos─ es la nomenclatura en el poder, el resto somos adversarios.

El autoritarismo es evidente, aunque se niegue. Los ataques a la libertad de expresión han rebasado ya el ámbito de las conferencias matutinas del ejecutivo. Gobernadores, legisladores, jueces, han impuesto límites aberrantes a la libertad de expresión y la misma presidente ha mostrado tener la piel delgada ante la crítica respaldando acciones intimidatorias, persecuciones y censura a voces discordantes.

La pregunta resultante es ¿Qué país nos quedará después de esta acelerada desnaturalización de nuestra vida democrática? Porque lo evidente es, que además de los cambios en la estructura política y democrática de la nación, y todos envueltos en la discusión de ello, los problemas reales se siguen acumulando y su explosión hará nugatorio todo el esfuerzo por acumular poder y conservarlo de esta nueva clase gobernante. Concentrarán el poder, pero perderán al país.

Opinión, por Iván Arrazola //

El modelo de seguridad pública en México parece haber entrado en una etapa terminal. La reforma constitucional de 2019 —que dio origen a la Guardia Nacional, conformada por miembros de las Fuerzas Armadas— marcó un punto de inflexión al desplazar progresivamente el ideal de una seguridad civil, profesional y democrática. Aunque se prometió que esta sería una institución de carácter transitorio y civil, el rumbo que ha tomado contradice esas aspiraciones iniciales.

Uno de los momentos más polémicos fue la ampliación de la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Esta modificación requirió la negociación con fuerzas de oposición, pues el oficialismo no contaba con los votos para aprobar la medida en 2022.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también intervino. Declaró inconstitucional, por ejemplo, la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional realizaran operaciones encubiertas en tareas de prevención del delito, argumentando que ello podría derivar en la fabricación de culpables, la obtención de pruebas ilícitas y violaciones al derecho a la privacidad. También declaró inconstitucional que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de las fuerzas armadas.

La elección de 2024 modificó el escenario. Gracias a una nueva mayoría constitucional, el partido gobernante y sus aliados aprobaron reformas que en el pasado habían sido detenidas. Entre los principales cambios destacan la transferencia total del mando de la Guardia Nacional a la Sedena; la autorización para realizar geolocalización en tiempo real, interceptación de comunicaciones, uso de identidades simuladas y operaciones encubiertas, y la posibilidad de que sus integrantes soliciten licencias para contender por cargos de elección popular.

Estos cambios, sin embargo, se justifican desde el oficialismo con argumentos frágiles y, en ocasiones, de tono trivial. Se ha llegado a afirmar que no se trata de militarización porque el mando supremo recae en la Presidencia de la República —actualmente ocupada por una mujer— o porque el Ejército es «el pueblo uniformado».

Estas afirmaciones eluden una discusión seria sobre los riesgos que implica la concentración del poder coercitivo del Estado en instituciones militares, sobre todo cuando, como ocurre con la Guardia Nacional, más del 70% de sus integrantes no ha obtenido el Certificado Único Policial que exige una formación especializada en seguridad pública.

A esto se suman señalamientos documentados por organismos nacionales e internacionales sobre violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Entre los casos más alarmantes se encuentran las denuncias de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, la represión a personas migrantes y el uso excesivo de la fuerza. Tales hechos han sido expuestos en informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CNDH.

Frente a las críticas, el discurso gubernamental se ha limitado a comparaciones simplistas y falaces. Se argumenta, por ejemplo, que la actual administración cuenta con un secretario de seguridad «más guapo” o que el Ejército es incorruptible, a diferencia de la extinta Policía Federal. No obstante, estos razonamientos no abordan el hecho de que, pese a todos los cambios y esfuerzos, México ha registrado cifras récord en homicidios dolosos y que la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo alarmantemente alta.

La estrategia de seguridad parece haber entrado en un callejón sin salida. Se ha optado por fortalecer un modelo basado en la militarización, a pesar de que no ha ofrecido los resultados esperados. Hoy, se confiere a la Guardia Nacional un conjunto de atribuciones que, en cualquier democracia sólida, deberían ser sujetas a contrapesos institucionales, vigilancia ciudadana y control judicial riguroso.

La falta de garantías en un país con altos niveles de impunidad y con un sistema judicial debilitado eleva el riesgo de abusos, extorsión y represión. La memoria histórica remite a etapas oscuras del autoritarismo mexicano, como los excesos del temido «Negro» Durazo o los años de represión selectiva bajo gobiernos priistas. Paradójicamente, un régimen que se proclama heredero del movimiento del 68 parece hoy caminar hacia la legitimación de mecanismos de control autoritario.

En este contexto, es legítimo plantear que la seguridad pública, entendida como un bien público garantizado desde la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, está siendo sustituida por una lógica de imposición. Con una mayoría legislativa que elimina los contrapesos y con un Poder Judicial debilitado, el país se aproxima peligrosamente a un régimen que concentra el uso de la fuerza sin los debidos controles democráticos.

El panorama actual exige una reflexión profunda. La construcción de una seguridad genuinamente democrática no puede sustentarse en una militarización sin frenos, sino en la consolidación de cuerpos civiles capacitados, profesionales y sometidos a escrutinio público.

El réquiem no es solamente por la seguridad, sino por la oportunidad perdida de construir un modelo de seguridad pública justo, civil y democrático.

Opinión, por Gerardo Rico //

En cuanto concluyeron las hostilidades bélicas entre Israel e Irán, los misiles mediáticos de la Casa Blanca apuntaron directo al centro del poder en México y de un plumazo volvimos a la realidad en el trato de la administración de Donald Trump a nuestro país.

Sin duda y ante las circunstancias actuales, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, está siendo una de las más atacadas en la historia reciente por su contraparte estadounidense. Washington utiliza cualquier mínimo pretexto para señalar, especular, advertir, imponer. Siempre y de manera insistente en torno al narcotráfico y las investigaciones que realizan de presuntos nexos entre altos cargos gubernamentales y líderes de los diferentes cárteles de la droga.

Queda claro que las acciones emprendidas hasta el momento por el gobierno de Claudia Sheinbaum como el envío de 29 narcotraficantes a la Unión Americana, las acciones para reducir de manera drásticas el flujo de indocumentados en la frontera, los decomisos de fentanilo y otras drogas, así como la detención de más de 18 mil personas que han sido encarceladas por delitos de alto impacto, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, no satisfacen las expectativas de la administración Trump.

Y para muestra está el misil mediático que soltó Washington a media semana: El Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones financieras en México: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las autoridades estadounidenses los acusan de desempeñar colectivamente un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en facilitar pagos para la compra de precursores químicos para producir fentanilo.

En lo que se consideró un golpe inédito al sistema financiero mexicano, durante años estas instituciones realizaron decenas de transferencias financieras a cuentagotas a favor del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el cártel de Sinaloa; el cártel del Golfo o para el Cártel de los Beltrán Leyva, todas organizaciones que el Gobierno de Trump ha designado como entidades terroristas extranjeras, de acuerdo al Departamento del Tesoro.

Lo que más sorprendió a muchos es el caso de Vector Casa de Bolsa -que ofrece desde la administración de fondos mutuos, hasta banca de inversión y servicios fiduciarios- propiedad del empresario capitalino afincado en Monterrey, Alfonso Romo Garza, quien fue promotor, operador y financió parte de la campaña presidencial de Morena en 2018 para posteriormente ser jefe de la oficina de la Presidencia en los dos primeros años de la administración del expresidente López Obrador.

La institución de Nuevo León es señalada por Estados Unidos por, supuestamente, facilitar el negocio del narcotráfico a favor del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Según su información, Vector participó en varias transacciones a lo largo de varios años que involucraron sobornos pagados por el grupo delictivo de Sinaloa a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México y director de la Agencia Federal de Investigación de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Hacienda intervino tres bancos; un diario nacional reportó que multiplicaron ganancias bajo Morena: Intercam (10,400 MDP), CiBanco (3,000 MDP) y Vector (1,000 MDP) de García, Rangel y Romo

Otro misil mediático: Pam Bondi, fiscal general en el Senado de EEUU, incluyó a México en la lista de países adversarios, junto a Irán, Rusia y China. Acusó intentos de daño físico o por drogas, prometiendo seguridad bajo el liderazgo de Trump, sin intimidación.

«País adversario» tiene implicación legal en el Título 15 del Código de Regulaciones Federales de EE. UU., regulando comercio exterior. Define acciones contra gobiernos o personas extranjeras por conductas graves que amenacen la seguridad nacional.

Este calificativo para México se haría efectivo con la sola firma de la famosa orden ejecutiva del presidente Trump y originaria: restricción a exportaciones, congelamiento de activos, limitaciones a la inversión extranjera directa, prohibiciones de contratación pública con entidades estadounidenses y sanciones secundarias. Independientemente de los aranceles.

Continuaremos con las sorpresas de misiles mediáticos, sin descartar la detonación de una bomba con consecuencias inimaginables para la vida política en México, de persistir las amenazas y advertencias del Tío Sam.