OPINIÓN
Los narcobloqueos en Jalisco y Guanajuato: 09 de agosto, la noche tétrica de San Román
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Hay fechas muy señaladas en los anales de los pueblos, las cuales quedan como efemérides, ya de gratos recuerdos (como Navidad o el Grito de Independencia, imborrables de la mente mexicana) o de infausta memoria, como la noche de San Bartolomé y el martes negro de Nueva York: en la primer data, sucedió la matanza de protestantes en Francia (24 de agosto de 1572) y en la segunda, fue el célebre crack de la bolsa de valores neoyorkina, en octubre 24 de 1929, que dio paso a la Gran Depresión, es decir, la crisis financiera que perjudicó al orbe durante una década.
Para tristeza nuestra, en Jalisco, Guanajuato, y varias entidades federativas, por no decir que en el país entero, entre la tarde-madrugada del reciente 9 de agosto, ocurrieron acontecimientos de tal barbarie, que esa fecha será recordada como la “noche tétrica de San Román”. Escogimos este nombre, porque es el del santo –entre otros- que conmemora el catolicismo en tal día, y que se denomina como “San Román el Carcelero”, calificativo que se ganó ese sacro personaje, quien era un soldado romano que custodió al mártir San Lorenzo (258 d. C) y que lo precedió por unas horas en el suplicio.
Ya sabemos y padecemos en general, lo que es vivir en una república acosada por el crimen organizado. En este infernal ambiente, destaca el segmento del narcotráfico, y entre los cárteles que lo cultivan, son afamados el de Sinaloa, el del Golfo, el de Santa Rosa, y desde hace años al presente, el identificado como Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los líderes respectivos se asegura que son: Ismael “Mayo” Zambada, Osiel Cárdenas Guillén y hermanos, José Antonio Yépez “el Marro” y Nemesio Oceguera Cervantes “el Mencho”. Todos tienen subalternos y toda una red jerárquica.
El combate a esas agrupaciones mafiosas, ha registrado altibajos. Inicialmente, incluso se rumoreó que se les toleraba, y enseguida se aseguró que pagaban cuotas a elevados funcionarios de los tres órdenes de gobierno, aparte de tener comprados a policías y políticos de la peor ralea. Quizás el sujeto más representativo de esa corrupción, fue el jefe de seguridad nacional con el presidente Felipe Calderón –Genaro García Luna- actualmente preso en Estados Unidos, en espera de ser juzgado.
Dicho mandatario es quien auspició la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, durante su sexenio (2006-2012), enfrentamiento que resultó una mascarada, pero que desató una cruenta etapa cuyos efectos aún se resienten por toda la población.
El primer magistrado federal electo en 2018, al que llamamos AMLO (iniciales de su nombre Andrés Manuel López Obrador), trocó aquella política violenta anticrimen por una que intituló “Abrazos no balazos”, buscando abatir las causas que generan la delincuencia. Los resultados de este procedimiento, no han sido lo positivos que es menester, por lo que sobre todo los opositores le exigen cambie, a lo que responde el guía de la Cuatro T, que “la violencia no es el mejor método para combatir el crimen”.
Asi las cosas, se llegó al fatídico martes nueve del corriente mes. La calma, al menos aparente, reinaba en casi toda la república, cuando se supo que el municipio jalisciense de Ixtlahuacán del Río –al norte de la Perla Tapatía- en colindancias con la localidad de Cuquío, se llevaría a cabo una reunión de dos prominentes “capos”, ambos del CJNG: Roberto Ruiz Velasco “El Doble R” y Gerardo González Ramírez “El Apá”.
Las instituciones dedicadas a combatir a esos delincuentes (Guardia Nacional y Ejército, sobretodo) detectaron ese movimiento y planearon encararlo. Los resultados nos lo narran periódicos y medios distintos de información, en sus principales notas del miércoles 10 de agosto.
De Guadalajara, publica El Informador, en primera plana: “Enfrentamiento detona bloqueos en la ciudad” y agrega: “Delincuentes incendian por lo menos siete vehículos tras un enfrentamiento con militares…El gobierno de Jalisco no reporta lesionados”. En complemento nos dice Milenio local: ”Tras enfrentamiento en Cuquío, queman vehículos en Zapopan”; luego informa:”…hombres armados robaron e incendiaron autos y autobuses en Zapopan para bloquear las rutas desde la zona metropolitana hacia esa zona del estado.”
Otros diarios locales, a grandes letras dicen: “Vuelven Narcobloqueos” (Mural): en tanto que El Diario NTR encabeza: Bloqueos Criminales en el Norte del AMG. Enfrentan Fuerzas Federales a Delincuentes” y enuncia los puntos donde hubo bloqueos, los que iniciaron a las 19.40 horas en carretera a Saltillo (colonia Mesa Colorada), siguiendo en la colonia San Isidro con dos incomunicaciones, para proseguir en la San José del Bajío. Ya en el nuevo día, antes de la 01.00 am acaeció el último en calle La Cima El impreso Quadratin Jalisco concluye: “Encienden el Miedo a Jalisco”.
Y en efecto, la gente se hacía cruces, preguntaba sobre sus familiares ausentes, y al día siguiente en esas partes no había servicio de transporte. ¡Todo un caos¡. Empero, las autoridades estatales impasibles, afirmando que no había porqué inquietarse. Lo que sugirió el finado Aristóteles en 2018, cuando se intentó asesinar a su Fiscal, Luis Carlos Nájera, quien mejor hizo mutis y ya no volvió.
Pero la cuestión no solo era en nuestro Estado, sino que en el vecino Guanajuato, por la misma causa de lo verificado en nuestro entorno, se registraron innumerables hechos violentos. El Reforma, en párrafo de primera plana, sobre lo pasado en tierras jaliscienses, anota: “Los hechos pusieron en tensión a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara…”. Luego agrega: “Horas después incidentes violentos se replicaron en León, Irapuato, Celaya y la capital de la entidad Guanajuato. Fueron quemadas unidades de transporte y tiendas de conveniencia…también abandonaron autos incendiados en la carretera Celaya-Apaseo.” La sección nacional de La Jornada, cabecea: “Queman vehículos y tiendas en Guanajuato y Jalisco tras tiroteo”. El diario capitalino “24 Horas” en un cintillo afirma: “Chocan Ejército y CJNG” y la nota testifica: “Zapopan, asfixiado por Narcobloqueos”, en lo que Excélsior concuerda: “Arde Zapopan…”
Ya con tiempo para revisar datos, el día 10 de agosto se dan totales y fallas: “Ante narcoataques ni C5 ni patrullas…” Quemaron 13 vehículos y una tienda y mataron a un hombre.(Mural). El Milenio nacional, difunde: “Pillada su cita secreta, narco golpeó Jalisco y Guanajuato”, según lo comunicó el Gral. Secretario Luis Crescencio Sandoval al Presidente; las fuerzas armadas capturaron en Jalisco cinco delincuentes, y en Guanajuato once, junto a un arsenal. Pero los dos capos se esfumaron.
Por lo antedicho es que “La Noche Tétrica de San Román” será mencionada con sentimientos cruzados de angustia e impotencia. Y como escribió Joaquín López Dóriga: “La tarde-noche del martes en Jalisco y Guanajuato se vivieron horas de terror…Fue un mensaje, sobre todo al gobierno federal…” Pero, nosotros precisamos, como reza el refrán, “te lo digo a ti Chana, para que lo entienda Juana”, o lo que es lo mismo: el recado es para la autoridad, pero con copia para el pueblo. Y a buen entendedor, pocas palabras.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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